Judiciales
Prisión preventiva para el acusado de matar a la joven motoquera
Tiene 20 años y se presentó por sus propios medios en la Comisaría 6° de Allen después de haberse fugado del lugar del siniestro.
Esta tarde (26/11) el fiscal de turno y subrogante de la temática de Delitos contra las personas, Ricardo Romero, formuló cargos y solicitó la prisión preventiva por el término de 3 meses para un joven de 20 años por el delito de “homicidio culposo agravado”, cuya víctima fatal fue Brenda Esmeralda Jaque.
Según la acusación fiscal, «el hecho que se le atribuye al nombrado ocurrió en la ciudad de Allen, el pasado sábado 24 de noviembre, alrededor de las 5.00 de la madrugada. En tales circunstancias, el imputado conducía un Volkswagen, por la calle Martín Fierro, de Norte a Sur. En el trayecto comprendido entre la Ruta Provincial N° 65 y Calle 4 y, debido a la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria del vehículo en cuestión, impactó desde atrás a la motocicleta que circulaba en la misma dirección, conducida por la mujer. Luego de ello, se dio a la fuga inmediatamente sin intentar socorrer a la víctima, quien falleció en el lugar, a consecuencia de las heridas recibidas. Conforme surge de las primeras diligencias de constatación realizadas en el lugar por el personal policial de la Comisaría 6° y del Gabinete de Criminalística, las improntas que dejó el vehículo sobre el asfalto y la banquina determinarían que al momento del hecho el hombre circulaba a excesiva velocidad y que intentó sobrepasar a la víctima por el lateral derecho de ésta».
Tras averiguaciones practicadas por personal policial del Área de Investigaciones de Allen durante el día domingo y en horas posteriores al hecho, la Fiscalía logró establecer que el auto se encontraba dentro de un predio, tapado con una lona, a unos cincuenta metros de la vereda y con signos evidentes de haber sufrido una colisión.
«A las 18.00 de ayer (25/11) el imputado se presentó espontáneamente en la Comisaría 6° y manifestó ser el conductor del automóvil en cuestión. Inmediatamente, se dispuso su aprehensión y el auto fue secuestrado», explicó Romero en la audiencia.
De acuerdo al informe preliminar de la autopsia realizada por el médico forense del Cuerpo de Investigaciones Forense del Poder Judicial, la muerte de la víctima se produjo en forma inmediata a la colisión.
El representante del Ministerio Público Fiscal presentó como sustento probatorio para esta instancia, el relato del personal policial de la Comisaría 6° de Allen, que concurrió al lugar del hecho, el testimonio del personal del Hospital, que se hizo presente allí, constatando que la víctima se hallaba sin vida. También mencionó el informe del médico policial, el informe de la autopsia, el relato de testigos presenciales. Asimismo, agregó el informe pericial del Personal del Gabinete de Criminalística respecto de las huellas y rastros constatados en el escenario del hecho y del estado en que fue encontrado el vehículo que conducía el acusado y la motocicleta en la que circulaba Jaque.
En el mismo acto, el fiscal solicitó la prisión preventiva del imputado por el término de 3 meses, por «entender que existen elementos suficientes para tener por acreditado que los hechos existieron en la manera descriptos, y que hay un alto grado de probabilidad de que las lesiones producidas por la colisión causaron la muerte de Jaque. Si bien la pena que prevé el tipo penal es de 3 años de prisión condicional a 6 años de ejecución, la conducta posterior al siniestro asumida por el imputado fue para evadir su responsabilidad. En vez de haber parado y auxiliar a la víctima, se escapó y dejó a la mujer en el lugar».
El joven fue asistido en la audiencia por el defensor público penal Eduardo Luis Carrera que se opuso a la medida cautelar, mencionando que «él se presentó en la Comisaría voluntariamente para estar a derecho, ya que luego del hecho se encontraba en estado de shosk. Además es un vecino reconocido en su ciudad de origen, y aquí está su familia acompañándolo».
La jueza de Garantías María Gadano acompañó el pedido del fiscal, diciendo que «el imputado tuvo un absoluto desprecio por la vida humana, ya que no sabía que la señora había fallecido inmediatamente después a la colisión», y tuvo por formulados los cargos.
Judiciales
Caso Valentín Mercado: Piden confirmar la condena contra el anestesiólogo por el daño cerebral irreversible
Tras la apelación de la defensa del profesional condenado por homicidio culposo, la Fiscalía solicitó al Tribunal de Impugnación que ratifique la sentencia en todos sus términos.
La causa por la muerte del niño Valentín Mercado Toledo sumó una instancia clave en el Tribunal de Impugnación de Río Negro. Tras el recurso presentado por la defensa del anestesiólogo condenado por homicidio culposo, la Fiscalía y la querella solicitaron formalmente que se confirme la sentencia original, rechazando cualquier reducción de la pena o limitación de la inhabilitación profesional.
El eje del conflicto radica en el planteo del profesional, quien busca que su inhabilitación para ejercer se circunscriba únicamente al ámbito pediátrico. Ante esto, el fiscal del caso fue tajante al señalar que la desatención durante la cirugía fue la causa directa del desenlace fatal. «Lo sucedido fue que la desatención por parte del imputado impidió advertir el súbito taponamiento, lo que derivó en un paro cardíaco», explicó. Según el Ministerio Público, el médico no cumplió con el consentimiento informado en el que asumía la responsabilidad de velar por el paciente durante toda la intervención.
La reconstrucción de los hechos indica que existieron cuatro minutos iniciales y determinantes en los que el anestesiólogo no actuó conforme a su rol. Si bien luego se logró estabilizar al niño con adrenalina y un cambio de tubo traqueal, la demora fue tan extensa que el daño cerebral resultó irreversible.
La querella acompañó estos argumentos, dejando la decisión final en manos del Tribunal, que ya pasó a deliberar.
Judiciales
Compensación económica tras una unión convivencial: Reconocen desequilibrio estructural y contexto de violencia
Se conocieron hace más de dos décadas y tuvieron un hijo. Pero la situación se volvió insostenible con el paso de los años.
Se conocieron en la facultad hace más de 20 años. Ella era alumna y tenía el sueño de recibirse de licenciada; él trabajaba como ayudante de cátedra. Al poco tiempo, ella abandonó sus estudios y sus proyectos para acompañar el crecimiento profesional de él.
Así, la joven se convirtió en asistente técnica en las películas de su pareja y en cuidadora de su familia. Durante casi dos décadas, sostuvo el hogar y los proyectos del hombre. Mientras la pareja acumulaba títulos académicos y prestigio, ella perdía autonomía. No tenía ingresos propios y dependía por completo de la voluntad de su pareja.
La situación se volvió insostenible con el paso de los años. Así, decidió dejar la vivienda familiar junto con su hijo. Dejó los equipos de trabajo, la casa que ayudó a construir y los vehículos de la familia. Regresó a la vivienda de sus padres, sin ahorros y con su carrera universitaria sin terminar. El hombre quedó con todos los bienes y mantuvo su estabilidad profesional intacta.
Ante esta realidad, recurrió al Poder Judicial para iniciar una compensación económica y reparar la desigualdad que provocó la ruptura.
El fuero de familia de Roca hizo lugar a la demanda. La jueza consideró acreditado un desequilibrio económico, derivado de la dinámica de la relación y de su ruptura.
La mujer mantuvo una relación de más de 20 años en la que postergó su desarrollo profesional y académico. Acompañó los proyectos laborales de su pareja y asumió, de manera casi exclusiva, las tareas domésticas y de cuidado, incluida la crianza del hijo en común.
También expresó que la relación se desarrolló en un contexto de violencia de género, caracterizado por control, descalificaciones y limitaciones a su autonomía personal y económica.
Por su parte, el hombre negó la existencia de desequilibrio y sostuvo que su crecimiento profesional fue fruto de su esfuerzo personal. Afirmó que la mujer desarrolló capacidades en el ámbito audiovisual y que contaba con posibilidades de inserción laboral.
La jueza destacó que la compensación económica tiene como finalidad corregir el perjuicio patrimonial que puede generar la ruptura de una vida en común, cuando una de las partes queda en situación de desventaja.
De la prueba producida surgió que durante la convivencia existió una asimetría de poder desde el inicio de la relación, que se trasladó a los ámbitos laboral y familiar. Se acreditó que la mujer quedó en una posición de dependencia, con limitaciones para desarrollar su autonomía, mientras que el hombre consolidó su carrera académica y profesional.
La jueza de Familia hizo lugar al reclamo y ordenó que el hombre el pago de una compensación. La magistrada destacó que existió un contexto de violencia de género y económica.
Judiciales
En Río Negro, las mujeres ocupan más de la mitad de los cargos jerárquicos judiciales
Representan el 55%, contra el 45% de los varones.
En el Poder Judicial de Río Negro, las mujeres ocupan el 55% de los cargos de juezas, jueces, secretarias y secretarios de las áreas jurisdiccionales, mientras que los varones representan el 45%.
La distribución cambia según la función. Del total relevado, el 68% corresponde a juezas y jueces y el 32% a secretarias y secretarios. Entre las 175 personas que ocupan cargos de juezas y jueces, el 45% son mujeres y el 55% varones. Entre las 84 personas que se desempeñan como secretarias y secretarios, en cambio, la presencia femenina asciende al 76%, frente al 24% de varones.
Pirámide demográfica y composición por áreas
El relevamiento registra 1.843 agentes en organismos jurisdiccionales y auxiliares. De ese total, 1.188 son mujeres y 655 varones. Además de juezas, jueces, secretarias y secretarios, la composición por función muestra mayoría femenina en el personal jurisdiccional, con 594 agentes, de los cuales el 78% son mujeres; en el personal de Mediación, con 81 cargos, también con 78% de mujeres; y en las áreas auxiliares, con 655 agentes, donde las mujeres representan el 62%. La única función con mayoría masculina, además de la magistratura, es la del personal de servicio: allí hay 254 cargos, con 55% de varones y 45% de mujeres.
La pirámide demográfica muestra que la mayor concentración del personal se ubica entre los 36 y 50 años, tanto en mujeres como en varones. En la distribución por fueros y organismos con equipos, el 39% del personal corresponde a organismos no jurisdiccionales, con 716 agentes, mientras que el 61% restante, con 1.127 agentes, se desempeña en organismos jurisdiccionales y de Mediación. Dentro de esa estructura, el bloque más numeroso reúne al fuero Civil, Comercial, Minería, Contencioso Administrativo y Familia, incluida la segunda instancia, con el 25% del total. Le siguen el fuero Penal con el 15%, Justicia de Paz con el 8%, el fuero del Trabajo con el 6%, Mediación con el 4% y el Superior Tribunal de Justicia con el 3%.
La información surge del informe elaborado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia.
