Río Negro
Millonario ahorro para la Provincia tras eliminar publicación de edictos y actos de gobierno en el diario
Entre los Poderes Ejecutivo y Judicial, el año pasado destinaron casi 20 millones de pesos.
A partir de la sanción el pasado 22 de marzo de la Ley que elimina la obligatoriedad de publicar en los medios gráficos de mayor tirada los avisos que comunican actos de gobierno como licitaciones o llamados a concurso, el Estado de Río Negro está en condiciones de realizar un sustancial ahorro en este punto. En 2017, el gasto en estas publicaciones superó los $19.000.000.
La nueva norma, impulsada por el Poder Ejecutivo con acuerdo general de ministros, modificó el sistema de notificaciones por edictos y las publicaciones que comunican actos administrativos y/o procesales que pretenden garantizar derechos de los ciudadanos, incluidas las dispuestas en distintos ordenamientos legales y los actos de gobierno como llamados a concursos o licitaciones que pretenden amplia difusión y fácil acceso.
Estas medidas se vinculan con el Plan de Modernización del Estado, que busca lograr una gestión de calidad que posibilite la provisión eficaz y eficiente de bienes y servicios públicos a los ciudadanos, aprovechando las nuevas tecnologías y en coincidencia con la puesta en marcha de instrumentos como el Boletín Digital y las firmas digitales y electrónicas.
De esta manera, todas las publicaciones exigidas legalmente al sector público provincial deberán realizarse en el Boletín Oficial de Río Negro, sin perjuicio de disponerlo adicionalmente en los sitios web oficiales respectivos de cada repartición, redes sociales oficiales y medios de comunicación oficiales, o incluso de disponerse una publicación adicional cuando las circunstancias así lo determinen.
Independientemente de la modernización del sistema que esta norma representa, el Estado rionegrino en su conjunto podrá tener un importante ahorro en materia de publicaciones. En el año 2017, el Poder Ejecutivo desembolsó un total de $11.079.645 en la publicación de avisos de licitaciones, concursos de precios, convocatorias y edictos. Por su parte, el Poder Judicial hizo lo propio por poco más de $8.000.000.
Previamente, la Legislatura había sancionado la Ley Nº 5.261 por la cual se sustituyó la histórica regulación del Boletín Oficial, manteniendo no obstante el reconocimiento de éste como periódico oficial de la Provincia de Río Negro.
De esta manera, se incorporan conceptos de eficiencia y modernización a través del uso exclusivo de medios tecnológicos, en línea con la política de digitalización y despapelización de los trámites, garantizando la observancia del principio de publicidad.
El nuevo marco regulatorio prioriza la centralización de la información emanada del sector público provincial, facilitando su acceso a la comunidad y detentando validez jurídica los documentos generados electrónicamente en el ámbito del Boletín Oficial, a través de prácticas que garantizan niveles de seguridad y eficiencia.
Esto agiliza el acceso de la población a la información a través de Internet, permitiendo un conocimiento remoto con amplia disponibilidad horaria.
Esta nueva Ley se fundamentó además en el hecho que la obligatoriedad de publicar los edictos a través de medios gráficos impresos ha perdido efectividad en pos del objetivo central, esto es, que la ciudadanía acceda a la información pública. Más aún si debe pagarse por ello, lo cual se convierte en otra limitación, discriminatoria entre quienes pueden o no comprar la versión impresa.
Por ello, se considera una forma más directa, efectiva y abarcativa de cumplir con la obligación de los edictos, la utilización del Boletín Oficial de Río Negro que se publica con firma digital en el sitio oficial web de la Provincia de Río Negro, facultando incluso a la edición exclusiva de edictos.
También se posibilita el uso de los sitios web y redes sociales oficiales de cada repartición, manteniendo además la posibilidad de recurrir a los medios impresos en aquellos casos y localizaciones geográficas específicas impidan u obstaculicen la difusión que se impulsa como principio general.
Río Negro
El aumento nacional de las tarifas sigue impactando en Río Negro
El aumento del costo de abastecimiento de la energía llega este mes con variaciones superiores al 500%.
Los nuevos incrementos en las tarifas de electricidad que fijó Nación tendrán un impacto significativo en el servicio que prestan a hogares y comercios las distribuidoras que operan en Río Negro. El aumento del costo de abastecimiento de la energía, que escapa al control de las autoridades provinciales, llega este mes con variaciones superiores al 500%.
Desde el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) aclararon que es una decisión ajena a la competencia provincial y adelantaron que se reflejará en las próximas facturaciones. Según se indicó, están actualizando los cuadros tarifarios, donde se registrarán aumentos que en su totalidad se explican por el nuevo valor de la energía que fijó Nación ya que la Provincia no estipuló variaciones en el tramo provincial que otorga a las distribuidoras.
A esta situación debe sumarse la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la eliminación progresiva de las ayudas en la tarifa eléctrica, a través de cambios en los umbrales de consumo subsidiado para los usuarios de ingresos medios, junto a topes para los usuarios de bajos ingresos que anteriormente no los tenían.
Al respecto, el presidente del EPRE, Juan Justo, resaltó que «la provincia de Río Negro no tiene injerencia en la fijación de estos precios. Las decisiones sobre los costos de la energía y el transporte son tomadas a nivel nacional y nosotros simplemente lo trasladamos a los cuadros tarifarios que fijamos para EdERSA, y las cooperativas CEB y CEARC».
Río Negro
IPROSS rompió el vínculo prestacional con el centro de Salud Mental de Roca
Fue luego de confirmar que solo 5 afiliados estaban recibiendo prestaciones de los 43 que informaba la institución.
La titular de la obra social provincial, Marcela Ávila, confirmó que tras las auditorías realizadas y en el marco de la presentación de una denuncia penal, IPROSS rompió el vínculo prestacional con el centro de salud mental de General Roca en el que se detectaron irregularidades.
Ávila detalló que estas auditorías comenzaron antes de su gestión el 11 de diciembre. «Se verificó que la cantidad de afiliados que se encontraban en el establecimiento que funciona como hospital de día era sensiblemente menor a la nómina que se facturaba y que IPROSS pagaba mensualmente», dijo.
«Se informaba al IPROSS desde este lugar que 43 personas afiliadas a la obra social estaban recibiendo prestaciones pero eran solo 5«, destacó la titular de la obra social.
Cabe recordar que IPROSS denunció ante la justicia tres casos de maniobras fraudulentas detectadas luego de rigurosas auditorías llevadas adelante desde el inicio de la gestión.
«Desde IPROSS estamos realizando controles y auditorías. Incluso hemos implementado auditorías en terreno, que implican que equipos médicos, asistentes sociales, personal de la dirección de discapacidad realiza visitas a distintos centros que brindan prestaciones a afiliados de nuestra Obra Social», explicó Ávila sobre la metodología de trabajo implementada para garantizar la atención de los afiliados.
Sobre el futuro reflexionó. «Estamos trabajando analógicamente aún en IPROSS y por eso es tan importante el proceso de transformación digital que va a implicar agilizar los procesos, los trámites que el afiliado tiene que realizar con la obra social pero también va a permitir ser más eficientes en los controles».
Judiciales
IPROSS denunció por estafas a un prestador y dos afiliados
Uno de los implicados es un establecimiento de salud mental de Roca, que informaba a la obra social que atendían a 43 afiliados cuando solo eran 5.
La titular del IPROSS, Marcela Ávila, presentó ante la justicia tres denuncias penales por defraudaciones realizadas contra la obra social de los rionegrinos. Las denuncias fueron radicadas personalmente al Fiscal General de la provincia, Fabricio Brogna, en la sede del Ministerio Público Fiscal de Viedma.
En los tres casos, las maniobras fraudulentas fueron detectadas luego de rigurosas auditorías llevadas adelante desde el inicio de la gestión. En dos de ellos, los pagos por parte de la obra social se concretaron hasta el mes de febrero pasado, por supuestos servicios facturados.
En uno de los casos un establecimiento de salud mental de General Roca, informaba al IPROSS que 43 personas afiliadas a la obra social estaban recibiendo prestaciones, como pacientes psiquiátricos, en esa institución. Fruto de la investigación realizada, el IPROSS, comprobó que solamente se efectuaba el tratamiento de 5 afiliados. La mayoría de los afiliados cuya internación se facturaba nunca ingresaron al establecimiento.
En otro de los casos, una enfermera, que actualmente vive en Mendoza, facturaba al IPROSS por el cuidado de una menor, hija de una afiliada con domicilio en El Bolsón. Los hechos se habrían realizado entre octubre de 2022 y marzo del presente año.
La última denuncia, fue realizada por los hechos ocurridos presuntamente entre mayo de 2022 (primera factura) y marzo de 2024, vinculados a la presentación de facturas falsas, recibo de haberes falsos y falsificación de firmas de profesionales médicos, cometidos presumiblemente por un afiliado de Cinco Saltos.
Los hechos descritos revelan una serie de acciones fraudulentas dirigidas a obtener un beneficio indebido a expensas de la obra social provincial. Provisionalmente, podrían constituir elementos característicos del delito de fraude agravado, dado que fueron perpetrados contra la administración (artículo 174 inciso 5 del Código Penal). Además, para llevar a cabo estos actos fraudulentos, los acusados incurrieron en falsedad ideológica (artículo 293 del Código Penal) al falsificar diversos documentos, como planillas de solicitud de reintegros y de asistencia diaria de la niña, declaraciones juradas de domicilio, datos de contacto, entre otros (artículo 292 del Código Penal).
