Sociedad
Comenzó juicio oral contra acusados de «extorsionar» a porteros de Roca
Los hermanos Quintreman están acusados de cobrarle dinero a porteros para ingresar al sistema e inclusive, ser pasados a planta permanente del Estado.
Comenzó ayer por la mañana ante la Cámara Criminal Segunda de Roca el juicio oral y público contra dos empleados de la Delegación local de Educación que están acusados de cometer el delito de «extorsión» en perjuicio de un grupo de porteros escolares. En la requisitoria de elevación a juicio se atribuye a los imputados Miriam y Pablo Quintremán una serie de hechos presuntamente ocurridos a partir de agosto de 2009, cuando la primera se desempeñaba como «coordinadora del sector no docente» en el mencionado organismo estatal y su hermano cumplía tareas afines en la misma repartición. Por su función, ambos tenían injerencia de hecho en la selección y organización del personal de maestranza en los establecimientos educativos de la jurisdicción.
La acusación es sostenida por el Fiscal de Cámara Andrés José Nelli, mientras que los imputados cuentan con la defensa particular del abogado Jorge Crespo. El Tribunal está integrado por los jueces Gastón Martín, María Evelina García Balduini y Oscar Gatti.
En el inicio del debate ambos acusados optaron por su derecho de abstenerse de declarar, aunque anticiparon que brindarán su versión de descargo una vez finalizada la ronda de testimoniales.
El primer hecho descripto en la requisitoria indica que los imputados, luego de «suspender la contratación» de una portera, la convocaron «de noche» a la vivienda particular de Miriam Quintremán, donde le habrían propuesto la «devolución» del empleo y la designación en otro establecimiento «a cambio de la suma de $1.500», todo «a sabiendas de la situación de apremio económico» que atravesaba la mujer. La damnificada habría abonado esa suma en dos cuotas y también habría pagado otros montos requeridos con posterioridad -en efectivo o mediante compra de ropa deportiva con su tarjeta de crédito- y declaró hoy en la audiencia que aceptó aquellas condiciones porque «ellos manejaban todo en la Delegación y sino me quedaba sin trabajo». También surge de la requisitoria los imputados le habrían requerido «llevarles gente» para designar como porteros/as en las mismas condiciones y para «llevarlos a actos políticos».
El segundo hecho imputado indica que a otra mujer que era «aspirante a portera», Pablo Quintremán le habría exigido $4.000 para ingresar al cargo, los cuales sólo habría pagado parcialmente. Señala la requisitoria que luego, ante la negativa de la mujer a endeudarse «con un prestamista», como se le habría requerido, el imputado «comenzó a presionarla rotándola abusivamente por distintos establecimientos» educativos de la ciudad, siempre bajo amenaza de darle «la baja» a su contrato.
El tercer hecho imputado es por el caso de otro portero que ingresó como contratado en febrero de 2010 y habría abonado a través de su cuñada (la damnificada del primer hecho) la suma de $ 3.000, en cuotas, a Pablo Quintremán. El hombre declaró en la audiencia de hoy que durante una reunión con Miriam Quintremán ésta le manifestó que «cumplido el pago era más seguro entrar a planta permanente» y que de no haber cumplido con las cuotas «no habría seguido trabajando».
El cuarto hecho habría ocurrido en las oficinas de la Delegación de Educación, donde por entonces Pablo Quintremán se desempeñaba en el área de Salud del personal no docentes. Indica la requisitoria que «abusando del sistema de contrataciones renovables» y «aprovechándose de su necesidad laboral imperante», habría hecho contratar a un portero y le habría exigido a cambio la suma de $2.000, que el hombre finalmente habría pagado en tres cuotas.
La acusación fiscal concluyó que ambos «abusaron sistemáticamente de sus cargos», «exigieron contribuciones indebidas en beneficio propio» y «se aprovecharon de la necesidad de las víctimas».
La situación fue denunciada penalmente previa intervención de referentes sindicales y el hecho llegó a juicio bajo la calificación legal de «extorsión». Esa figura, prevista en el artículo 168 del Código Penal, establece penas de prisión «de 5 a 10 años» a quien «con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos».
En la audiencia de hoy declararon los damnificados de los hechos primero y tercero, además de una «becaria» y dos empleados que al momento de los hechos investigados eran delegados de UPCN en la Delegación de Educación. Para la próxima audiencia, que será el 21 de septiembre a las 10:30, hay otros 9 testigos citados a prestar declaración.
Roca
Lanzan una licitación por más de 816 millones para obras en el Paseo Canal Grande y estacionamientos sobre las vías
Los trabajos comprenden la margen sur y también la ejecución de playas de estacionamiento en las calles 25 de Mayo y Rochdale.
La Municipalidad de General Roca lanzó la Licitación Pública N° 22/2026 para la contratación de la mano de obra, materiales, maquinarias y equipos destinados a la ejecución de la obra del Paseo Canal Grande, sobre la margen sur, y de playas de estacionamiento en las calles 25 de Mayo y Rochdale. El presupuesto oficial asciende a $816.708.687,50.
Las ofertas podrán presentarse hasta el miércoles 30 de julio a las 10. Ese mismo día, a las 10.30, se realizará la apertura de sobres en la Dirección de Contrataciones de la Municipalidad. Además, se estableció que el mantenimiento de la oferta no podrá ser inferior a 45 días hábiles.
Los interesados podrán consultar los pliegos de bases y condiciones en la Dirección de Contrataciones de la Municipalidad de General Roca, ubicada en Bartolomé Mitre 710, durante el horario administrativo vigente.
Roca
El conector vial de Damas Patricias entra en una etapa clave para su pavimentación
Los trabajos se desarrollan entre las calles Estados Unidos y Bolivia.
El Municipio continúa con la ejecución del conector vial sobre calle Damas Patricias, en el tramo comprendido entre Estados Unidos y Bolivia, una obra estratégica incluida en el Plan de conectividad e infraestructura vial que busca mejorar la circulación, la seguridad y la integración urbana de ese sector de General Roca.
Actualmente las tareas se concentran en la ejecución de la infraestructura necesaria para conformar las bases estructurales que sostendrán el futuro pavimento de la calzada, una etapa considerada fundamental para garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
El proyecto contempla la pavimentación de aproximadamente 7.200 metros cuadrados mediante pavimento flexible, con el objetivo de mejorar las condiciones funcionales, estructurales, estéticas y ambientales de la arteria.
En paralelo, se avanza con la finalización del sistema de desagüe pluvial entubado mediante la construcción de cámaras de inspección que permitirán optimizar el escurrimiento de las aguas de lluvia.
La intervención también incluye la terminación de cordones cuneta, badenes y veredas, consolidando el boulevard como un espacio destinado a la circulación y la recreación, integrado a la colectora de Damas Patricias ejecutada en años anteriores.
Una vez concluida la pavimentación, se realizará la demarcación de un nuevo tramo de ciclovía para fortalecer el corredor de movilidad norte-sur y brindar mayor seguridad a ciclistas, peatones y conductores.
Río Negro
La Provincia fiscalizó el avance de la recuperación ambiental en canteras de arenas silíceas
Los controles alcanzaron a las canteras Weber y Bauti 19, donde se constató el avance de los trabajos de remediación y el cumplimiento de las condiciones establecidas.
La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro realizó una nueva inspección en canteras de arenas silíceas del Alto Valle para verificar el avance de los procesos de remediación ambiental y el cumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones de explotación.
Las recorridas incluyeron la cantera Weber, donde conviven sectores que continúan en producción con otros que ya ingresaron en una etapa avanzada de recuperación, y la cantera Bauti 19, que presenta un importante grado de remediación.
Desde el organismo explicaron que las inspecciones forman parte del seguimiento que se realiza durante toda la vida útil de una cantera. El jefe del Departamento de Minería, Sergio Voglino, indicó que el objetivo es garantizar que la actividad se desarrolle correctamente desde el inicio de la explotación hasta su cierre definitivo.
La remediación ambiental constituye una obligación para las empresas y comprende una serie de tareas destinadas a dejar el terreno en condiciones adecuadas una vez finalizada la etapa productiva. Entre los trabajos se encuentran la estabilización de taludes, la adecuación de pendientes, la reincorporación del suelo fértil y labores de escarificado para favorecer la revegetación.
Desde la Secretaría señalaron que el tiempo de recuperación varía de acuerdo con las características de cada sitio y las condiciones climáticas, pudiendo extenderse desde algunos meses hasta uno o dos años.
