Judiciales
El 3 de agosto decidirán la prisión preventiva del policía Villegas
El STJ analizó su situación, tras el pedido de la defensa de que esté en libertad hasta que la sentencia a prisión perpetua esté firme.
Ante sendos recursos presentados oportunamente tanto por el Ministerio Público de Río Negro como por un defensor privado, ayer el Superior Tribunal de Justicia se reunió para encabezar las correspondientes audiencias de casación. Con la presencia de la mayoría de sus integrantes, sólo modificada por Ariel Gallinger en reemplazo de juez Sergio Barotto, el máximo tribunal analizó resoluciones respecto a la prisión preventiva del agente policial Jorge Villegas, condenado por matar a un joven y a la absolución de un hombre que habría abusado de un menor en un contexto intrafamiliar.
En la primer audiencia fue el fiscal general, Marcelo Álvarez, el encargado de argumentar la necesidad de mantener la prisión preventiva que pesa sobre Villegas, policía condenado a cadena perpetua por matar a un joven en el marco de una tentativa de robo. Ante esa cautelar de mantener a Villegas preso hasta tanto se confirme la condena, presentó un recurso su defensa exponiendo hoy los fundamentos que avalarían la eximición de la prisión preventiva. Ante ellos se opuso el titular del Ministerio Público Fiscal con variados argumentos que, según él, vuelven imprescindible que el policía espere privado de su libertad la confirmación de la condena. “Resulta probable que Villegas trabe el accionar de la justicia, no debemos darle esa chance porque la víctima y la sociedad tienen derecho a una tutela judicial efectiva”, inició Alvarez su alegato. La sentencia definitiva se conocerá el 3 de agosto a las 12 horas.
Finalizada dicha audiencia, ya en la sala de acuerdo del máximo tribunal, el fiscal general junto a la defensora, Rita Custet, presentaron sus argumentos recurriendo una sentencia del año 2010 dictada por la Cámara en lo Criminal Sala A de Viedma, que dispuso absolver de culpa y cargo por el beneficio de la duda a un hombre acusado de abusar sexualmente del hijo de 8 años de su pareja. Con dos cámaras Gesell supervisadas por importantes profesionales como prueba fundamental, ambos representantes del Ministerio Público coincidieron en que sus resultados fueron claros y contundentes, con la diferencia que en la primera de ellas el niño pudo expresar verbalmente la situación de abuso a la que había sido sometido y en la segunda, realizada un año y medio después, se lo encontraba más retraído aunque sosteniendo sus dichos de forma escrita.
Alvarez y Custet solicitaron a su turno que se revea la absolución del padrastro y vuelva a consustanciarse el debate, oponiéndose con fundados argumentos a aquellos utilizados por la Cámara en su sentencia. El imputado en este caso estuvo representado por el defensor oficial, Pedro Vega.
Cabe destacar que se llega a esta audiencia de casación a partir de un recurso extraordinario federal presentado por la Defensora de Menores Patricia Arias y sostenido en la corte por Custet, que el máximo órgano judicial federal consideró habilitando a la Defensoría de Menores a recurrir sentencias absolutorias que tenga como víctimas a niños, niñas y adolescentes. La sentencia final se conocerá también el 3 de agosto, en este caso a las 13 horas.
Judiciales
Golpeó a su ex pareja hasta dejarla inconsciente y luego escapó de una comisaría: Dictaron prisión preventiva
La defensa sostuvo que el caso no debía avanzar porque la víctima no realizó la denuncia, pero la Fiscalía argumentó que el Estado debe intervenir de oficio en casos de violencia de género.
La Fiscalía formuló cargos a un hombre acusado de ingresar por la fuerza a la vivienda de su ex pareja, golpearla hasta dejarla inconsciente y luego fugarse de una Comisaría. Dispusieron la prisión preventiva por riesgo de entorpecimiento de la investigación y de fuga.
La fiscal de turno Natalia Pascual acusó al hombre por los delitos de violación de domicilio, lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género, en concurso real con hurto.
El primer hecho ocurrió el viernes (10/07) pasado cuando el acusado evadió la presencia policial apostada en la vivienda de la víctima, entró por la fuerza y la golpeó repetidamente en la cabeza hasta dejarla inconsciente.
La defensa particular, a cargo del abogado Oscar Pineda, rechazó la acusación bajo el argumento de que la víctima no realizó la denuncia penal y, por tratarse de un delito de instancia privada, el caso no debía avanzar. La fiscal rebatió esta postura señalando que los tratados internacionales de rango constitucional obligan al Estado a actuar de oficio en contextos de violencia de género, protegiendo a la víctima de forma directa.
El segundo hecho imputado ocurrió el domingo (12/07) por la tarde en la Comisaría de Lamarque, donde el acusado se encontraba alojado. El hombre pateó los barrotes de su celda hasta romper la seguridad, se apoderó del candado y escapó del edificio, aunque el personal policial logró recapturarlo a las pocas cuadras con el candado en su poder.
Para sostener los cargos, la Fiscalía presentó testimonios de los policías intervinientes, el informe médico de las lesiones, el acta de la fuga y la entrevista realizada a la víctima por el equipo de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI).
Finalmente, el juez de Garantías Julio José Martínez Vivot rechazó los planteos de la defensa, dio por formulados los cargos y habilitó formalmente la investigación penal por un plazo de cuatro meses. Ante la gravedad de los hechos y la reciente fuga de la unidad policial, el magistrado resolvió aplicar la prisión preventiva efectiva hasta septiembre.
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Declararon culpable a una ex auxiliar de un CAINA por amenazar a niños institucionalizados en Roca
Con esta resolución, ya son dos las personas declaradas responsables por los hechos ocurridos entre abril de 2021 y septiembre de 2023 en un Centro de Atención Integral, dependiente de la SENAF.
El Tribunal interviniente declaró responsable penal a una mujer que se desempeñaba como auxiliar asistencial en un Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) de General Roca, al hacer lugar a la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal.
Durante el juicio quedó acreditado, según la acusación fiscal, que la imputada amenazó a niños y niñas que se encontraban institucionalizados. De esta manera, las dos personas investigadas en la causa ya fueron declaradas responsables penales.
En noviembre del año pasado, el otro imputado reconoció ser coautor del delito de amenazas y autor de abuso simple agravado por ser el encargado de la guarda, todo en concurso real. Actualmente se encuentra cumpliendo la condena impuesta.
Durante los alegatos, el fiscal Marcelo Ramos y la defensora de menores Estela Aroca Álvarez solicitaron que la mujer fuera declarada responsable penal por el delito de amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora, planteo que fue aceptado por el Tribunal.
Según la investigación, ambos auxiliares asistenciales habrían maltratado a ocho niños y niñas entre abril de 2021 y septiembre de 2023, vulnerando la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Además, habrían amenazado a los menores para evitar que denunciaran los hechos.
La defensa de la imputada sostuvo durante el juicio que la situación debía ser tratada en el ámbito administrativo y no en la Justicia penal. La audiencia de cesura de pena fue programada para el próximo 31 de agosto.
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Condenan a 13 años de prisión a un integrante de la banda de violentas entraderas en Roca
El condenado admitió haber participado en ocho hechos delictivos. La pena unifica una condena previa que le había sido impuesta en suspenso.
Un hombre fue condenado a una pena única de 13 años de prisión tras reconocer su participación en ocho hechos delictivos como integrante de una asociación ilícita que cometía violentas entraderas en el Alto Valle, varias de ellas en General Roca. La sentencia fue dictada este martes mediante un juicio abreviado, luego de que el acusado admitiera su responsabilidad en los delitos investigados por el Ministerio Público Fiscal.
La pena surge de la unificación de una condena de 11 años por los hechos reconocidos con otra condena previa de 2 años de prisión condicional, que fue revocada al comprobarse que el imputado volvió a delinquir. El pedido había sido formulado por la fiscal Belén Calarco, junto a las fiscales Verónica Villarruel y Eugenia Vallejos.
Durante una audiencia realizada por videoconferencia, el juez Fernando Sánchez Freites, quien presidió el Tribunal integrado además por Luciano Garrido y Julio Martínez Vivot, detalló cada uno de los hechos atribuidos al acusado y homologó el acuerdo alcanzado entre las partes.
Los 11 años de prisión corresponden a los delitos de asociación ilícita, robos agravados por haber sido cometidos en lugar poblado y en banda, utilizando armas de fuego impropias, y en algunos casos también por privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia contra las víctimas.
Asimismo, el Tribunal hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal para revocar la condena condicional anterior, conformando una pena única de 13 años de prisión efectiva. También dispuso la declaración de reincidencia y el pago de las costas del proceso.
El condenado permanece detenido con prisión preventiva desde el inicio de la investigación y comenzará a cumplir formalmente la condena en los próximos días, ya que al aceptar el juicio abreviado renunció a los plazos de apelación.
De acuerdo con la investigación, la organización delictiva realizaba tareas de inteligencia sobre las viviendas elegidas y utilizaba vehículos previamente robados para trasladarse. Una vez en el lugar, sus integrantes ingresaban violentamente tras escalar techos y paredones, reducían a las víctimas mediante amenazas con armas de fuego, las ataban con alambres o precintos y exigían la entrega de dólares, dinero en efectivo y objetos de valor.
Además de dinero y joyas, la banda sustraía equipos electrónicos y los DVR donde se almacenaban las imágenes de las cámaras de seguridad, con el objetivo de eliminar evidencia de los robos.
La investigación fue desarrollada por una Comisión Investigativa Judicial de la Policía de Río Negro creada especialmente para esclarecer esta serie de hechos, bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal. La causa continúa abierta y otros 11 imputados permanecen con prisión preventiva mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.
