Judiciales
Podría pasar de 3 a 10 años de prisión por herir con una tijera a su pareja
El agresor se encuentra detenido. Fue declarado culpable y próximamente se conocerá la pena.
El Tribunal de Juicio integrado por los jueces Fernando Sánchez Freytes, Gastón Martín y Oscar Gatti declaró culpable, por unanimidad, al hombre acusado de herir gravemente a su pareja con una tijera la noche del 3 de enero pasado en Roca.
Así, declararon a Jorge Alberto Quiroz autor del delito de “lesiones graves doblemente agravadas, por ser pareja y por haber sido cometidas en un marco de violencia de género”. El imputado permanece detenido con prisión preventiva.
En una próxima audiencia se realizará el juicio de cesura para definir el monto de la pena que deberá cumplir el acusado. De acuerdo con el delito por el que fue condenado, la escala penal posible va de 3 a 10 años de prisión.
Al dar a conocer el veredicto este mediodía, el juez Sánchez Freytes explicó que no se aplicó la figura de “tentativa de femicidio” que reclamaban la Fiscalía y la parte querellante, por haber quedado “dudas” en cuanto a la verdadera intención de Quiroz de provocar la muerte de la joven.
Según la ley penal, para que exista un intento de homicidio el autor debe tener la intención de matar pero debe verse forzado a detener su ataque “por razones ajenas a su voluntad”. En cambio, si detiene su agresión voluntariamente, se acredita su intención de “causar daño” pero no su decisión de matar.
Fundamentos
Entre los fundamentos del veredicto -que se conocerán completos luego del juicio de cesura- el Tribunal señaló: “La tentativa de femicidio que reclaman los acusadores se desecha por el beneficio de la duda (…) Nos llama poderosamente la atención, y no es un dato menor, que el Ministerio Público Fiscal y la querella, cuando materializaron sus acusaciones en la audiencia de control de acusación, no consignaron cuáles fueron las ‘causas ajenas a la voluntad del imputado’ como para no poder consumar la acción criminal (…) Esa omisión es corregida recién en sus alegatos de apertura (en el juicio oral), cuando dicen que la causa ajena de referencia se da por la intervención repentina del padre del imputado”.
Sin embargo, el Tribunal consideró que la víctima fue “deficientemente interrogada sobre este aspecto específico por parte de los acusadores”, por lo que no pudieron salvarse las contradicciones entre los testimonios escuchados ni las dudas surgidas en los juzgadores. Sobre este punto, cabe recordar que el nuevo sistema procesal penal prohíbe a los jueces interrogar a los testigos, por lo que deben dictar sus veredictos en función de las respuestas que obtengan en el juicio la fiscalía, la querella y la defensa. También es importante señalar que el “beneficio de la duda” es una garantía procesal que protege a todos los habitantes del país, que surge de la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Para los jueces “no quedó claro” si el hombre desistió de continuar el ataque inmediatamente después del primer puntazo o si pretendía continuar la agresión y se lo impidió su padre.
Consideró así el Tribunal que quedaron sin respuesta “importantes preguntas”, señalando como ejemplos: “¿El imputado quiso verdaderamente darle muerte a la ofendida? (…) ¿qué pasó con la tijera después del puntazo? (…) ¿en qué instante el imputado le pide perdón? ¿en qué instante concreto aparece el padre? ¿pudo materialmente el imputado asestarle otro puntazo inmediatamente después del primero?”.
En otro punto de la fundamentación los jueces señalaron que, según los dictámenes médicos, la herida causada por el acusado no puso en peligro cierto la vida de la mujer. El carácter de “grave” de las lesiones se configuró por haberla incapacitado para trabajar durante más de un mes, tal como establece el artículo 90 del Código Penal.
Judiciales
Tuvo que pagar consumos de una tarjeta que nunca tuvo para no figurar como deudora: Condenan al banco
El resumen le llegaba a su casilla de correo electrónico, pero el domicilio era diferente. Aunque buscó incansablemente obtener respuestas por parte de la entidad bancaria, fue imposible.
Una vecina de Roca comenzó a recibir correos electrónicos de un banco. Le informaron que debía pagar el resumen de una tarjeta de crédito que no tenía. Constató que figuraban sus datos, pero con un domicilio diferente. Un fallo del Juzgado Civil de Roca condenó al Banco Supervielle por daños y perjuicios. También deberá rectificar la información ante el Banco Central y suprimir los datos que la señalan como deudora.
El primer resumen fue recibido con un saldo por consumos y por la renovación de la tarjeta. Hizo consultas por correo electrónico y por teléfono, pero no obtuvo respuestas. Descargó la aplicación del banco, generó las claves, dio de baja el producto, pero no logró presentar el reclamo. En la demanda también recordó que el banco no tiene sucursal en la ciudad.
La mujer y sus familiares recibieron llamadas insistentes para que realizara el pago. Con la esperanza de obtener una respuesta, pagó, pero no consiguió la devolución del dinero. Al mes siguiente recibió una nueva nota que incluía intereses sobre consumos que no le correspondían.
Para la jueza, el banco no demostró el origen de la deuda ni la suscripción de la tarjeta de crédito. Adjuntó resúmenes de una caja de ahorro, pero no justificó gastos de una tarjeta supuestamente renovada. Al momento de alegar, la magistrada consideró que la presentación fue extemporánea y sin pruebas suficientes.
La pericia informática confirmó la autenticidad de 160 correos electrónicos que recibió la mujer, entre ellos recordatorios de pagos, promociones y resúmenes de cuenta. Las llamadas telefónicas provenían de números genéricos y aleatorios.
Entre los argumentos de su decisión, la jueza señaló que también existió un daño extrapatrimonial. La conducta del banco afectó la dignidad de la mujer. Le generó incertidumbre, malestar, angustia y una sensación de inseguridad ante la falta de respuestas claras.
Judiciales
Denunció ruidos molestos y filtraciones, pero le tapaba la entrada de la casa con el auto: Lograron un acuerdo en mediación
Tuvo que intervenir la Justicia para solucionar un problema entre vecinos.
Una mujer de Allen presentó una denuncia contravencional en la Comisaría por ruidos molestos. La denuncia contra la vecina fue remitida al Juzgado de Faltas de esa ciudad. La situación generó disturbios públicos, y el juez solicitó que recurrieran a una mediación para resolver el conflicto.
Con el propósito de mantener la armonía vecinal, las partes expusieron sus posturas sobre la convivencia. Aparecieron nuevos reclamos relacionados con el uso de la vía pública y problemas edilicios. En la mediación se establecieron compromisos que ambas partes deberán cumplir.
La mujer que pidió la mediación se comprometió a no estacionar los vehículos frente al domicilio de su vecina. Indicó que utilizará otros espacios cercanos. La incomodidad ocurre cuando los vehículos bloquean la entrada del domicilio.
Por su parte, la otra vecina se comprometió a revisar el tanque de agua para evitar filtraciones hacia el techo contiguo. Las familias viven en un complejo de viviendas donde los pilares son compartidos, lo que provoca que ambas casas sufran desperfectos.
Finalmente, las partes acordaron mantener un diálogo fluido y respetuoso sin recurrir a la intervención de terceros.
El Código Contravencional de Río Negro establece que, cuando la acción contravencional es de instancia privada, la víctima debe acudir a los mecanismos de mediación. Luego, como lo indica la misma normativa, el acuerdo fue documentado y homologado por el Juzgado de Paz.
Judiciales
Condenaron a 8 años de prisión a un empresario acusado de violar a la hija de su amigo
El hombre ejercía una fuerte influencia sobre la víctima a través de creencias espirituales y prácticas esotéricas.
Un empresario de Cipolletti, Néstor ‘Yiyo’ Bergallo, recibió una condena de 8 años de prisión, tras haber sido declarado responsable de abuso sexual con acceso carnal. Los hechos juzgados tuvieron como contexto una relación marcada por la desigualdad, en la que el acusado ejercía una fuerte influencia sobre la víctima a través de creencias espirituales y prácticas esotéricas.
Durante el juicio, se examinó el vínculo entre el acusado y la persona denunciante, quien lo conocía desde su infancia. Según el testimonio principal, el acusado desempeñó un rol central en la vida familiar, con acceso cotidiano al hogar y un vínculo de confianza con los padres de la denunciante. En ese contexto, se presentaba como guía espiritual y promovía prácticas vinculadas a la masonería, la purificación del aura y rituales esotéricos.
De acuerdo con la acusación fiscal, Bergallo utilizó esas creencias para sostener conductas abusivas durante un período prolongado. Se lo responsabilizó por un hecho ocurrido en un sector periférico de la ciudad, donde habría tenido acceso carnal sin que la víctima pudiera ejercer su consentimiento de forma libre, debido al estado de sometimiento emocional generado a lo largo de los años.
La víctima describió con detalle las dinámicas que caracterizaron el vínculo con el acusado, la progresiva invasión de sus espacios personales, y las consecuencias que esas vivencias generaron en su vida cotidiana.
Durante el juicio también prestaron declaración familiares, amistades y profesionales de distintas disciplinas. Se incorporaron estudios periciales, informes escolares y testimonios que dieron cuenta de la estructura de influencia que el acusado mantenía en el entorno de la denunciante.
La defensa negó los cargos y sostuvo que existió una relación afectiva y consentida entre personas adultas. Aportó testimonios del entorno del acusado que buscaron desacreditar el relato de la denunciante y cuestionaron la validez de las pruebas ofrecidas por la Fiscalía.
El tribunal – integrado por la jueza Alejandra Berenguer y los jueces Guillermo Merlo y Julio Sueldo – evaluó los elementos probatorios y valoró la asimetría en la relación, el contexto de vulnerabilidad y el uso de mecanismos simbólicos que, según se argumentó, condicionaron el consentimiento.
El fallo desestimó el pedido de la defensa para que la pena se cumpla bajo modalidad domiciliaria. La condena quedó fijada en 8 años de prisión de cumplimiento efectivo, conforme a lo dispuesto en la sentencia que se firmó hoy (23/06). La modalidad de ejecución será determinada por el juez correspondiente.
