Judiciales
Fiscalía formuló alegatos en causa por tentativa de homicidio en Roca
Para el 16 de septiembre, al mediodía, está previsto que se lleve adelante la lectura de la sentencia.
Con la declaración de los dos últimos testigos, culminó ayer la etapa probatoria del juicio oral y público contra Juan Antonio Colinamón, de 49 años edad, por el delito de tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido para efectuar otro delito (criminis causa) y por el uso de arma de fuego. El hecho ocurrió en el barrio Tiro Federal de General Roca el 16 de enero pasado y por el mismo resultó víctima un joven identificado como Marcos Alfredo Aburto.
En la jornada de ayer, prestaron declaración testimonial el médico forense, Adolfo Scatena quien brindó un detalle, mediante la presentación de fotografías, de las características de las lesiones y de las partes y zonas vitales afectadas en el cuerpo de la víctima. También brindó testimonio una empleada policial de la Comisaría N° 21, quién cumplía
funciones como oficial de guardia.El Fiscal Luciano Garrido, quién llevó adelante la acusación, solicitó la pena de nueve años de prisión de efectivo cumplimiento, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de “homicidio simple agravado por haber sido cometido con arma de fuego en grado tentativa, robo agravado por el uso de arma de fuego y por la portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización, todo en concurso real”.
Según la acusación en la tarde del 16 de enero el imputado Juan Antonio Colinamón, actualmente detenido, efectuó un disparo contra la víctima utilizando una escopeta calibre 16, provocándole lesiones en espalda, tórax, abdomen, cadera y una pierna. El imputado circulaba como acompañante en una motocicleta que era conducida por otro hombre, el cual hasta el momento no ha sido identificado. El ataque se produjo en la intersección de las calles Defensa y Esquina 445. El damnificado, al resultar herido, cayó de su moto y se alejó corriendo del lugar, fue auxiliado en inmediaciones de las calles América y Santa Cruz y trasladado al hospital, donde estuvo diez días internado. La motocicleta de la víctima desapareció del lugar del hecho y esa sustracción también se atribuye al imputado.
El representante del Ministerio Público Fiscal afirmó que, atendiendo al análisis completo de las pruebas producidas – tanto en el grado de instrucción como la que se produjo durante el desarrollo del debate- «existen elementos de convicción suficientes para acreditar la materialidad del delito y la participación atribuida al imputado».
Durante su alegato, Garrido valoró las pruebas incorporadas, entre las que destacó las certificaciones médicas, el informe del Cuerpo Médico Forense en las cuales quedó acreditado el carácter de las lesiones, como así también las zonas y partes afectadas del cuerpo de la víctima producto de los disparos recibidos. Asimismo, las lesiones fueron acreditadas por el informe del Gabinete de Criminalística, en el que se desprende que, la ropa secuestrada a la víctima durante su internación presentaba manchas de sangre, marcas de los disparos y restos de pólvora.
El fiscal remarcó, como elemento de prueba sustancial, las declaraciones brindadas por la víctima y por los testigos, en las que se acredita la autoría del imputado y las circunstancias en las que se desencadenó el hecho.
“Existen diversos elementos que evidencian la intención de matar que tuvo el imputado”, señaló el fiscal remarcando en primer lugar, «la idoneidad del arma utilizada» (escopeta calibre 16), en segundo lugar, «los disparos efectuados» (dos) y «la distancia del disparo», según se desprende de la declaración de la víctima como la del médico forense, quiénes hacen referencia de unos 15 metros aproximadamente. Por otra parte, la actitud del imputado de “recargar el arma y apuntar hacia la víctima” y por último, «las zonas vitales donde impactaron los proyectiles», conforme a la declaración brindada por el médico forense (pulmón, riñones, hígado, las venas cava y orta)
Por su parte, la defensa del imputado, a cargo del defensor particular Jorge Crespo, solicitó la absolución de su defendido, entendiendo que no se encuentra acreditado el delito de tentativa de homicidio como el del robo. En caso de que corresponda la autoría del mismo, solicitó la mínima de la pena, en relación a la figura penal de abuso de armas y portación de arma de fuego de uso civil.
El juicio se reanudará con la lectura de la sentencia que está prevista para el 16 de septiembre a las 12.30 horas ante la Cámara Primera en lo Criminal.
Judiciales
Imputaron a los dos hombres que tirotearon a otro en la Ruta 22
La víctima se encuentra internada y en estado reservado. Hay un tercer sospechoso, sobre el cual se emitió una orden de captura.
El equipo fiscal de turno de General Roca formuló cargos a dos hombres por la tentativa de homicidio ocurrida el pasado miércoles (27/08) en la Ruta Nacional N° 22. Además solicitó la prisión preventiva de ambos, razón por la que continuarán detenidos.
Según la acusación fiscal, el hecho habría ocurrido alrededor de las 15.30 cuando la víctima -que está internado y en estado reservado- fue abordada por los dos imputados que llegaron hasta ahí en un vehículo conducido por un tercer hombre.
«Sobre ese hombre tenemos ya pedida su captura, porque la investigación arrojó que se habría ido del lugar a bordo del auto que utilizaron para llegar a cometer la agresión», explicó la Fiscalía.
«Los dos imputados comenzaron a agredir a la víctima, y luego uno de ellos le disparó a corta distancia en la zona del abdomen. Los tres señalados se subieron al auto, y gracias al accionar del personal del Destacamento N° 177, se logró dar con quienes hoy están en esta audiencia», afirmó la representante fiscal.
La calificación legal que el juez de Garantías tuvo por imputada es la de ser co-autores de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por el concurso premeditado de dos o más personas, según los Artículos 45, 42, 80 inc. 6°, 41 bis del Código Penal. A uno de ellos, se le agrega en concurso ideal con portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, según los Artículos 54 y 189 bis.
Entre el sustento probatorio mencionado se encuentra el acta de procedimiento policial, las entrevistas a testigos, denuncia penal de la madre del joven que está internado, intervención del Cuerpo de Investigación Judicial, reporte preliminar del Gabinete de Criminalística, filmaciones aportadas, informe del Cuerpo de Investigación Forense.
Como argumentos para solicitar la medida cautelar de ambos, la fiscal jefe tuvo presente el riesgo procesal de peligro de fuga y el posible entorpecimiento a la investigación. «Así cómo habrían ayudado a la tercer persona a ocultar un arma, estando libres podrían acercarse a los testigos», agregó.
La defensa penal pública que asistió a los dos hombres se opuso a la calificación legal, como al plazo de la medida cautelar.
Finalmente, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos en los términos que lo hizo la fiscalía y resolvió que los imputados cumplan con la medida cautelar por el plazo de dos meses.
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Caso Oscar Ripari: 10 años de prisión para los coautores del homicidio
El brutal hecho ocurrió en diciembre del año pasado en la zona norte de Roca.
Tres de los cuatro imputados por el homicidio de Oscar Ripari ocurrido en diciembre del año pasado, fueron condenados a la pena de 10 años de prisión tras haber reconocido ser los co-autores del hecho.
La calificación legal que los tres aceptaron es la de homicidio en ocasión de robo, según los Artículos 45 y 165 del Código Penal.
Entre la profusa prueba recolectada y presentada por la Fiscalía para esta instancia se encuentra la intervención del personal de la Comisaría 21°, los múltiples allanamientos, las entrevistas tomadas, los informes del Departamento de Informática Forense del Poder Judicial y de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (O.I.Tel.) dependiente de Procuración General. Se suman los análisis sobre celulares secuestrados, la intervención del Cuerpo de Investigación Judicial, la incorporación del contenido de las cámaras del 911.
Los tres imputados tras ser consultados por el Tribunal interviniente reconocieron haber cometido el hecho el 10 de diciembre de 2024, minutos antes de las 4.20 de la madrugada, en Cardenales casi San Juan, sobre margen sur, dependencia lindante a la carnicería denominada La Familia.
«En ese momento el cuarto imputado, conduciendo una moto acompañado por dos de los tres condenados hoy manejando otra motocicleta, ingresaron sin autorización al domicilio de la víctima con fines de robo», describió el fiscal.
«Para eso violentaron varias puertas, hasta dar con la víctima que se encontraba descansando. Una vez frente a él, lo golpearon provocando una hemorragia interna por desgarro del bazo, lesión que a las pocas horas le causó la muerte», agregó la Fiscalía.
«Así es que se apoderaron de la billetera de la víctima, que tenía su DNI, dinero en efectivo, tarjetas de débito, su celular, y de los freezers de la carnicería se llevaron aproximadamente diez costillares de carne vacuna y varias cajas de pollos, efectos que fueron trasladados en forma inmediata por todos los intervinientes, al domicilio alquilado por uno de los condenados. Éste último conforme una previa división de tareas, fue quien organizó el traslado de lo sustraído y prestó su casa para ocultarlos teniendo en cuenta el horario, la cantidad y dimensiones de los mismos», explicó el representante fiscal.
Tras un cuarto intermedio y de haber consultado a los defensores penales públicos, particular y fiscalía si renunciaban a los plazos procesales, el Tribunal Colegiado condenó a los tres hombres a la pena de 10 años de prisión más las accesorias legales y costas.
De esta manera, a partir de hoy están cumpliendo la condena.
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Invasión de lotes entre vecinos: Tendrá que devolver la fracción ocupada
Le construyeron un galpón de más de 65 metros cuadrados en su propio terreno. Deberán demolerlo.
Una mujer de Cipolletti decidió construir un quincho en el fondo de su casa, ubicada en el barrio San Lorenzo. Para avanzar con el proyecto, consultó a un arquitecto y encargó las primeras mediciones. El plano decía una cosa. La realidad, otra. La propiedad no tenía los 378 metros cuadrados que figuraban en la escritura. Faltaban más de 60.
Alarmada, pidió la intervención de un agrimensor. El profesional confirmó lo que sospechaba: el lote terminaba varios metros antes de lo que indicaban los papeles. Una construcción del vecino había avanzado sobre parte de su superficie. Un galpón de chapas se encontraba montado sobre una franja de más de 65 metros cuadrados que, según los títulos, formaban parte de su inmueble.
Intentó comunicarse con el ocupante. Lo buscó, hizo gestiones y promovió una mediación para resolver el conflicto sin necesidad de llegar a juicio. No obtuvo respuestas. La persona aludida evitó cualquier contacto. Ante esa situación, llevó el caso al Poder Judicial y presentó una acción de reivindicación. Reclamó que se le reconociera el derecho sobre ese sector y pidió que se ordenara su restitución.
El vecino demandado respondió mediante su abogado. Negó todo. No explicó cómo había ocupado esa parte del lote ni ofreció una versión alternativa de los hechos. Tampoco entregó pruebas sobre algún posible derecho a permanecer allí.
Durante el proceso, el fuero civil de Cipolletti recibió una pericia en agrimensura. El informe detalló que la superficie real de la propiedad era menor a la consignada en el título. Las mediciones revelaron que los muros del inmueble del fondo se encontraban desplazados y ocupaban una fracción de 12 metros de ancho por 5,45 de largo. El profesional concluyó que el inmueble del vecino había invadido parte del dominio de la denunciante. Ese informe no fue impugnado.
La resolución del fuero civil dio por acreditada la titularidad de la fracción reclamada. Destacó que el demandado no aportó prueba alguna sobre la existencia de un título válido ni demostró buena fe. También subrayó que la ocupante del inmueble afectado actuó en cuanto tomó conocimiento del problema y buscó distintas alternativas para resolverlo.
El fallo ordenó al vecino demandado restituir los 65,40 metros cuadrados ocupados, en un plazo de 45 días. También dispuso que se desmantele lo construido en ese sector, bajo apercibimiento de ejecución forzada a su cargo. La sentencia no está firme porque es de primera instancia y puede ser apelada.
