Un grupo de turistas extranjeros fue asistido por personal policial luego de quedar varado en la zona de Valle de la Luna, tras desorientarse mientras recorrían el sector.

El alerta llegó al Centro de Emergencias 911, desde donde se informó que los visitantes no podían determinar su ubicación exacta. Inmediatamente, un móvil de la Comisaría 48º de Mosconi se dirigió al lugar para iniciar el operativo.

Al encontrarlos, los efectivos comprobaron que el vehículo estaba encajado en la arena, lo que impedía que pudieran continuar el recorrido. Tras más de dos horas de trabajo, lograron liberar el rodado y escoltarlos hasta un sector seguro.

El operativo finalizó cuando los turistas fueron acompañados hasta la Ruta Provincial Nº 6, desde donde continuaron su viaje rumbo a General Roca.

Una mujer cruzó en moto por la intersección de las calles Brasil y Neuquén, en Roca. El sol de la ciudad acompañó su trayecto habitual hasta que un cable de electricidad, ubicado a muy baja altura, atrapó el manubrio de su vehículo.

El impacto contra el asfalto resultó inevitable y violento. Como consecuencia del hecho, la mujer fue trasladada al Hospital Francisco López Lima, donde los médicos diagnosticaron fracturas en la rodilla izquierda y en la muñeca derecha. Las lesiones requirieron tratamiento quirúrgico y posterior rehabilitación.

Ante la falta de una respuesta favorable a los reclamos extrajudiciales, la mujer recurrió al Poder Judicial. El fuero Civil condenó de forma concurrente a la empresa EdERSA y a la aseguradora a pagar una indemnización para reparar los daños sufridos por la vecina.

La resolución judicial confirmó que el cable, en esa mala posición, constituyó una «cosa riesgosa» y que la empresa fue responsable de ese peligro.

EdERSA contestó la demanda y reconoció la existencia del accidente, pero negó su responsabilidad. Sostuvo que el cable se había desprendido por causas ajenas a la empresa, posiblemente por la intervención de un vehículo de gran porte o por el contacto con una rama de árbol.

También argumentó que la mujer circulaba a velocidad excesiva y que la empresa no tuvo tiempo material para advertir la situación ni adoptar medidas de seguridad. En consecuencia, atribuyó el hecho a la conducta de la propia mujer.

Durante el proceso se produjo prueba documental, testimonial y pericial. Del expediente penal y de las fotografías tomadas en el lugar surgió que la motocicleta colisionó con un cable de electricidad que se encontraba a baja altura sobre la calle.

La pericia accidentológica concluyó que el cable obstaculizó la trayectoria de la motocicleta y se enganchó en su parte frontal, lo que produjo una desaceleración brusca y la posterior caída de la conductora. Respecto de la velocidad del vehículo, el perito indicó que no fue posible determinarla por falta de indicios técnicos.

En relación con las lesiones, la pericia médica estableció que señora sufrió fractura de radio distal en la muñeca derecha y fractura compleja de tibia y peroné en la pierna izquierda, lo que requirió una intervención quirúrgica. Como secuelas, presentó limitaciones funcionales permanentes en la rodilla y en la muñeca.

El perito determinó una incapacidad permanente del 51,48%. La pericia psicológica diagnosticó un trastorno por estrés postraumático leve y recomendó tratamiento terapéutico. Los testimonios incorporados al proceso describieron las dificultades físicas y los cambios en la vida cotidiana de la mujer después del accidente.

El juez acreditó que el cable eléctrico se encontraba en una posición anormal y peligrosa sobre la vía pública, lo que lo convertía en una cosa riesgosa capaz de producir daños por sí misma. La prueba demostró que esa circunstancia provocó de manera directa la caída de la moto y las lesiones sufridas.

Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de General Roca realizó distintos operativos de control vehicular y de personas en rutas de la región, que derivaron en el secuestro de dos vehículos por presentar irregularidades.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional N° 22, a la altura del kilómetro 1177, donde los efectivos detuvieron la marcha de un Fiat Idea conducido por un hombre de 47 años domiciliado en Neuquén.

Tras consultar los registros correspondientes, se constató que el rodado tenía un pedido de secuestro vigente desde diciembre de 2020, en el marco de una causa judicial tramitada en el Juzgado Civil N° 6 de Neuquén. Ante esta situación se iniciaron las actuaciones correspondientes.

En otro control realizado en la intersección de la Ruta Provincial N° 65 y la Ruta Provincial N° 6, los uniformados secuestraron un Fiat Duna conducido por un joven de 26 años con domicilio en Fernández Oro.

Durante la verificación del vehículo, los efectivos detectaron que la numeración del motor presentaba signos de adulteración. Por este motivo se dio intervención a la Fiscalía N° 8 de turno, que dispuso el secuestro del rodado y de la documentación, además de la imputación del conductor por adulteración de numeración identificatoria de un vehículo.

«Los controles forman parte de los operativos preventivos que se realizan de manera periódica en rutas de la región con el objetivo de reforzar la seguridad vial y detectar posibles irregularidades en vehículos y documentación», indicaron desde la Policía.