Luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) diera a conocer los datos de Pobreza e Indigencia para el primer semestre del 2025, asegurando que la pobreza habría bajado al 31,6% de la población y que el Gobierno festejara que 12.000.000 de personas salieron de esa condición, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionaron esa versión oficial no solo por «contener un interpretación errónea y maliciosa de los datos», sino además por pretender «una tergiversación de la realidad».

«Por estas horas hay una utilización electoralista del Indec y sus publicaciones. No hay alivio, el drama social continúa», expresó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar y fundamentó que «hay una interpretación maliciosa por parte del Gobierno al comparar con el primer semestre del 2024. De manera deliberada se están omitiendo los 12 puntos de pobreza registrados con posterioridad al 10 de diciembre de 2023. Ese pico de pobreza es responsabilidad de este Gobierno, fruto de la devaluación que aplicaron y la consecuente aceleración de la inflación».

«Con su festejos el presidente pretende confundirnos y ocultar indicadores negativos, como son que la desocupación crece, los pocos empleos que se han creado son precarios y la pérdida del poder adquisitivo de todos los sectores es significativa. Por lo tanto esta supuesta mejoría en los niveles de pobreza no se traduce en una mejora general del mercado de trabajo», continuó el dirigente estatal amparado en un informe de los delegados de ATE en el Indec.

«En la estructura de consumo que mide el Gobierno no se contempla el peso real que tienen los servicios y el transporte, están muy por debajo. Tampoco se miden los gastos en alquileres cuando en realidad estos se llevan, en algunos casos, hasta el 64% de los salarios», concluyó el dirigente.

La medición se hizo en 31 centros urbanos, alcanzando solo 29.000.000 de personas y no a la totalidad de los 47.000.000 de habitantes. Además, se tienen en cuenta los ingresos declarados por los hogares que conformaron la muestra y no los ingresos reales.

«Si nosotros actualizamos el mecanismo de medición y a los que sobreviven sumamos los que malviven, es decir los que tienen ingresos apenas por encima de la línea de pobreza, en este momento los pobres son más del doble de los considerados por el Gobierno, superan el 62%», concluyó Aguiar.

El Gobierno de la Provincia y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) acordaron una nueva fecha paritaria para el próximo martes (30/09), luego de la última reunión de la Función Pública donde no hubo oferta oficial para el último trimestre del año.

Así fue establecido en la visita que el ministro de Economía, Gabriel Sánchez, realizara a Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato, en la sede nacional ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.

«Valoramos la visita del ministro y siempre rescatamos el diálogo institucional. Coincidimos en que la crisis política y económica del Gobierno nacional impacta negativamente en todas las provincias y municipios, pero nosotros fuimos suficientemente claros diciendo que el costo de esa crisis no puede recaer sobre las espaldas de los estatales provinciales», agregó.

«En la próxima reunión es imperioso que el gobierno asista con una propuesta de recomposición salarial. Debe existir un entendimiento antes de que se liquiden los sueldos de octubre», expresó el dirigente.

El Gobierno Nacional continúa sin encontrar el rumbo económico. Durante la última semana la crisis económica se agudizó a partir de un dólar que sigue en aumento a pesar de la intervención estatal y un riesgo país que trepó por encima de los 1400 puntos. El impacto en el bolsillo de los trabajadores es inmediato, con cada aumento del dólar los salarios se licúan aún más. En este sentido, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) pudo verificar incrementos que van desde un 4% a un 9% en las góndolas de supermercados y comercios de cercanía en la Capital Federal y en otras 14 provincias. Al respecto la organización continuará con el monitoreo de precios durante esta semana.

«La suba precipitada del dólar termina de destruir los salarios, la pérdida del poder adquisitivo se agrava. Las empresas, para cubrirse de la devaluación, están remarcando hasta los productos de primera necesidad. Suben los precios de bienes y el costo de los precios mayoristas y minoristas. Lo único que no sube son los salarios», manifestó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

«Sin oír el mensaje de las urnas, el Gobierno pretende seguir ajustando por congelamiento salarial. En el sector público, el ingreso promedio ha perdido más de un 40% de su poder de compra. Por estas horas el Gobierno no puede controlar la economía y esa crisis se descarga sobre las espaldas de trabajadores y jubilados. Se tienen que reabrir las paritarias y otorgar un aumento de emergencia que permita cubrir el valor que tiene la Canasta Familiar. El Gobierno debe garantizar un ingreso mínimo de $1.900.000 en toda la administración pública», agregó el dirigente. Añadió que «el caballito de batalla del Gobierno, que era la baja de inflación, está en riesgo. La inflación está aumentando a pesar de que existe una profunda caída del consumo».

La semana cerró con un dólar que superó los 1515 pesos, los bonos acumulan una pérdida promedio del 25% en septiembre y el riesgo país llegó a los 1473. Todo esto impacta fuertemente en los precios de la Canasta Familiar porque la economía está muy dolarizada en su formación de precios, aunque los salarios se manejen en pesos.

Está claro que muchos productos de consumo masivo como alimentos, electrodomésticos, medicamentos y ropa, entre otros, dependen de insumos, maquinarias o materias primas importadas que se pagan en dólares. Si sube el dólar, sube el costo de producción.

Del mismo modo impactan en el bolsillo de los argentinos los productos del agro que se exportan y tiene precios internacionales en dólares. Incluso el agravamiento de la crisis provoca un aumento en el costo de la Canasta Familiar a partir del aumento de precios por los grandes márgenes de especulación y las expectativas de inflación.