Judiciales
Comienza a definirse el jurado popular que juzgará el homicidio de una niña de Los Menucos
Se trata de 30 hombres y 30 mujeres (más otras 10 personas sorteadas como resguardo) domiciliadas en cualquiera de las localidades comprendidas en la Circunscripción.
La Oficina Judicial de Roca sorteó esta mañana (22/04) a las 70 personas de las cuales saldrá, en poco tiempo, el Tribunal popular de 12 ciudadanos y ciudadanas que darán su veredicto en el primer juicio por jurados en la Segunda Circunscripción Judicial. Se trata de 30 hombres y 30 mujeres (más otras 10 personas sorteadas como resguardo) domiciliadas en cualquiera de las localidades comprendidas en la Circunscripción, que tiene sus límites en Allen, Río Colorado y Maquinchao.
El caso que llegará a juicio por jurados tiene como imputados a un hombre y a una mujer acusados de cometer una serie de delitos que terminaron con la vida de una niña de tres años en el establecimiento rural Las Mochas, ubicado a unos kilómetros de Los Menucos. Los hechos que se juzgarán ocurrieron en abril de 2020.
El hombre llegará a juicio acusado de “lesiones graves y leves agravadas por haber sido cometidas con violencia de género, en concurso real con femicidio”, en tanto que la mujer será juzgada como presunta autora de “lesiones graves y leves agravadas por el vínculo, en concurso real con homicidio calificado por el vínculo”.
El sorteo realizado hoy se hizo sobre la base del listado general de potenciales jurados que sorteó el Tribunal Electoral Provincial en 2018 y que depuró la Oficina Judicial de Roca, consistente en una lista de 177 mujeres y 190 hombres. Esa nómina iba a ser utilizada para los juicios por jurados de 2019, pero ese año ningún caso penal llegó a esa instancia. La lista general se prorrogó para los juicios de 2020, pero sólo se pudo realizar uno, en Bariloche. Los restantes que estaban previstos para el año pasado se realizaron con jueces técnicos, en cumplimiento de una Ley sancionada por la Legislatura Provincial a raíz de la pandemia. Por lo que finalmente se prorrogó la vigencia de aquellos listados originales para los juicios por jurados de 2021.
Días atrás, en Viedma, el Tribunal Electora Provincial sorteó la nómina general de potenciales jurados para los juicios que se realicen en 2022.
Siguiente paso
El próximo paso del proceso es la audiencia de selección de jurados, que está prevista para el 4 de junio en Roca. Ese día, tras un procedimiento reglado por el Código Procesal Penal y supervisado por el juez Gastón Martín, quien dirigirá el juicio, quedará conformado un jurado imparcial y de integración plural de 12 personas: seis hombres y seis mujeres. Además se seleccionarán en la audiencia cuatro jurados suplentes.
La selección se hará de sobre el listado de las primeras 60 personas sorteadas hoy. En caso de resultar insuficientes, especialmente teniendo en cuenta la situación de pandemia, se utilizará el listado de 10 personas extra previsto por la Oficina Judicial.
El juicio
El 4 de junio quedará integrado el jurado popular (titular y suplentes), en tanto que el juicio se desarrollará en el Auditorio de la Ciudad Judicial de Roca desde el 7 hasta el 11 de junio.
Con aplicación de un estricto protocolo sanitario se espera la declaración presencial de unos 40 testigos y peritos a lo largo de las primeras cuatro jornadas del debate, más los alegatos de clausura de las partes (Fiscalía, querella y ambas defensas) previstos para el viernes 11. A partir de ese momento el jurado pasará a deliberar en una sesión secreta hasta obtener su veredicto.
Protocolo
El STJ aprobó un protocolo para la realización de juicios por jurados que garantiza el distanciamiento social, el uso de barbijos, el control de síntomas, la higiene de manos y la desinfección de las salas, entre otros puntos. El Protocolo se aplica tanto para el jurado como para las partes, los testigos y los demás auxiliares del proceso. No se permitirá el ingreso de público y los medios de comunicación podrán seguir las audiencias de manera remota o por salas específicamente habilitadas para tal fin.
Judiciales
Fueron halladas la mujer embarazada de siete meses y a su hija de 2 años
Habían sido vistas por última vez el domingo alrededor de las 15 horas.
La búsqueda de una mujer de 37 años, embarazada de siete meses, y de su hija de apenas 2 años quedó formalmente desactivada luego de que fueran halladas en buen estado de salud.
La mujer había sido visto por última vez el domingo (13/09) alrededor de las 15 horas junto a su hija, cuando se dirigían a la plaza La Esperanza. Desde entonces, el último contacto registrado había sido a través de WhatsApp a las 19.21, dato que generó preocupación entre sus familiares.
A partir de la denuncia comenzó la reconstrucción del posible recorrido realizado por madre e hija y se activaron los recursos destinados a establecer dónde se encuentran. En las tareas participaron efectivos de la Brigada de Investigaciones y personal especializado con perros adiestrados.
Finalmente, pasado el mediodía de hoy (15/09) fueron halladas en buen estado de salud, se las trasladó a la Subcomisaría 69° y tomó intervención la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) debido a que hay una menor involucrada.
Judiciales
Se divorciaron en España y 17 años después lograron inscribir la sentencia en Río Negro
La sentencia había sido dictada por un juzgado español en diciembre de 2009. Para que tuviera efectos en Argentina, fue necesario realizar un procedimiento de reconocimiento judicial.
Una pareja que se había casado en Chimpay logró que la Justicia de Río Negro reconociera e inscribiera una sentencia de divorcio dictada en España hace 17 años.
La pareja se había radicado en España y, con el paso del tiempo, decidió poner fin a la vida en común. En diciembre de 2009, un juzgado de Palma de Mallorca dictó la sentencia que formalizó el divorcio de mutuo acuerdo.
Si bien la decisión tenía plena vigencia en España, para que también produjera sus efectos en Argentina era necesario realizar un procedimiento de reconocimiento judicial de la sentencia extranjera.
El hombre se presentó ante el Poder Judicial y solicitó la inscripción del divorcio ante el Registro Civil y Capacidad de las Personas de Río Negro. Durante el trámite, la mujer prestó su conformidad expresa con el pedido.
Entre la documentación incorporada al expediente se presentó el testimonio de la sentencia dictada en España, acompañado por el correspondiente certificado de La Haya, destinado a acreditar la autenticidad del documento público extranjero.
Una jueza de Familia de Luis Beltrán hizo lugar a la solicitud y ordenó inscribir la sentencia de divorcio en el Libro de Extraña Jurisdicción del Registro Civil provincial.
Para resolver, el fallo tuvo en cuenta la Ley Nacional N° 26.413, que contempla la inscripción de matrimonios y de las sentencias que los disuelven cuando fueron dictadas en otros países y cumplen con las exigencias legales. También se consideraron las disposiciones del Código Civil y Comercial referidas a los actos celebrados en el extranjero y la Convención de La Haya sobre apostilla.
La magistrada señaló que «no se advierte la existencia de alguno de los impedimentos previstos en el Código Civil y Comercial». Además, destacó que tanto el Registro Civil como el Ministerio Público Fiscal se pronunciaron sin objeciones sobre la procedencia del trámite.
El procedimiento de reconocimiento o ejecución de una sentencia extranjera permite que una decisión judicial dictada en otro país produzca los efectos correspondientes en Argentina. En este caso, no se volvió a discutir el divorcio, sino que se verificó que la resolución española reuniera las condiciones necesarias para ser reconocida e inscripta en el país.
Con todos los recaudos cumplidos y la conformidad de ambas personas divorciadas, la Justicia provincial ordenó finalmente la inscripción de la sentencia.
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Un adolescente de 16 años quedó imputado por el homicidio de Mauricio Molinez
Según la Fiscalía, dos personas habrían pasado en moto frente al domicilio donde estaba la víctima y efectuado disparos. Un hombre mayor de edad también tiene pedido de captura.
Un adolescente de 16 años quedó imputado por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Mauricio Sebastián Molinez, de 19 años, ocurrido durante la noche del 9 de septiembre en General Roca.
La Fiscalía había solicitado un allanamiento con orden de detención del adolescente. Durante la audiencia, el joven fue asistido por un defensor de menores penal.
El fiscal Daniel Zornitta solicitó como medida cautelar la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, bajo responsabilidad de su padre, para evitar que abandone el domicilio hasta que se concrete la formulación de cargos. La Fiscalía fundamentó el pedido en la existencia de riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación.
Según explicó el Ministerio Público Fiscal, en el domicilio donde se encontraba la víctima fatal también había al menos dos menores. De acuerdo con la hipótesis investigada, entre las 20 y las 23 dos personas habrían pasado en una motocicleta frente a la vivienda y efectuado disparos que provocaron la muerte de Molinez. Uno de los involucrados es el adolescente y el otro, un hombre mayor de edad, tiene un pedido de captura vigente.
La Fiscalía informó además que se realizaron otros allanamientos, en los que fue posible encontrar una motocicleta y otros elementos de interés para la causa.
Entre las evidencias reunidas se encuentra el informe de autopsia, durante la cual se extrajo un proyectil que será sometido a peritaje. También se cuenta con un informe preliminar del Gabinete de Criminalística, cuyos integrantes levantaron vainas servidas en el lugar y constataron impactos de disparos en el frente de la vivienda.
La Brigada de Investigaciones trabajó en la toma de declaraciones testimoniales y en la recepción de evidencias.
Durante la audiencia, la Fiscalía señaló además que algunos testigos tendrían temor de brindar su versión de lo ocurrido, situación que fue incorporada como uno de los fundamentos para solicitar las medidas cautelares.
Finalmente, el juez de Garantías Julio Martínez Vivot resolvió en el mismo sentido que lo solicitado por la Fiscalía y dispuso la prisión domiciliaria con tobillera para el adolescente.
Por tratarse de un menor de edad, no se brindan nombres, domicilios, imágenes ni otros datos que permitan identificarlo, ni precisiones que puedan afectar sus derechos de intimidad y privacidad.
