Río Negro
El “Plan Castello” fue aprobado en la Legislatura
Por mayoría (35 de los 46), los legisladores dieron sanción al proyecto de ley que permitirá al Poder Ejecutivo tomar un empréstito de hasta 580 millones de dólares para financiar obras públicas.
La iniciativa oficial fue avalada por 35 de los 46 legisladores presentes, superando la exigencia constitucional de los dos tercios de votos favorables de los miembros de la Legislatura para aprobar una norma de estas características.
El texto legal incluye la creación de un “Fondo Fiduciario de Desarrollo Rionegrino Plan Gobernador Castello”, que manejará una Comisión de Seguridad y Control de Fondos y que estará conformada por una representación legislativa idéntica a la exigible para la aprobación de la ley. La Comisión también tendrá la responsabilidad de determinar cuál ser el Agente Fiduciario que contratará la Provincia y acordará el orden de prioridades para la realización de las obras previstas.
Se encontraban presentes ministros y funcionarios de las carteras de Obras y Servicios Públicos, Economía, y Gobierno y los intendentes de Cinco Saltos (Germán Epul), Villa Regina (Daniel Fioretti), Contralmirante Cordero (Gustavo Pita), Maquinchao (Marcos Pérez) y Guardia Mitre Áangel Zingoni), y una representación gremial de la UOCRA.
Foto: Gentileza.
El debate
El legislador Alfredo Martín (JSRN), al dar inicio al debate y en nombre de su bloque indicó que la iniciativa se presentó a los intendentes en el mes de enero pasado y luego a empresarios, organizaciones e instituciones de toda la Provincia, recibiendo los más variados aportes y apoyos.
Entre otras argumentaciones técnicas y políticas, repasó el principal listado de obras que se prevé financiar mediante este crédito: Parque Tecnológico e Industrial y Centro de Convenciones de Bariloche; el gasoducto de la Línea Sur, nodo de transporte de Los Menucos, pontón flotante en el Puerto de San Antonio Este, Ciudad Judicial de Cipolletti, proyecto de desarrollo de riego de Campo Grande, y el mejoramiento del brazo sur del río Negro.
También enumeró diversas obras hídricas y de saneamiento “que son para todos los rionegrinos”, al igual que obras cloacales en muchas ciudades de la Provincia, entre las que destacó la red de aguas de General Roca, defensas aluvionales de Cipolletti, obras eléctricas y diferentes plantas transformadoras, electrificación rural de miles de hectáreas, modernización de centrales hidroeléctricas, obras viales, pavimentación de caminos productivos, la apertura de la ruta 7 de la Isla Jordán a Las perlas, y la pavimentación de la ruta 4″.
Repasó los beneficios que recibirán las municipalidades y las comisiones de fomento así como los fundamentos del histórico plan del Gobernador Castello que preveía el riego de 248.000 hectáreas, la instalación de varias centrales hidroeléctricas y la realización de gasoductos y de provisión de gas, para luego referirse al Plan Trienal de Gobierno de Mario Franco para el trienio 74/76 que también preveía una serie de proyectos que se vieron abortados por el golpe de Estado que lo derrocó, por lo que “éste será un reconocimientos histórico que dará continuidad a los deseos de aquellos gobernadores y de explotar las potencialidades de nuestro territorio”.
Martín subrayó que “nuestro gobierno quiere aventar el fantasma de que no se pagarán sueldos para cumplir con los compromisos de pago, respetando los acuerdos firmados con los gremios estatales”, y también aseguró que los intendentes “seguirán recibiendo la coparticipación municipal, ya que se han generado todas las condiciones necesarias para garantizar la previsibilidad de la Provincia”.
Soraya Yauhar (UCR) tras anticipar su acompañamiento al proyecto, la parlamentaria insistió en la necesidad de establecer un priorización de las obras públicas, y destacó las modificaciones introducidas para mejorar el proyecto original del Ejecutivo. Insistió en la inclusión de la obra de riego de Guardia Mitre cuyo iniciativa fue presentada por el intendente Zingoni durante el debate en la plenaria al que asistió junto a otros 28 representantes comunales. Pidió el acompañamiento a este proyecto “para un Río Negro que necesita transformarse”.
Alejandro Marinao (FpV) pidió la palabra para anunciar que la bancada del Frente para la Victoria votará de manera dividida tras un debate interno que definió que cada legislador votará de acuerdo a sus propias convicciones.
Nicolás Rochás (FpV) reiteró en Cámara su postura opositora a la iniciativa oficial tal como anticipara durante el debate en comisiones, expresando su convicción de que con esta ley “estamos autorizando al gobierno a tomar un empréstito que se tomará en jurisdicción extranjera” pero que “no queda claro cómo ni a qué tasas lo va a pagar la Provincia”. Reclamó “prudencia” en los compromisos que se van a asumir en el marco de la actual “inestabilidad de mercados” y que no están claramente definidas las prioridades que tendrán las obras ni “la planificación del plan integral que imperativamente exige la Constitución”.
Javier Iud (FpV) argumentó que “a pesar de no haber alcanzado en su totalidad, pero sí en buena parte nuestras aspiraciones de modificar el proyecto, nos entusiasmó la respuesta positiva que el gobierno dio a nuestras propuestas y esto lo debemos reconocer”. Señaló que “Río Negro no es la primera provincia que se endeuda para ejecutar obra pública. “Once provincias, casi la mitad de los estados argentinos, lo han hecho recientemente a través de la emisión de bonos”.
Agregó que “de la ley original que no estábamos dispuestos a acompañar llegamos a una ley viable y acorde a las necesidades de todos los rionegrinos”. “Más allá de nuestras convicciones y principios ideológicos, nosotros, como oposición, también representamos los intereses de la totalidad de nuestros comprovincianos”. Iud expresó su acompañamiento al proyecto desde una “oposición responsable” y consideró que el pago de la deuda no superará el 3 por ciento del presupuesto total de la Provincia, lo cual permite prever que el Plan Castello no nos pone en riesgo de hipotecar nuestro futuro”.
Mario Sabbatella (FpV) por su parte sostuvo que “no me va esta deuda y no es un capricho mi postura en el tratamiento de esta deuda que es la más grande en la historia de Río Negro”. Sugirió la “necesidad de contarle a la gente cuánto le costará a la Provincia y a la gente este endeudamiento para pagar un plan que se armó a las apuradas”. Expresó entre otros conceptos que no está claro a quién habrá que pagarle, o en que jurisdicción habrá que negociar ante un nuevo juez Griesa las condiciones de pago”… “y entregando soberanía a nuevos fondos buitres”. “Estamos entregando Río Negro a la timba financiera”, señaló entre otros conceptos que sintetizó que esta ley es un cheque en blanco”.
Jorge Ocampos (AFPIR) rescató el trabajo mantenido con los intendentes e instituciones durante varios meses, criticó el discurso del legislador Nicolás Rochás y compartió la postura y la exposición de Javier Iud. Del mismo modo expresó su deseo de que se concrete el proyecto de riego para Guardia Mitre y la posibilidad de regar 20.000 hectáreas.
Edith Garro (FpV) pidió respeto por la diferencia de las ideas que expresan los legisladores que no opinan lo mismo y manifestó, tal como otros legisladores de su bloque, y también expresó sus temores porque puedan “perderse dólares” en el camino de las obras.
Marcelo Mango (FpV) también expresó su preocupación ante un nuevo endeudamiento y que “hubiera sido bueno que tuviéramos más tiempo para discutir más profundamente el tema”. Indicó que “no es casual que no asistieran a las reuniones de comisión los intendentes de las ciudades más grandes de la Provincia” como “tampoco lo hicieron todas las instituciones que debieran haberlo hecho para establecer un legítimo consenso”. Criticó por otra parte que “no hay una sola obra de salud ni de educación en este proyecto”. “Este no es un plan de desarrollo”, afirmó en más de una ocasión.
Arabela Carreras (JSRN) explicó que el proyecto “nació del gobernador Weretilneck estudiando las falencias de las ciudades y cuáles eran las demandas de las Provincia y su gente. Así se construyó una propuesta en acuerdo con las instituciones y con los intendentes con el principal objeto de generar fuentes de trabajo y procurar una vida mejor para los rionegrinos, aunque teniendo en cuenta que habrá un tope limitado de dinero para resolver ilimitadas necesidades. Estamos pensando y proyectando una provincia a largo plazo en un contexto nacional que nos impacta. Sufrimos problemas sistemáticos de indigencia, necesidad de obras y falta de trabajo, para los que hay que crear soluciones tomando cartas en el asunto”, agregó.
Señaló Carreras que “el Centro de Convenciones y el Parque Tecnológico e industrial romperán las estacionalidad laboral, y aportarán a la diversificación de la economía de Río Negro por su impacto en toda la provincia”. En respuesta a los argumentos vertidos por el legislador Mango señaló que los intendentes de todas las grandes ciudades de la Provincia expresaron su apoyo al proyecto.
Una larga lista de oradores se agregó seguidamente para expresarse con argumentos en pro y en contra del expediente. Así lo hicieron los legisladores Viviana Germanier (JSRN), María del Carmen Maldonado (FpV), María Inés Grandoso (FpV), Ricardo Arroyo (JSRN), Leandro Tozzi (JSRN), Juan Sides (JSRN), Leandro Lescano (JSRN), Rodolfo Cufré (JSRN), Elvin Williams (FpV), Ariel Rivero (FpV), y Raúl Martínez (FpV) y Facundo López (JSRN) y Luis Albrieu (FpV).
El presidente bloque FpV, Alejandro Marinao anticipó su voto favorable expresando que representa los intereses de la Región Sur de la provincia por la que accedió a su banca. Describió la necesidad de realización de obras como el gasoducto y la línea de generación de electricidad de alta tensión con las que esa zona de la provincia se verá beneficiada.
“Podemos estar en desacuerdo con la herramienta del endeudamiento pero tenemos la necesidad imperiosa de generar trabajo y de satisfacer estas demandas que de otra manera no tendrán respuesta, debiendo atenernos al modelo que impera hoy por hoy en la república Argentina donde las políticas sociales pasan a segundo plano”. Finalmente insistió en la relevancia de los beneficios acordados y las condiciones de la toma del crédito a los municipios.
Finalmente el titular del bloque JSRN, Alejandro Palmieri, aventó los temores planteados por legisladores “agoreros” de la oposición y explicó las razones por las que el gobierno de Río Negro “sabrá y podrá responder a los compromisos” que asume a partir de la puesta en marcha del Plan Castello que se financiará a doce años.
Al cierre del debate, Palmieri hizo un puntilloso repaso de las instituciones, sindicatos, entidades e intendentes que participaron y aportaron a la construcción del proyecto oficial y señaló que todas las intervenciones y aportes realizados antes y durante la sesión fueron positivos.
Refutó conceptos tales como “improvisación” o “falta de planificación o de legitimidad en la definición de las obras” vertidos durante el prolongado debate, y otras aseveraciones, entendiendo que “éste ha sido el proyecto que más trabajo desde aquel 17 de enero (del año en curso, cuando se comenzó a analizar el expediente), hasta el día de hoy”, por lo que entendió que aceptar una demora en la continuidad del análisis en las comisiones, tal como propusieron algunos parlamentarios del Frente para la Victoria “era una dilación injustificada”.
“Hablar de falta de legitimidad en cómo se definieron las obras previstas en el proyecto, es faltarle el respeto a todas las entidades intermedias, instituciones, sindicatos de trabajadores e intendentes que participaron en todo el proceso”, y repasó la nómina de quienes lo hicieron con diferentes aportes y con su presencia durante el debate en las reuniones plenarias de la semana pasada, entre ellos los 29 intendentes (de los 39 de la Provincia) que asistieron, y las notas de apoyo de los municipios de Bariloche y Pilcaniyeu.
Afirmó que la toma de crédito internacional por parte de Río Negro es la manera, y no hay otra, para que un Estado pueda llevar adelante un proyecto de obras que le cambiará la vida por décadas a todos los rionegrino”, al tiempo que indicó que “por ello es justo que el pago del empréstito se extienda a ésta y las próximas gestiones de gobierno”.
Ejemplificó finalmente que con la obra del gasoducto para la Línea Sur “va a cambiar la vida de la gente que habita y habitará esa zona de la Provincia por varias décadas a futuro, corresponde que esa deuda sea honrada durante los próximos doce años”.
Judiciales
Se realizó el sorteo de jurados populares para los próximos dos años
En las circunscripción con cabecera en General Roca fueron seleccionados 500 mujeres y 500 varones.
El Poder Judicial de Río Negro llevó a cabo el sorteo de potenciales jurados populares, mediante el cual se seleccionaron 3.600 personas que podrán integrar tribunales populares durante los años 2026 y 2027.
El procedimiento, conforme al Código Procesal Penal, fue supervisado por el Juzgado Electoral Provincial y estuvo a cargo de Lotería de Río Negro. Participaron el vocal del STJ Sergio Ceci, el juez electoral Carlos Da Silva, la secretaria electoral Verónica Belloso, el director de la Oficina Judicial de la Primera Circunscripción Nicolás Farina, Virginia Sastre, del Tribunal de Impugnación y Nicolas Rochas del Ministerio Público. También asistieron la defensora del Pueblo, Adriana Santagati, autoridades de Lotería y representantes del Colegio de la Abogacía de la Primera Circunscripción, en nombre de todos los colegios de la provincia.
Se sortearon 1.800 mujeres y 1.800 varones del padrón electoral provincial. En la Primera Circunscripción, con asiento en Viedma, se seleccionaron 300 mujeres y 300 varones. En las circunscripciones con cabecera en General Roca, Bariloche y Cipolletti se sortearon 500 mujeres y 500 varones en cada una.
Las personas seleccionadas recibirán información a través de las Oficinas Judiciales Penales de cada circunscripción, donde se les indicarán los pasos a seguir y los canales de contacto disponibles.
Cada persona sorteada recibirá una comunicación oficial que incluirá una nota de la Oficina Judicial Penal, un formulario de declaración jurada y un sobre para la respuesta. Esta podrá remitirse gratuitamente por Correo Argentino o completarse en forma digital a través del sitio web: jurados.jusrionegro.gov.ar.
Los datos recabados permitirán realizar una primera verificación para detectar incompatibilidades o impedimentos legales que impidan integrar un tribunal popular. La información será tratada de manera confidencial por las Unidades de Juicios por Jurados de cada circunscripción.
Ningún funcionario o funcionaria judicial solicitará datos bancarios, claves digitales ni información personal sensible.
Desde la implementación del juicio por jurados en Río Negro, las personas seleccionadas por sorteo participan en los procesos penales más graves y públicos. El sistema establece que el jurado popular esté compuesto por doce miembros cuando el fiscal anticipa que solicitará una pena superior a doce años de prisión.
Para integrar un jurado popular en Río Negro es necesario ser argentino o argentina, tener más de 18 años y residir en la zona donde ocurrió el delito. Quedan excluidas las personas con condenas por delitos dolosos, así como quienes ejerzan profesiones jurídicas, funcionarias y funcionarios judiciales, auxiliares de justicia, integrantes activos de las fuerzas de seguridad y referentes religiosos.
Política
La Provincia aplicó 82 cesantías y 6 exoneraciones por incumplimientos laborales
Desde 2024 la Junta de Disciplina aplicó 513 sanciones.
La Provincia de Río Negro informó que entre 2024 y lo que va de 2025, se trataron más de 900 expedientes y se aplicaron 513 sanciones: 82 cesantías, 6 exoneraciones, 403 suspensiones y 22 apercibimientos, en el marco de su «política de ordenamiento de la administración pública».
«Estas sanciones reflejan la continuidad de la política de ordenamiento de la administración pública», expresó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra. «Buscamos garantizar que el sueldo, que paga cada rionegrino con sus impuestos, sea por un trabajo bien hecho. Es la mejor forma de respaldar a los miles de agentes que sí cumplen con su tarea», agregó.
Desde enero de 2024 se iniciaron 172 nuevos sumarios y se dictaron 86 suspensiones preventivas. Como muestra de que el proceso ofrece garantías, en el mismo período también se resolvieron 70 sumarios con sobreseimiento de los agentes y se archivaron 193 expedientes en los que no se acreditó una falta.
Una sanción nunca es automática. Primero, se abre un sumario administrativo y se realiza una investigación interna para analizar el incumplimiento. Este proceso está a cargo de instructores (abogados) que garantizan que el procedimiento sea justo y que el agente tenga el derecho a defenderse.
Lastra, explicó que «el objetivo de estos procedimientos es garantizar un ambiente de trabajo justo y dar respuesta a situaciones que perjudican tanto al servicio que presta el Estado, como a los propios compañeros que sí cumplen con sus tareas».
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos, que van desde faltas graves en el servicio (como la desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en la gestión y el cuidado de insumos) hasta inconductas y conflictos interpersonales en el lugar de trabajo, incluyendo denuncias por malos tratos, insultos y peleas entre compañeros.
Finalmente, se encuentran las sanciones más severas. La cesantía, que implica la desvinculación del agente con posibilidad de reingreso al Estado transcurridos cinco años, se aplica cuando hay una acumulación de sanciones previas, abandono de servicios o hechos de mayor gravedad.
La exoneración es la medida más dura: no solo supone la desvinculación definitiva de la administración pública, sino que también inhabilita de forma permanente al agente para volver a trabajar en el Estado. Esta sanción se reserva para casos extremos, como los delitos dolosos con condena penal firme. Recientemente, por ejemplo, se aplicó la exoneración a un agente que había sido condenado por la Justicia por un caso de violencia de género.
El organismo encargado de resolver es la Junta de Disciplina. Su composición asegura la transparencia del proceso: está integrada por un presidente abogado, dos vocales del Poder Ejecutivo y dos vocales gremiales, uno por ATE y otro por UPCN.
«El fortalecimiento institucional es un pilar de la gestión. Corregir lo que está mal también es rendir cuentas y valorar el esfuerzo de los agentes que sostienen el servicio público cada día», concluyó la secretaria Lastra.
Política
Río Negro celebra la última soldadura del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur
El ducto de 437 kilómetros conecta Allen con Punta Colorada, permitiendo que el petróleo de Vaca Muerta se exporte al mundo a través de la costa rionegrina.
El Gobierno de Río Negro celebró la concreción de la última soldadura automática del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en el ingreso a la Terminal Portuaria de Punta Colorada, un hito que cierra una etapa clave de la obra energética más relevante de las últimas décadas en la Argentina. «Donde hay estabilidad y previsibilidad, hay desarrollo. Y eso es lo que hoy demuestra Río Negro», remarcó el gobernador Alberto Weretilneck.
El ducto de 437 kilómetros conecta Allen con Punta Colorada, permitiendo que el petróleo de Vaca Muerta se exporte al mundo a través de la costa rionegrina. La obra avanza con estándares de calidad que incluyeron 76 cruces especiales de rutas y arroyos, el traslado de más de 200 equipos pesados, tres campamentos móviles y la participación de miles de trabajadores a lo largo de toda la traza.
En octubre, la UTE Techint–Sacde alcanzó un récord de 175 uniones y más de 4 kilómetros de avance en una sola jornada. La etapa se completará con soldaduras lineales y el cruce subterráneo del río Negro, previsto para diciembre de 2025. La exportación se proyecta a partir de diciembre de 2026.
Weretilneck expresó que «es un día histórico para Río Negro y para la Argentina» y destacó además que «estos logros son posibles porque Río Negro ofrece estabilidad política, previsibilidad económica y seguridad jurídica, condiciones que dan confianza, permiten planificar y garantizan que los compromisos del Estado con el sector privado se cumplan».
VMOS permitirá despachar 180.000 barriles diarios en su primera fase, con posibilidad de ampliar la capacidad hasta 550.000 barriles diarios. Se prevén ingresos para Río Negro por más de U$S 1.000 millones en 13 años, mientras que el Bono VMOS de U$S 60 millones ya se destina a obras y equipamiento en salud, educación y seguridad.
El gobernador subrayó que el esfuerzo compartido entre el Estado, las empresas, los gremios, los proveedores y los trabajadores consolida un modelo de desarrollo que atrae inversiones, genera empleo y fortalece el protagonismo de Río Negro en el corazón del crecimiento energético nacional.
