Río Negro
Presentaron proyecto legislativo que rechaza el DNU que modifica la Ley de Migraciones
Los legisladores Pita y Mango repudiaron enérgicamente el Decreto N° 70/2017 que modifica la Ley N° 25.871.
Los legisladores rionegrinos del Frente Grande en el bloque legislativo del Frente para la Victoria, Carina Pita y Marcelo Mango, presentaron en la Legislatura de Río Negro, un nuevo proyecto de comunicación dirigido al Poder Ejecutivo Nacional donde expresan su «enérgico rechazo al Decreto N° 70/2017 que modifica la Ley N° 25.871».
Ambos legisladores provinciales explicaron que «en enero de 2017, el Poder Ejecutivo Nacional, avasalla todo un proceso colectivo, participativo y ampliatorio de derechos, reformando -nuevamente- una Ley a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Este decreto, quiere introducir cambios a la Ley de Migraciones para asociar la migración con la delincuencia y expulsar personas que entren al sistema penal -incluso por una simple contravención-; centrándose en los inmigrantes más débiles, mientras que no implicará ningún cambio importante para los más peligrosos».
«Según nuestra opinión, este DNU podría ser violatorio de la Constitución Nacional por dos factores. En primer lugar, la Constitución Nacional establece en su Art. N° 75 que es el Congreso de la Nación quién tiene la facultad para regular la política migratoria. Para promover un DNU hay que acreditar alguna razón de urgencia y necesidad, que el gobierno nacional -solamente- justificó con la declaración de emergencia en seguridad, documento que no trabaja con datos certeros sobre la emergencia en la cuestión migratoria. En segundo lugar, también nuestra Constitución Nacional prohíbe todos los DNU que se refieran a materia penal. La reforma que realiza el decreto migratorio está regulando sobre antecedentes penales, o sobre materias que involucran el proceso penal», opinaron los legisladores Pita y Mango.
«Esta forma de toma de decisiones de Cambiemos no escapa a la gran transformación del modelo económico neoliberal en la Argentina de los 90´, donde la reforma del estado y el ajuste estructural, se implementaron con gran concentración de poder de decisión y acción en los Ejecutivos. Esto significó concentrar en el presidente facultades institucionales y políticas que violaron el equilibrio con los otros poderes del estado, sobre todo el legislativo. Es importante tener en cuenta que más de 150 organizaciones le pidieron una reunión al jefe de gabinete Marcos Peña para dar una discusión sobre los efectos del decreto, pero al momento no dieron señales de iniciar un espacio de diálogo. Por todo ello, es necesario que a través de todas las vías legislativas, el cuerpo legislativo rionegrino manifieste un rechazo rotundo al Decreto N° 70/2017, porque viola nuestra Constitución Nacional y porque avasalla los derechos de muchos y muchas migrantes que habitan el suelo argentino con el afán de ver crecer nuestra gloriosa Nación», expresaron los autores de la iniciativa legislativa.
Por su parte, el legislador Mango agregó que «el gobierno nacional muestra una clara intención de avanzar sobre la política migratoria en general. En esta línea eliminó todos los programas de abordaje territorial que tenía la Dirección Nacional de Migraciones, para ir al territorio y facilitar canales de regularización. Ahora los migrantes sólo pueden hacer el trámite si tienen acceso a las sedes centrales. Esto significa que se vuelve a poner sobre el migrante la responsabilidad de buscar la regularización, derribando el paradigma que acoge la Ley del 2004, propiciada por el entonces presidente Néstor Kirchner. Otro indicador del cambio en la política migratoria según especialistas en la materia, es el aumento en gran medida de las expulsiones».
En concordancia, para Pita «esta política migratoria está asociada a una concepción de seguridad ligada a lo que se denominan nuevas amenazas, discurso que no es novedoso. Fue Estados Unidos quien difundió estos lineamientos en la década del 90. Una de esas «nuevas amenazas» son las migraciones, entendidas como posibles focos de desestabilización. En el contexto de asunción de Donald Trump como presidente de EEUU se exacerba una política que EEUU ya promovía. En este sentido, estamos en presencia una vez más de discurso demagógico punitivo de los sectores de derecha, tanto de nuestro país como del resto del mundo: poner en el centro de la escena a los migrantes y menores para introducir el endurecimiento que es lo que «parece» a la gente le importa. Es decir, promover un decreto anticonstitucional se haría solo porque en la opinión pública prende fácilmente pero que en términos estadísticos no es una cuestión central de los problemas de seguridad».
Para ambos legisladores rionegrinos, «la ministra de Seguridad Patricia Bullrich ha mal utilizado las estadísticas. Cuando difundió informes referidos a las temáticas, mencionó que los migrantes eran el 6 % del total de presos de nuestro país, pero que si se mira el narcotráfico pasan a ser el 33 %. Pero especialistas del CELS han hecho notar que ese 33% es sólo del narcotráfico del Servicio Penitenciario Federal, que representa solo el 15 % del total de detenidos del país. Además, según datos del organismo, las personas detenidas por delitos relacionados con drogas representan el 10 % del total de presos, en tanto que del total de detenidos por drogas en todo el país, el 83 % son argentinos y solo el 17 % son extranjeros, con lo cual la incidencia extranjera se reduce a la mitad de lo que afirmó la ministra. También esas mismas cifras ocultan que es esperable que en un delito como narcotráfico haya una mayor representación de extranjero, porque como sucede en todo el mundo, es un delito que tiene un componente transfronterizo. Entre 40 y 50 por ciento de los argentinos presos en el extranjero están presos por narcotráfico, eso no significa que los argentinos sean un problema en el narcotráfico mundial».
En este sentido, explicó el legislador Mango que «lo que muestran los datos difundidos por la propia ministra es que la participación de extranjeros en el delito no es significativa para que sea el eje central de una emergencia en seguridad. Y la ley migratoria del 2004 tenía herramientas concretas de expulsión para resolver los crímenes más graves que los extranjeros puedan haber cometido. Esta reforma, por Decreto, habilita un nuevo sistema de control migratorio que pone en incertidumbre a todos los residentes de nuestro país, y delega en las agencias policiales y judiciales un sistema de control sin establecer parámetros claros que brinden garantías debidas», concluyó.
Río Negro
La Provincia abre 3.000 nuevos cupos para sumarse a Río Negro Bilingüe
El programa busca democratizar el acceso al idioma inglés en todo el territorio provincial.
El gobernador Alberto Weretilneck anunció la reapertura de la inscripción para Río Negro Bilingüe, con 3.000 cupos disponibles en esta etapa para seguir ampliando el acceso gratuito a la formación en inglés en toda la provincia. La propuesta busca fortalecer capacidades para el empleo y el desarrollo en sectores estratégicos.
Con la apertura de la convocatoria provincial, Río Negro pone en marcha una nueva etapa de una política pública pensada para ampliar oportunidades de formación y acompañar la transformación productiva de la provincia.
Impulsado de manera conjunta a través de la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente y el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, el programa Río Negro Bilingüe: Formación Lingüística para la Transición Energética y la Transformación Productiva busca democratizar el acceso al idioma inglés en todo el territorio provincial, con una propuesta gratuita, flexible y de calidad.
Invertir recursos productivos en más oportunidades
La iniciativa se financia con recursos provenientes del Fondo Fiduciario para la Capacitación, Desarrollo y Fiscalización de la actividad Hidrocarburífera (FoFCaDeFHi), lo que permite transformar parte de la nueva etapa productiva de Río Negro en herramientas concretas para la comunidad.
De esta manera, la Provincia fortalece un círculo virtuoso en el que el crecimiento de sectores estratégicos genera más recursos, y esos recursos vuelven a la sociedad en forma de capacitación, inclusión y preparación para el futuro.
Formación gratuita para el empleo del futuro
El programa fue diseñado como una respuesta concreta a las nuevas demandas de empleabilidad en sectores como energía, turismo, tecnología y servicios, donde el manejo del inglés se volvió una competencia cada vez más importante.
La propuesta se instrumenta a través del acceso a una plataforma de formación que ofrece hasta 10 niveles alineados al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
Además, el cursado es 100% virtual, autogestionado y asincrónico, disponible las 24 horas, para que cada estudiante pueda avanzar a su propio ritmo y según sus posibilidades.
Una provincia en marcha, con rumbo y planificación
La apertura de esta inscripción se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno de Río Negro para preparar a la provincia para el futuro, con más herramientas, más formación y más oportunidades para su gente.
En ese camino, la capacitación en inglés deja de ser un privilegio para convertirse en una herramienta concreta de inclusión, desarrollo y crecimiento, con una mirada federal que alcanza a todas las regiones de la provincia.
Cómo inscribirse
Las personas interesadas deberán realizar la preinscripción a través del sitio oficial www.bilingue.rionegro.gov.ar
Una vez completado el registro, se recibirá un correo electrónico con las indicaciones para completar el examen de nivelación y comenzar así el recorrido formativo.
Gremios
Paro docente: Sin llamado del Gobierno, UnTER confirmó medidas de fuerza para este martes y miércoles
El sindicato docente reclama una nueva oferta salarial y denuncian incumplimientos del Ejecutivo provincial.
El gremio docente UnTER ratificó el paro de 48 horas previsto para esta próxima semana, luego de que el Gobierno de Río Negro no realizara una nueva convocatoria a paritaria antes del 30 de abril, tal como había sido exigido por el sindicato en el último Congreso. La medida de fuerza se llevará adelante a partir del primer minuto de este martes (05/05) y se extenderá hasta las 23.59 horas del miércoles (06/05).
El paro había sido definido en el CCCXCIII Congreso General Extraordinario realizado el pasado 22 de abril en Fernández Oro, que estableció un plazo para retomar la discusión salarial. Al no concretarse ese llamado antes del comienzo del mes de mayo, el gremio confirmó la continuidad del plan de lucha, que incluye un paro de 48 horas con acciones provinciales y locales para mañana y pasado.
Desde UnTER reclaman una nueva propuesta salarial que contemple una recomposición real de los haberes, con actualización por inflación y un salario mínimo de $2.000.000. Además, exigen la incorporación de sumas no remunerativas al básico y cuestionan la utilización del índice de inflación de Viedma, en lugar del de la región patagónica.
En paralelo, el gremio reiteró críticas a distintas políticas del Gobierno provincial, como la aplicación del presentismo, las auditorías médicas y reformas educativas que consideran inconsultas.
Asimismo, se ratificaron medidas de visibilización del conflicto, entre ellas movilizaciones, clases públicas y una marcha de antorchas en cada localidad, además de la posibilidad de profundizar las acciones en caso de no haber respuestas oficiales.
Política
Cesantearon a 6 agentes y sancionaron a otros 36 por incumplimientos
Se registraron casos de abandono de servicio y conductas indebidas.
El Gobierno de Río Negro dispuso 6 cesantías, 33 suspensiones sin goce de haberes y 3 apercibimientos tras las últimas reuniones de la Junta de Disciplina, en el marco de sumarios por incumplimientos graves dentro de la administración pública.
Según se informó oficialmente, «las sanciones son firmes y buscan garantizar el correcto funcionamiento del Estado, así como el uso adecuado de los recursos públicos».
Entre los principales motivos se encuentran casos de abandono de servicio, con agentes que se ausentaron de sus puestos durante períodos prolongados sin justificación, incluso tras ser intimados a retomar sus tareas.
También se detectaron situaciones que afectaron directamente la atención a la comunidad, como la ausencia de un trabajador encargado de otorgar turnos para tomografías en un hospital público, lo que impedía el acceso a estudios médicos de alta complejidad.
En la misma línea, se dictó la cesantía de un agente de salud por maltrato reiterado a compañeros y pacientes, quien además abandonó su puesto dejando a personas internadas sin el cuidado correspondiente. También se aplicaron suspensiones sin goce de haberes por conductas inaceptables, como el uso de una ambulancia oficial para participar de una manifestación o presentarse a trabajar en estado de ebriedad y acosar a una compañera.
Cabe destacar que el sistema es progresivo: si un agente acumula sanciones que superan los 30 días de suspensión, el estatuto prevé la aplicación de la cesantía.
Desde el inicio de la gestión en enero de 2024, se procesaron más de 1.200 expedientes disciplinarios, destrabando trámites que antes sufrían grandes demoras. Este ordenamiento integral resultó en un balance de 102 cesantías, 6 exoneraciones y 492 suspensiones. También se dictaron 91 sobreseimientos y el archivo de 245 expedientes donde no se comprobaron faltas.
El control que realiza el Gobierno es transversal, más allá de que la mayor cantidad de sanciones se concentra en el Ministerio de Salud, debido a su gran densidad de empleados y a la sensibilidad crítica de servicios como guardias hospitalarias. Durante este año se aplicaron sanciones también en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), IPROSS, IPPV, Desarrollo Humano, Deporte, Cultura y Educación, entre otros.
«Este proceso es riguroso y transparente: las sanciones no son arbitrarias, sino el resultado de sumarios donde instructores especializados reúnen pruebas y garantizan el derecho a defensa. La decisión final recae en la Junta de Disciplina, integrada por representantes del Ejecutivo y los gremios ATE y UPCN», sostuvo la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra..
«Río Negro está en marcha y eso nos exige un Estado eficiente. Tenemos la responsabilidad de usar las herramientas legales para poner orden. No hacerlo sería fallarle a la gran mayoría de los empleados que cumplen con orgullo y a los rionegrinos que sostienen el sistema con sus impuestos», afirmó Lastra.
