La senadora nacional Magdalena Odarda (partido RIO), ratificó su apoyo y compromiso con la necesidad de que se legisle sobre la figura de la extinción de dominio. «En 2016 acompañamos la iniciativa, a la vez que solicitamos en reiteradas oportunidades su tratamiento en el recinto. Resulta esencial que se avance con esta legislación y que el Estado establezca pautas claras a fin de que todo el pueblo argentino pueda recuperar los bienes mal habidos a través de los delitos de corrupción y narcotráfico, a fin de poder utilizarlos en pos del bien común», precisó la rionegrina.

A su vez, Odarda aclaró que no brindará en esta oportunidad su acuerdo para la realización del allanamiento a la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, «en base al hecho de que se violan las más elementales reglas republicanas del debido proceso, encontrándose en juego principios básicos del derecho procesal penal, como la imparcialidad del juez, la inmediación y la efectividad de la medida, no debiendo el Senado prestarse a espectáculos mediáticos que poco tienen que ver con la búsqueda de la verdad».

Entendió que «la verdadera intención en esta ocasión es la de desviar la atención, para que nadie hable de que cada día hay un nuevo ajuste que deben soportar los trabajadores y los jubilados; para que ignoremos el hecho de que nos han quitado los reembolsos por puertos patagónicos, la rebaja en el beneficio del impuesto al combustible, que gran parte de las obras públicas en la Patagonia se encuentran frenadas, que pretendieron eliminar el plus por zona austral a nuestros trabajadores, jubiladas y jubilados; y que ahora nos recortan la coparticipación correspondiente al Fondo Federal Solidario, destinado a financiar la obra pública y a contribuir con la creación y sostenimiento de empleos en los distintos municipios del interior del país».

«Este gobierno ha venido poniendo en práctica una suerte de ‘fórum shopping’ que le ha permitido elegir siempre al juez más conveniente para utilizar al sistema judicial con fines políticos, lo que constituye una verdadera afronta contra el sistema republicano de gobierno. En tal caso, debería respetarse a rajatabla el principio de igualdad ante la ley y actuarse con la misma premura contra la diputada chaqueña de Cambiemos, Aída Ayala, a quien el mismo gobierno viene protegiendo al no permitir su desafuero», agregó Odarda.

La senadora rionegrina remarcó que la causa judicial contra CFK puede seguir adelante libremente «sin llevarse adelante este tipo de avasallamientos contra el Poder Legislativo», a la vez que sostuvo, desde su carácter de abogada, que «a esta altura del estado público que ha tomado la medida solicitada por el Sr. Juez, no cabe duda de que la prueba del allanamiento solicitada no resulta eficaz ni pertinente, en tanto los principios de inmediación que requiere una medida de esas características tornan a dicho allanamiento en extemporánea y carente de efectividad alguna, dado que se ha eliminado por completo el factor ‘sorpresa’ con el que necesariamente debería contar».

Por ello, Odarda manifestó que, a través de sus proyectos legislativos, ha venido «luchando sin cuartel contra el flagelo de la corrupción, pero siempre en un marco de respeto por los principios procesales y, en particular, el del debido proceso sustantivo». Añadió que «a través de esta medida lo único que se pretende es montar un ‘show mediático’, tanto a la hora de solicitar esta medida al Senado como de, al mismo tiempo, disponer con total ligereza los allanamientos realizados en los espacios comunes del edificio de la senadora Fernández de Kirchner el pasado lunes 13 de agosto, faltando así el respeto al Congreso de la Nación y violando cualquier tipo de protocolo, al tiempo que contradiciendo su tan respetuosa “solicitud de autorización».

En definitiva, concluyó que «nos parece muy triste el rol que viene desempeñando el Poder Judicial en el presente caso, donde no existe una verdadera búsqueda de la verdad, sino antes bien el empleo de un evidente revanchismo, similar al que se está llevando adelante en el Brasil contra el ex presidente Lula; poniendo en funcionamiento el mecanismo del linchamiento mediático acordado con determinados medios masivos de comunicación, a través del cual sólo se pretende esconder el aumento exponencial de la pobreza, el alza indiscriminada de la inflación y del riesgo país y, sobre todo, las consecuencias nefastas que estamos padeciendo en base a las políticas de ajuste planteadas por el gobierno en base a lo ordenado por el FMI».