Río Negro
Presentaron proyecto legislativo que rechaza el DNU que modifica la Ley de Migraciones
Los legisladores Pita y Mango repudiaron enérgicamente el Decreto N° 70/2017 que modifica la Ley N° 25.871.
Los legisladores rionegrinos del Frente Grande en el bloque legislativo del Frente para la Victoria, Carina Pita y Marcelo Mango, presentaron en la Legislatura de Río Negro, un nuevo proyecto de comunicación dirigido al Poder Ejecutivo Nacional donde expresan su «enérgico rechazo al Decreto N° 70/2017 que modifica la Ley N° 25.871».
Ambos legisladores provinciales explicaron que «en enero de 2017, el Poder Ejecutivo Nacional, avasalla todo un proceso colectivo, participativo y ampliatorio de derechos, reformando -nuevamente- una Ley a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Este decreto, quiere introducir cambios a la Ley de Migraciones para asociar la migración con la delincuencia y expulsar personas que entren al sistema penal -incluso por una simple contravención-; centrándose en los inmigrantes más débiles, mientras que no implicará ningún cambio importante para los más peligrosos».
«Según nuestra opinión, este DNU podría ser violatorio de la Constitución Nacional por dos factores. En primer lugar, la Constitución Nacional establece en su Art. N° 75 que es el Congreso de la Nación quién tiene la facultad para regular la política migratoria. Para promover un DNU hay que acreditar alguna razón de urgencia y necesidad, que el gobierno nacional -solamente- justificó con la declaración de emergencia en seguridad, documento que no trabaja con datos certeros sobre la emergencia en la cuestión migratoria. En segundo lugar, también nuestra Constitución Nacional prohíbe todos los DNU que se refieran a materia penal. La reforma que realiza el decreto migratorio está regulando sobre antecedentes penales, o sobre materias que involucran el proceso penal», opinaron los legisladores Pita y Mango.
«Esta forma de toma de decisiones de Cambiemos no escapa a la gran transformación del modelo económico neoliberal en la Argentina de los 90´, donde la reforma del estado y el ajuste estructural, se implementaron con gran concentración de poder de decisión y acción en los Ejecutivos. Esto significó concentrar en el presidente facultades institucionales y políticas que violaron el equilibrio con los otros poderes del estado, sobre todo el legislativo. Es importante tener en cuenta que más de 150 organizaciones le pidieron una reunión al jefe de gabinete Marcos Peña para dar una discusión sobre los efectos del decreto, pero al momento no dieron señales de iniciar un espacio de diálogo. Por todo ello, es necesario que a través de todas las vías legislativas, el cuerpo legislativo rionegrino manifieste un rechazo rotundo al Decreto N° 70/2017, porque viola nuestra Constitución Nacional y porque avasalla los derechos de muchos y muchas migrantes que habitan el suelo argentino con el afán de ver crecer nuestra gloriosa Nación», expresaron los autores de la iniciativa legislativa.
Por su parte, el legislador Mango agregó que «el gobierno nacional muestra una clara intención de avanzar sobre la política migratoria en general. En esta línea eliminó todos los programas de abordaje territorial que tenía la Dirección Nacional de Migraciones, para ir al territorio y facilitar canales de regularización. Ahora los migrantes sólo pueden hacer el trámite si tienen acceso a las sedes centrales. Esto significa que se vuelve a poner sobre el migrante la responsabilidad de buscar la regularización, derribando el paradigma que acoge la Ley del 2004, propiciada por el entonces presidente Néstor Kirchner. Otro indicador del cambio en la política migratoria según especialistas en la materia, es el aumento en gran medida de las expulsiones».
En concordancia, para Pita «esta política migratoria está asociada a una concepción de seguridad ligada a lo que se denominan nuevas amenazas, discurso que no es novedoso. Fue Estados Unidos quien difundió estos lineamientos en la década del 90. Una de esas «nuevas amenazas» son las migraciones, entendidas como posibles focos de desestabilización. En el contexto de asunción de Donald Trump como presidente de EEUU se exacerba una política que EEUU ya promovía. En este sentido, estamos en presencia una vez más de discurso demagógico punitivo de los sectores de derecha, tanto de nuestro país como del resto del mundo: poner en el centro de la escena a los migrantes y menores para introducir el endurecimiento que es lo que «parece» a la gente le importa. Es decir, promover un decreto anticonstitucional se haría solo porque en la opinión pública prende fácilmente pero que en términos estadísticos no es una cuestión central de los problemas de seguridad».
Para ambos legisladores rionegrinos, «la ministra de Seguridad Patricia Bullrich ha mal utilizado las estadísticas. Cuando difundió informes referidos a las temáticas, mencionó que los migrantes eran el 6 % del total de presos de nuestro país, pero que si se mira el narcotráfico pasan a ser el 33 %. Pero especialistas del CELS han hecho notar que ese 33% es sólo del narcotráfico del Servicio Penitenciario Federal, que representa solo el 15 % del total de detenidos del país. Además, según datos del organismo, las personas detenidas por delitos relacionados con drogas representan el 10 % del total de presos, en tanto que del total de detenidos por drogas en todo el país, el 83 % son argentinos y solo el 17 % son extranjeros, con lo cual la incidencia extranjera se reduce a la mitad de lo que afirmó la ministra. También esas mismas cifras ocultan que es esperable que en un delito como narcotráfico haya una mayor representación de extranjero, porque como sucede en todo el mundo, es un delito que tiene un componente transfronterizo. Entre 40 y 50 por ciento de los argentinos presos en el extranjero están presos por narcotráfico, eso no significa que los argentinos sean un problema en el narcotráfico mundial».
En este sentido, explicó el legislador Mango que «lo que muestran los datos difundidos por la propia ministra es que la participación de extranjeros en el delito no es significativa para que sea el eje central de una emergencia en seguridad. Y la ley migratoria del 2004 tenía herramientas concretas de expulsión para resolver los crímenes más graves que los extranjeros puedan haber cometido. Esta reforma, por Decreto, habilita un nuevo sistema de control migratorio que pone en incertidumbre a todos los residentes de nuestro país, y delega en las agencias policiales y judiciales un sistema de control sin establecer parámetros claros que brinden garantías debidas», concluyó.
Río Negro
Echarren: «El peaje al tránsito pesado permitirá mantener nuestras rutas»
El nuevo sistema de peajes y control de cargas fue aprobado por la Legislatura rionegrina.
El nuevo sistema de peajes y control de cargas aprobado por la Legislatura rionegrina se aplicará sobre las Rutas Provinciales Nº 2, Nº 6, Nº 8, Nº 65, Nº 69 y solo a vehículos de carga que hagan uso de rutas provinciales con fines económicos.
No se cobrará peaje a los vehículos de uso privado radicados tributariamente en Río Negro, con excepción de Ruta 2, cuyo cobro ya estaba autorizado anteriormente por ley.
De concretarse la solicitud del Gobierno Provincial de provincializar las Rutas Nacionales N° 22 y N° 151 para su finalización y mantenimiento, las mísmas también estarán afectadas al cobro de peaje.
El nuevo sistema le permitirá a Vialidad Rionegrina contar con los recursos para poder mantener, mejorar y ejecutar obras viales en todo el territorio rionegrino. Tendrá un doble propósito: recaudatorio y de control de peso a fin de evitar que el transporte venga pasado de peso y estropee las rutas.
En un contexto de obra pública nacional paralizada y en donde el propio Gobierno Nacional anunció el fin del financiamiento para la obra pública, la Provincia encontró alternativas para mantener el estado de sus rutas provinciales.
El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren , explicó que «por un lado todo lo que es insumo de materiales para el mantenimiento y reparación de rutas sufrió en el último año un incremento muy grande, al tiempo que la coparticipación vial disminuyó muchísimo; ese desfinanciamiento para mantener la seguridad y transitabilidad sus rutas la Provincia lo está sufriendo».
«Por otro lado, el Gobierno Nacional tiene obras paradas como es el caso de la Ruta N° 22, la N° 23, la Rotonda Choele Choel; puntos y zonas donde tenemos un movimiento permanente de la actividad hidrocarburífera, y también estamos viendo que mucho del tránsito pesado de la actividad se da también por rutas provinciales; entonces no están estropeando las rutas provinciales porque las rutas nacionales están sin finalizar y sin mantenimiento y seguridad que tienen que tener vías de ese tipo para garantizar este tipo de tránsito que requiere la industria», agregó.
Esta combinación de factores, ha hecho que el Gobierno Provincial resuelva sobre la necesidad de cobrar peaje a una actividad que se desarrolla sobre rutas provinciales. «Hay que llevarles tranquilidad a todos los vecinos y vecinas de la provincia, el peaje se aplicará sólo sobre el tránsito pesado como es el caso del petróleo, así que el rionegrino o rionegrina que, por ejemplo, quiera transitar la ruta turística 82 no pagará ningún peaje», finalizó Echarren
La ley contempla además la creación de una Comisión de seguimiento de la inversión de los fondos recaudados a través del peaje.
Río Negro
La Legislatura aprobó el Régimen de Desvinculación Voluntaria para agentes públicos
El personal que adhiera a esta medida percibirá por única vez una suma equivalente a 1,2 sueldos por año de antigüedad o fracción mayor a seis meses.
Los agentes públicos de Río Negro podrán desvincularse del Estado y obtener una serie de beneficios, tras haberse modificado en la Legislatura la Ley Nº 3135. El proyecto fue originado en el Poder Ejecutivo y contó con el respaldo mayoritario del Parlamento.
El personal que adhiera a esta medida percibirá por única vez una suma equivalente a 1,2 sueldos por año de antigüedad o fracción mayor a seis meses, que se abonará al contado o en cuotas, de acuerdo a la antigüedad laboral. El monto de esas cuotas se actualizará de acuerdo al aumento salarial que se produzca en las categorías que revestían al momento de retirarse.
También continuarán recibiendo las prestaciones del IPROSS por un año y quienes inicien alguna actividad económica en la provincia gozarán de exenciones en el impuesto a los ingresos brutos.
La legisladora Marcela González Abdala (Juntos Somos Río Negro) fundamentó la iniciativa diciendo que se basa en la necesidad de modernizar el Estado, evaluando la cantidad y calidad de sus agentes.
Tras mencionar que «la sociedad pide un cambio de rumbo» en ese aspecto, sostuvo que «muchas provincias atraviesan por la misma situación, y lo están discutiendo. Todo ello producto del rumbo económico actual».
Indicó que el gobierno nacional eligió despedir a algunos sectores de trabajadores, mientras que Río Negro «optó por el diálogo y por poner en marcha esta desvinculación para aquellos agentes que creen que han cumplido un ciclo en el Estado».
Opiniones, aportes y críticas
Al tomar la palabra otros legisladores, César Domínguez (Primero Río Negro) argumentó su acompañamiento, aunque pidió el congelamiento de nuevos ingresos por el término de tres años. «Si eso no ocurre se va a convertir en una puerta giratoria, porque se irán retirando pero también incorporando», indicó.
El bloque de Vamos con todos no apoyó la iniciativa. Ayelén Spósito consideró que la suma estimada que recibirá en promedio cada desvinculado (unos 10 millones de pesos) «no alcanza para iniciar una actividad privada». Resaltó el incremento de la cantidad de agentes públicos «previo a las campañas electorales».
Leandro García (Partido Justicialista-Nuevo Encuentro) explicó que el respaldo a la propuesta se debe a la necesidad de modernizar el Estado y al deseo de «darle una mano» a los empleados estatales.
No obstante solicitó que las cuotas que se les abonarán tras desvincularse se actualicen y de esa manera no ser tan afectados por la inflación. También requirió que tengan atención prioritaria por parte de la Agencia de Desarrollo Económico en materia de capacitación y asistencia financiera, si optan por comenzar con un emprendimiento privado.
Por otra parte, García anticipó que presentará otra propuesta para que también puedan desvincularse quienes se encuentren a menos de cinco años de acceder a la jubilación y ya tienen lo 30 años de aportes.
La Coalición Cívica ARI-Cambiemos también votó a favor de la iniciativa, según lo adelantó antes de la votación el legislador Javier Acevedo. «Sabemos que hay sobredimensión de empleados, que muchas veces llegan con las elecciones, pero un retiro voluntario es mucho mejor opción que los despidos», sostuvo.
Asimismo propuso que se aumenten algunos montos que se abonarán a quienes se retiren y se acorte la cantidad de cuotas. También que se invite a adherir a otros poderes del Estado y a los municipios.
Si bien acompañaron el proyecto porque entendieron que «es mejor que nada», desde el bloque PRO-Unión Republicana criticaron varios aspectos de la presentación.
María Laura Frei sostuvo que el proyecto enviado desde el Poder Ejecutivo «fue por necesidad y no por convicción. Este mismo gobierno aumentó la planta mediante sucesivos pases a planta permanente, pero no mejoró el servicio. Ahora llegó el momento en que no hay plata. Es lo que pasa cuando las cosas se hacen con el agua hasta el cuello y no hay un plan».
Juan Martín, por su parte, manifestó que la Provincia comenzó a «desandar un camino de festival de empleo públicos. En este tiempo de gobiernos verdes y un gremio que usa el mismo color, la cantidad de agentes estatales creció de 48.000 a 68000. Ésto se paga con déficit y deudas, y las consecuencias las tenemos hoy».
Para Lorena Matzen (UCR) se trata de «un retiro con dignidad económica» debido a los montos que recibirán quienes decidan retirarse. Destacó además que es una medida voluntaria y no forzosa.
López: «No hay que temerle al Estado»
Cerró las deliberaciones el presidente del bloque oficialista, Facundo López, quien -en principio- desmintió los dichos de Juan Martín sobre el incremento del personal. «No es verdad que aumentamos la planta, eran agentes que estaban contratados y adquirieron estabilidad», indicó. Añadió que sí se contrataron más trabajadores, pero para cubrir cargos tras la apertura de nuevas escuelas y hospitales.
López afirmó que «no hay que temerle al Estado, porque el Estado siempre equilibra y elimina extremos».
Finalmente informó que se incorporaron algunas modificaciones en el proyecto, producto de sugerencias de otros bloques, como que las cuotas indemnizatorias se actualicen de acuerdo a los aumentos salariales de las categorías que revestían al momento de retirarse.
El proyecto fue votado por 40 legisladores y rechazado por 5.
Río Negro
Confirmado: Cobrarán peajes en las Rutas 2, 6, 8, 65 y 69 de Río Negro
El proyecto enviado por el Ejecutivo fue aprobado en la Legislatura. No pagarán los vehículos de uso particular que tributan en la provincia.
El Parlamento rionegrino sancionó este jueves (17/05) la ley que establece una contribución especial de peaje, que abonarán quienes hagan uso y aprovechamiento económico de la infraestructura vial provincial. La norma no incluye a los vehículos de uso particular que tributan en Río Negro. La ley obtuvo 27 votos a favor y 18 en contra.
Carlos Valeri fue el miembro informante del proyecto impulsado por el Ejecutivo. Explicó que a partir de la ley, se implementará un sistema de telepeaje para transportes de carga en cinco Rutas Provinciales: la 2, la 6, la 8, la 65 y la 69. En total suman 507 kilómetros, de los 760 que están pavimentados.
Valeri planteó los inconvenientes ocasionados por la falta de mantenimiento de las rutas nacionales, que se agravaron últimamente por la falta de presupuesto y la decisión del gobierno nacional de no afectar partidas presupuestarias para la finalización de esas obras. El mal estado de las rutas nacionales provoca que se incremente el tránsito en las vías provinciales y provoque su deterioro.
Los fondos recaudados con este sistema de peaje se destinarán exclusivamente al reacondicionamiento y pavimentado de las rutas provinciales.
La iniciativa también prevé otras excepciones, como los vehículos destinados a prestar asistencia médica o afectados a servicios de salud; los vehículos oficiales de propiedad del sector público nacional, provincial o municipal; los registrados a nombre de las asociaciones de bomberos voluntarios; los comprendidos dentro del Registro Provincial o Nacional de Personas Con Discapacidad; y los afectados al servicio público de transporte urbano e interurbano de pasajeros y transporte escolar contratado por el Estado provincial o municipal.
El debate
Por el bloque UCR, Ariel Bernatene y Lorena Matzen expresaron el acompañamiento de su bancada al proyecto. Consideraron que la implementación del peaje es conveniente a fin de mejorar el mantenimiento de las rutas de la provincia, en un contexto de disminución de los recursos que provienen de la coparticipación y del deterioro de la infraestructura vial producido por «camiones que usufructúan las rutas y no dejan nada». Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro, apoyó la ley «ante la falta de fondos suficientes para hacer el mantenimiento de las rutas».
Javier Acevedo, del Bloque Coalición CÍvica Ari – Cambiemos, apoyó la implementación del peaje señalando el deterioro de las rutas provinciales producido por los camiones de la producción del petróleo. «Los que lucran transitando por la provincia con grandes sumas de dinero en el transporte, van a tener que aportar», aseguró. Fernando Frugoni apoyó la propuesta y pidió la exención del pago del peaje para los vehículos radicados en el ejido de San Antonio. Roberta Scavo acompañó también y pidió que se contemple la situación de los vecinos que viven en Carmen de Patagones.
Leandro García, del bloque Justicialista Nuevo Encuentro, no acompañó la propuesta al considerar que la redacción del proyecto no es clara. Ana Marks también se opuso. Entre otros puntos, criticó la falta de legitimación social que tuvo el proyecto y consideró que «era mucho más fácil ser taxativo en cuanto a quién se quiere cobrar el peaje, que llenar de excepciones la ley, y darle al Ejecutivo la posibilidad de que siga exceptuando indefinidamente, lo que lleva a una dispersión normativa y a una inseguridad jurídica». En cambio Pedro Dantas, del mismo bloque, apoyó la iniciativa.
Patricia Mc Kidd (Pro Unión Republicana) también se opuso, señaló que con este proyecto «se demuestra el carácter antiproductivo del oficialismo y del grupo de aliados que lo acompaña».
Martina Lacour también manifestó su voto en contra. Señaló que el proyecto es anticonstitucional, argumentó que el artículo 9 del proyecto dice que quien tenga una deuda no podrá transitar, lo que contradice el derecho a transitar contemplado en la Constitución. También habló de falta de claridad en a redacción del proyecto y criticó el «poco tiempo de análisis que tuvo el proyecto».
Por el Bloque Vamos Con Todos, Delgado Sempé expresó la «firme oposición al sistema de peaje» centrándose en críticas al estado de las rutas de la provincia. José Luis Berros también votó en contra. Justificó su posición con críticas a la falta de claridad en la redacción del proyecto: «Es un desastre», señaló. Consideró que si ante una situación de crisis como la que se está viviendo, sumamos otra contribución, el bolsillo del vecino no lo va aguantar».
En el mismo sentido, Juan Martín (Pro Unión Republicana) se opuso a la iniciativa. Sostuvo que el proyecto «es poco claro, ambiguo y vago». Aseguró que se trata «otro manotazo de ahogado recaudatorio por parte de este Gobierno».
El presidente del bloque oficialista, Facundo López, cerró el debate aclarando que el principal objetivo de la instalación del peaje es el control del pesaje de los camiones, que son los que deterioran las rutas.
Ante los cuestionamientos de la oposición sobre el objeto de la ley y el hecho imponible, explicó que se trata de una contribución especial por hacer uso de una infraestructura vial provincial, y el hecho imponible es transitar por la ruta. Además, aclaró que los sujetos obligados son todos, menos los rionegrinos que tengan el auto para uso particular.
«Ante la dificultad, estamos tratando de mantener las rutas lo mejor posible», fundamentó el legislador de JSRN. «Somos defensores de la productividad, no queremos engañar a nadie con este proyecto, estamos queriendo cuidar la vida de los rionegrinos, con mejores rutas y más seguridad», concluyó.
