Judiciales
Le formularon cargos a los tres hombres que hirieron gravemente a un joven a la salida de un boliche
El hecho ocurrió en la madrugada del lunes, en Avenida Roca y Tres Arroyos.
Durante la tarde de hoy (17/06), tres hombres quedaron imputados por tentativa de homicidio agravado y además el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva para todos por el plazo de cuatro meses teniendo presente el riesgo procesal de posible entorpecimiento a la investigación.
Pese a la oposición de la defensa penal pública, la jueza de Garantías resolvió que los tres continúen detenidos bajo esta medida cautelar.
Según la acusación fiscal, el hecho «ocurrió el pasado 16 de junio a la madrugada a las 6.10 horas aproximadamente en la vereda de Avenida Roca esquina Tres Arroyos. Los tres imputados con un plan común y división de tareas establecidas, se dirigieron a la víctima, lo insultaron, lo rodearon, y le habrían pegado en la cabeza por un pedazo de escombro, provocando que se desplomara en la calle», explicó la fiscal del caso.
«Una vez allí, los restantes hombres, le arrojaron golpes de patadas y puño en la cabeza mientras la víctima yacía en el piso. Todas las lesiones fueron dirigidas a la cabeza ya que tenían por fin acabar con su vida», subrayó la Fiscalía.
«Sin embargo, no lograron su cometido atento la rápida intervención de una transeúnte y del personal de seguridad del local bailable, quienes acudieron en auxilio de la víctima alejando a los agresores», describió la fiscal.
Entre la evidencia presentada para esta instancia, se encuentra el acta de procedimiento policial de la Comisaría 3°, las declaraciones del personal de seguridad y de otras personas que se encontraban en el lugar, la denuncia realizada por la familia de la víctima, el acta de la demora de los imputados en el lugar, y la comunicación de la clínica donde se encuentra internado con pronóstico reservado.
«Contamos además con otro legajo que se inició por un hecho anterior en el que estarían los mismos jóvenes involucrados, el certificado del médico policial acerca de las lesiones que presentaba la víctima, la intervención de SENAF», agregó la Fiscalía.
Asistido por la defensa penal pública uno de los imputados hizo uso de la palabra y tras ello el defensor explicó que para esa parte la teoría del caso era distinta. «Las circunstancias no están claras para esta parte, tampoco esta clara la supuesta división de tareas, por ello vamos a esperar a que estén las pericias que se deben concretar», aclaró.
La Fiscalía solicitó además la prisión preventiva para los tres imputados, teniendo presente el riesgo procesal de entorpecimiento a la investigación por el plazo de cuatro meses. «Estamos frente a un caso de extrema gravedad y necesitamos proteger a los testigos que han prestado declaración», dijo la fiscal del caso.
Pese a que el defensor penal público se opuso, la jueza de Garantías resolvió que se tengan por formulados los cargos por la calificación legal propuesta por la Fiscalía: tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por la participación de un menor de 18 años en grado de co-autores según los Artículos 41 quater, 42, 45, y 80 inc. 6 del Código Penal.
Además, resolvió acerca de la prisión preventiva de los tres, razón por la cual seguirán detenidos.
Cabe mencionar que al inicio de la audiencia las partes solicitaron teniendo presente el Artículo 73 inc 1 y 74 del Código Procesal Penal, como también la Acordada del STJ 47/2021 y los lineamientos vertidos por Unicef respecto de las audiencias donde haya involucrados menores víctimas, que la misma fuera de acceso restrictivo a los medios de comunicación, tanto en resguardo de los derechos de la víctima como de la integridad psico-física de su familia. «La información será vertida por las Áreas de Comunicación instituciones, tanto del Ministerio Público como de la Judicatura», señaló la jueza de Garantías interviniente.
Judiciales
Caso Valentín Mercado: Piden confirmar la condena contra el anestesiólogo por el daño cerebral irreversible
Tras la apelación de la defensa del profesional condenado por homicidio culposo, la Fiscalía solicitó al Tribunal de Impugnación que ratifique la sentencia en todos sus términos.
La causa por la muerte del niño Valentín Mercado Toledo sumó una instancia clave en el Tribunal de Impugnación de Río Negro. Tras el recurso presentado por la defensa del anestesiólogo condenado por homicidio culposo, la Fiscalía y la querella solicitaron formalmente que se confirme la sentencia original, rechazando cualquier reducción de la pena o limitación de la inhabilitación profesional.
El eje del conflicto radica en el planteo del profesional, quien busca que su inhabilitación para ejercer se circunscriba únicamente al ámbito pediátrico. Ante esto, el fiscal del caso fue tajante al señalar que la desatención durante la cirugía fue la causa directa del desenlace fatal. «Lo sucedido fue que la desatención por parte del imputado impidió advertir el súbito taponamiento, lo que derivó en un paro cardíaco», explicó. Según el Ministerio Público, el médico no cumplió con el consentimiento informado en el que asumía la responsabilidad de velar por el paciente durante toda la intervención.
La reconstrucción de los hechos indica que existieron cuatro minutos iniciales y determinantes en los que el anestesiólogo no actuó conforme a su rol. Si bien luego se logró estabilizar al niño con adrenalina y un cambio de tubo traqueal, la demora fue tan extensa que el daño cerebral resultó irreversible.
La querella acompañó estos argumentos, dejando la decisión final en manos del Tribunal, que ya pasó a deliberar.
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Compensación económica tras una unión convivencial: Reconocen desequilibrio estructural y contexto de violencia
Se conocieron hace más de dos décadas y tuvieron un hijo. Pero la situación se volvió insostenible con el paso de los años.
Se conocieron en la facultad hace más de 20 años. Ella era alumna y tenía el sueño de recibirse de licenciada; él trabajaba como ayudante de cátedra. Al poco tiempo, ella abandonó sus estudios y sus proyectos para acompañar el crecimiento profesional de él.
Así, la joven se convirtió en asistente técnica en las películas de su pareja y en cuidadora de su familia. Durante casi dos décadas, sostuvo el hogar y los proyectos del hombre. Mientras la pareja acumulaba títulos académicos y prestigio, ella perdía autonomía. No tenía ingresos propios y dependía por completo de la voluntad de su pareja.
La situación se volvió insostenible con el paso de los años. Así, decidió dejar la vivienda familiar junto con su hijo. Dejó los equipos de trabajo, la casa que ayudó a construir y los vehículos de la familia. Regresó a la vivienda de sus padres, sin ahorros y con su carrera universitaria sin terminar. El hombre quedó con todos los bienes y mantuvo su estabilidad profesional intacta.
Ante esta realidad, recurrió al Poder Judicial para iniciar una compensación económica y reparar la desigualdad que provocó la ruptura.
El fuero de familia de Roca hizo lugar a la demanda. La jueza consideró acreditado un desequilibrio económico, derivado de la dinámica de la relación y de su ruptura.
La mujer mantuvo una relación de más de 20 años en la que postergó su desarrollo profesional y académico. Acompañó los proyectos laborales de su pareja y asumió, de manera casi exclusiva, las tareas domésticas y de cuidado, incluida la crianza del hijo en común.
También expresó que la relación se desarrolló en un contexto de violencia de género, caracterizado por control, descalificaciones y limitaciones a su autonomía personal y económica.
Por su parte, el hombre negó la existencia de desequilibrio y sostuvo que su crecimiento profesional fue fruto de su esfuerzo personal. Afirmó que la mujer desarrolló capacidades en el ámbito audiovisual y que contaba con posibilidades de inserción laboral.
La jueza destacó que la compensación económica tiene como finalidad corregir el perjuicio patrimonial que puede generar la ruptura de una vida en común, cuando una de las partes queda en situación de desventaja.
De la prueba producida surgió que durante la convivencia existió una asimetría de poder desde el inicio de la relación, que se trasladó a los ámbitos laboral y familiar. Se acreditó que la mujer quedó en una posición de dependencia, con limitaciones para desarrollar su autonomía, mientras que el hombre consolidó su carrera académica y profesional.
La jueza de Familia hizo lugar al reclamo y ordenó que el hombre el pago de una compensación. La magistrada destacó que existió un contexto de violencia de género y económica.
Judiciales
En Río Negro, las mujeres ocupan más de la mitad de los cargos jerárquicos judiciales
Representan el 55%, contra el 45% de los varones.
En el Poder Judicial de Río Negro, las mujeres ocupan el 55% de los cargos de juezas, jueces, secretarias y secretarios de las áreas jurisdiccionales, mientras que los varones representan el 45%.
La distribución cambia según la función. Del total relevado, el 68% corresponde a juezas y jueces y el 32% a secretarias y secretarios. Entre las 175 personas que ocupan cargos de juezas y jueces, el 45% son mujeres y el 55% varones. Entre las 84 personas que se desempeñan como secretarias y secretarios, en cambio, la presencia femenina asciende al 76%, frente al 24% de varones.
Pirámide demográfica y composición por áreas
El relevamiento registra 1.843 agentes en organismos jurisdiccionales y auxiliares. De ese total, 1.188 son mujeres y 655 varones. Además de juezas, jueces, secretarias y secretarios, la composición por función muestra mayoría femenina en el personal jurisdiccional, con 594 agentes, de los cuales el 78% son mujeres; en el personal de Mediación, con 81 cargos, también con 78% de mujeres; y en las áreas auxiliares, con 655 agentes, donde las mujeres representan el 62%. La única función con mayoría masculina, además de la magistratura, es la del personal de servicio: allí hay 254 cargos, con 55% de varones y 45% de mujeres.
La pirámide demográfica muestra que la mayor concentración del personal se ubica entre los 36 y 50 años, tanto en mujeres como en varones. En la distribución por fueros y organismos con equipos, el 39% del personal corresponde a organismos no jurisdiccionales, con 716 agentes, mientras que el 61% restante, con 1.127 agentes, se desempeña en organismos jurisdiccionales y de Mediación. Dentro de esa estructura, el bloque más numeroso reúne al fuero Civil, Comercial, Minería, Contencioso Administrativo y Familia, incluida la segunda instancia, con el 25% del total. Le siguen el fuero Penal con el 15%, Justicia de Paz con el 8%, el fuero del Trabajo con el 6%, Mediación con el 4% y el Superior Tribunal de Justicia con el 3%.
La información surge del informe elaborado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia.
