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ATE definió plan de acción contra el «ajustazo» y pide la reapertura inmediata de todas las paritarias

Aguiar sostuvo que «nadie podrá acusarnos de atentar contra la gobernabilidad porque agotamos todas las instancias. Se tiene que compensar el daño que las medidas del nuevo Gobierno nos están causando».

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Tras la asunción de Javier Milei a la Presidencia y luego de las primeras medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, el Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), con la participación de las 24 provincias, resolvió «definir un plan de acción y declarar el Estado de alerta y asamblea permanente en todo el país; exigir la inmediata reapertura de las paritarias en la Administración Pública Nacional, provinciales y municipales; repudiar y rechazar cualquier posibilidad de despido; no aceptar por inconstitucional el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich; realizar acciones directas antes de finalizar el año; dar mandato abierto a la conducción nacional para definir medidas de fuerza», indicaron.

Este último punto fue una moción propuesta por el propio secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, para contar con esa herramienta en caso de que se comiencen a verificar despidos y continúe atacándose el poder adquisitivo de los trabajadores del sector público y los jubilados.

«Hemos sido mandatados para definir medidas de acción directa. Milei ganó la elección, después esperamos que asuma y ahora estamos conociendo las primeras medidas. Nadie podrá acusarnos de atentar contra la gobernabilidad. Agotamos todas las instancias», apuntó el referente nacional. El sindicato hará las presentaciones formales de reapertura de negociaciones salariales el viernes a primera hora en el Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete de Ministros.

«No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se terminan de pulverizar nuestros salarios. Demandamos la inmediata apertura de las negociaciones salariales en la Administración Pública Nacional y en todas las provincias. Necesitamos recuperar todo lo que hemos perdido en estas semanas. Sufrimos una remarcación de precios indiscriminada y generalizada antes de la asunción, y ahora una devaluación de más del 118%. Los salarios y las jubilaciones tienen que ser compensadas por este daño», apuntó Aguiar luego de la extensa reunión en el Hotel 27 de Junio del sindicato, ubicado en Defensa 1469 del barrio porteño de San Telmo, que contó además con la participación de la presidencia del Centro Nacional de Jubilados de ATE.

En cuanto al anuncio del ministro Caputo de no renovar ningún contrato del sector público con menos de un año de vigencia, Aguiar contestó que «no vamos a tolerar ningún despido que sea injustificado. La mayoría de los que ocupan los altos cargos del nuevo Gobierno son empresarios y eso explica el profundo desconocimiento acerca de las leyes que regulan el Estado. En el empleo público, la estabilidad está consagrada constitucionalmente. Aunque no terminaron de precisar con exactitud el universo de trabajadores que tienen en la mira, en todos los casos cumplen roles esenciales. Además intentan cesantear a discapacitados y personas trans que ingresaron en cumplimiento de los cupos que se encuentran regidos por ley».

«A los pocos días de haber asumido, el nuevo Gobierno comienza a estafar a sus electores. Supuestamente llegaban para ponerle fin a los flagelos de la inflación, el hambre y la pobreza, pero con las medidas que están implementando se contarán de a millones los nuevos caídos del sistema», apuntó Aguiar y concluyó con que «lo que está pasando es un disparate. Nos piden que suframos con alegría, y la verdad que desde el 10 de diciembre los únicos que están alegres son los mismos 4 o 5 empresarios que durante los últimos años juntaron la plata en pala».

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El Gobierno respondió a ATE por su pedido de un examen médico a Milei

«Valoramos la respuesta oficial, pero la misma es incompleta y evasiva. La salud del Presidente no es un asunto privado, es un asunto de Estado», señaló Aguiar tras la respuesta de la Secretaría General de la Presidencia que conduce Karina Milei.

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Luego de que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimara al Gobierno nacional para que brinde precisiones sobre el estado de salud mental y psicofísico de Javier Milei, la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei, respondió al pedido señalando que «ostenta un cargo de elección popular, conforme los términos y requisitos previstos en la Constitución Nacional» y «se encuentra competente» en relación a la Ley de Empleo Público. Ante esto, el sindicato insiste y exige que se den a conocer los documentos que acrediten su aptitud para el cargo.

«Valoramos la respuesta oficial, pero la misma es incompleta y evasiva. Desde el sindicato creemos que no cumple con los requisitos legales mínimos. Debieran adjuntarse estudios complementarios o certificados firmados por los profesionales intervinientes. La salud del presidente no es un asunto privado, es un asunto de Estado», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

En este marco, Aguiar evaluó que «nosotros no alentamos especulaciones, pero una respuesta incompleta genera más rumores que certezas. Nuestro pedido es básico y razonable. Si la salud del Presidente está bien, que lo demuestren».

«Además de la demanda de información inicial, durante las últimas horas lo hemos visto inestable y con un aspecto preocupante en más de un acto oficial como los han sido el de Neuquén o los desarrollados en Madrid», apuntó el dirigente en referencia a las últimas apariciones públicas de Milei.

En este sentido, el referente sindical completó que «es preocupante la ausencia de frenos inhibitorios en sus discursos públicos. Las amenazas de quemar en la hoguera a periodistas muestra una notoria ausencia de capacidad para actuar racionalmente, requisito fundamental de quien ostenta la investidura presidencial».

«Cuando Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner o Mauricio Macri tuvieron afecciones, existieron partes médicos oficiales firmados por los equipos del Hospital Otamendi, del Austral o de la Fundación Favaloro con diagnóstico, tratamiento y pronóstico. No nos pueden responder con un papelito», agregó el secretario general de ATE Nacional.

Y concluyó que «si el Presidente está bien, que empiece a ir a la Casa Rosada a cumplir con su función».

Cabe destacar que la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 en su artículo 4, inciso c), detalla que «el ingreso a la Administración Pública Nacional estará sujeto a la previa acreditación de (…) aptitud psicofísica para el cargo». Sin embargo, dicha documentación no fue enviada como parte de la respuesta de la oficina que conduce Karina Milei bajo el número de expediente IF-2026-97081415-APN-SSL#SGP, ni en su informe adjunto NO-2026-96003891-APN-DGRRHH#SGP.

Ante esta situación, el sindicato enviará en las próximas horas un pedido adicional para que publiquen la documentación probatoria firmada por un profesional con matrícula y título habilitante que certifique la aptitud psicofísica de Javier Milei.

El pedido inicial de ATE se ampara en el artículo 88 de la Constitución Nacional, haciendo saber que conocer el estado de salud del presidente no responde a una mera curiosidad particular, sino a una cuestión de notorio interés público e institucional que hace a la transparencia y a la confianza ciudadana en el ejercicio regular de la primera magistratura.

El mismo fue remitido inicialmente a la Jefatura de Gabinete de Ministros con copia a Presidencia de la Nación. La misma, siguiendo los cursos legales y administrativos del pedido, fue derivada a la Secretaría General de Presidencia.

Además de insistir en el acceso a la información de importancia para el común de la ciudadanía, ATE impulsará una iniciativa para que a partir del 2027 quienes se postulen a cargos electivos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un apto psicofísico para ejercer sus cargos.

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Río Negro pagará el aumento del 4,18% a docentes pese al rechazo de UnTER

El sindicato exige una nueva convocatoria a paritaria y advirtió que podría realizar medidas de fuerza.

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El Gobierno de Río Negro confirmó que liquidará el aumento salarial del 4,18% para el sector docente con los haberes de octubre, pese al rechazo de la propuesta por parte de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER).

Con esta actualización, los salarios docentes acumularán un incremento nominal del 25,9% durante 2026, según informó el Ejecutivo provincial. La política salarial contempla actualizaciones periódicas calculadas a partir del promedio de la inflación nacional y la registrada en Viedma.

El Ejecutivo también anticipó una nueva actualización para diciembre, calculada sobre la base del índice de inflación de octubre, y señaló que continuará con las instancias de diálogo para abordar las demandas del sector educativo. Desde el Gobierno cuestionaron el rechazo sindical y sostuvieron que «la decisión de la dirigencia de UnTER no modificará la liquidación del incremento».

Por su parte, el Congreso de UnTER, reunido en Fernández Oro, resolvió rechazar la propuesta salarial por amplia mayoría. El gremio exigió que las ofertas se calculen al valor índice y que el resultado represente un aumento del salario bruto de, como mínimo, el mismo porcentaje que el Índice de Precios al Consumidor (IPC). También reclamó que la recomposición se aplique exclusivamente sobre los haberes remunerativos.

Entre las resoluciones, el sindicato exigió una nueva convocatoria a paritaria antes del 15 de noviembre y advirtió que, si no se concreta, activará un paro de 24 horas.

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ATE se moviliza mañana a Olivos y denuncia que el Gobierno se endeudó por 300 millones de dólares para pagar los retiros voluntarios

«Los vamos a ir a buscar a Olivos porque a la Casa Rosada no van nunca a laburar. Este Gabinete está lleno de vagos. Ningún país del mundo se endeuda para achicarse, sino para tener un mejor futuro. Estos se endeudan para destruir», indicó Aguiar.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Gobierno se endeudó por 300 millones de dólares para pagar los retiros voluntarios en la Administración Pública Nacional y se movilizará este miércoles (21/10) a la Quinta Presidencial de Olivos a las 17.00, bajo la consigna ‘No se aguanta más’.

El programa de retiros voluntarios en el sector fue confirmado a través del Decreto N° 1023/2026, publicado en el Boletín Oficial. A su vez, el Gobierno publicó el Decreto N° 1177/2026 que habilita la toma de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiarlo. «Se endeudan en dólares para despedir en pesos. Esto es un disparate, una maniobra completamente ilegal», señaló el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

El dirigente sindical aseguró que «ningún país del mundo se endeuda para achicarse, sino para construir rutas, escuelas, hospitales o para abrir fábricas y tener un mejor futuro. Estos se endeudan para destruir». Agregó que «desde ATE desalentamos cualquier tipo de adhesión a este régimen extorsivo. Estos retiros son una estafa».

«Esta medida es completamente ilegal. Está prohibido tomar deuda en dólares para gasto corriente. Además, vulnera la Ley de Presupuesto, ya que esta deuda no fue aprobada por el Congreso», dijo.

Aguiar subrayó que «están aumentando la deuda externa para dejar sin empleo a los estatales y sin prestaciones y derechos”. “Con esto, los únicos que ganan son los bancos extranjeros y perdemos todos los argentinos», agregó.

«Los vamos a ir a buscar a Olivos porque a la Casa Rosada no van nunca a laburar. Este Gabinete está lleno de vagos», aseguró.

El Decreto N° 1177/2026 autoriza al Gobierno a firmar un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta 300 millones de dólares, primer tramo de una línea de crédito de hasta 800 millones de dólares.

El préstamo se desembolsa en cuatro años y se devuelve en 25, con los primeros cinco años y medio sin pago de capital. La tasa de interés está atada al mercado en dólares (SOFR) más un margen del BID, por lo que es variable y el costo final del préstamo es incierto.

El programa de retiros voluntarios lanzado por el Gobierno afecta a alrededor de 21.187 trabajadores y, quien decida adherirse, no puede reingresar a la Administración pública Nacional por un plazo total de 8 años. Además, confirmaron que los cargos dados de baja no serán reemplazados y quienes tengan un cargo sindical vigente o sean candidatos a elecciones, deben renunciar para anotarse al retiro.

Además, ATE se movilizará en reclamo por la pérdida del poder adquisitivo; caída del salario real; paritarias por debajo de la inflación; deterioro de los ingresos; pluriempleo y endeudamiento; desvalorización de la carrera estatal; despidos y no renovación de contratos; incertidumbre laboral; reducción de puestos de planta; y cierre y vaciamiento de organismos públicos.

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