A raíz de la presentación efectuada el 26 de junio por los seis concejales del Frente para la Victoria de General Roca, la titular del Juzgado Civil N° 1 de esta ciudad otorgó un plazo perentorio de 5 días al Ministerio de Educación y al Consejo Provincial de Educación -Delegación General Roca- para que brinden un «amplio informe» sobre la situación edilicia y de transporte de unos 30 establecimiento educativos (jardines, escuelas primarias y escuelas secundarias) que funcionan en la ciudad.

Como primeras medidas, la jueza pidió informes al Ministerio de Educación y a la Delegación del CPE sobre la situación denunciada y corrió vista a la Defensoría de Menores para darle intervención en el proceso.

En términos generales la magistrada requirió a Educación «informar en qué instituciones han sido suspendidas las clases por parte del Ministerio», precisar si la situación edilicia de los colegios enumerados «se encuentra en condiciones de brindar seguridad a los educandos» e informar sobre las «obras en etapa de ejecución y mantenimiento de cada establecimiento». Con respecto al transporte, solicitó que se informe si los alumnos «tienen cubierto el traslado desde sus hogares a la escuela y de ésta hacia sus hogares» y, en caso de no ser así, la explicación de los «motivos que por los cuales el mismo fue suspendido o reglamentado».

En lo particular, la jueza solicitó informes sobre la situación de la Escuela N° 106 de Romagnoli; las Escuelas N° 9 y 86; el CET N° 1; las Escuelas N°16, 168, 116, 155 y su Jardín anexo; la Escuela N° 253; la Escuela N° 364 y Jardín N° 97; los Jardines N° 33 y 76; las Escuelas N° 56, 286, 107 y Jardín anexo; las Escuelas N° 66, 275 y 42; la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral N° 2, la Escuela Especial N° 1, las Escuelas N° 12, 289, 43 y 86, el Jardín N° 67 y el CET N° 3.

Respecto de cada establecimiento se requirió información específica, coincidiendo en la mayoría de los casos el pedido de detalle sobre instalaciones de electricidad, agua y gas, calefacción, mampostería y estado de los sanitarios. Con respecto a las Escuelas N° 344, 150 y 317, se precisó que la situación de las mismas es materia de otros amparos iniciados con anterioridad y que también se encuentran en trámite.

El 30 de junio la jueza María del Carmen Villalba encuadró la presentación de los ediles en la figura del amparo regulado por el artículo 43 de la Constitución Provincial, en virtud de que la demanda original proponía la aplicación de tres procesos de distinta naturaleza: el amparo común, el amparo colectivo y el mandamus. «En el entendimiento de la urgencia que denuncian y a fin de no dilatar innecesariamente el presente proceso, se dará curso conforme las previsiones amplias del art. 43 C.P., quedando a consideración y decisión de los involucrados recurrir vía mandamus ante el Superior Tribunal de Justicia, quien en su caso, dilucidará si se mantiene este proceso o da curso a dicho recurso de trámite originario», dispuso la jueza.

Inspección ocular

El miércoles 5 de julio, en el marco del amparo impulsado por un grupo de padres de alumnos del CEM N° 150 de Roca, se realizó una inspección ocular en el establecimiento, ordenada por la jueza Villalba. Ese amparo fue interpuesto el 14 de junio y desde entonces se solicitaron informes, se incorporó documentación, se dio intervención a la Defensoría de Menores y se concretó la inspección que habían consensuado los padres, directivos escolares y funcionarios del CPE durante la audiencia convocada por la jueza el pasado 22 de junio. Además, se designó un perito oficial para evaluar el estado del inmueble, especialmente en materia de instalaciones eléctricas, quien ya presentó su primer informe y también participó de la inspección.

Transporte escolar

El amparo referido a la Escuela N° 344, iniciado por dos madres, también tramita ante el Juzgado Civil N° 1 y ha sido materia de audiencias entre padres, directivos escolares, el CPE y el Municipio de Roca. Desde su inicio se gestionaron numerosas presentaciones y pedidos de informes, el último de ellos al Concejo Deliberante local. El objeto central del amparo es la situación del transporte escolar.

Medida cautelar

Con respecto a la Escuela N° 317, tramita un amparo ante el Juzgado Civil N° 9, a cargo de la jueza Verónica Hernández. La acción fue iniciada por dos mamás a raíz de «problemas edilicios, eléctricos, concretamente de seguridad e higiene» en el edificio escolar.

Tras una serie de audiencias y pedidos de informes a Educación y a la Dirección de Arquitectura Escolar, la jueza resolvió el 5 de julio hacer lugar a una medida cautelar y ordenó «al Consejo Provincial de Educación y la Escuela Primaria N° 317 de la ciudad de General Roca, se abstengan de dictar clases en la planta alta del establecimiento, hasta tanto se acredite en autos el cumplimiento efectivo de las obras necesarias para el normal uso de las instalaciones educativas».

Los informes confirmaron «la necesidad de realizar una serie de reparaciones en la planta alta de la Escuela» y recomendaron aplicar «la menor cantidad de peso posible» a esa planta, «reduciendo al máximo de condiciones de carga dinámica» que implican las acciones de correr, saltar, bailar, etcétera, «hasta tanto se puedan realizar las obras de rigidización de la estructura».

A la luz de esa información la jueza decidió «tomar medidas preventivas para salvaguardar la vida y la integridad física de los alumnos, docentes y demás personal» y concluyó: «Considero que con las recomendaciones dadas por la Dirección de Arquitectura Escolar, el dictado de clases en la planta alta es sumamente riesgoso; dado que estamos hablando de niños y que por su propia naturaleza no se puede asegurar el cumplimiento de pautas como las establecidas (por ejemplo que no corran, que no salten, que no bailen, que se muevan en grupos, etc.) por lo que estimo apropiado hacer lugar a la medida solicitada».