Judiciales
El STJ ratificó prisión perpetua por homicidio doblemente calificado ocurrido en Roca
Ocurrió el 3 de abril del 2012 a la madrugada y del hecho resultó víctima Héctor Elías Mansilla.
El Superior Tribunal de Justicia ratificó la condena de prisión perpetua contra dos hombres por un homicidio doblemente calificado ocurrido en Roca. En febrero pasado el mismo Tribunal había declarado mal concedidos los recursos de casación interpuestos por los respectivos defensores y en esta nueva instancia rechazó los recursos extraordinarios federales. El fallo, cabe señalar, no está firme porque las defensas aún tienen la posibilidad de plantear un recurso de queja directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el caso, los imputados Mauro Miguel Ibáñez y Daniel Eduardo Maldonado fueron condenados por la Cámara Criminal Primera de Roca a la máxima pena de prisión como «coautores del delito de homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con alevosía y criminis causa, en concurso real con robo calificado por haber sido cometido con arma de fuego».
El hecho, del que resultó víctima Héctor Elías Mansilla, ocurrió el 3 de abril de 2012, a la madrugada. Comenzó en un departamento de la calle Villegas al 4000 de Roca y continuó en la zona del río, donde la víctima fue atada, golpeada, baleada en al menos tres oportunidades y finalmente arrojada al curso de agua. Los autores luego robaron la camioneta de Mansilla, la cual intercambiaron por un auto, una moto y cocaína, indica la sentencia.
El Defensor Oficial Miguel Salomón interpuso el recurso de casación en representación del imputado Ibáñez, mientras que su par Oscar Mutchinick planteó en esta instancia el recurso extraordinario federal. El Defensor Público Gustavo Viecens mantuvo la defensa de Maldonado a lo largo de todo el proceso. Sus respectivos planteos ante el Superior Tribunal de Justicia fueron sostenidos por la Defensoría General, mientras que la Fiscalía General dictaminó en contra de ambos.
Entre otros agravios, las defensas plantearon que no se acreditó la «coautoría» y que se utilizó como prueba de cargo una «autoincriminación» de Maldonado, lo que derivó en una «violación del debido proceso y la defensa en juicio».
En ambos casos, el STJ advirtió que las presentaciones «no cumple(n) la totalidad de las exigencias establecidas en la Acordada N° 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación» para la procedencia del recurso extraordinario. También valoró que los aspectos centrales del recurso «resultan una reedición de los motivos fáctico-jurídicos esgrimidos» en la instancia de casación y que fundadamente habían sido rechazados en febrero.
Al margen de la improcedencia por razones formales, el STJ destacó que aquella «declaración espontánea» de Maldonado no fue una prueba única ni aislada, sino que «el plexo indiciario en su conjunto permitía la reconstrucción del hecho más allá de toda duda y sindicaba directa e indubitablemente a Ibáñez como autor del delito enrostrado».
Judiciales
El STJ declaró abstracta la acción de amparo contra el Código Procesal Penal en Río Negro
Fue sancionada la Ley el pasado 18 de diciembre en la Legislatura.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) declaró abstracta la acción de amparo presentada contra el tratamiento del proyecto de ley que sancionó el Código Procesal Constitucional. La decisión sostuvo que el objeto de la acción quedó sin efecto, ya que la Legislatura provincial abordó el tema en una sesión extraordinaria realizada el 18 de diciembre de 2024.
La acción, presentada por un grupo de ciudadanos el 17 de diciembre, planteaba que el proyecto imponía limitaciones a derechos fundamentales como la salud, el medio ambiente y el consumo, afectando además herramientas legales como el amparo colectivo. Sin embargo, el STJ destacó que no se acreditaron los requisitos indispensables para la procedencia de este tipo de acción, como la urgencia, la gravedad del daño o la inexistencia de otras vías legales para resolver la cuestión.
El dictamen del Procurador General también había considerado que la acción resultaba formalmente improcedente. Señaló que no se demostraba un obrar ilegal o arbitrario por parte de los poderes Ejecutivo o Legislativo, y que la cuestión estaba siendo tratada por el Poder Legislativo en ejercicio de sus atribuciones constitucionales. Además, subrayó que el juez que recibió el amparo, y luego lo remitió al STJ, omitió analizar detalladamente los requisitos formales de la acción, lo que habría permitido advertir la falta de fundamentos para su admisibilidad.
En esa línea, el STJ recordó que, según su doctrina y la de la Corte Suprema de la Nación, no corresponde conocer o resolver cuestiones que se vuelven abstractas, ni asumir competencias propias de otros poderes del Estado. Reiteró que las acciones de amparo exigen acreditar condiciones estrictas como urgencia y daño irreparable, lo que no se verificó en este caso.
Asimismo, enfatizó que el amparo no debe ser utilizado como un mecanismo para obstaculizar el ejercicio regular de las funciones legislativas. Finalmente, el fallo dispuso no imponer costas, considerando las particularidades del caso y las deficiencias en el planteo inicial.
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A través de un fallo judicial, un niño podrá viajar a Chile con su abuela para participar de un torneo de fútbol
La Justicia requirió suplir el consentimiento del progenitor, con quien el menor no mantiene contacto desde hace una década.
Un fallo del fuero de Familia de Cipolletti resolvió autorizar el viaje de un niño de 12 años a la República de Chile para participar en un torneo de fútbol infantojuvenil. La solicitud fue presentada por su madre, quien requirió suplir el consentimiento del progenitor, con quien el menor no mantiene contacto desde hace una década.
El fallo, dictado por el Juzgado de Familia N° 7, permitirá que el niño viaje acompañado de su abuela materna entre el 20 y el 31 de enero de 2025. Durante ese período, el menor participará en el evento deportivo en la ciudad de Angol y se alojará en un albergue local. Según la presentación judicial, esta actividad busca promover el desarrollo recreativo del niño y no incluye un cambio de residencia permanente.
En su resolución, el tribunal enfatizó el principio del interés superior del niño, previsto en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y en la legislación nacional vigente. Citó, además, disposiciones del Código Civil y Comercial que requieren el consentimiento expreso de ambos progenitores para la salida del país, salvo en casos excepcionales.
El fallo destacó que el progenitor del niño no ha mantenido contacto con él durante los últimos diez años y que su paradero es desconocido. Esta conducta, que fue calificada como abandono, no puede ser motivo para menoscabar los derechos del menor. Por ello, el juzgado decidió suplir el consentimiento paterno y autorizar la salida del país, en resguardo del interés superior del niño.
También se tomaron en cuenta pruebas testimoniales y el dictamen favorable de la Defensora de Menores, quien subrayó la importancia de priorizar el bienestar del niño. El fallo resaltó el derecho del menor al esparcimiento y la recreación, cuestión que se materializa en la participación de actividades deportivas.
La jueza dispuso que esta autorización no habilita una radicación definitiva en el extranjero. La mamá del niño, impulsó la acción judicial a través de abogados particulares con la suficiente antelación para poder coordinar la logística del viaje.
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Confirmaron la condena a Gadañoto y ordenaron su detención
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó el fallo que condena al ex basquetbolista a 6 años y 9 meses de prisión. Al anoticiarse de la resolución, se presentó por sus propios medios y quedó detenido.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) confirmó la condena a 6 años y 9 meses de prisión para el ex entrenador de básquet Guido Gadañoto, por los abusos sexuales que sufrió una de sus alumnas cuando tenía 13 años de edad.
Por los hechos ocurridos en febrero de 2015, el roquense fue declarado culpable de los delitos de «abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, agravado por haber sido cometido por encargado de la educación y por resultar un grave daño en la salud mental de la víctima» y fue condenado a una pena de 6 años y 9 meses de prisión.
La condena fue dictada en junio del 2021 por un Tribunal de Juicio de Roca. Contra aquella decisión, la Defensa interpuso una impugnación ordinaria ante el Tribunal de Impugnación, que fue desestimada. Tras eso, planteó ante el mismo TI un recurso extraordinario que fue denegado, por lo que acudió directamente al STJ con un recurso de queja, que en septiembre de 2021 fue rechazado «sin sustanciación» por el máximo organismo provincial. De allí, una nueva apelación llevó el fallo a la CSJN.
En este sentido, en las últimas horas, la Agencia de Noticias Roca (ANR) informó que la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario. Esta era la última oportunidad que tenía Gadañoto para evitar ser encarcelado, por lo que se ordenó su inmediata detención.
No obstante, Gadañoto se habría presentado por sus propios medios en una Comisaría de Cinco Saltos, donde estaba residiendo desde hace años, y quedó a disposición de la Justicia.
