Judiciales
La Provincia y el Municipio de Roca deberán dar solución a una familia en “situación de extrema vulnerabilidad”
El amparo fue iniciado por una mujer de 46 años, quien vive con tres de sus hijos, es la principal sostén de la familia y padece epilepsia y una enfermedad genética.
El IPPV, el ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia y el Municipio de Roca deberán brindar “en forma conjunta” una solución habitacional a una familia que atraviesa “una situación de extrema vulnerabilidad”.
Un fallo del Juzgado Civil N°1 de Roca hizo lugar a un amparo y dio a los tres organismos un plazo de 30 días para que “articulen en forma conjunta una solución habitacional para la amparista”, bajo apercibimiento de aplicarles una multa de $50.000 diarios por cada día de demora injustificada. La jueza definió que la solución “no necesariamente importa la construcción y/o asignación de una nueva casa, sino que puede consistir en otras alternativas acordes a las necesidades de salud” de la familia.
El amparo fue iniciado por una mujer de 46 años, quien vive con tres de sus hijos y es la principal sostén de la familia. Ella padece epilepsia y una enfermedad genética que afecta su visión y su sistema neurológico, y tiene certificado de discapacidad. Su hija menor, de 11 años, tiene la misma enfermedad genética sumada a un retraso mental moderado y ceguera de un ojo. Viven con ella otro hijo adolescente que va a la secundaria y un joven que inició la facultad.
La mujer alquila un dúplex que fue puesto en venta por sus dueños, por lo que deberá dejarlo. Demostró que sus ingresos provienen de su jubilación por invalidez, de los trabajos de limpieza de casas particulares que puede hacer cuando su salud se lo permite y de “un magro aporte alimentario” que recibe de su ex pareja, de quien se separó por sufrir violencia de género. En ese marco, explicó, le resulta imposible alquilar un nuevo inmueble acorde con las necesidades del grupo familiar “atento a los costos del mercado inmobiliario”.
Problema “circular” y discriminación interseccional
La mujer mostró que desde 2014 está inscripta en el Registro Permanente de Demanda Habitacional del IPPV, que tiene un cupo para personas con discapacidad. La Municipalidad le otorgó un terreno social en un barrio del oeste de la ciudad que no tiene servicios. En ocasiones ha recibido ayudas económicas del Municipio y de la Provincia para pagar el alquiler.
La Defensora de Menores que representa a la niña expuso que la familia padece una “situación circular”: “por un lado el IPPV no está construyendo viviendas y por el otro, el municipio -si bien tiene loteos sociales- no tiene competencia para construir viviendas, y el lote que fue adjudicado a la Sra. no resulta apto por carecer de los servicios esenciales”. Además, “los subsidios que se brindan en estos supuestos son provisorios” y “ya no está funcionando el plan del provisión de materiales para construcción” del IPPV.
Tras analizar todas las aristas, la jueza concluyó que “confluyen diversos factores que actúan como barreras sociales para el pleno ejercicio de derechos humanos fundamentales” como el acceso a la vivienda digna, a la calidad de vida y a la salud.
“La situación vivenciada por el grupo familiar es compleja; confluyen diversos factores -mujer y niña con discapacidad, separada/víctima de violencia, con afectación grave de su estado de salud, sin acceso a un empleo/ingreso estable-, que sumados a las actitudes que han asumido en el proceso tanto el Estado Provincial como el Municipal, terminan consolidando una situación de extrema vulnerabilidad”, dice el fallo.
Para la jueza, la amparista y su familia vienen sufriendo una “discriminación interseccional”, por la “la convergencia de diversas discriminaciones” que, entrecruzadas, generan una injusticia especialmente grave para el grupo. “La interseccionalidad constituye un daño distinto y único, diferente a las discriminaciones valoradas por separado. Ninguna de las discriminaciones valoradas en forma aislada explicaría la particularidad y especificidad del daño sufrido en la experiencia interseccional”, señaló la jueza citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Finalmente, el fallo definió que “el Estado, en sus diversas órbitas -Municipal, el IPPV y el Ministerio de Desarrollo Social de provincia- ha afectado por medio de una omisión arbitraria y en forma concreta los derechos y garantías constitucionales y convencionales” de la amparista y de su hija.
Judiciales
Crimen en la zona norte de Roca: Identificaron a la víctima
Se trata de un joven de 32 años que era intensamente buscado hace 15 días.
En horas de la tarde de este jueves (01/05), se confirmó que el cuerpo encontrado en la zona norte de Roca era el de Tomás Dobra de La Canal, el joven de 32 años que era intensamente buscado hace 15 días.
La Agencia de Noticias Roca (ANR) dio a conocer la información. Sin dudas, la confirmación de la identidad de la víctima causó conmoción en toda la comunidad, y especialmente en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue, que despidió en redes sociales a Dobra de la Canal, hijo de una integrante de esa casa de altos estudios.
Esta mañana se realizó la autopsia y los médicos forenses constataron que el cuerpo presentaba múltiples heridas y hasta un disparo en el cráneo.
El cuerpo fue encontrado ayer (29/04) poco después de las 16 horas en la zona de la Defensa aluvional Catini. Tras el hallazgo, se montó un enorme operativo policial y judicial. La fiscal Celeste Benati dispuso los procedimientos a realizar y se está buscando a los responsables del crimen. También se trabaja en la búsqueda de posibles testigos.
Junto a la víctima se encontraba su teléfono celular, aunque aun no hay rastros de su auto, en el cual había sido visto por última vez hace unos 15 días. Es un Suzuki Fun dominio HLB-433.
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Conflicto entre adolescentes en una escuela: Medida del Juzgado de Paz acentúa responsabilidad de los adultos
Ordenó a los padres de ambos estudiantes que «cesen los actos de violencia, en cualquiera de sus formas».
Un conflicto entre dos adolescentes que compartían escuela requirió la intervención del Juzgado de Paz de Sierra Grande, que ordenó a los padres de ambos estudiantes que «cesen los actos de violencia, en cualquiera de sus formas». Además, se dispuso que la totalidad de las familias «deberán abstenerse de mantener comunicación personal, telefónica o por redes sociales, así como a familiares o amigos».
La prohibición del Juzgado de Paz incluye a las redes sociales Facebook, Instragram, Twiter. Ordenó que también deben abstenerse de efectuar comentarios o publicaciones referidas a esta situación y a los adolescentes involucrados.
El fallo pone el acento en la responsabilidad de los adultos. Así, ordenó también que «los responsables parentales o referentes de los adolescentes involucrados arbitren las medidas necesarias para que se mantenga una distancia determinada razonablemente, de cualquier lugar en el que se encuentren circunstancialmente las partes afectados. Si ello ocurriera de forma casual deben retirarse o alejarse del lugar».
Finalmente, dio intervención a la dirección del establecimiento escolar para que dispongan las medidas de pacificación necesarias, «evitar la discriminación, fomentar la paz y la convivencia» y «promover la creación de equipos especializados y fortalecer los existentes para prevenir e intervenir en situaciones de violencia».
La presentación la realizó el padre uno de los adolescentes contra la mamá del otro joven. Sin embargo, tras analizar el caso, las responsabilidades recayeron sobre ambas familias.
En la audiencia privada llevada a cabo entre las partes, los adultos reconocieron los hechos y afirmaron que el tema ya había sido abordado en el ámbito escolar, donde habían llegado a algunos acuerdos.
Judiciales
Pidió la supresión del apellido de un hombre que la reconoció pero nunca ejerció la paternidad ni tenía lazo sanguíneo
El fallo judicial tuvo en cuenta los trastornos que esta situación le generó a la joven.
Una joven logró suprimir del DNI el apellido que una ex pareja de su mamá, que la había reconocido a los 5 años a pesar de no ser su padre biológico ni haber ejercido las obligaciones que implica la paternidad. Un fallo judicial tuvo en cuenta los trastornos que esta situación le generó a la joven.
Cuando nació, fue inscripta con el apellido materno. Sin embargo, cinco años después la pareja de su madre decidió reconocerla legalmente como hija, pese a no ser su padre biológico. La intención de los adultos era asumir responsabilidades parentales y otorgarle cobertura social.
La pareja se separó rápidamente y el hombre nunca más asumió las responsabilidades parentales. La niña transcurrió su infancia y su adolescencia con su madre como única referencia.
Cuando fue a renovar su documento, a los 18 años, se sorprendió de llevar el apellido de un hombre al que nunca reconoció como su papá.
En su demanda, explicó que el uso del apellido del varón que la reconoció le provocó diversas complicaciones. Entre ellas, mencionó la imposibilidad de acceder a ayudas sociales por inconsistencias en los registros de la ANSES y problemas con su cobertura médica en IPROSS.
Los registros oficiales la identifican con el apellido materno, mientras que su DNI refleja otro, dificultándole la adquisición de la medicación necesaria para tratar una enfermedad crónica.
La jueza multifueros de San Antonio destacó que la situación encuadra en el artículo 69 del Código Civil y Comercial, que permite la supresión de un apellido cuando afecta la personalidad de la persona interesada y cause un agravio moral. «Estaríamos frente al supuesto de supresión del apellido paterno por causar un agravio moral y lesionar el equilibrio psicoemocional de la actora», sostuvo en su fallo.
La decisión judicial se apoyó, además, en una pericia psicológica elaborada por el Cuerpo de Investigación Forense. Concluyó que la joven manifiesta una fuerte identificación con su apellido materno y un rechazo al apellido impuesto.
El expediente reflejó también que la utilización del apellido paterno afectó su vida cotidiana en distintos aspectos: desde la validación de logros académicos y artísticos alcanzados con el apellido materno, hasta problemas para acceder a derechos derivados de su Certificado Único de Discapacidad.
Considerando todas estas pruebas, la magistrada ordenó suprimir el apellido del hombre que no era su padre biológico ni ejerció su paternidad. De esta manera, volvió a tener solo el apellido de la mamá, como cuando nació.
