Sociedad
Procesaron a Aguiar y Capretti por incidentes fuera de la Legislatura
Los dirigentes gremiales están acusados de «delito de coacción agravada, atentado a la autoridad y lesiones graves contra un miembro de la fuerza de seguridad pública policial».
El juez Carlos Mussi, titular del Juzgado de Instrucción N° 4 de de Viedma, ordenó el procesamiento de Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti -secretarios general y adjunto de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro respectivamente-, por estimarlos coautores del “delito de coacción agravada, con el propósito de obtención de medida o concesión por parte de un poder público, en grado de tentativa; de atentado a la autoridad agravado por la reunión de más de tres personas y por poner manos sobre la autoridad todos ellos concursados idealmente, y del delito de lesiones graves y lesiones leves ambas agravadas por ser cometidas contra un miembro de la fuerza de seguridad pública policial”.
Además decidió que mantendrán la libertad provisional concedida oportunamente. Por esta causa hay dos imputados más que cuyas detenciones aún no se han logrado hacer efectivas.
El magistrado afirma en su resolución que “del cuadro probatorio reunido en el trámite, permite por el momento contar con la intervención activa de los imputados en la producción del los delitos reprochados”.
Por otra parte, el juez Mussi explica que “contando con la versión dada por los testigos que pudieron relatar como habrían ocurrido los hechos y que sirve de apoyo a la acusación pública, bajo las circunstancias detalladas en los párrafos precedentes, sumado al material fotográfico y fílmico, e informes de la Brigada de Investigaciones, se puede arribar a la conclusión que Aguiar y Capretti, son materialmente responsables del delito reprochado”.
En cuanto a la libertad ambulatoria de ambos imputados se dictará sin prisión preventiva en el entendimiento que no se advierte que exista peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Por otro lado si corresponde disponer el procesamiento sujetos a medidas cautelares, las cuales se deberán cumplir bajo apercibimiento de revocar en beneficio concedido y ordenar su inmediata detención.
Por último, el juez dijo que “el accionar de Aguiar y Capretti es objetiva y subjetivamente vinculado entre sí, pues sin dudas que su acciones han sido organizada en forma previa a la sesión de la legislatura, donde se advierte que ha existido un plan común y se habrían distribuido funciones”.
Hechos
Según dicta el fallo, «en su carácter de dirigentes gremiales de ATE, el 24 de mayo aproximadamente a las 11 y a sabiendas que en la Legislatura provincial se estaba llevando a cabo la sesión ordinaria para tratar el denominado “Plan Castello”, organizaron a un grupo indeterminado de personas con el objetivo de impedir el tratamiento del proyecto legislativo que contempla dicho plan. Para lo cual se dirigieron a la intersección de calles Saavedra y San Martín de la ciudad de Viedma en donde lideraron, incitaron y determinaron a las personas que los acompañaban a cumplir dicho objetivo, para lo cual, luego de derribar las vallas de contención, prendieron fuego cubiertas y arrojaron elementos contundentes y combustible líquido en contra del personal policial apostado en el lugar, que resultó con heridas de diversa consideración».
Agrega que «Capretti arrojó una valla de caño estructural y metal desplegado de 2,15 metros de altura sobre el cuerpo del oficial inspector y seguidamente le arrojó combustible líquido que utilizaban en la manifestación para encender fogatas mientras otra persona indeterminada de la agrupación manifestante le arrojó una cubierta sobre su brazo iquierdo«.
Por su parte, Aguiar «forcejeó con el jefe del operativo policial tomándolo de su campera y tirándole manotazos a la par que lo insultaba. Además, lanzó troncos contra el personal policial que se encontraba en el lugar. Como consecuencia de las agresiones físicas cometidas por autores que integraban el grupo de personas indeterminadas antes referido; personal policial tuvieron varias lesiones».
Policiales
La Policía detuvo a un prófugo en la Fiesta de la Pera
Al observar a los uniformados, el sujeto quiso escapar pero igualmente fue alcanzado y puesto a disposición de la Justicia.
Durante la Fiesta de la Pera 2025 que se realizó este fin de semana en Allen, personal policial de la Comisaría 6º logró detener a un hombre que era buscado por la Justicia rionegrina desde el año pasado.
Los efectivos, que realizaban tareas preventivas de forma peatonal en el Parque Integración, observaron al individuo, quien al percatarse de la presencia de los efectivos intentó darse a la fuga. Sin embargo, fue interceptado y aprehendido a pocos metros.
Tras identificarlo y verificar sus datos en el sistema policial, se confirmó que tenía un pedido de captura vigente.
De inmediato, la situación fue informada a la Fiscalía de turno, que dispuso que el hombre permanezca detenido hasta que se emitan nuevas directivas.
Judiciales
Condenan a petrolera por dañar una vivienda durante la construcción de un gasoducto
La indemnización supera los 7 millones y medio de pesos.
Parte de la construcción del gasoducto Neuba I dejó secuelas en una vivienda de Allen. Un informe pericial determinó que las vibraciones generadas durante la obra afectaron una casa rural donde residen tres mujeres. Luego de varios intentos frustrados de conciliación, la demanda avanzó hasta obtener una sentencia en el Juzgado Civil Nº 5 de Roca.
La resolución responsabilizó a la petrolera por los daños ocasionados en la construcción y ordenó una indemnización por una suma superior a $7.500.000. La sentencia de primera instancia no está firme y aún se encuentra dentro de los plazos de apelación.
La propiedad afectada, ubicada en la intersección de la Ruta Provincial N° 65 y calle 17, soportó intensas vibraciones generadas por maquinaria pesada. Los peritajes confirmaron que estas actividades dañaron las paredes y estructuras del inmueble, incluyendo un galpón en el predio. También se denunciaron inconvenientes como polvo en suspensión, ruido constante y dificultades para acceder a la chacra durante las obras.
YPF argumentó que las vibraciones generadas estaban dentro de los niveles aceptables según estudios realizados por la empresa. El peritaje independiente concluyó que las mediciones presentadas no consideraron los momentos en que las máquinas operaban más cerca del inmueble ni tomaron en cuenta la antigüedad y las condiciones estructurales de la vivienda. Además, la falta de un relevamiento previo del estado del inmueble fue considerado como un agravante.
En uno de los intentos de conciliación, la petrolera ofreció un acuerdo extrajudicial con la condición de la renuncia de cualquier acción legal por parte de las afectadas. La propuesta fue rechazada por ser considerada «insuficiente» frente a los daños reclamados, lo que llevó al inicio del proceso judicial.
Otro de los argumentos que esbozó la defensa de YPF fue que contaba con todos los permisos para los trabajos que se desplegaron en ese sector. Sin embargo, el juez interviniente sostuvo que «la autorización administrativa no exime a la empresa de su responsabilidad civil por los daños ocasionados» y destacó que «las actividades riesgosas deben prever el impacto sobre las propiedades vecinas y adoptar medidas para evitarlos».
La sentencia le atribuyó a YPF una «responsabilidad objetiva» por los daños debido a que las obras, consideradas actividades riesgosas, no preveían adecuadamente los impactos negativos sobre las propiedades vecinas.
Por otro lado, el magistrado desestimó el reclamo por pérdida del valor de reventa del inmueble. Aseguró que dicho perjuicio podría revertirse una vez finalizadas las reparaciones correspondientes.
Río Negro
Río Negro recuperó más de $3.467 millones de deudores morosos
Se iniciaron alrededor de 5.000 demandas judiciales durante el 2024.
Durante 2024, el Gobierno de Río Negro logró recuperar más de $3.467 millones en deudas tributarias mediante acciones judiciales dirigidas a contribuyentes morosos. La Agencia de Recaudación Tributaria intensificó su estrategia de cobranza, priorizando medidas legales en los casos donde no se evidenciaba voluntad de pago.
«En total, se iniciaron alrededor de 5.000 demandas judiciales, permitiendo un recupero efectivo que representó un impulso clave en la recaudación anual«, explicó el director ejecutivo de la Agencia, Alejandro Palmieri.
Además de las acciones judiciales, se implementaron acuerdos prejudiciales que facilitaron el pago voluntario de las deudas, sumando otros $399 millones al total recaudado. Estas medidas no solo optimizaron costos y tiempos procesales, sino que también fortalecieron el compromiso fiscal en el territorio.
Con esta estrategia, Río Negro reafirmó su determinación de combatir la morosidad tributaria y consolidar un sistema fiscal más sólido y eficiente.
