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Sociedad

Comenzó juicio oral contra acusados de «extorsionar» a porteros de Roca

Los hermanos Quintreman están acusados de cobrarle dinero a porteros para ingresar al sistema e inclusive, ser pasados a planta permanente del Estado.

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Comenzó ayer por la mañana ante la Cámara Criminal Segunda de Roca el juicio oral y público contra dos empleados de la Delegación local de Educación que están acusados de cometer el delito de «extorsión» en perjuicio de un grupo de porteros escolares. En la requisitoria de elevación a juicio se atribuye a los imputados Miriam y Pablo Quintremán una serie de hechos presuntamente ocurridos a partir de agosto de 2009, cuando la primera se desempeñaba como «coordinadora del sector no docente» en el mencionado organismo estatal y su hermano cumplía tareas afines en la misma repartición. Por su función, ambos tenían injerencia de hecho en la selección y organización del personal de maestranza en los establecimientos educativos de la jurisdicción.

La acusación es sostenida por el Fiscal de Cámara Andrés José Nelli, mientras que los imputados cuentan con la defensa particular del abogado Jorge Crespo. El Tribunal está integrado por los jueces Gastón Martín, María Evelina García Balduini y Oscar Gatti.

En el inicio del debate ambos acusados optaron por su derecho de abstenerse de declarar, aunque anticiparon que brindarán su versión de descargo una vez finalizada la ronda de testimoniales.

El primer hecho descripto en la requisitoria indica que los imputados, luego de «suspender la contratación» de una portera, la convocaron «de noche» a la vivienda particular de Miriam Quintremán, donde le habrían propuesto la «devolución» del empleo y la designación en otro establecimiento «a cambio de la suma de $1.500», todo «a sabiendas de la situación de apremio económico» que atravesaba la mujer. La damnificada habría abonado esa suma en dos cuotas y también habría pagado otros montos requeridos con posterioridad -en efectivo o mediante compra de ropa deportiva con su tarjeta de crédito- y declaró hoy en la audiencia que aceptó aquellas condiciones porque «ellos manejaban todo en la Delegación y sino me quedaba sin trabajo». También surge de la requisitoria los imputados le habrían requerido «llevarles gente» para designar como porteros/as en las mismas condiciones y para «llevarlos a actos políticos».

El segundo hecho imputado indica que a otra mujer que era «aspirante a portera», Pablo Quintremán le habría exigido $4.000 para ingresar al cargo, los cuales sólo habría pagado parcialmente. Señala la requisitoria que luego, ante la negativa de la mujer a endeudarse «con un prestamista», como se le habría requerido, el imputado «comenzó a presionarla rotándola abusivamente por distintos establecimientos» educativos de la ciudad, siempre bajo amenaza de darle «la baja» a su contrato.

El tercer hecho imputado es por el caso de otro portero que ingresó como contratado en febrero de 2010 y habría abonado a través de su cuñada (la damnificada del primer hecho) la suma de $ 3.000, en cuotas, a Pablo Quintremán. El hombre declaró en la audiencia de hoy que durante una reunión con Miriam Quintremán ésta le manifestó que «cumplido el pago era más seguro entrar a planta permanente» y que de no haber cumplido con las cuotas «no habría seguido trabajando».

El cuarto hecho habría ocurrido en las oficinas de la Delegación de Educación, donde por entonces Pablo Quintremán se desempeñaba en el área de Salud del personal no docentes. Indica la requisitoria que «abusando del sistema de contrataciones renovables» y «aprovechándose de su necesidad laboral imperante», habría hecho contratar a un portero y le habría exigido a cambio la suma de $2.000, que el hombre finalmente habría pagado en tres cuotas.

La acusación fiscal concluyó que ambos «abusaron sistemáticamente de sus cargos», «exigieron contribuciones indebidas en beneficio propio» y «se aprovecharon de la necesidad de las víctimas».

La situación fue denunciada penalmente previa intervención de referentes sindicales y el hecho llegó a juicio bajo la calificación legal de «extorsión». Esa figura, prevista en el artículo 168 del Código Penal, establece penas de prisión «de 5 a 10 años» a quien «con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos».

En la audiencia de hoy declararon los damnificados de los hechos primero y tercero, además de una «becaria» y dos empleados que al momento de los hechos investigados eran delegados de UPCN en la Delegación de Educación. Para la próxima audiencia, que será el 21 de septiembre a las 10:30, hay otros 9 testigos citados a prestar declaración.

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Roca

La zona oeste de Roca suma 115 luminarias LED: La obra de Villegas entra en su tramo final

Los trabajos incluyen más de 110 nuevas columnas, 3.000 metros de cableado y beneficiará a varios barrios del oeste.

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El Municipio de Roca avanza en la etapa final de la obra de ampliación de la red de alumbrado público en calle Villegas, en el tramo comprendido entre Damas Patricias y Félix Heredia.

Los trabajos incorporan luminarias LED de última generación, que «permitirán mejorar la seguridad, la visibilidad nocturna y la eficiencia energética en una amplia zona del oeste de la ciudad», destacaron desde la comuna roquense.

La obra ya tiene concluida la instalación de la nueva red eléctrica, donde se colocaron 115 columnas metálicas equipadas con tecnología LED y se tendieron 3.000 metros de cable preensamblado.

Solo restan tareas menores, como la puesta a tierra, trabajos de pintura y el sellado de hormigón en las últimas columnas.

Los barrios Porvenir, ATSA, Alimentación, Belgrano (Plan Procrear) y el acceso a J.J. Gómez serán los principales beneficiados con la ampliación del alumbrado, que transformará la iluminación del sector y reforzará la seguridad urbana. Desde el Municipio destacaron que «el recambio a LED garantiza un consumo energético más bajo, mayor durabilidad y menos necesidad de mantenimiento, contribuyendo además al cuidado del ambiente».

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Río Negro

Buscan prohibir el uso de cigarrillos electrónicos en espacios públicos de Río Negro

Preocupa el crecimiento del vapeo, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

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La Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura de Río Negro respaldó por mayoría este lunes (17/11) una actualización de la Ley N° 4714 para combatir la expansión del vapeo, especialmente entre adolescentes y jóvenes, e impone campañas de concientización obligatorias.

El objetivo principal de la iniciativa de Javier Acevedo (ARI) es modificar e incorporar artículos para incluir de manera expresa la prohibición del uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores o dispositivos electrónicos de administración de nicotina (DEAN) en los espacios cerrados de acceso público regulados por dicha norma.

Justificación ante la expansión juvenil

Los fundamentos del proyecto indican que la Ley N° 4714, que adhiere a la Norma Nacional N° 26.687, fue sancionada en un contexto donde los dispositivos electrónicos que simulan el acto de fumar no tenían la penetración actual en el mercado, especialmente en el segmento juvenil.

«Actualmente, el uso de estos productos ha crecido de forma exponencial en todo el país», sostuvo Avecedo y añadió que este crecimiento es «muchas veces impulsado por estrategias de marketing engañosas que minimizan o disimulan sus efectos perjudiciales para la salud».

Riesgos y marco normativo nacional

El proyecto se sustenta en «advertencias de numerosos estudios científicos y organismos nacionales e internacionales, incluyendo la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud de la Nación». Estos organismos han señalado que «el aerosol emitido por estos dispositivos contiene sustancias tóxicas, metales pesados y nicotina, resultando perjudicial no solo para el usuario sino también para quienes lo inhalan pasivamente».

A nivel nacional, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió mediante la Disposición N° 3226/2011 «la venta, promoción e importación de estos dispositivos, ya que no se ha demostrado ni su inocuidad ni su eficacia como herramienta terapéutica». Pese a esta prohibición, la comercialización y el consumo se han mantenido y expandido, principalmente a través de redes sociales, canales informales y en entornos frecuentados por adolescentes.

Además de la prohibición de uso en espacios cerrados de acceso público, el proyecto suma una obligación expresa del Estado provincial de realizar campañas de prevención, información y educación.

Si bien no objetó la propuesta, el legislador Juan Murillo Ongaro (PRO – Unión Republicana) preguntó si se habían realizado las consultas pertinentes a las áreas provinciales vinculadas con esta temática. «Con esos datos podremos analizarlo y brindar nuestro punto de vista», indicó.

«No tenemos una respuesta del Ministerio (de Salud), pero nos amparamos en los fundamentos, que no son inventados, sino que se trata de estudios científicos avalados por organismos nacionales e internacionales», cerró Acevedo.

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Roca

Sumario a 23 agentes de recolección de residuos por irregularidades, pero garantizan el servicio en la ciudad

El Municipio desmintió versiones sobre una posible interrupción del servicio y confirmó que la recolección se realiza con normalidad.

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El Municipio de Roca salió a aclarar que la recolección de residuos en la ciudad se presta con total normalidad y continuará funcionando sin modificaciones, luego de que «circularan falsos trascendidos sobre una supuesta interrupción del servicio», indicaron.

Según informó la Municipalidad, desde el área de Recursos Humanos se detectaron «irregularidades» en el fichado del sector de recolección de residuos. Por este motivo, se inició un sumario administrativo que ya fue elevado a la Junta de Disciplina, organismo encargado de investigar el caso y determinar las medidas correspondientes respecto del accionar de 23 agentes municipales.

Mientras avanza el proceso interno, desde el Ejecutivo municipal remarcaron que la investigación no afectará la prestación del servicio, la cual seguirá desarrollándose en los horarios y recorridos habituales.

El Municipio pidió a los vecinos «desestimar versiones no oficiales» y recordó que cualquier novedad vinculada al servicio será comunicada por los canales institucionales.

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