Judiciales
La importancia de los talleres de Educación Sexual: Se iniciaron causas penales por abuso sexual a dos niñas
En uno de los casos el imputado es el tío de la víctima y en el otro, un cuidador de un club. Ambos están detenidos con prisión preventiva.
Dos casos diferentes de abuso sexual perpetrados contra niñas por adultos que tenían una relación cercana a sus familias se gestionaron esta semana en distintas Fiscalías de la ciudad de Viedma. Ambas denuncias fueron realizadas luego de que las propias menores de edad pudieran hablar, impulsadas por charlas de Educación Sexual Integral de las que participaron en la escuela primaria a la que asisten las dos.
Referentes de la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público de Río Negro (OFAVi) enfatizaron en el valor que tienen estos espacios «de enseñanza y aprendizaje, que se entrelazan de manera transversal con contenidos de diferentes asignaturas y áreas curriculares y/o a través de talleres específicos».
Según estas profesionales, los resultados están directamente relacionados a la adecuación de contenidos diagramada según las edades de niños, niñas y adolescentes que «si bien incluye el abordaje de temáticas como la valoración de las emociones, sentimientos y relaciones interpersonales; el ejercicio de los derechos relacionados a la sexualidad, el respeto por la diversidad, también cumple un papel fundamental en lo que refiere al cuidado del cuerpo y la salud».
Las Oficinas de Atención a la Víctima funcionan en el seno del Ministerio Público y están conformadas por profesionales de trabajo social, psicopedagogía y psicología.
Con directa incidencia en cuanto a la asistencia victimológica, valoraron los espacios de ESI «en delitos contra la integridad sexual cuyas víctimas son niños, niñas y/ o adolescentes. Comprobamos que funciona fundamentalmente como un instrumento para prevenir situaciones de abuso sexual y como herramienta de detección de éstas» por lo que sostuvieron que es «esencial el trabajo realizado en las instituciones educativas».
«La OFAVI a su vez interviene de forma interdisciplinaria con equipos técnicos o directivos de diferentes niveles, desde donde se brinda orientación y asesoramiento para la radicación de la correspondiente denuncia y el pertinente acompañamiento en el proceso», concluyeron las referentes de este organismo en la primera circunscripción judicial.
¿Cómo siguen los legajos por abuso sexual?
En ambos legajos penales los imputados, a quienes se le formularon cargos, tenían relación cercana al núcleo familiar de las víctimas.
En el primero de los casos, a partir de la recepción de la denuncia realizada por las propias autoridades escolares se realizaron allanamientos. A la víctima se la escuchó a través del dispositivo de cámara gesell y el sábado 21 de septiembre se realizó la audiencia de formulación de cargos contra el imputado, tío de la menor de edad, a quien se le endilgó el delito de abuso sexual agravado y se dispuso su prisión preventiva.
Dos días después, otra audiencia de similares características tuvo a un hombre que trabajaba como cuidador de un club local, como imputado por dos delitos contra la integridad sexual en contra de dos niñas. También se le formularon cargos y se dispuso su prisión preventiva para poder desarrollar las medidas pendientes.
En el proceso de desarrollo de las investigaciones penales preparatorias en marcha, las respectivas Fiscalías requirieron la intervención de la OFAVI quien asistirá a las víctimas durante todo el proceso.
Judiciales
Cámara Gesell remota entre Río Negro y Buenos Aires: Una entrevista a más de 1.000 kilómetros de distancia
La menor de edad declaró desde Pergamino, acompañada por una psicóloga y una perito.
Una entrevista en Cámara Gesell permitió tomar testimonio a una persona menor de edad sin necesidad de que viajara más de 1.000 kilómetros para declarar. El legajo está radicado en Cipolletti, pero la persona que debía brindar testimonio se encontraba en la localidad bonaerense de Pergamino. Gracias al soporte tecnológico del Poder Judicial de Río Negro, se concretó la entrevista sin traslados innecesarios y con todas las garantías previstas en los protocolos.
Mientras el juez, el Ministerio Público Fiscal y la Defensa Pública permanecían en una sala de Cipolletti, la persona menor de edad declaró desde Pergamino, acompañada por una psicóloga y una perito. Esta modalidad remota evitó que la persona se desplazara una larga distancia y permitió avanzar con mayor celeridad en la causa. La Oficina Judicial de Cipolletti se encargó de toda la logística de conexión remota.
La incorporación de este tipo de soluciones tecnológicas forma parte de una política sostenida que busca garantizar condiciones adecuadas para la toma de testimonios a niñas, niños y adolescentes. Solo en 2024, el Poder Judicial de Río Negro realizó 854 entrevistas en Cámara Gesell, un dispositivo especialmente diseñado para evitar la revictimización. Todas las entrevistas fueron conducidas por psicólogas, quienes también elaboraron los informes técnicos y declararon en las audiencias de admisión. Son las únicas profesionales que tienen contacto directo con quienes declaran, en un entorno cuidado y preparado para brindar contención.
El uso de tecnología para establecer conexiones remotas -como en este caso entre Cipolletti y Pergamino, con más de 1.000 kilómetros de distancia- se consolidó como una herramienta eficaz para dar respuesta a las exigencias del proceso penal. La posibilidad de brindar testimonio sin desplazamientos extensos permitió proteger a las infancias y adolescencias, al mismo tiempo que ofreció mayor agilidad a la tramitación judicial.
Actualmente, las Cámaras Gesell se encuentran disponibles en las ciudades cabeceras de las cuatro circunscripciones judiciales (Viedma, Roca, Bariloche y Cipolletti), y también en San Antonio Oeste, Choele Choel, Villa Regina y Catriel. Esta última fue la incorporación más reciente, en respuesta a las dificultades de traslado que enfrentaban niñas, niños y adolescentes hacia la cabecera de circunscripción. La habilitación del dispositivo en Catriel redujo los tiempos de espera y evitó viajes que, en algunos casos, se realizaban en horarios sin transporte público disponible.
El Poder Judicial de Río Negro adhirió a la guía de buenas prácticas de Unicef, que establece estándares nacionales e internacionales para la toma de testimonio a personas menores de edad en procesos judiciales. Además, el crecimiento sostenido de las prácticas forenses del Cuerpo de Investigación Forense (CIF) fortaleció su rol técnico-científico: en 2024 se concretaron 8.823 intervenciones en distintas disciplinas.
La tecnología aplicada a estos procesos mejoró la calidad del servicio judicial, garantizó los derechos de las infancias y adolescencias y evitó situaciones de estrés y revictimización. También permitió avanzar en las investigaciones sin demoras, aun cuando las personas involucradas se encontraran en puntos distantes del país.
Judiciales
Reclamó alimentos, pero no vive con su hijo: La cuota alimentaria será administrada por la abuela materna
Asimismo, la falta de compromiso y el incumplimiento por parte del padre, la llevaron a iniciar el reclamo de alimentos contra los abuelos paternos.
Una mamá trabajaba todo el día para mantener a un niño. La actitud de un progenitor abandónico derivó en un complejo caso jurídico donde la abuela materna y los abuelos paternos terminaron siendo protagonistas para mejorar la situación.
La madre del chico intentó arribar a un acuerdo definitivo con el progenitor, pero no fue posible. La falta de compromiso y el incumplimiento la llevaron a iniciar el reclamo de alimentos contra los abuelos paternos.
La mujer, oriunda de Chichinales, realiza trabajos informales en chacras de la zona. Además, cumple tareas domésticas en diferentes casas. Las jornadas laborales son intensas y no logra cubrir las necesidades básicas de su familia. Para que el niño no esté solo tanto tiempo, decidió que su hijo viva con su abuela. El niño asiste a la escuela y concurre a fútbol por la tarde.
Un fallo del Juzgado de Familia de Villa Regina hizo lugar a la demanda de alimentos contra los abuelos paternos. En la misma resolución designó como administradora de la cuota alimentaria a la abuela materna.
Los abuelos paternos reconocieron no tener una participación activa en la vida del nieto. Argumentaron que esto se debe a la conflictividad surgida tras la separación de los padres del niño.
En la contestación de la demanda indicaron que están dispuestos a colaborar con el bienestar del niño, pero pusieron reparos en la administración de la cuota alimentaria.
La profesional interviniente en la pericia social sugirió que, en caso de disponerse una cuota alimentaria, así como la Asignación Universal por Hijo (AUH), deberán ser administradas por quien detenta el cuidado del niño, en este caso, la abuela materna.
Por último, destacó la figura ausente del progenitor en la vida del niño, señalando un trato abandónico hacia su hijo y una desvinculación total de sus responsabilidades, sobrecargando los cuidados en la familia materna.
La jueza remarcó que, cuando se acredite que el progenitor cumpla con las obligaciones alimentarias asumidas e incumplidas, se suspenderá el pago de la cuota por parte de los abuelos paternos.
Judiciales
Pidieron cambiar el orden de los apellidos de su hija, pero fue rechazado porque no demostraron motivos justos
La solicitud la presentó una pareja en representación de su hija mayor, de 6 años. Acompañaron su pedido con argumentos afectivos y culturales: manifestaron que deseaban que ambas hijas llevaran el apellido paterno en primer lugar y que la niña ya se identificaba así en distintos espacios.
Eligieron primero el apellido materno. Años más tarde, quisieron invertirlo para que sus dos hijas compartieran el mismo orden. Pero la misma ley que les dio libertad para elegir al principio, no les permitió cambiarlo. Un fallo del fuero de Familia de Cipolletti consideró que para mutar el apellido de cualquier persona se requiere que se prueben los justos motivos.
La solicitud la presentó una pareja en representación de su hija mayor, de 6 años. Acompañaron su pedido con argumentos afectivos y culturales: manifestaron que deseaban que ambas hijas llevaran el apellido paterno en primer lugar y que la niña ya se identificaba así en distintos espacios.
Explicaron que la decisión original, adoptada años antes, respondía a un momento distinto de la vida familiar. Pero que ahora, con la llegada de una nueva hija, querían unificar los apellidos bajo un criterio común.
El Registro Civil no autorizó la inscripción de la hija menor con el nuevo orden porque la normativa vigente exige que los hermanos compartan no solo los mismos apellidos, sino también el mismo orden. A partir de esa negativa, los padres recurrieron al Poder Judicial.
Durante el proceso, se realizó una audiencia con la niña, se escuchó al progenitor y participó la Defensora de Menores. También se incorporó un informe del Registro Civil.
El juez a cargo analizó el caso a la luz del Código Civil y Comercial, que solo permite modificar el nombre o apellido cuando existe un justo motivo debidamente probado: afectación de la personalidad, identidad de género, raigambre cultural o uso social consolidado, entre otros supuestos.
En su resolución, sostuvo que la voluntad de modificar el apellido no estaba acompañada de pruebas suficientes ni de una afectación concreta. También destacó que el derecho a la identidad implica estabilidad, y que no puede alterarse sin razones de peso.
La Defensora de Menores coincidió en que no resultaba adecuado modificar el apellido ya inscripto. En su dictamen, consideró que la modificación no respondía a una necesidad real de la niña y recomendó mantener el registro tal como estaba.
La resolución rechazó la acción y dejó firme el apellido original. El tribunal señaló que el orden elegido al momento de la inscripción del nacimiento no es irreversible, pero sí requiere razones válidas, debidamente probadas, para ser modificado.
