Gremios
Para ATE, «el Gobierno no tiene consenso social para aplicar una reforma laboral»
«Después del 26 de octubre, las reformas laboral y tributaria quedarán definitivamente enterradas. La única estrategia que tienen es estigmatizar a quienes defienden los derechos de los trabajadores», señaló Aguiar.
Luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara en el Coloquio de Idea que avanzarán en una reforma laboral que implica flexibilizar los despidos, aumentar la jornada laboral y eliminar las indemnizaciones, entre otros puntos, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «el Gobierno no tiene consenso para llevar adelante una reforma laboral», y sentenció que «después del 26 de octubre, las reformas laboral y tributaria quedarán definitivamente enterradas».
«La idea de flexibilizar derechos para crear nuevos puestos de empleo es falsa. En los últimos 20 años, la Organización Internacional del Trabajo estudió 63 países del mundo, desde las economías más avanzadas hasta países de África, y legislaciones similares a las que se impulsan en este momento en la Argentina en todos los casos fracasaron. Ya está probado que quitar derechos a los trabajadores no disminuye el desempleo», agregó el referente estatal.
«Hay que derogar la Ley Bases, ya que lejos de promover los puestos de trabajo, esta norma ha acelerado la destrucción del empleo», indicó en referencia a la Ley 27.742.
Aguiar también cargó contra los principales funcionarios del Gobierno y la estrategia discursiva empleada para avanzar con la nueva ley. «Los principales voceros en esta materia, Milei, Caputo y Sturzenegger, refieren a ‘ponerle fin a la industria del juicio’ pretendiendo captar adeptos para instalar que los sindicatos y los abogados laboralistas son enemigos de la productividad. La única estrategia que tienen es estigmatizar a quienes defienden los derechos de los trabajadores. Tiene que quedar claro que la litigiosidad en la Argentina es muy baja. Menos del 2% de los trabajadores que tienen derechos y están en condiciones de hacer un juicio, efectivamente lo hacen», agregó.
«Los trabajadores no nos negamos a una reforma laboral, nuestra preocupación es quien la discute. La misma tiene que garantizar y ampliar derechos adquiridos. Se necesita una ley que aborde los nuevos desafíos del mundo del trabajo y el impacto que generan las nuevas formas de empleo como la robotización, la automatización, la inteligencia artificial, los nuevos avances tecnológicos y que tenga en cuenta también la economía del cuidado», explicó el dirigente nacional.
A falta de confirmación oficial sobre los principales puntos que el Gobierno busca modificar en cuanto a legislación laboral, referentes oficialistas adelantaron que incluiría aumentar a 12 horas la jornada laboral; reemplazar las indemnizaciones por despidos por un fondo de cese laboral compuesto por el aporte de los empleados; imposibilitar los juicios laborales; eliminar convenios colectivos de trabajo; entre otros.
Aguiar también refirió a la posibilidad de una reforma tributaria impulsada desde el Ejecutivo/ «No existe ninguna posibilidad de que pueda prosperar una reforma tributaria tal y como la está pensando el Gobierno. Su programa económico fracasó. Después de dos años, casi no existen sectores de la economía que se hayan beneficiado. Cualquier reforma tributaria tiene que ser progresiva, tienen que pagar más impuestos aquellos que tengan una mayor capacidad contributiva. Podemos tomar como ejemplo a Brasil, que también tiende a lograr el equilibrio fiscal pero con un camino completamente inverso al que estamos recorriendo en la Argentina. A las cuentas públicas se las puede mejorar pero sin destrozarle la vida a la gente como ocurre ahora», indicó.
«El gran problema de la Argentina nunca fue los pobres, son los ricos y su manera de acumular. Tenemos que volver a pensar en capturar renta minera, petrolera, casinos, salas de juego, bancos, entidades financieras y no ceder a ningún clima de época, volver a levantar la bandera del impuesto a las grandes fortunas a nivel nacional, y a los contribuyentes principales en cada una de las provincias», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Gremios
El Frente de Sindicatos Unidos reclama un salario mínimo vital y móvil de $2.879.877
El informe detalla que el SMVM oficial ya es el más bajo de la historia argentina y está 20% por debajo del valor que tuvo durante la década del 90.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) sostuvo que las y los trabajadores necesitan un Salario Mínimo, Vital y Móvil de $2.879.877 para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. Ese monto equivale a ocho veces el actual salario mínimo, que es el más bajo de la historia argentina.
Además, en lo que va del gobierno de Javier Milei, los asalariados perdieron más de 62 billones de pesos en el acumulado de sus ingresos mensuales y se vieron forzados a endeudarse para sostener la vida cotidiana. Eso explica el nivel de endeudamiento de las familias argentinas.
En el desglose de datos, el FreSU informó que cada trabajador del sector privado perdió en promedio $2.321.24 y, en el caso del sector público, la pérdida fue de $12.788.939 en promedio.
Para determinar el valor que debiera ser el SMVyM, se toma como referencia los costos necesarias para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional: Alimentación adecuada ($648.271); vivienda digna ($568.227); educación ($252.457); vestimenta ($147.595); salud ($349.332); transporte, esparcimiento y vacaciones ($597.209); y previsión social ($316.786).
El FreSU está integrado por unas 140 organizaciones sindicales de las tres centrales obreras entre las que se encuentran UOM, ATE, Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Aeronáuticos, Molineros y Papeleros.
El 1 de Mayo pasado, el FreSU realizó su Primer Plenario de Delegadas y Delegados y votaron el Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria, donde afirmó que «reivindicamos el derecho al trabajo y a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo una vida digna, mediante la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión».
El tercer informe mensual del FreSU fue anunciado por los secretarios generales Abel Furlán (UOM), Rodolfo Aguiar (ATE), Daniel Yofra (Federación Aceitera) y Matías Fachal (Federación Judicial) y la secretaria general de Conadu Histórica, Francista Staiti, desde la jornada de debate realizada por la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Mendoza, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) y la Asociación Latinoamericana de Abogadas y Abogados Laboralistas (ALAL) en el Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza.
Gremios
El Gobierno propuso seguir actualizando salarios por IPC
El Ejecutivo dejó planteado que la propuesta salarial está sujeta a la aceptación de la oferta, y que ante eventuales medidas de fuerza, no se liquidarán los incrementos previstos y se aplicarán descuentos.
El Gobierno de Río Negro presentó una nueva propuesta de aumento salarial a los gremios estatales, garantizando «actualizaciones automáticas atadas a la inflación» hasta septiembre. «Este esquema ofrece mayor previsibilidad a las familias del personal estatal y asegura la continuidad de los servicios esenciales para todos los rionegrinos», destacaron desde el Ejecutivo.
La propuesta, que fue presentada en el marco de la Mesa de la Función Pública (ante representantes de ATE pero con ausencia de UPCN) y en la paritaria docente, al gremio UnTER, consiste en continuar con la actualización bimestral de los salarios, aplicando el promedio entre el IPC Nacional y el IPC de Viedma para los próximos dos bimestres.
De esta manera, para el bimestre junio-julio 2026 los salarios se actualizarán tomando como referencia el promedio de inflación registrado en abril y mayo; mientras que para el bimestre agosto-septiembre 2026 se usarán como base los índices de junio y julio.
En el caso de la negociación docente, el Gobierno Provincial dejó planteado que la propuesta salarial está sujeta a la aceptación de la oferta y al normal desarrollo del ciclo lectivo. Ante eventuales medidas de fuerza, no se liquidarán los incrementos previstos y se aplicarán los descuentos por los días no trabajados.
Además, la propuesta incorpora un incremento del 20% para el plus operador de SENAF y otro 50% para los adicionales del Personal de Servicio de Apoyo de Educación, ambos a partir del mes en curso.
También se ofreció avanzar con el pago de las recategorizaciones adeudadas a casi 4.000 agentes de Salud. El esquema prevé que quienes tengan montos de hasta $200.000 cobren en una cuota a fines de junio; entre $200.001 y $500.000, en tres cuotas desde julio; entre $500.001 y $1.000.000, en cuatro cuotas; y quienes superen el millón de pesos, en seis cuotas desde julio.
Desde el Gobierno Provincial remarcaron que «la propuesta se realiza en un contexto nacional complejo, sosteniendo el compromiso de mantener salarios actualizados, cuidar el funcionamiento del Estado y garantizar previsibilidad para las familias rionegrinas».
Gremios
Mientras UnTER asegura un 70% de adhesión al paro, el Gobierno informa un 65% de presentismo en las escuelas
En el primer día de protesta, los docentes se movilizaron en los puentes Cipolletti-Neuquén y fueron reprimidos por efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura.
La primera jornada del paro docente de 48 horas en Río Negro estuvo marcada por cifras contrapuestas entre el gremio UnTER y el Gobierno provincial, y por momentos de tensión en los puentes carreteros que conectan Cipolletti con Neuquén.
Desde el sindicato aseguraron que la medida de fuerza alcanzó una adhesión cercana al 70% en toda la provincia. En contraposición, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos informó que el presentismo docente superó el 65%, lo que, según indicaron, «permitió sostener el dictado de clases en gran parte de las escuelas».
En paralelo, la protesta tuvo su punto más crítico en la zona de los puentes interprovinciales sobre la Ruta Nacional N° 22, donde docentes se manifestaban en el marco del paro de 48 horas. Durante la mañana, la actividad se había desarrollado con entrega de folletería y tránsito lento, sin mayores inconvenientes.
Sin embargo, la situación escaló cuando un grupo de manifestantes intentó avanzar sobre la calzada. En ese momento, intervinieron efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura, quienes utilizaron gas pimienta para dispersar a los docentes.
El accionar generó corridas, momentos de tensión y desconcierto entre los presentes. Algunos manifestantes resultaron afectados por los gases, aunque fueron asistidos en el lugar y continuaron con la movilización.
Desde UnTER señalaron que la intención era movilizarse hacia la rotonda sin cortar totalmente el tránsito, dejando al menos un carril habilitado para la circulación.
Por su parte, el Gobierno provincial cuestionó la medida de fuerza al considerarla injustificada y remarcó que, «en los últimos años, los salarios docentes se ubicaron por encima de la inflación».
