Sociedad
Comenzó juicio oral contra acusados de «extorsionar» a porteros de Roca
Los hermanos Quintreman están acusados de cobrarle dinero a porteros para ingresar al sistema e inclusive, ser pasados a planta permanente del Estado.
Comenzó ayer por la mañana ante la Cámara Criminal Segunda de Roca el juicio oral y público contra dos empleados de la Delegación local de Educación que están acusados de cometer el delito de «extorsión» en perjuicio de un grupo de porteros escolares. En la requisitoria de elevación a juicio se atribuye a los imputados Miriam y Pablo Quintremán una serie de hechos presuntamente ocurridos a partir de agosto de 2009, cuando la primera se desempeñaba como «coordinadora del sector no docente» en el mencionado organismo estatal y su hermano cumplía tareas afines en la misma repartición. Por su función, ambos tenían injerencia de hecho en la selección y organización del personal de maestranza en los establecimientos educativos de la jurisdicción.
La acusación es sostenida por el Fiscal de Cámara Andrés José Nelli, mientras que los imputados cuentan con la defensa particular del abogado Jorge Crespo. El Tribunal está integrado por los jueces Gastón Martín, María Evelina García Balduini y Oscar Gatti.
En el inicio del debate ambos acusados optaron por su derecho de abstenerse de declarar, aunque anticiparon que brindarán su versión de descargo una vez finalizada la ronda de testimoniales.
El primer hecho descripto en la requisitoria indica que los imputados, luego de «suspender la contratación» de una portera, la convocaron «de noche» a la vivienda particular de Miriam Quintremán, donde le habrían propuesto la «devolución» del empleo y la designación en otro establecimiento «a cambio de la suma de $1.500», todo «a sabiendas de la situación de apremio económico» que atravesaba la mujer. La damnificada habría abonado esa suma en dos cuotas y también habría pagado otros montos requeridos con posterioridad -en efectivo o mediante compra de ropa deportiva con su tarjeta de crédito- y declaró hoy en la audiencia que aceptó aquellas condiciones porque «ellos manejaban todo en la Delegación y sino me quedaba sin trabajo». También surge de la requisitoria los imputados le habrían requerido «llevarles gente» para designar como porteros/as en las mismas condiciones y para «llevarlos a actos políticos».
El segundo hecho imputado indica que a otra mujer que era «aspirante a portera», Pablo Quintremán le habría exigido $4.000 para ingresar al cargo, los cuales sólo habría pagado parcialmente. Señala la requisitoria que luego, ante la negativa de la mujer a endeudarse «con un prestamista», como se le habría requerido, el imputado «comenzó a presionarla rotándola abusivamente por distintos establecimientos» educativos de la ciudad, siempre bajo amenaza de darle «la baja» a su contrato.
El tercer hecho imputado es por el caso de otro portero que ingresó como contratado en febrero de 2010 y habría abonado a través de su cuñada (la damnificada del primer hecho) la suma de $ 3.000, en cuotas, a Pablo Quintremán. El hombre declaró en la audiencia de hoy que durante una reunión con Miriam Quintremán ésta le manifestó que «cumplido el pago era más seguro entrar a planta permanente» y que de no haber cumplido con las cuotas «no habría seguido trabajando».
El cuarto hecho habría ocurrido en las oficinas de la Delegación de Educación, donde por entonces Pablo Quintremán se desempeñaba en el área de Salud del personal no docentes. Indica la requisitoria que «abusando del sistema de contrataciones renovables» y «aprovechándose de su necesidad laboral imperante», habría hecho contratar a un portero y le habría exigido a cambio la suma de $2.000, que el hombre finalmente habría pagado en tres cuotas.
La acusación fiscal concluyó que ambos «abusaron sistemáticamente de sus cargos», «exigieron contribuciones indebidas en beneficio propio» y «se aprovecharon de la necesidad de las víctimas».
La situación fue denunciada penalmente previa intervención de referentes sindicales y el hecho llegó a juicio bajo la calificación legal de «extorsión». Esa figura, prevista en el artículo 168 del Código Penal, establece penas de prisión «de 5 a 10 años» a quien «con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos».
En la audiencia de hoy declararon los damnificados de los hechos primero y tercero, además de una «becaria» y dos empleados que al momento de los hechos investigados eran delegados de UPCN en la Delegación de Educación. Para la próxima audiencia, que será el 21 de septiembre a las 10:30, hay otros 9 testigos citados a prestar declaración.
Roca
Roca puso en marcha una obra clave: Comenzó el conector vial de calle Güemes
Se intervendrá el tramo entre Jujuy y Mendoza con mejoras integrales.
Con el objetivo de mejorar la circulación y la conectividad urbana, el Municipio de General Roca comenzó la ejecución de una nueva obra vial sobre calle Güemes.
Se trata del conector vial Gral. M.M. Güemes, que abarca el tramo comprendido entre las calles Jujuy y Mendoza. El proyecto contempla pavimentación, construcción de cordón cuneta y badenes, además de la incorporación de estacionamientos a 45° y señalización horizontal.
Asimismo, se realizarán obras complementarias como la colocación de alcantarillas en calles Formosa, Río Negro y Norberto Blanes.
Esta intervención forma parte del Plan de Conectividad e Infraestructura Vial, que prevé una serie de mejoras en arterias clave de la ciudad para facilitar la circulación vehicular y la integración entre distintos sectores.
Política
El bloque opositor constituye mayoría en el Consejo Superior del IUPA y exige condiciones para una transición democrática plena
El 30 de marzo se llevará adelante la primera sesión del Consejo Superior, donde se elegirán las nuevas autoridades que conducirán la institución.
Los comicios celebrados los días 15 y 16 de marzo en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) han dado como resultado la conformación de un bloque opositor mayoritario en el Consejo Superior, integrado por las fuerzas Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa. Este bloque, que se identifica como Consejeros Electos por la Transparencia, emitió un comunicado manifestando su posición ante la comunidad universitaria y la opinión pública.
«El bloque opositor reconoce y valida la elección de los consejeros estudiantiles de La 17 y Unesa, obtenida de manera transparente y ajustada a derecho, con la presencia de autoridades de mesa reconocidas en los padrones oficiales y fiscales de todas las fuerzas participantes del acto electoral de la sede central», indicaron.
Asimismo, «desconoce los resultados irregulares provenientes de las urnas de las dependencias adicionales y autoridades de mesa (Disposición N° 005/2026), debidamente observadas por las listas en instancias previas y durante el acto eleccionario».
Además, el bloque opositor denunció que las autoridades normalizadoras «están realizando una manipulación maliciosa de la información al difundir resultados electorales a través de medios oficiales sin respaldo documental alguno, sin haber puesto a disposición de las fuerzas políticas ningún tipo de documentación oficial que los acredite. Este proceder constituye un acto de negligencia institucional que vicia de nulidad cualquier comunicación oficial en ese sentido».
En virtud de lo expuesto, el bloque considera pertinente la creación de una comisión de investigación sobre las actuaciones de la Junta Electoral a lo largo de todo el proceso electivo, con el objetivo de analizar si las acciones llevadas adelante han cumplido con los principios de transparencia e imparcialidad que deben regir todo acto democrático. El bloque se reserva el derecho de iniciar sumarios administrativos, disciplinares y legales si las irregularidades verificadas así lo requirieran.
Finalmente manifestaron que las fuerzas que conforman el bloque opositor electo exigen condiciones plenas para ejercer su mandato como representantes democráticos en la primera sesión del Consejo Superior, prevista para el 30 de marzo, instancia en la que se elegirán las nuevas autoridades que conducirán el período democrático de la universidad de las artes de la provincia.
Todas las autoridades designadas por el rector normalizador deben dar lugar a la nueva conducción elegida por los representantes democráticos. Esto incluye al rector, vicerrector, directores y secretarios. «No puede haber democracia universitaria plena mientras persistan en sus funciones autoridades no surgidas del voto de la comunidad», indicaron.
«El IUPA le debe a su comunidad una universidad democrática, transparente y abierta. Ese es el mandato que recibimos en las urnas y ese es el compromiso que asumimos», concluye el comunicado firmaron por Consejeros Electos por la Transparencia (Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa).
Política
Tensión en el IUPA tras las elecciones: Impugnaciones, acusaciones y disputa por el Consejo Superior
La oposición asegura haber logrado mayoría, mientras el oficialismo reivindica el resultado electoral.
Las elecciones en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), realizadas entre el domingo (15/03) y el lunes (16/03), marcaron un hecho clave en el proceso de normalización institucional, pero derivaron en un fuerte conflicto político y denuncias cruzadas entre distintos sectores de la comunidad universitaria.
Desde la institución se destacó la participación de docentes, estudiantes y personal no docente en la elección de representantes para el Consejo Superior, el máximo órgano de gobierno. Según el escrutinio provisorio, la lista oficialista La Unión obtuvo un amplio respaldo en varios claustros.
Sin embargo, la oposición y sectores estudiantiles denunciaron irregularidades en el proceso electoral. Agrupaciones opositoras, entre ellas la Lista 10 -que es la que más sufragios recibió de la oposición- impugnaron el resultado al sostener que se incorporó fuera de término un padrón de estudiantes vinculados a programas de extensión, lo que -según afirmaron- habría alterado el resultado final en el claustro estudiantil.
De acuerdo a esa denuncia, en la sede central votaron 611 estudiantes y ninguna de las listas con mayor respaldo en ese ámbito obtuvo representación, mientras que la lista oficialista logró las dos bancas a partir de votos provenientes de otras localidades.
Además, se cuestionaron aspectos vinculados a la fiscalización, el escrutinio y la conformación de mesas, lo que motivó pedidos de impugnación y la convocatoria a una asamblea para definir posibles medidas de protesta.
Desde el oficialismo, en tanto, rechazaron de manera categórica las acusaciones y denunciaron intentos de deslegitimar el proceso electoral. En un comunicado, sostuvieron que las elecciones se realizaron con todas las garantías institucionales y acusaron a sectores opositores de promover acciones de «violencia política» y desinformación.
En paralelo, desde espacios opositores también se difundieron resultados propios que indicarían una mayoría de consejeros contrarios al oficialismo dentro del futuro Consejo Superior, lo que podría incidir directamente en la elección del rector prevista para fin de mes.
El proceso continúa abierto a la espera del escrutinio definitivo, que será clave para validar los resultados y definir la composición final del órgano de gobierno.
