Judiciales
El STJ confirmó la condena contra coautor de un robo calificado en Stefenelli
Pérez Guajardo deberá pasar 6 años en prisión por un robo ocurrido en Stefenelli en mayo del 2015. Junto a otros dos sujetos, amenazaron a una mujer con que le iban a pegar un tiro a su hijo, y se llevaron 700 pesos argentinos y 35.000 chilenos.
El Superior Tribunal de Justicia confirmó la condena de prisión efectiva contra el coautor de un robo calificado del que fueron víctimas una mujer y su hijo menor de edad en Roca. En diciembre de 2015 la Cámara Criminal Segunda de esta ciudad condenó a Lucas Fabián Pérez Guajardo a la pena de 6 años de prisión al declararlo «coautor del delito de robo agravado por el uso de armas, en el caso de la de fuego cuya aptitud no ha podido ser acreditada, y en poblado y en banda». Contra aquel fallo, el defensor particular José Gabriel Pérez interpuso el recurso de casación que ahora fue rechazado por el STJ, con voto rector del juez Enrique Mansilla y adhesión de sus pares Ricardo Apcarian y Sergio Barotto.
La defensa cuestionó la calificación legal que se dio al delito, afirmando que el arma blanca cuya utilización se atribuyó a su defendido «se condice más con una llave o herramienta que con un elemento corto punzante». También reprochó «que se haya tenido por acreditada la existencia de una banda, porque en el lugar del hecho fueron habidas y detenidas solo dos personas», y relativizó las declaraciones testimoniales valoradas por el Tribunal. Finalmente, solicitó una reducción de la calificación legal y la disminución de la pena a la de 3 años de prisión.
La Cámara roquense tuvo por acreditado que el 15 de mayo de 2015, alrededor de 15 horas, Pérez Guajardo, de 32 años, junto a otro hombre de 30 años (también detenido ese día) y un tercer sujeto no identificado utilizaron un arma de fuego y un cuchillo al ingresar a robar en una vivienda de la calle Rochdale, en jurisdicción de Stefenelli. Surge de la sentencia que ingresaron por la puerta principal y que dentro de la casa Pérez Guajardo sujetó a un niño de 12 años utilizando un cuchillo, mientras que el otro hombre amenazó con un arma de fuego a la madre del nene y un tercero los esperó en las inmediaciones, a bordo de un vehículo. La mujer, «ante el reclamo insistente de dinero por parte de los imputados, quienes además le decían que le iban a pegar un tiro al hijo, les entregó la suma de 700 pesos argentinos y 35.000 pesos chilenos». Por último, se apoderaron de dos teléfonos celulares y se dieron a la fuga. Sin embargo, un familiar de las víctimas, que es policía y se encontraba cerca de la casa, «ubica a los imputados y los detiene, evitando que subieran al auto conducido por el prófugo», el cual «los abandonó y se fue del lugar».
«El agravio referido a la errónea calificación no es más que una distinta apreciación de la prueba, pues se basa en la opinión subjetiva de la defensa sobre determinados extremos fácticos que el sentenciante estableció motivadamente de diferente forma», concluyó en su voto el juez Mansilla. «Revisado de modo integral lo decidido, en el marco de los agravios deducidos, una mejor administración de justicia aconseja negar la instancia de aquellos recursos que manifiestamente no pueden prosperar, por la ausencia de una crítica concreta y razonada», resolvió finalmente el STJ.
Judiciales
Fiscalía de Estado recuperó más de $8.600.000 para el sistema de salud
Una sentencia judicial obliga al responsable de un accidente vial y a su aseguradora a reintegrar los gastos médicos al IPROSS.
La Fiscalía de Estado de Río Negro obtuvo un fallo favorable que ordena la restitución de más de $8.600.000 al Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS), consolidando su rol central en la defensa del patrimonio público.
El Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N 13 de Viedma hizo lugar a la demanda presentada por el organismo provincial, que actuó en representación de IPROSS. La sentencia, dictada el 1 de septiembre de 2025, obliga al responsable de un accidente vial y a su aseguradora a reintegrar los gastos médicos y asistenciales afrontados por la obra social estatal en la atención de un afiliado gravemente lesionado sobre la Ruta Nacional N° 3.
La resolución judicial reconoce el derecho de la Provincia a recuperar, mediante acción subrogatoria, los costos generados por la negligencia de terceros. El fallo también subraya la legitimidad del accionar de la Fiscalía de Estado, que promovió la demanda con éxito y aseguró una importante restitución a favor del sistema público de salud.
«Esta acción reafirma nuestro compromiso con la protección del erario provincial y la defensa activa de los recursos del sistema solidario de salud», destacó el Fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan.
El organismo explicó que cada peso recuperado fortalece la capacidad operativa de IPROSS y alivia la carga sobre el sistema público de salud, que no debe asumir costos ajenos a su responsabilidad.
«La estrategia de iniciar acciones judiciales busca precisamente garantizar el recupero de los gastos cubiertos por IPROSS a los afiliados cuando la responsabilidad de los daños corresponde a un tercero y a su aseguradora», destacaron desde el Gobierno.
Judiciales
Familia del Alto Valle definió el cuidado de un adulto mayor y el destino de una chacra
Fue a través del Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos, bajo la coordinación de la Defensa Pública de mediación.
En el Alto Valle, una mesa de mediación reunió a una familia entera que buscaba organizar el cuidado de su padre ya mayor y resolver cómo administrar una chacra de la región. La cita ocurrió el 26 de agosto de 2025 en un Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos, bajo la coordinación de la Defensa Pública de mediación. El proceso fue gratuito y concluyó con un acta que dejó asentados compromisos y responsabilidades.
Ese día, uno de los hijos tomó la palabra con decisión: trasladaría a su padre a su casa el 28 de agosto y se haría cargo de su cuidado cotidiano. Además, aceptó realizar los trámites previsionales para asumir la representación como apoderado y administrar los ingresos del adulto mayor.
En la misma mesa, una de las hermanas ofreció colaborar en la atención diaria. El objetivo fue claro: que quien asumiera la carga principal pudiera disponer de espacios de descanso. Se estableció que los detalles de esa ayuda se coordinarían de manera directa entre los familiares. La conversación giró luego hacia la chacra. Otro de los hermanos aceptó administrar la tierra y los animales. Dijo que se encargaría de los tributos y del cuidado del ganado. El compromiso incluyó la entrega de un grupo de vacas con sus crías a uno de sus hermanos, con retiro fijado entre el 30 y el 31 de agosto.
El tema económico también ocupó un lugar en la discusión. Varias personas se comprometieron a aportar una suma de dinero todos los meses, durante los primeros diez días, mediante transferencias a una cuenta bancaria. La mediación recogió esa decisión sin prever sanciones, solo como un acuerdo de responsabilidad compartida.
La audiencia se extendió hasta el mediodía. Dos de los hermanos decidieron no suscribir a ciertos puntos, y por eso el documento final reflejó únicamente los aspectos consensuados. La mediadora informó que lo acordado tenía carácter inmediato y obligatoriedad plena.
La reunión concluyó con la lectura del acta. Cada integrante escuchó en silencio el detalle de las fechas, las tareas y los aportes comprometidos. La tensión del inicio se transformó en un registro escrito que marcó un camino para la organización familiar. La intervención de la Defensa Pública permitió que este proceso se desarrollara sin costo y bajo un marco oficial que dio respaldo a la palabra de los participantes.
Judiciales
Pagarán hasta $80.000 por ser autoridad de mesa en las elecciones de octubre
Son $40.000 por el desempeño durante la jornada electoral y el mismo monto por la realización de la capacitación, la cual es obligatoria.
El Gobierno Nacional estableció los montos que percibirán las personas que cumplan funciones como autoridades de mesa en las elecciones nacionales del 26 de octubre de 2025. De acuerdo con la Resolución 2025-347-APN-VGI de la Vicejefatura de Gabinete del Interior se fijó una suma de reconocimiento por desempeño de $40.000, a la que se suma un monto adicional de $40.000 por la realización de la capacitación correspondiente.
Este pago aplicará únicamente a quienes resulten designados formalmente por el Poder Judicial y cumplan efectivamente su función el día del comicio. La capacitación también será obligatoria para acceder al pago adicional.
Las personas interesadas en postularse pueden realizar la inscripción a través del sitio www.padron.gob.ar/cne_autoridadesdemesa . También pueden evacuar las dudas de manera presencial en cualquiera de los 49 Juzgados de Paz del Poder Judicial de Río Negro, que colaboran activamente con la organización del proceso electoral.
La difusión de esta convocatoria se realiza en el marco de una tarea coordinada entre la Secretaría Electoral Federal del distrito Río Negro y la el Poder Judicial provincial, con el objetivo de garantizar la transparencia y la participación ciudadana en el desarrollo de los comicios.
Desde la Secretaría se recordó que capacitarse no implica la designación automática como autoridad de mesa, ya que esa definición queda a cargo del Poder Judicial. No obstante, completar la formación permite estar en condiciones de asumir el rol si se recibe la notificación formal.
Las capacitaciones se encuentran disponibles tanto en modalidad presencial como virtual, y las fechas se comunican a través del sitio web y los canales institucionales de la Cámara Nacional Electoral.
El llamado a postularse como autoridad de mesa busca reforzar la convocatoria a la ciudadanía para que forme parte activa del proceso democrático. Las autoridades remarcaron que esta tarea reviste un papel fundamental en la jornada electoral y agradecieron el compromiso de quienes decidan asumirla.
