Con fuerte respaldo en la Legislatura, se aprobó en Río Negro una ley clave impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck para garantizar justicia efectiva y terminar con la llamada «puerta giratoria», que tantas veces dejó en libertad a personas con múltiples causas penales. Se trata de la incorporación de la reiterancia como causal de prisión preventiva, una herramienta que busca proteger a las víctimas.

«Con estas reformas, el mensaje es claro: en Río Negro los delitos tienen consecuencias. Estamos del lado de las víctimas, protegiendo a cada rionegrino y rionegrina que quiere vivir en paz», sostuvo Weretilneck al celebrar la aprobación de la norma.

El gobernador remarcó que estas acciones reflejan un rumbo claro. «Nuestro compromiso es simple y firme: proteger a las víctimas, respaldar a la Justicia y darle a cada rionegrino la seguridad que merece. Con estas herramientas le estamos cerrando la puerta a la impunidad y mostrando que en Río Negro los delitos tienen consecuencias», indicó.

Aprobación de la Ley en la Legislatura

La Legislatura de Río Negro sancionó la ley que crea el Registro Provincial de Huellas Genéticas e incorpora el instituto de la Reiterancia Delictiva al Código Procesal Penal. La propuesta fue aprobada por unanimidad en general, y por mayoría en particular, luego de un extenso debate en torno a la incorporación de la reiterancia, con diversas posiciones entre los bloques legislativos.

Uno de los puntos de la ley aprobada incorpora la reiterancia delictiva como una pauta objetiva a evaluar por el juez/a, que tiene entidad suficiente para fundamentar la procedencia de la prisión preventiva o la denegación de la exención de prisión.

La reforma modifica la situación de libertad para indicar que, a los fines del análisis del riesgo procesal, podrá considerarse la reiteración delictiva; y también contempla la procedencia de la prisión preventiva cuando exista reiterancia en la comisión de delito, entendida como la concurrencia de una causa penal en curso con al menos otro proceso penal activo en el que se haya confirmado la formulación de cargos.

El otro punto incorpora el Registro Provincial de Huellas Genéticas (RPHG), que tendrá un banco de perfiles genéticos para «facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal, con el propósito de individualizar a las personas responsables de la comisión de delitos dolosos» y «favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas».

El miembro informante del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo fue Lucas Pica (JSRN), quien expresó que la ley representa una «muestra de carácter y de coraje» que permitirá a Río Negro «decir basta a la impunidad» y «comenzar a ser más justo».

Respecto a la reiterancia delictiva, Pica explicó que tiene como objetivo habilitar a los fiscales a solicitar la prisión preventiva para aquellos delincuentes con «múltiples procesos penales en marcha con formulación de cargos». Citando un caso real con más de diez delitos cometidos en menos de año y medio por una misma persona, Pica argumentó que la medida busca «ponerle un cerrojo a la impunidad y a las puertas que giran en el poder judicial». Además, enfatizó la intención de robustecer el rol de la víctima en el sistema penal.

En cuanto al Registro Provincial de Huellas Genéticas, lo calificó como una «reforma crucial en la investigación penal para hallar la verdad y evitar la impunidad».

Explicó que se ampliará el registro existente de abusadores sexuales para incluir a condenados e imputados con formulación de cargos, incluso menores con responsabilidad penal declarada, y personal de seguridad.

Pica también anticipó las críticas, defendiendo la constitucionalidad del proyecto. Negó que la reiterancia implicara una condena anticipada o derecho penal de autor, sino una «medida provisoria para asegurar los fines del proceso ante un riesgo de fuga o entorpecimiento palmario». Rechazó los argumentos sobre el «sistema penitenciario estresado», afirmando que no se debe esperar a que «el último preso no esté calentito, con la panza llena o cómodo en un penal para avanzar en seguridad, priorizando la tranquilidad del vecino».

La legisladora Patricia Mc Kidd sostuvo que la reiterancia es «una mejor herramienta como cautelar” para “luchar contra la criminalidad». Expresó que es intolerable ver a los vecinos desprotegidos y viviendo «aterrorizados por estos hechos delictivos», y que esta ley permitirá decir «basta al que las hace y no las paga». Enfatizó que buscan «una sociedad más cuidada, más libre, sin temor, donde vivir fuera de la ley tiene consecuencias».

César Domínguez (Primero Río Negro) afirmó que su compromiso es «con la seguridad de los rionegrinos, con la justicia y con la paz social». Declaró que el proyecto fortalece el sistema penal, brinda instrumentos a jueces y fiscales, y da criterios objetivos para actuar ante la impunidad reiterada. Enfatizó que «quien las hace las paga y las paga con la cárcel y no con libertad condicional», y que «los derechos humanos también son los derechos de las víctimas de delitos».

Juan Martín (PRO Unión Republicana), que había presentado un proyecto similar para el Registro de Huellas Genéticas, indicó que la razón de fondo de la ley penal es «que baje el delito y no que haya más presos». Subrayó que el proyecto es una «buena ley en un tono de época donde la víctima empieza a estar en el centro de la escena», y busca detener el «festival de delitos indetenible y la puerta giratoria».

Martina Lacour (PRO UR), coautora de proyectos previos sobre ambos temas, mencionó que el registro de huellas genéticas es una «muy buena incorporación» y un «avance para la justicia». Sobre la reiterancia, afirmó que no vulnera el principio de inocencia, sino que «lo armoniza con los principios y derechos de las víctimas». Destacó que «ningún derecho es absoluto o ilimitado» y que buscan «no más presos, sino menos delitos».

Ariel Bernatene (UCR) adelantó el voto positivo de su bloque, considerándolo una «herramienta concreta para mejorar la seguridad ciudadana» y «fortalecer la prevención del delito». Acompañó la creación del Registro de Huellas Genéticas porque permitirá «individualizar con precisión a los autores de delitos» y ratificó el acompañamiento a la reiterancia delictiva por un «compromiso del bloque oficialista de continuar con el debate de las garantías constitucionales».

Santiago Ibarrolaza, coautor de una propuesta anterior de reiterancia delictiva, afirmó estar «absolutamente convencido» de que la reiterancia «puede modificar la política criminal de la provincia de Río Negro». Destacó que la iniciativa intenta «buscar un poco de verdad y justicia a doña Rosa, los vecinos y a los que menos tienen». Subrayó la necesidad de que la justicia se haga cargo de las demoras y la falta de soluciones.

Pedro Dantas (PJ-NE) expresó su apoyo en general a la iniciativa, especialmente a la huella genética, y sobre la reiterancia, mencionó que, aunque ideológicamente podría rechazarla, una experiencia como intendente le hizo ver la necesidad de darle «un elemento más al fiscal para que pueda tener situaciones muy extremas».

Facundo López (JSRN), presidente de bloque, defendió la política pública de seguridad del gobierno provincial, argumentando que la ley da herramientas a la justicia para que «la puerta no gire más». Afirmó que la prioridad es la seguridad y la educación antes que la infraestructura carcelaria: «Si no quieren estar incómodos en la cárcel, no delincan». Sostuvo que «los derechos humanos son para las personas de bien» y que la ley busca que «los delincuentes estén presos».

Por la oposición, Luciano Delgado Sempé (Vamos Con Todos) expresó que se están haciendo «leyes para el aplauso, para lo que quiere escuchar la gente y no realmente para poder llevarla a cabo después». Cuestionó la falta de consulta a instituciones judiciales como jueces de ejecución penal, fiscales, Instituto de Presos y Liberados y universidades. Subrayó que «no se puede amontonar gente porque la Constitución por la cual nosotros juzgamos y el espíritu de nuestra Constitución es que no hay tortura en Argentina ni en Río Negro».

Finalmente, adelantó su voto en contra de la reiterancia delictiva, reclamando modificaciones «porque si no van a meter preso a cualquiera».

Fernando Frugoni (CC-ARI Cambiemos) señaló la necesidad de «regular las expectativas porque nosotros acá estamos hablando de que esto pone fin a la puerta giratoria y yo no sé si están así». Planteó una preocupación central: «¿hay una política carcelaria que acompañe este proyecto de terminemos con la puerta giratoria? ¿Existe esa política carcelaria? Porque tenemos pocas cárceles. Las pocas que hay están superpobladas». Atribuyó el problema al garantismo, diciendo que «el garantismo es lo que atenta contra esta iniciativa».

Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), expresó que si bien su bloque apoyaría el proyecto en general, manifestó profundas objeciones a la forma y alcance de la reiterancia. Propuso que para un cambio real, la reiterancia debería estar «en el capítulo principal del código para que todos lo puedan interpretar» y no como un punto más en un artículo. También criticó la desconexión entre la aprobación legislativa y la realidad del Poder Judicial, afirmando que «el fiscal pida y el juez que pretenda esta prisión, se va a encontrar con un escollo que es la situación carcelaria».

Ana Marks (PJ-NE) expresó su desacuerdo con el artículo de la reiterancia delictiva: «Nosotros tenemos diferencias en términos del análisis constitucional». Argumentó que «el principio de inocencia y la libertad en el proceso son rectores y debemos garantizarlo. Y aquí lo que se está hablando es de que personas que no han finalizado su proceso tengan prisión preventiva». Calificó la propuesta como «claramente un clima de época, un discurso punitivista, un discurso que está enmarcado en un avance de los pensamientos de derecha sobre las políticas de seguridad». Además, afirmó que «este proyecto de ley no viene a traer respuestas a la inseguridad, sino que además lo va a complejizar» y que «es un gran humo que se está intentando plantear, una búsqueda de un atajo mágico para resolver la inseguridad pública».

Magdalena Odarda (Vamos con Todos) anticipó el rechazo de su bloque al concepto de reiterancia delictiva por ser «manifiestamente inconstitucional, porque va contra el principio de inocencia, el derecho a la defensa en juicio» y diversos tratados internacionales. Consideró que forma parte de una «ola de restricción de derechos» impulsada por un discurso de «mano dura» y que podría «criminalizar la protesta social y del ejercicio del derecho constitucional de peticionar a las autoridades».

Ayelén Spósito (Vamos con Todos) criticó la motivación del proyecto, afirmando que «estos proyectos son tribuneros porque no terminan de resolver la situación de fondo». Expresó que es incomprensible que, a pesar de reconocer el colapso del sistema carcelario, se sigan impulsando leyes que aumentarán la población penal.

Daniel Belloso (PJ-NE) indicó que no acompañaría el artículo segundo que tiene que ver con la reiterancia delictiva por considerarlo «inviable tanto del punto de vista constitucional como del punto de vista de técnica legislativa» y que «pretender habilitar restricciones de libertad por mera sospecha de reiteración de delitos atenta contra principios fundamentales del derecho penal moderno».

José Luis Berros (Vamos con Todos) criticó el estilo del oficialismo y la falta de consulta a universidades públicas y otras instituciones importantes de la provincia. Acusó al oficialismo de «vender humo verde» y de usar proyectos «tribuneros, marketineros» que «no le cambian la vida a los rionegrinos y rionegrinas y sirven única y exclusivamente para sacar algún título en algún diario». Además, cuestionó la confianza en la justicia, responsabilizando al oficialismo de la elección de jueces y fiscales «que no funcionan»; y advirtió que la ley podría «cortar el derecho a la libre expresión, a la movilización, al derecho reclamo».

Esta medida se complementa con otra ley ya vigente: la de Doble Instancia, que establece que quienes reciban condena en dos instancias ya no podrán seguir en libertad mientras aguardan resoluciones extraordinarias. Así, se evita que las víctimas y sus familias deban soportar durante años la injusticia de ver en la calle a quienes ya fueron condenados.

A estas reformas se suma la próxima puesta en marcha del Registro Provincial de Huellas Genéticas, que permitirá comparar muestras de ADN recogidas en escenas del crimen con perfiles de imputados o condenados por delitos dolosos. Una herramienta moderna que agilizará la resolución de causas, brindará respuestas más rápidas a las víctimas y contribuirá a prevenir nuevos hechos.

El gobernador Alberto Weretilneck volvió a cuestionar con dureza al Gobierno Nacional por el estado crítico de las rutas nacionales que atraviesan Río Negro. «No les interesa el interior. Ya lo dijo su propio vocero, no les importan las rutas. Viven en su microclima del Obelisco y el resto que se arregle como pueda», dijo y aseguró que «la plata para arreglar las rutas está, la recauda Nación de los impuestos que aportamos los rionegrinos».

‘La Nación recauda el impuesto a los combustibles cada vez que cargamos nafta o gasoil. Ese dinero, que representa casi el 40% del valor del litro, está destinado por Ley al mantenimiento de las rutas. Pero se quedan esa plata y no sabemos para qué la usan. No se ve en obras ni en mantenimiento. Las rutas están destruidas», denunció.

El mandatario describió el alarmante estado de los principales corredores viales nacionales que atraviesan la provincia, como las rutas 22, 23, 151, 3 y 40. «Hay pozos profundos, banquinas erosionadas, obras paralizadas desde hace años. En la Ruta 151, entre Catriel y Cinco Saltos, los accidentes son constantes. La Ruta 22, en tramos como Río Colorado, Chimpay o Regina, está totalmente deteriorada. Lo mismo ocurre en la 23 y la 40. Los baches bajo el puente ferroviario de Cipolletti y en el puente 83 son directamente un escándalo. Estamos hablando de un riesgo concreto para la vida de quienes transitan por allí cada día», indicó.

En diálogo con Canal 10, Weretilneck explicó que la Provincia ha planteado todas las alternativas posibles: la cesión de las rutas, convenios de mantenimiento conjunto, administración operativa. «No obtuvimos ni una sola respuesta. Pero, además, si nosotros intervenimos por cuenta propia, es ilegal. Son rutas bajo jurisdicción nacional. Y si ocurre algo, la responsabilidad es nuestra. Es una encerrona sin salida».

Weretilneck también remarcó el impacto cotidiano que esta situación genera sobre la vida de las y los rionegrinos. «El tiempo que pierden los vecinos para ir a trabajar, estudiar o hacer trámites es terrible. Las colas entre Cipolletti y Neuquén a las 7 de la mañana o a las 6 de la tarde son interminables. Todo por falta de obras viales que deberían estar financiadas con recursos que ya existen, pero que la Nación no ejecuta», agregó.

Por eso, adelantó que el Gobierno de Río Negro está evaluando recurrir a la vía judicial para exigir el cumplimiento de las obligaciones nacionales. «No estamos pidiendo privilegios. Estamos exigiendo lo que nos corresponde como provincia, lo que nos quitan cada vez que cargamos combustible», cerró.

El deterioro y abandono de las principales rutas nacionales que atraviesan Río Negro -como la 22, 23, 40 y 151- se traduce en pérdida de vidas humanas; obstáculos para acceder al trabajo, la educación y la salud; y perjuicios económicos por el encarecimiento del transporte y la logística.

El mantenimiento y la reactivación de las obras paralizadas resulta fundamental para evitar accidentes, proteger las economías regionales -como la producción frutícola, hidrocarburífera y minera- e impulsar el turismo. Todas estas actividades generan recursos clave para el país que, sin embargo, no se reinvierten en la provincia.

Informes de Vialidad Rionegrina señalan a la Ruta Nacional N° 22 como el caso más alarmante. A lo largo de sus 360 kilómetros, presenta fisuras, deformaciones por ahuellamiento y pérdida de capas estructurales. Hay tramos con obras abandonadas y deficiente señalización.

Entre 2023 y 2024, se registraron 69 accidentes en esta vía, muchos con consecuencias fatales. Según la Agencia de Seguridad Vial, durante 2024 las rutas nacionales en Río Negro se cobraron 43 vidas.

El tramo entre Choele Choel y Cipolletti concentra el 70% del movimiento turístico, siendo uno de los más transitados y peligrosos de la región.

Una amenaza diaria para estudiantes, turistas y productores

El impacto diario también se refleja en la vida de miles de estudiantes y trabajadores. En el Alto Valle funcionan 507 establecimientos educativos que reúnen a más de 50.000 estudiantes y 22.000 docentes, muchos de los cuales deben cruzar rutas peligrosas para asistir a clases.

Además, las Rutas Nacionales 22, 23 y 40 conectan destinos turísticos de reconocimiento internacional, pero su deterioro es incompatible con ese estatus. La 23, por ejemplo, suma el caso emblemático del puente de Nahuel Niyeu, destruido por un alud hace 13 años y nunca reconstruido.

El mal estado de los corredores viales impacta también en la logística de los sectores productivos: encarece el traslado de insumos y productos, y genera daños a vehículos que implican más costos y menos competitividad.

El mantenimiento de las rutas nacionales es responsabilidad del Estado Nacional. Estas obras requieren recursos, maquinaria y personal especializado, que superan las capacidades de las provincias.

En ese sentido, el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, expresó que «las Rutas Nacionales son de jurisdicción del Estado Nacional; ninguna Provincia puede intervenir para mejorar o terminar una obra inconclusa, mucho menos en nuestro caso, con siete contratos abiertos desde hace más de 15 años».

Impacto en la producción minera y energética

Río Negro es un territorio estratégico para el desarrollo de Vaca Muerta, con rutas por donde circulan diariamente miles de camiones que transportan áridos, materiales y equipos hacia los yacimientos.

El tránsito pesado por rutas provinciales como la 6 y la 8, y luego por las nacionales 22 y 151, deteriora aún más una red vial que ya está colapsada.

La Ruta Nacional 151, conocida como la Ruta del Petróleo, es clave para conectar áreas históricas de producción hidrocarburífera. Hoy representa el 72% del petróleo y el 42% del gas extraídos en la provincia. Su mal estado compromete la seguridad vial, daña los vehículos, reduce la rentabilidad y frena nuevas inversiones.

En cuanto a la minería, la Ruta 151 es la salida natural de minerales no metalíferos clave para la industria nacional. La arena silícea, insumo esencial para Vaca Muerta, depende de esta ruta para su traslado.

Además, Río Negro lidera la producción nacional de yeso, utilizado en construcción, agricultura e industria química. Y la bentonita extraída en Cinco Saltos también se exporta, con múltiples aplicaciones industriales.

El mal estado de las rutas no solo pone en riesgo a quienes transitan, sino que limita la posibilidad de crecer, atraer inversiones y generar divisas.