Opinión
La mujer y sus derechos en Argentina
Nota de opinión por Magdalena Odarda, senadora nacional por Río Negro.
Mi postura y mi voto para este histórico 8 de agosto derivan de mi carácter de mujer y de madre, en primer lugar, y de política y representante del pueblo de mi Provincia en el segundo; desde la firme convicción de que no deben seguir existiendo abortos clandestinos que continúen costando la vida a miles de mis congéneres a lo largo y ancho del país.
Cuando hablamos de la interrupción legal del embarazo estamos hablando de un problema de salud pública, porque la interrupción de un embarazo en condiciones clandestinas genera daños y secuelas irreparables en la integridad física y psíquica de la mujer, en su bienestar sexual y reproductivo, provocando en muchos casos su muerte. También hablamos de un problema de injusticia social, dado que son sobre todo mujeres pobres y de bajos recursos las que recurren a la práctica del aborto en condiciones inseguras, y las que están en mayor riesgo de muerte porque se ven obligadas a acudir a sitios donde la interrupción del embarazo es realizado por personas no capacitadas, en condiciones de riesgo, insalubres y deficientes. También decimos que se trata de un problema de derechos humanos, en tanto limita el ejercicio del derecho a la salud y a la integridad física, que contempla el acceso igualitario a servicios integrales y seguros que eviten que el aborto siga siendo una de las principales causas de muerte materna.
Sería muy soberbio y autoritario de nuestra parte el pretender imponer como norma a otros lo que resulta nuestra convicción propia y personal. Tal como sucede con la Ley de Salud Reproductiva, a pesar del hecho de que se vean afectadas cuestiones personales y religiosas, resultaría inaceptable que una parte del país resulte víctima en sus decisiones de la otra parte que piensa diferente. La legalización, de este modo, no viene a imponerle a nadie la realización de un aborto, pero si viene a poner fin a una larga historia de riesgos, injusticias y estigmatización que han derivado en la muerte en soledad de miles de mujeres en nuestro país. El Estado debe hacerse cargo de impedir tales injusticias mediante la aplicación de políticas públicas de salud que garanticen condiciones mínimas para que evitemos tener que lamentar nuevas víctimas por la realización de abortos clandestinos.
No se trata de que el Estado se dedique a hacer abortos, sino de asumir una política de salud pública en un contexto en el que los abortos se practican todos los días, y en el que la evidencia demuestra que asumirlos por el Estado a través de la legalización no aumenta el número, sino que evita la clandestinidad.
La mujer que toma la decisión de abortar, va a abortar, y a esa realidad no la podemos cambiar; pero lo que sí podemos cambiar es que no muera al hacerlo. Podemos cambiar en que lo hagan de una manera segura. Podemos cambiar en que lo hagan de forma gratuita, que no lo hagan en soledad, que tengan asistencia, acompañamiento e información. Podemos cambiar el hecho de que no sean juzgadas, criminalizadas y perseguidas.
En cuanto a la tan mencionada cuestión de la “constitucionalidad” de una normativa que aborde la IVE, consagrados constitucionalistas que han expuesto en este Senado y ante la Cámara de Diputados vienen sosteniendo que de ninguna manera nos encontramos ante la posible sanción de una ley inconstitucional, dado que no existe ningún artículo de nuestra Constitución Nacional que prohíba la interrupción voluntaria del embarazo. Lo propio sucede respecto del mentado artículo 4, inc. 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que establece que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. Cuando menciona el término “en general”, es porque admite excepciones, las que deben precisamente ser interpretadas en contexto y en base al resto de la normativa internacional vigente. Muy por el contrario, una interpretación acabada e integral de la normativa internacional de los derechos humanos nos compromete en la obligación de tutela de las mujeres en condiciones de igualdad.
Al respecto, el Comité de DDHH de Naciones Unidas deduce en su interpretación que “la prohibición del aborto no puede poner en riesgo la vida de las madres ni someterlas a dolor físico o mental severo o sufrimiento”. En todo caso “el Comité de Derechos Humanos considera que el aborto siempre se debe permitir en los casos de violación, incesto o malformación del feto”.
A través del fallo “F.A.L.” la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en el sentido de que el aborto legal no es inconstitucional, ni tampoco es contrario a las obligaciones de nuestro país en materia de derechos humanos. Al mismo tiempo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas se expidió en el denominado caso “Belén”, expresando que “el Estado (Argentino)debe asegurar que las barreras legales, el ejercicio de objeción de conciencia por parte de los trabajadores de la salud y la falta de protocolos médicos no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino que pone su vida y su salud en riesgo”.
El Dr. Fabián Salvioli, que durante seis años integró el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y durante dos años lo presidió, entendió que “en los últimos cuarenta años, ese comité jamás ha dicho que la IVE es una privación arbitraria de la vida”, y resaltó que durante su gestión en la integración del mismo examinó a 120 Estados y que “nunca se le dijo a ningún Estado miembro que la IVE violaba una convención internacional de derechos humanos” (Alocución ante la Cámara de Diputados de la Nación). Sostuvo en otras ocasiones que la problemática “no debe abordarse desde lo penal ya que en aquellos lugares donde el aborto está despenalizado no aumentó el número de prácticas, pero sí disminuyó la cantidad de muertes de mujeres que acuden a este procedimiento en condiciones de inseguridad” (Declaración ante la Legislatura de la Provincia de La Pampa, Santa Rosa, 10 de abril de 2018).
La jurista mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci, defendió ante ésta Cámara el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo desde la óptica de la progresividad del derecho, sosteniendo que “este es un tema de salud pública que compromete derechos humanos. Si bien no hay duda de que hay vida desde la concepción en principio, lo que fue tenido en cuenta al redactarse el nuevo Código Civil y Comercial, todos sabemos que los derechos no son absolutos, que pueden entrar en conflicto con otros derechos. Cuando esto pasa, esos conflictos de derechos deben resolverse sobre la regla de la proporcionalidad, lo que significa que a cada uno de estos dos derechos se les ponen restricciones”.
En manera alguna nos parece acertado que el rol del Estado en dichos casos se oriente en penalizar a la madre, castigándola por partida doble sobre lo que ya constituye una situación desdichada; ni en mirar para otro lado pretendiendo negar lo innegable: que en Argentina existen miles de abortos por año, y que en muchos casos las mujeres mueren por no haber recibido atención adecuada, dejando huérfanos a sus demás hijos.
De ninguna manera entiendo a la interrupción voluntaria del embarazo como un mecanismo anticonceptivo, creo que es subestimar a las mujeres y personas gestantes el sostener esa idea. Pero la mejor manera de prevenirla no es la penalización sino la educación sexual integral, laica, científica y con perspectiva de género, a través del ejercicio de una sexualidad libre y responsable, derribando mitos y tabúes; y colaborando el mismo Estado con la provisión gratuita de métodos anticonceptivos, brindando la posibilidad de elegir el método adecuado y eficaz que les impida verse afrontando la difícil decisión de tener que abortar.
Encontrarse en esa situación jamás podrá ser una decisión sencilla, ni liviana, ni agradable, antes bien derivará de un contexto complejo que desnude un enorme vacío, incomprensión y soledad; pero si a dicha situación le sumamos la criminalización que deriva al tratarse en dicha ocasión a la mujer como una “delincuente”, o si se favorece su estigmatización, o si el Estado se limita a desentenderse y a negar la situación, pretendiendo que con el solo hecho de “no mirar” el hecho desaparece; estaremos entonces fomentando la injusticia y sometiendo a la mujer a una doble victimización, la de hallarse en el terrible desamparo de tomar esa decisión sola, bajo alto riesgo y sin asistencia, y la de que el Estado la abandone, persiga y castigue. En ese caso, lo que tendremos es un Estado responsable por incumplir con sus deberes de cuidado y asistencia, lo que debería derivar, incluso, en la responsabilidad del mismo frente a organismos internacionales.
Es en este sentido que propiciamos que, a la dura decisión de una mujer de tener que interrumpir su embarazo, no le siga la negación y/o persecución por parte del Estado, sino que se la asista debidamente a través de condiciones seguras y adecuadas, que exista un acompañamiento legal y psicológico acorde, y que pueda garantizarse que dicha interrupción sea realizada en condiciones seguras y gratuitas, acompañándola debidamente.
Es, precisamente, la clandestinidad, la principal causa evitable de muchas muertes. La penalización no ha servido hasta el momento en manera alguna para disuadir respecto de la decisión de interrumpir un embarazo, pero lo que sí ha generado es que la intervención deba ser hecha en condiciones de ilegalidad y de desprotección, en total soledad, exponiendo así a las mujeres a tratos crueles e inhumanos, así como a un mercado ilícito y millonario que lucra con su desamparo y su desprotección, sometiéndolas así ante las redes de trata y de apropiación de menores.
Es necesario que en un sistema democrático podamos respetar el sistema de valores y creencias de todos los que, sintiendo y pensando en modo diferente, resolvemos nuestros dilemas éticos escuchando, debatiendo y finalmente resolviendo conforme nuestro sentir y saber, de modo que nos permita votar conforme nuestras convicciones y lo que consideramos será la decisión más sabia y menos injusta.
De este modo es que me encuentro resolviendo hoy mi voto positivo, considerándome una mujer íntegra, siendo madre, católica y laica, encontrándome completamente del lado de la vida y defendiendo la vida de mujeres que han encontrado la muerte injustamente a través de una interrupción violenta de su embarazo en condiciones indignas y sin cuidado alguno.
Hoy resulta necesario que estemos a la altura de las circunstancias como Senadoras y Senadores de la Nación; educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Por eso digo, junto al universo de compañeras que se están manifestando a lo largo y ancho de nuestro país: “Que sea Ley”.
Magdalena Odarda.
Senadora nacional por Río Negro (Partido RIO).
Opinión
Más allá del diagnóstico: La necesidad de una salida con contenido
Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.
¿Cuánto más se puede decir del estado actual de las cosas? Esta mezcla de novedad y continuidad, esta cotidianeidad que venimos habitando, nos fuerza muchas veces a una suerte de parálisis, obligándonos a detenernos indefinidamente en el diagnóstico. Nos enfrentamos, una vez más, cara a cara con sorpresas previsibles: es la sensación de que asistimos a «más de lo mismo», con el agravante de que ese «lo mismo» es, cada vez, peor.
Esta realidad no es abstracta; es una fuerza complicada que está tensionando transversalmente a la Argentina. Tensa a los individuos, a las familias y a los hogares, pero también erosiona a las instituciones, a los partidos políticos y a las organizaciones sociales en su conjunto. Estamos ante un escenario tan complejo como hondo, donde conviven la complicidad de algunos sectores con un agotamiento social generalizado. Es el agotamiento de quienes dijeron «no» a lo anterior para decir «sí» a esto, y que hoy se encuentran en la encrucijada de decir «no» a esto, sin querer regresar a lo otro. En ese limbo, la construcción de una salida institucional sigue siendo una asignatura pendiente.
La trampa de la reactividad: El vacío de la alternativa
En este escenario, lo que queda peligrosamente a la vista es un modelo de gestión de la oposición —tanto institucional como política— que es meramente reactivo en lugar de propositivo. Esta es una falencia generalizada que atraviesa a representantes políticos, sindicales y partidarios por igual: el gobierno nacional impone condiciones y la respuesta carece de propuestas superadoras. Las estructuras tradicionales se mueven siempre un paso por detrás de lo previsible, persiguiendo un modelo oficial que se percibe como arrasador.
Lo más alarmante no es el contenido de lo que se negocia, sino la incapacidad técnica para proyectar algo distinto. Nos enfrentamos a paritarias que no funcionan, a presupuestos que son jirones de la realidad y a discusiones por servicios básicos que parecen vaciadas de sentido. El rol de sindicatos, gobernadores y legisladores se ha degradado al de simples acompañantes de la coyuntura. Mientras se transita esa urgencia, no se está proyectando un plan de salida relevante. Esta reactividad es especialmente compleja en las universidades, donde ciertas conducciones operan como oposición política nacional pero como oficialismos institucionales, quedando atrapadas en la misma falta de iniciativa propositiva.
De la demencia al negacionismo: La inercia institucional de parte del sistema de CyT
Para entender la parálisis de quienes deben conducir, es necesario observar su comportamiento reciente. Tras el punto de inflexión de diciembre de 2023, cuando el flujo de recursos se detuvo abruptamente y las partidas dejaron de llegar, las instituciones universitarias no reaccionaron con un cambio de paradigma. Por el contrario, operaron bajo lo que podríamos llamar una demencia institucional: siguieron haciendo las cosas como si el escenario no hubiera cambiado, repitiendo fórmulas de un pasado que ya no tenía sustento material.
Hoy, esa demencia ha mutado en algo más peligroso: el negacionismo institucional. Al encontrar mecanismos modernos e innovadores para «oxigenar» el sistema -vía financiamientos externos, fundaciones propias o venta de servicios-, las conducciones «optan» por darle la espalda a la lucha estructural de sus trabajadores. Bajo la excusa de la eficiencia técnica y la creatividad para «salvar los muebles», están validando de facto el ajuste. Están demostrando una agilidad que en momentos de flujo ni siquiera se atrevieron a imaginar, pero lo hacen opacando la lucha docente y Nodocente, y confirmando ante el poder central que el recorte era, después de todo, ejecutable.
El experto disciplinar y la orfandad política
Esta desconexión tiene una raíz estructural en la formación de quienes dirigen el sistema de ciencia, tecnología y universitario. Por un lado, tenemos a los docentes e investigadores, y por otro, a los equipos de gestión Nodocente, que constituyen la arquitectura institucional invisible que permite mantener en pie el sistema. En la cima, el funcionariado (Rectores, Vicerrectores y Secretarios) ocupa cargos de naturaleza eminentemente política.
Sin embargo, el sistema está diseñado para que los académicos gestionen, bajo la premisa de que la excelencia en el grado o posgrado se traduce en capacidad de gestión. Pero la trayectoria académica no es proporcional a la pericia política. Geólogos, contadores, biólogos o arquitectos de renombre se encuentran hoy dirigiendo instituciones complejas frente a una política de choque para la cual sus herramientas disciplinares -que representan el 95% de su expertise- son insuficientes. No es lo mismo administrar el flujo que gestionar la incertidumbre y la restricción. Al no ser cuadros políticos de formación, quedan aislados de los debates profundos y los avatares partidarios los toman por sorpresa.
La seducción del intelectual y el desembarco de los gestores
Este contraste se refleja en la figura presidencial. Su ascenso fue el de un intelectual que ofrecía una doctrina económica liberal inspiradora y de gran penetración en jóvenes votantes y en una gran parte de la población desencantada con lo conocido. La sociedad, en su dificultad para determinar el rol efectivo del Estado, parece haber votado esa elocuencia, apostando a un horizonte filosófico pero dejando de lado o acaso, jamás interpelándose por el «cómo».
Pero una vez en el poder, se produjo un desplazamiento: la gestión real fue delegada en personajes cuyo activo no es la teoría, sino el know-how de la vieja política y la gestión de choque. Mientras el discurso se mantiene en la doctrina, la ejecución queda en manos de segundas y terceras líneas que saben operar las palancas del Estado de forma pragmática. Esta dualidad genera la máxima tensión: un relato intelectual que se ejecuta con las herramientas más conocidas de la gestión tradicional.
El intelectual como arquitecto y el control social
Frente a este vacío, el rol superador del intelectual debe ser el de un traductor: aquel que logre el match entre la ideología (el horizonte filosófico) y el cotidiano de la política pública. No puede ser alguien que se refugie en la academia para dar una clase virtual cada quince días; debe ser quien dote de sentido a la acción técnica e impregne e ilumine los debates públicos.
Nadie discute qué funciones debe afrontar el Estado en tanto garante de derechos. Su capilaridad social estratégica (en términos de Oszlak) es irremplazable. Sin embargo, no podemos seguir persiguiendo quimeras de innovación que mueren en acuerdos personales sobre un andamiaje inexistente. Propongo una salida que incluya una instancia de control social e intelectual comunitario, similar a una Defensoría del Pueblo, pero con una matriz de pensamiento crítico. Un espacio técnico con voz y probada incidencia donde la ciudadanía participe y rediscuta las políticas públicas junto a los intelectuales que les dan sentido.
Conclusión: Salir del asombro
En un mundo de información fragmentada, en el cual desde millennials a la generación alfa son bombardeados constantemente, los discursos vacíos ya no alcanzan. Lo que hoy se vuelve imperativo es la propuesta concreta. Debemos entender que, si la esperanza no tiene acción, es simplemente fe; y la fe es insuficiente para gestionar una organización, menos aún un sistema, demasiado lejos, una nación.
La salida no es dicotómica – izquierda o derecha-, sino programática. Requerimos un nuevo acuerdo social basado en ejes fundantes: ambiente, obra pública, educación, salud, deporte, disidencias, derechos humanos, vivienda y todos los otros temas que la sociedad pueda determinar. La única manera de garantizar a la ciudadanía una protección real es a través de una salida política integral: intelectuales, académicos, gestores y técnicos trabajando en un programa de gobierno concreto que abandone el asombro y retome la iniciativa. Es hora de que la arquitectura del Estado deje de servir a la supervivencia de una casta y empiece a tener a la gente presente en el centro de su diseño y control.
Federico Vasches
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.
Opinión
La Encrucijada de la IA: Moda o Soberanía
Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.
Estamos inmersos en un momento de avances exponenciales de la Inteligencia Artificial (IA). Esta carrera tecnológica, impulsada por el sector privado, genera nuevas oportunidades, pero también expone complejidades estructurales profundas en sociedades como la latinoamericana y la argentina en especial, agravadas ahora por el desfinanciamiento estatal.
Detrás de palabras y conceptos como costo, lucidez e inclusive debatiendo sobre la Paradoja de la Modernización, es crucial entender que no incorporar tecnología es, de hecho, más costoso que hacerlo. La adopción requiere una «lucidez estratégica»: un rediseño consciente y deliberado que entienda que lo que se hace se puede hacer mejor. Pero que de ninguna manera la IA reemplaza ni a las personas ni a sus responsabilidades.
Como dos caras de una moneda:
El sector privado actúa deliberadamente para maximizar la ganancia. Moderniza con celeridad, buscando mejorar procedimientos, presentándose a la vanguardia y el desarrollo, y poniendo en valor la IA.
El sector público, cuyo fin es social, a menudo responde al llamado de la modernización con el desfinanciamiento, con recorte y achicamiento. La negación a incorporar la IA transversalmente como tecnología que permita innovar, claramente es no estratégica, pues la sociedad ya la está utilizando, generando una distancia creciente entre ambos mundos.
Acá nos encontramos con el problema de la falsa dicotomía, la creencia simplista de que el privado es inherentemente más moderno y brillante. Esta visión es escasa, pues las personas en ambos sectores utilizan tecnología personal (smartphones, herramientas de IA como Gemini, ChatGPT, etc.).
La diferencia reside en la cultura organizacional: en el privado, la modernización se transparenta y premia; en el público, no está institucionalizada y a veces se castiga la desviación del proceso tradicional.
A no preocuparse, porque no todo es tan sombrío y acaso para evitar un futuro distópico, la solución reside en construir una soberanía tecnológica y digital más horizontal.
Esto nos propone:
Divulgación y Conocimiento: las sociedades y los individuos deben entender el impacto de la tecnología y la IA en todas las instituciones. Este conocimiento es la base para que los ciudadanos puedan defender, construir y validar las reformas necesarias.
Espacios de Co-creación: es imperativo crear espacios público-privados, liderados con la participación activa de la sociedad civil, tecnólogos, divulgadores y directores de proyectos.
Gobierno Abierto: estos espacios deben estar anclados en los principios de Gobierno Abierto: participación ciudadana, innovación, transparencia y rendición de cuentas.
Solo a través de esta colaboración estratégica y una ciudadanía informada, el Estado podrá evolucionar tecnológicamente no solo para sobrevivir, sino para construir un futuro donde la tecnología sirva a fines sociales amplios, y no solo a la maximización de la ganancia privada.
Federico Vasches
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.
Opinión
¿Publicidad electoral gratuita? Para los medios, un costo que nadie reconoce
Nota de opinión por Emilio Occhionero, periodista y socio gerente de Medios Roquenses SRL.
En cada proceso electoral se repite la misma escena: los medios de comunicación legalmente habilitados recibimos órdenes y cronogramas para transmitir espacios de publicidad electoral gratuita. Y, como corresponde a la ley, cumplimos. Sin embargo, pocas veces se habla del costo real que este esquema implica para las radios locales como La Súper FM 96.3, que somos parte activa de la vida comunitaria de General Roca.
Es que a través de la Ley N° 26.571, se fijó la prohibición por parte de las agrupaciones políticas de adquirir espacios en medios de comunicación audiovisual para transmitir publicidad electoral. A raíz de ello, debemos disponer de los espacios asignado mediante sorteo público durante el período de campaña en medios audiovisuales. En otras palabras, financiamos a los partidos políticos.
Y a nosotros, ¿quién nos financia? Muchas veces me preguntaron, ¿las radios de que viven? Vivimos de la publicidad, esa que se escucha cada vez que el conductor de un programa dice vamos a la pausa y volvemos. Si, esos minutos de aire, son los que nos permiten vivir día a día, pagar salarios, servicios e impuestos.
Nuestra emisora –como tantas otras del país– atraviesa un contexto económico crítico. Las tarifas de electricidad y gas aumentan, los impuestos como los de la utilización del éter radial, también. No existen beneficios específicos para los medios, y la pauta publicitaria oficial del gobierno nacional se redujo a cero, como lo dijo el presidente Javier Milei desde el día que asumió. En definitiva, debemos sostener estructuras, personal, equipos y servicios casi sin ingresos fijos, con costos crecientes y sin apoyos estatales.
En ese escenario, la obligación de dar minutos de programación para publicidad electoral gratuita es, en realidad, un esfuerzo económico que sale directamente del bolsillo de los propios medios. Es tiempo que dejamos de vender a anunciantes privados, es contenido que dejamos de producir y, en definitiva, es dinero que dejamos de ingresar. Así, terminamos financiando involuntariamente la campaña de los mismos dirigentes que luego deciden sobre tarifas, beneficios y regulaciones para el sector, incluso que determinan sus propios aumentos salariales.
No cuestionamos el derecho de los partidos políticos a difundir sus propuestas. Por el contrario, somos espacios abiertos al debate democrático. Pero la actual normativa necesita una revisión urgente: si el Estado exige transmisión obligatoria, también debe reconocer los costos y garantizar algún tipo de compensación, pauta o beneficio fiscal que equilibre la carga.
De otro modo, las emisoras locales, sobre todo, quedamos en una situación asfixiante y desigual frente a otros actores mediáticos que no tienen estas obligaciones.
Es hora de discutir con seriedad un sistema que permita sostener tanto la pluralidad de voces como el derecho de la ciudadanía a informarse. Las radios comerciales locales y comunitarias no podemos seguir soportando solas un gasto que no generamos y que, además, compromete nuestra supervivencia. La Democracia necesita medios fuertes e independientes, no medios debilitados por normativas que, aunque bienintencionadas, terminan siendo injustas.
Emilio Occhionero
Periodista – Socio gerente de Medios Roquenses SRL, propietaria de LRG 746 La Super Radio FM 96.3 y www.lasuperdigital.com.ar
