Judiciales
Imponen multa e inhabilitación para subcomisario por «incumplimiento de deberes de funcionario público»
Igualmente, el acusado fue absuelto del delito de «negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública» por el que había sido requerido a juicio.
La Cámara Criminal Primera de Roca declaró a un subcomisario de la Policía Rionegrina responsable del delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público» y le impuso como pena el pago de una multa de 7.000 pesos y una inhabilitación especial por 6 meses. En el mismo fallo absolvió al efectivo policial del delito de «negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública» por el que había sido requerido a juicio.
La sentencia tuvo el voto rector del juez Daniel Tobares y la adhesión de sus pares Emilio Stadler y Oscar Gatti. Los jueces tuvieron por acreditado que a partir de julio de 2012 el subcomisario Claudio Marcelo Rodríguez Gilavert, mientras estuvo al mando del Gabinete de Criminalística de Roca, «no evitó» que el policía retirado y dueño de la consultora pericial privada “HH”, Héctor «Lechu» Hernández, consultara documentación reservada que estaba archivada en los biblioratos del Gabinete, correspondiente a siniestros viales y pericias accidentológicas.
«El reproche penal no se sustenta en las visitas de Hernández al Gabinete, sino en que el titular de la dependencia no evitó que consulte la información ‘sensible’ que estaba archivada. Ello únicamente podía suceder por orden judicial y cuando se tratare de un perito de parte designado conforme al código de procediendo penal vigente», precisó el Tribunal para explicar el alcance del delito.
«Rodríguez, como Jefe del Gabinete de Criminalística, tenía como obligaciones (…) asegurar el normal desenvolvimiento de los servicios internos y externos de la Unidad, por medio de su supervisión. Era el responsable de la administración funcional de la dependencia. En esa calidad, omitió tomar los recaudos necesarios para evitar que un particular ajeno al Gabinete accediera a las actas de las pericias accidentológicas, tomando conocimiento de las mismas, sin una orden judicial. Tampoco impidió, pudiendo hacerlo, que Hernández accediera a la computadora ubicada en la ‘cuadra’, donde se encuentran los archivos con fotografías, corriendo el riesgo que pudiera modificarlos dada la precariedad del sistema informático existente en la dependencia», señaló la Cámara.
Las carpetas consultadas por el perito privado, según enfatizó la fiscalía, «tienen nombres de personas, datos personales y de accidentes, información muy buena para estudios jurídicos, para lograr clientela o influencia dentro de los procesos»; de allí la importancia de su correcto resguardo.
Por otra parte, los jueces coincidieron con el criterio del fiscal de Cámara Andrés José Nelli, quien en su alegato final resolvió no acusar al subcomisario por el delito de «negociaciones incompatibles», afirmando la inexistencia de prueba suficiente para ello.
Al definir el monto de la pena, teniendo en cuenta la escala legal que va de 750 pesos a 12.500 pesos de multa, e inhabilitación de especial de un mes a un año, el Tribunal impuso una multa de 7.000 pesos y una inhabilitación de 6 meses valorando «como atenuantes, la buena impresión personal recibida en la audiencia; que no registra antecedentes penales computables; la foja de servicios que posee en la Policía de Río Negro, sin sanciones de ningún tipo, su contracción al trabajo puesta de manifiesto en ese mismo legajo, y el buen concepto del que goza en la institución policial, que posee familia a cargo», y como agravantes «su grado de instrucción y los años de experiencia como funcionario público de la policía de Río Negro, gozando de un amplio conocimiento de los deberes a su cargo».
En cuanto a la inhabilitación, el fallo aclaró que «no incluye el desempeño de tareas puramente administrativas en cualquier comisaría o subcomisaría de la provincia, conservando su estado policial».
Judiciales
Una historia detrás de un cambio de apellido: cuando la identidad pesa más que el origen
El adolescente aclaró que su intención concreta consistía en llevar el apellido de su padre afín.
Un adolescente recurrió al Poder Judicial porque cargaba con un peso invisible: su apellido. Para él, ese nombre en su documento era solo un recordatorio de una ausencia total, lo que le provocaba rechazo y vergüenza.
En la escuela y con sus amigos, todos lo conocen por otro apellido: el de la persona que lo cuidó y lo sostuvo desde que tenía un año y medio. El padre de crianza ocupó el lugar que el progenitor dejó vacío por desinterés.
Aunque su madre ya no es pareja de ese hombre, el vínculo entre ellos permaneció intacto. Él lo acompaña a los actos escolares, lo apoya económicamente y comparte con él vacaciones y festejos familiares.
El fuero de Familia de Villa Regina hizo lugar a la acción iniciada por el adolescente y ordenó la supresión del apellido paterno. También dispuso la rectificación de la partida de nacimiento para que el joven lleve el apellido del hombre que lo crio. Además, ordenó comunicar la decisión al Registro Civil para modificar el acta correspondiente y emitir un nuevo documento nacional de identidad.
Ante una consulta del Juzgado, el adolescente aclaró que su intención concreta consistía en llevar el apellido de su padre afín. Durante el proceso intervino la Defensoría de Menores y se produjo prueba documental, testimonial y pericial psicológica. También se realizaron notificaciones al progenitor biológico, quien no se presentó en ningún momento. La fiscalía y el Registro Civil emitieron dictámenes favorables a la petición.
Los testigos coincidieron en que el joven no se identifica con el apellido paterno y reconoce como padre a quien lo acompañó en su crianza, con quien mantiene una relación cercana. También señalaron que, en ámbitos sociales, escolares y en redes, el adolescente ya utiliza ese apellido.
El fallo recordó que el derecho a la identidad incluye elementos como el nombre, la filiación y la pertenencia social y familiar. El Código Civil y Comercial permite modificar el nombre cuando existen justos motivos, lo que habilita valorar la dimensión dinámica de la identidad personal. En ese marco, la jueza consideró que el abandono del progenitor biológico y la consolidación de un vínculo socioafectivo con el padre de crianza constituyen razones suficientes para apartarse del principio de inmutabilidad del nombre.
También destacó la importancia del interés superior del adolescente y su derecho a ser escuchado. En la audiencia realizada durante el proceso, el joven reafirmó su decisión y explicó que reflexiona sobre el cambio de apellido desde hace años.
A partir de la prueba reunida, el Juzgado concluyó que el uso del apellido paterno genera una afectación en la identidad personal del adolescente y que la modificación solicitada refleja la realidad de sus vínculos familiares y sociales.
Judiciales
Obra social deberá cubrir intervención facial en proceso de transición de género
La rinoplastía feminizante fue considerada parte del proceso de adecuación corporal por el Superior Tribunal de Justicia.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó una sentencia que ordenó garantizar la cobertura integral para una cirugía de rinoplastía feminizante solicitada por una afiliada a una obra social, en el marco de su proceso de adecuación corporal conforme a su identidad de género.
El caso llegó al máximo tribunal provincial a partir de la apelación presentada por la Provincia contra una sentencia de amparo que había reconocido el derecho de la afiliada a acceder a distintas intervenciones vinculadas con su proceso de transición. El recurso cuestionaba únicamente la cobertura de la rinoplastía feminizante.
Al analizar el planteo, el Superior Tribunal señaló que el debate central se vincula con el alcance del derecho a la identidad de género y con la interpretación de la normativa que regula las intervenciones médicas destinadas a adecuar el cuerpo a la identidad autopercibida.
La sentencia recordó que la Ley N° 26.743 de Identidad de Género reconoce ese derecho como un derecho humano fundamental. Establece que las personas mayores de edad pueden acceder a intervenciones quirúrgicas totales o parciales para adecuar su cuerpo, incluida la genitalidad, sin necesidad de autorización judicial o administrativa. Además, la norma dispone que las prestaciones vinculadas con estos tratamientos deben ser garantizadas por los efectores del sistema de salud.
En ese marco, el máximo Tribunal destacó que la reglamentación del artículo 11 de la ley enumera distintas cirugías vinculadas con los procesos de adecuación corporal, pero aclara expresamente que ese listado es de carácter «meramente enunciativo y no taxativo».
Para el Superior Tribunal, este punto resulta determinante para resolver el caso, ya que implica que la cobertura de las intervenciones no se limita exclusivamente a las prácticas detalladas en la reglamentación. En consecuencia, la evaluación de cada pedido debe realizarse considerando el objetivo de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la identidad de género.
La sentencia también analizó la indicación médica incorporada al expediente. Según el informe profesional, la rinoplastía feminizante forma parte del proceso de afirmación de género y se vincula con la necesidad de adecuar ciertos rasgos faciales a la identidad autopercibida, con impacto en el bienestar psicológico y en la calidad de vida.
Desde esa perspectiva, el tribunal señaló que el derecho a la salud debe interpretarse en sentido amplio, conforme al concepto adoptado por la Organización Mundial de la Salud, que comprende el bienestar físico, mental y social de las personas.
El fallo también remarcó que el proceso de adecuación corporal puede involucrar distintas intervenciones que, en conjunto, integran un abordaje médico destinado a armonizar la identidad de género con las características físicas de la persona. Así, confirmó la obligación de cobertura de la obra social.
Judiciales
Choque fatal en la Ruta 22: Imputaron al conductor que manejaba con 2,06 de alcohol en sangre
La víctima, Ángel Lautaro Monsalve, murió tras un impacto frontal entre su moto y un auto, conducido por el imputado.
Un hombre fue formalmente imputado por el homicidio culposo de Ángel Lautaro Monsalve, ocurrido ayer (15/03) a la madrugada en el kilómetro 1159 de la Ruta Nacional N° 22, a la altura de Cervantes.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió cerca de las 6.00 de la mañana, cuando el imputado conducía un Volkswagen Gol en sentido oeste-este de manera imprudente y antirreglamentaria, sin el cuidado ni el dominio exigidos para circular por una Ruta Nacional.
De acuerdo a la Fiscalía, el hombre se movilizaba a unos 100 kilómetros por hora, cuando el máximo permitido en ese sector es de 80 km/h. Además, manejaba bajo los efectos del alcohol, con un nivel de alcoholemia de 2,06 gramos por litro de sangre.
En ese mismo momento, Monsalve circulaba en una motocicleta en sentido contrario, es decir, de este a oeste. Por motivos que aún se investigan, el motociclista invadió el carril contrario y se produjo un impacto frontal excéntrico con el sector delantero izquierdo del automóvil.
Producto de la violencia del choque, el conductor de la moto falleció en el lugar.
La Fiscalía formuló cargos por el delito de homicidio culposo agravado por conducir un vehículo automotor bajo los efectos del alcohol, con un nivel superior a 0,5 gramos por litro de sangre.
Entre las evidencias reunidas hasta el momento se mencionaron el relevamiento realizado por el Gabinete de Criminalística en el lugar del hecho, el test de alcoholemia practicado al conductor, entrevistas a testigos y registros fotográficos.
Durante la audiencia, la defensa penal pública no presentó objeciones a la formulación de cargos.
Respecto a las medidas cautelares, la fiscalía indicó que no se advierten riesgos procesales como entorpecimiento de la investigación o peligro de fuga, ya que el imputado tiene domicilio fijo, trabajo y una hija a la que mantiene.
Finalmente, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos y dispuso como medidas cautelares la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículo y la obligación de no modificar su domicilio, bajo apercibimiento de revocar su libertad provisoria.
