Río Negro
Rechazo absoluto al pedido de aumento de EdERSA
El EPRE hará una evaluación de las presentaciones para definir si corresponde reconocer los costos solicitados por la distribuidora, que quiere un aumento en la tarifa del 13%.
Más de 40 expositores participaron en la audiencia pública convocada por el EPRE para analizar el pedido de EdERSA de reconocimiento de mayores costos por la atención a contingencias climáticas y por un supuesto desfasaje de costos por inflación. La mayoría rechazó que este pedido implique un nuevo aumento tarifario.
La empresa argumentó que los eventos climáticos extremos registrados en los últimos meses generaron costos extraordinarios que deben ser reconocidos en la tarifa con un impacto por todo concepto del 13%. Durante el temporal de enero en el Alto Valle, afirmó haber invertido $1.272 millones en la reconstrucción de 5.800 metros de líneas de media tensión, 1.200 metros de baja tensión y 10 subestaciones transformadoras, con la participación de 65 operarios y 31 vehículos.
En cuanto a los incendios forestales en El Bolsón, EdERSA sostuvo que la reposición de infraestructura demandó $6.049 millones, afectando 9.000 metros de líneas de media tensión, 5.000 metros de baja tensión y 23 subestaciones transformadoras, con un despliegue de 60 operarios, 27 vehículos y 40 días de trabajo.
Además, se detalló que en 2024 ha ejecutado más de 90 obras en media y baja tensión en 40 localidades, con una inversión de $14.000 millones, cuatro veces más de lo invertido en 2023, y proyecta destinar otros 16.980 millones de pesos a nuevas obras este año.
Rechazo de los expositores
La audiencia, realizada de manera virtual, permitió a usuarias y usuarios, junto a representantes sectoriales expresar sus posturas sobre la solicitud de la distribuidora eléctrica, presentada por su gerente comercial, Fernando Salice.
Entre los participantes estuvieron la Defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati; el titular del Sindicato de Luz y Fuerza de Río Negro y Neuquén, Antonio D´Angelo; y representantes de diversas cámaras empresariales y productivas, como la Cámara de Comercio Industria y Producción de Villa Regina; la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de General Roca; el Consorcio de Regantes de Allen y Fernández Oro; la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados; y la Asociación de Productores Del Alto Valle.
Los participantes de la audiencia expresaron su desacuerdo con la posibilidad de trasladar estos costos a la tarifa eléctrica. Los representantes de las Cámaras que participaron coincidieron en que los incrementos impactarían negativamente en la competitividad del sector productivo y en los hogares rionegrinos. Las y los usuarios del servicio eléctrico, entre los que estuvieron los legisladores provinciales Luciano Delgado Sempé y Magdalena Odarda, se expresaron en el mismo sentido.
Próximos pasos
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) evaluará las presentaciones realizadas en la audiencia antes de definir si corresponde reconocer los costos reclamados por EdERSA y en qué magnitud. El regulador dejó en claro que agotará todas las alternativas posibles antes de habilitar un nuevo aumento tarifario.
Judiciales
Un fallo del STJ protegió la gratuidad de quien ganó un juicio de consumo
El Banco Patagonia había recurrido la decisión y pretendía aplicar el tope previsto para la responsabilidad por costas.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó una sentencia que declaró inaplicable, por inconstitucional, el límite establecido en el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación en un juicio de consumo. De esta manera, protegió el beneficio de gratuidad de la persona consumidora que había ganado el proceso.
La discusión surgió luego de que Banco Patagonia, condenado en costas, pretendiera aplicar el límite previsto en esa norma. La aplicación del tope reducía la parte de los honorarios que debía afrontar la entidad y trasladaba la diferencia a la persona consumidora que había resultado vencedora.
La persona consumidora y su abogado cuestionaron esa situación y plantearon que el límite no podía aplicarse porque la Ley de Defensa del Consumidor reconoce el beneficio de gratuidad para quienes recurren a la Justicia para defender sus derechos.
La Cámara de Apelaciones hizo lugar al planteo y declaró inaplicable el artículo 730 para el caso concreto. El banco recurrió ante el STJ, entre otros motivos, porque consideraba que el planteo de inconstitucionalidad había sido realizado fuera de tiempo.
El máximo Tribunal rechazó ese argumento. Explicó que el perjuicio generado por la norma se hizo concreto recién cuando se regularon los honorarios y se dispuso la aplicación del artículo 730. Antes de ese momento, el impacto económico todavía no estaba determinado.
El STJ también analizó el beneficio de gratuidad de la Ley de Defensa del Consumidor y señaló que las relaciones de consumo cuentan con un régimen especial de protección. Ante una duda, sostuvo, debe prevalecer la interpretación más favorable a la persona consumidora.
El Tribunal aclaró que la gratuidad no es absoluta: en los reclamos individuales, una empresa puede demostrar que el consumidor posee solvencia económica y solicitar que el beneficio cese. En este caso, Banco Patagonia no acreditó esa circunstancia.
Por esos fundamentos, el STJ rechazó el recurso del banco y confirmó la sentencia que declaró inaplicable e inconstitucional el artículo 730 para este expediente.
Política
La Provincia busca fondos para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas 22 y 151
El proyecto enviado a la Legislatura autoriza al Ejecutivo a gestionar financiamiento externo para obras en los sectores más deteriorados y estudios de preinversión.
Río Negro busca contar con los recursos necesarios para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas Nacionales 22 y 151, luego de décadas de abandono de los gobiernos nacionales. El proyecto de ley enviado por el gobernador Alberto Weretilneck propone autorizar un financiamiento externo de hasta US$ 60 millones para obras y estudios de preinversión
La propuesta contempla inicialmente recurrir a FONPLATA–Banco de Desarrollo, aunque también habilita al Poder Ejecutivo a gestionar otros programas de financiamiento externo multilateral, bilateral o nacional que pueda disponer el Gobierno Nacional.
El programa tiene un objetivo concreto: resolver los problemas más urgentes y generar las condiciones para una recuperación integral. Contempla obras de puesta en valor en los sectores de mayor deterioro y estudios de preinversión que permitan definir las siguientes etapas, evaluar alternativas técnicas y económicas y determinar los esquemas más convenientes para cada ruta.
La Provincia busca trabajar en dos tiempos: atender primero los puntos críticos y, al mismo tiempo, planificar lo que viene. Las intervenciones permitirán mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad, mientras que los estudios aportarán la información necesaria para organizar la recuperación durante los próximos años.
Un financiamiento con destino específico
El proyecto establece que los recursos tendrán un destino exclusivo vinculado con las Rutas 22 y 151. Podrán utilizarse para ejecutar obras en los tramos de máxima criticidad, realizar estudios de preinversión y cubrir los costos de administración necesarios para desarrollar el programa.
El Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo, será el organismo ejecutor, con la participación de Vialidad Rionegrina como responsable técnica de las obras e intervenciones.
La autorización de la Legislatura no significa que los US$ 60 millones ingresarán automáticamente ni que el financiamiento se tomará de manera inmediata. Permitirá que el Poder Ejecutivo gestione y estructure la operación y suscriba los instrumentos necesarios para concretarla.
Las condiciones financieras, como la tasa de interés, el plazo de amortización, las comisiones y los gastos, se determinarán posteriormente en el convenio de préstamo correspondiente.
Política
Rutas 22 y 151: Qué cambia con la Emergencia Vial Provincial
La medida permitirá acelerar intervenciones sobre los tramos que pasen a la órbita provincial, con prioridad en reparación, mantenimiento, repavimentación y señalización.
El Gobierno de Río Negro busca acelerar las respuestas frente al deterioro de distintos sectores de las Rutas Nacionales 22 y 151. El proyecto enviado por el gobernador Alberto Weretilneck a la Legislatura propone declarar la Emergencia Vial Provincial en toda su extensión dentro del territorio rionegrino, una herramienta que permitirá agilizar las intervenciones necesarias sobre cada tramo, una vez concretada la transferencia de competencias.
Durante años, el abandono de los Gobiernos Nacionales se fue acumulando hasta convertir algunos sectores en un riesgo cotidiano. Ahuellamientos, banquinas deterioradas, obras inconclusas y otras condiciones afectan la seguridad de miles de personas y también impacta en la producción y la conectividad.
Ahora, la Provincia se prepara para asumir una responsabilidad que cambia el escenario. Y para eso necesita contar con herramientas propias para actuar sobre estos corredores.
Por eso, el proyecto propone declarar la Emergencia Vial por un año desde la publicación de la ley, con la posibilidad de prorrogarla por otro período igual mediante un decreto del Poder Ejecutivo. En términos simples, la medida busca que la Provincia pueda responder con mayor rapidez cuando un tramo presente una situación que no puede esperar.
Vialidad Rionegrina será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la gestión, administración, mantenimiento, planificación y ejecución de obras sobre los sectores que se vayan incorporando. Esto permitirá atender los puntos deteriorados, realizar tareas de mantenimiento, mejorar la señalización, ejecutar repavimentaciones y desarrollar otras intervenciones necesarias para recuperar condiciones de seguridad y transitabilidad.
El acuerdo con Nación establece que la transferencia será progresiva, tramo por tramo. Cada sector deberá contar con un convenio específico y un Acta de Toma de Posesión que determine qué se transfiere, en qué condiciones y desde qué momento Vialidad Rionegrina comienza a hacerse cargo.
De esta manera, la Provincia podrá ordenar las intervenciones, conocer el estado de cada tramo, establecer prioridades y actuar sobre aquellos sectores que se encuentren efectivamente bajo su gestión.
