La senadora nacional Magdalena Odarda (Frente Progresista CC ARI), aseguró que se siente preocupada por la situación de la fruticultura y de sus principales actores, los pequeños y medianos productores, ya que al verse dificultada las exportaciones por nuevos competidores en el mercado, sumado al ingreso de fruta del país vecino Chile a la Argentina, millones de toneladas de peras y manzanas corren el riesgo de perderse.

En función de ello, presentará al gobierno provincial y también al nacional, una propuesta de emergencia de compras institucionales por parte del Estado para proveer a escuelas, hospitales, cárceles y demás instituciones que reciban provisiones de fruta el cual se llevaría a cabo a través de las Cámaras de Productores o instituciones intermedias que éstas designen. Cabe destacar que antes, como legisladora provincial, Odarda había presentado una medida similar junto al Movimiento de Mujeres en Lucha.

Consultada ya esta nueva iniciativa con los dirigentes frutícolas de la provincia, Odarda adelantó que «los objetivos de su plan son crear una alternativa de comercialización para los productores primarios que enfrentan desde hace tiempo un mercado que no solo no les permite llegar a un precio de venta superior al costo de producción, sino que además no alcanza la demanda a absorber la producción de los Valles frutícolas».

Asimismo, explicó que «somos conscientes de que no estamos hablando de grandes cantidades de comercialización, pero serviría a un gran número de productores que deseen sumarse al plan y además esta propuesta avanzaría sobre una modalidad que se viene buscando en el resto del mercado frutícola que es la eliminación de intermediarios en la cadena de comercialización».

«El objetivo fundamental es que la fruta no quede en la planta y se pierda, que los establecimientos educativos, hospitalarios, centros de abuelos, etc, dispongan de fruta fresca con todos los nutrientes necesarios, y por sobre todo, que el Gobierno dé el ejemplo, pagando al productor el precio justo por la fruta entregada», precisó la senadora.

Odarda sostuvo que «los productores se deberían encargar de entregar la fruta con los requerimientos sanitarios básicos y el Estado se encargaría de la distribución».

«El precio del producto será fijado por las Cámaras y el Estado, estando por encima del costo de producción que fija la Mesa de Contractualización Frutícola una vez al año donde participa además el INTA. El precio pautado no deberá ser superior al precio fijado por intermediarios, quienes podrían actuar de proveedores para esta ocasión”, señaló la legisladora nacional.