Río Negro
Aprobaron el Acuerdo Fiscal: «Fue una solución política de 23 gobernadores»
Así se refirió el legislador López (JSRN). «No es capricho de un gobernador, es el resultado posible de un diálogo previo entre los mandatarios, muchos de ellos justicialistas», sostuvo.
La Legislatura rionegrina sancionó ayer la ley que ratifica el convenio suscripto entre el presidente de la Nación Mauricio Macri y los gobernadores provinciales, denominado “Consenso Fiscal”, firmado por el gobernador Alberto Weretilneck y 22 gobernadores -menos Alberto Rodríguez Saa (San Luis)-, el 16 de noviembre pasado.
Con esta ley, que tuvo el aval de la mayoría (con 25 votos a favor y 12 en contra), la Provincia se compromete a implementar políticas tributarias en la búsqueda de racionalizar la estructura impositiva, reducir impuestos y promover el crecimiento económico. El acuerdo se enmarca en el programa de reducción de la carga tributaria impulsado por el Estado nacional, para lograr una disminución en la presión tributaria equivalente a dos puntos porcentuales del Producto Bruto Interno.
Con este propósito, la Nación y los gobiernos provinciales fijaron lineamientos “para promover el aumento de la tasa de inversión y de empleo privado, que alivianen la carga tributaria de los impuestos que presentan mayores efectos distorsivos sobre la actividad económica, estableciendo niveles de imposición acordes con el desarrollo competitivo de las diversas actividades económicas y con la capacidad contributiva de los actores”.
Asimismo, las partes firmantes se comprometieron a acordar una «solución integral y realista a los conflictos judiciales suscitados entre ellas y emprender el diálogo institucional que desemboque en una nueva ley de coparticipación federal».
El legislador Facundo López, de la bancada de Juntos Somos Río Negro (JSRN), al momento de proponer al resto de los integrantes del Parlamento apoyar el consenso federal tejido, manifestó que “este acuerdo fiscal, no es producto del capricho de un gobernador, o de un sometimiento. Es el resultado posible de un diálogo previo entre gobernadores, muchos de ellos justicialistas”, manifestó
López puso en contexto el tema, al recordar que «avanzaba en la justicia -con muchas chances de éxito-, una demanda de la provincia de Buenos Aires para recuperar el Fondo del Conurbano. Río Negro, se exponía a perder unos 1.900 millones de pesos al año, justo el equivalente a una masa salarial».
«Gracias a la inteligencia, y a la actitud de distintos gobernadores, la política reaccionó y puso, por encima de la judicialización que proponía la provincia de Buenos Aires, una resolución a través de los protagonistas políticos», señaló el legislador, quien aclaró que «nunca es bueno resolver los problemas de la política en la Justicia».
«Lo que ocurrió es que 23 gobernadores vieron que la justicia iba a resolver según la letra fría de la ley, pero no iba a medir las consecuencias», lo que derivó «en un acuerdo, en un consenso social, que trata de ser lo más justo posible, y que 140 diputados nacionales lo aprobaron ayer jueves».
El acuerdo fiscal implica una serie de cambios en el sistema tributario, como la paulatina reducción del impuesto a los Ingresos Brutos, que deberán reducirse a cero en el término de 5 años con la meta de reactivar la economía.
López aclaró que “se basa en un sistema de compensaciones mutuas”, y que por ese principio, al renunciar a demandas “de resultado incierto”, se obtuvo un bono a 11 años por 2.711 millones de pesos.
La Ley pide a los Municipios a adherir, ya que deben atenerse a una serie de nuevas pautas, como informar qué tasas cobran, sobre qué servicios y cuáles son los criterios para calcular esos tributos. Esa adhesión “debe ser aprobada por ordenanza en los 30 días luego de la apertura de sesiones ordinarias de los Concejos Deliberantes”.
El principio a seguir es “eliminar diferencias en sellos” entre las provincias, con la meta de “generar, con esa eliminación de impuestos distorsivos, la reactivación de la economía”.
“Estamos convencidos, que tal vez no sea lo mejor, pero sí es el posible, y celebramos que 23 provincias se hayan reunido primero, y luego le llevaron sus planteos al presidente. Y en esa discusión, hemos podido lograr este acuerdo fiscal”, agregó.
Para el legislador de JSRN “este consenso nos va a permitir cumplir los objetivos a los que se comprometió el gobernador, entre ellos las prestaciones de los servicios, con la certeza de que no vamos a resignar ingresos, y eso es bueno, porque si no, no quedaba otra que el ajuste. Y nuestro gobierno ha tenido como premisa la incorporación de derechos y de planificar obras para toda la población”. En ese sentido, se manifestó “cada vez más orgulloso de pertenecer a este gobierno, porque todos tenemos bien claro hacia dónde vamos: la defensa de todos los rionegrinos”.
Una de las bases del acuerdo, es la “responsabilidad fiscal”, que «deberían observar los tres niveles de gobierno: Nación, Provincias y Municipios, lo cual significa no gastar por encima de los índices de la inflación».
Judiciales
Confirman sentencia contra administradora de plan de ahorro por no dar información clara y precisa
El consumidor reclamó tras recibir una cuota 84 con un valor elevado y sin explicación.
Un fallo de segunda instancia confirmó una sentencia que había condenado, de manera solidaria, a una administradora de planes de ahorro y a una terminal automotriz, por incumplimientos al deber de información hacia un consumidor de Viedma.
El caso se originó a partir del reclamo de un hombre que había suscripto un plan de ahorro a 7 años y que, al llegar a la cuota final número 84, recibió un monto considerablemente más alto de lo esperado, sin una explicación clara ni detallada sobre su conformación.
En primera instancia, el juez tuvo por acreditado que existía un saldo deudor, pero consideró que la administradora no logró explicar de manera razonada cómo se había arribado a ese monto. En el análisis también se tuvo en cuenta la aplicación de una medida cautelar dictada en el marco de un amparo colectivo, que luego fue revocada, sin que ello fuera debidamente informado al consumidor.
El Juzgado entendió que la empresa incumplió el deber de información, al no brindar precisiones sobre la composición del valor móvil, los rubros incluidos en los cupones de pago ni el impacto de la medida cautelar en la cuota final. Esa conducta fue considerada un incumplimiento relevante dentro de una relación de consumo, por lo que se ordenó el pago de una indemnización por daño moral y la aplicación de un daño punitivo.
Al analizar el recurso, la Cámara confirmó el fallo y sostuvo que no resultaba suficiente consignar el valor móvil en los cupones, sino que era exigible una conducta activa y transparente por parte de la administradora, conforme a la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial.
Judiciales
Responsabilizan a la dueña de un perro por un ataque en la vía pública: La víctima sufrió lesiones estéticas permanente
Las marcas quedaron visibles y a eso se sumó el impacto emocional propio de una agresión inesperada.
Una mujer sufrió lesiones de consideración y secuelas estéticas permanentes tras el ataque de un perro en plena vía pública. Eran cerca de las 9 de la mañana cuando caminaba hacia su trabajo y, al pasar frente a una vivienda, el animal se lanzó sobre ella sin advertencia previa. La mordió reiteradamente en un brazo y recién se separó tras varios intentos. El episodio ocurrió en Bariloche y un fallo civil condenó a la dueña del can a pagar una suma millonaria.
El ataque no fue un hecho menor ni aislado en sus consecuencias. La mujer recibió atención médica de urgencia y continuó con tratamientos posteriores por las lesiones provocadas por la mordedura. Las marcas quedaron visibles y permanentes. A eso se sumó el impacto emocional propio de una agresión inesperada en un espacio que, por definición, debería ser seguro: la vereda de una calle residencial.
Durante el juicio, el juez civil interviniente dio por acreditado que el ataque ocurrió sin provocación alguna por parte de la víctima y que el perro se encontraba bajo la guarda de su propietaria. Para reconstruir lo sucedido, el magistrado valoró actas policiales, registros de sanidad animal, documentación médica, fotografías y testimonios producidos en el expediente. Ese conjunto probatorio permitió descartar cualquier versión alternativa de los hechos.
El fallo se apoyó en un principio jurídico central: los daños causados por animales se rigen por el régimen de responsabilidad objetiva previsto en el Código Civil y Comercial. Bajo este sistema, no resulta necesario demostrar negligencia, descuido o intención. El dueño responde por el solo hecho de tener al animal bajo su control. La ley solo admite la eximición de responsabilidad si se prueba culpa de la víctima, intervención de un tercero ajeno o un hecho imprevisible e inevitable. Ninguna de esas circunstancias fue acreditada en el caso.
La sentencia fijó una suma superior a los 6 millones y medio de pesos. El monto reconoció, en primer lugar, el daño estético derivado de la cicatriz que dejó la mordedura, considerada una alteración permanente de la apariencia física. El juez entendió que esa secuela debía ser reparada de manera autónoma, aun cuando no afectara de forma directa la capacidad laboral de la mujer.
También se reconoció el daño moral. El fallo destacó el carácter traumático del ataque, el miedo experimentado, la alteración de la tranquilidad personal y las limitaciones que el hecho impuso en la vida cotidiana de la víctima. La agresión, ocurrida de manera súbita y violenta, fue considerada suficiente para justificar una reparación económica relevante por la afectación espiritual sufrida. Además, se admitieron gastos médicos posteriores al episodio, vinculados a curaciones, medicamentos y atenciones necesarias como consecuencia directa del ataque.
El tribunal rechazó, en cambio, el reclamo por daño psicológico permanente. Un informe pericial concluyó que la mujer no presenta una patología psíquica ni una incapacidad duradera, sino reacciones esperables frente a un evento violento. Si bien se reconoció la existencia de angustia y conductas de evitación, estas no alcanzaron el umbral de una afección psicológica indemnizable como incapacidad. La sentencia no está firme porque puede ser apelada.
Gremios
El Gobierno propuso suma compensatoria y actualizar salarios por IPC
ATE analizará la oferta, mientras que UPCN ya adelantó su rechazo asegurando que «ya hay un acuerdo preliminar con la otra organización sindical».
El Gobierno de Río Negro retomó las negociaciones paritarias con los gremios ATE y UPCN, en el ámbito de la Mesa de la Función Pública. Se presentó una propuesta superadora que combina una compensación extraordinaria por el último trimestre de 2025, con un esquema de actualización automática por IPC para los primeros 4 meses de 2026.
Los representantes de ATE adelantaron que «la decisión final la van a tomar las instancias orgánicas del sindicato», mientras que UPCN rechazó la propuesta asegurando que «ya hay un acuerdo preliminar con la otra organización sindical».
La oferta oficial consta de 4 ejes. En primer lugar, incluye una compensación extraordinaria por el último trimestre de 2025 por un total de $250.000. El monto se abonará por planilla complementaria en 2 cuotas iguales: la primera el 20 de febrero y la segunda el 20 de marzo.
Para la pauta salarial 2026, el Ejecutivo propuso un mecanismo de actualización automática bimestral basado en la evolución del IPC, que cubre los primeros 4 meses del año. Los haberes de febrero se ajustarán según el IPC de diciembre y enero, mientras que los de abril lo harán con los índices de febrero y marzo. A pedido de los gremios, el cálculo surgirá del promedio entre el IPC Nacional y el IPC Viedma.
Además, en marzo se abonará la Ayuda Escolar con un incremento del 100% respecto del año anterior, alcanzando los $80.000 y los $160.000 en el caso de familias con hijos con discapacidad.
Por último, se confirmó el pago del concepto Indumentaria con un incremento interanual, que alcanzará los $250.000. El monto se depositará en 2 cuotas, el 17 abril y el 17 mayo.
«Estamos haciendo un gran esfuerzo, pero siempre con los pies sobre la tierra. No vamos a sacrificar la responsabilidad fiscal, porque el orden de las cuentas es lo único que nos permite garantizar el pago en tiempo y forma, un compromiso que esta gestión ha cumplido siempre», explicó la secretaria de la Función Pública.
Esquema de pagos y actualizaciones mes a mes
Con la propuesta de Gobierno, en febrero se abonaría la primera cuota de la compensación extraordinaria por el último trimestre de 2025, por un monto de $125.000, y se aplicará el aumento salarial correspondiente por IPC.
En marzo, se pagará la segunda cuota de la compensación extraordinaria, también por $125.000, y se abonará la Ayuda Escolar con un incremento del 100%, que alcanzará los $80.000 por hijo y los $160.000 en el caso de hijos con discapacidad.
En abril se aplicará un nuevo aumento salarial por IPC y se abonará la primera cuota del concepto Indumentaria, por un monto de $125.000.
En mayo se completará el pago del concepto Indumentaria con la segunda cuota, también por $125.000.
La reunión fue encabezada por la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, junto a sus pares de Hacienda, Natalia Crociati, y de Gobierno, Natalia Almonacid. Por los gremios participaron Mónica Miranda (UPCN) y Rodrigo Vicente (ATE).
