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Sociedad

Comenzó juicio oral contra acusados de «extorsionar» a porteros de Roca

Los hermanos Quintreman están acusados de cobrarle dinero a porteros para ingresar al sistema e inclusive, ser pasados a planta permanente del Estado.

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Comenzó ayer por la mañana ante la Cámara Criminal Segunda de Roca el juicio oral y público contra dos empleados de la Delegación local de Educación que están acusados de cometer el delito de «extorsión» en perjuicio de un grupo de porteros escolares. En la requisitoria de elevación a juicio se atribuye a los imputados Miriam y Pablo Quintremán una serie de hechos presuntamente ocurridos a partir de agosto de 2009, cuando la primera se desempeñaba como «coordinadora del sector no docente» en el mencionado organismo estatal y su hermano cumplía tareas afines en la misma repartición. Por su función, ambos tenían injerencia de hecho en la selección y organización del personal de maestranza en los establecimientos educativos de la jurisdicción.

La acusación es sostenida por el Fiscal de Cámara Andrés José Nelli, mientras que los imputados cuentan con la defensa particular del abogado Jorge Crespo. El Tribunal está integrado por los jueces Gastón Martín, María Evelina García Balduini y Oscar Gatti.

En el inicio del debate ambos acusados optaron por su derecho de abstenerse de declarar, aunque anticiparon que brindarán su versión de descargo una vez finalizada la ronda de testimoniales.

El primer hecho descripto en la requisitoria indica que los imputados, luego de «suspender la contratación» de una portera, la convocaron «de noche» a la vivienda particular de Miriam Quintremán, donde le habrían propuesto la «devolución» del empleo y la designación en otro establecimiento «a cambio de la suma de $1.500», todo «a sabiendas de la situación de apremio económico» que atravesaba la mujer. La damnificada habría abonado esa suma en dos cuotas y también habría pagado otros montos requeridos con posterioridad -en efectivo o mediante compra de ropa deportiva con su tarjeta de crédito- y declaró hoy en la audiencia que aceptó aquellas condiciones porque «ellos manejaban todo en la Delegación y sino me quedaba sin trabajo». También surge de la requisitoria los imputados le habrían requerido «llevarles gente» para designar como porteros/as en las mismas condiciones y para «llevarlos a actos políticos».

El segundo hecho imputado indica que a otra mujer que era «aspirante a portera», Pablo Quintremán le habría exigido $4.000 para ingresar al cargo, los cuales sólo habría pagado parcialmente. Señala la requisitoria que luego, ante la negativa de la mujer a endeudarse «con un prestamista», como se le habría requerido, el imputado «comenzó a presionarla rotándola abusivamente por distintos establecimientos» educativos de la ciudad, siempre bajo amenaza de darle «la baja» a su contrato.

El tercer hecho imputado es por el caso de otro portero que ingresó como contratado en febrero de 2010 y habría abonado a través de su cuñada (la damnificada del primer hecho) la suma de $ 3.000, en cuotas, a Pablo Quintremán. El hombre declaró en la audiencia de hoy que durante una reunión con Miriam Quintremán ésta le manifestó que «cumplido el pago era más seguro entrar a planta permanente» y que de no haber cumplido con las cuotas «no habría seguido trabajando».

El cuarto hecho habría ocurrido en las oficinas de la Delegación de Educación, donde por entonces Pablo Quintremán se desempeñaba en el área de Salud del personal no docentes. Indica la requisitoria que «abusando del sistema de contrataciones renovables» y «aprovechándose de su necesidad laboral imperante», habría hecho contratar a un portero y le habría exigido a cambio la suma de $2.000, que el hombre finalmente habría pagado en tres cuotas.

La acusación fiscal concluyó que ambos «abusaron sistemáticamente de sus cargos», «exigieron contribuciones indebidas en beneficio propio» y «se aprovecharon de la necesidad de las víctimas».

La situación fue denunciada penalmente previa intervención de referentes sindicales y el hecho llegó a juicio bajo la calificación legal de «extorsión». Esa figura, prevista en el artículo 168 del Código Penal, establece penas de prisión «de 5 a 10 años» a quien «con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos».

En la audiencia de hoy declararon los damnificados de los hechos primero y tercero, además de una «becaria» y dos empleados que al momento de los hechos investigados eran delegados de UPCN en la Delegación de Educación. Para la próxima audiencia, que será el 21 de septiembre a las 10:30, hay otros 9 testigos citados a prestar declaración.

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Roca

Chacramonte: Llegaron las cañerías y más de 100 familias tendrán agua en su casa

Se trata de una intervención integral que contempla el tendido de 1.500 metros de cañería para abastecer y vincular sectores del barrio

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Se concretó la llegada de la cañería al barrio Chacramonte, en General Roca. La intervención permitirá avanzar en la extensión de la red de agua potable y beneficiará a más de 100 familias.

Se trata de una intervención integral que contempla el tendido de 1.500 metros de cañería para abastecer y vincular sectores del barrio Chacramonte, que actualmente no cuentan con acceso al servicio de agua potable.

Con la llegada de los materiales, la obra comienza a concretarse y próximamente se iniciarán las tareas de tendido e instalación de la cañería.

«Los trabajos forman parte del compromiso asumido por el gobernador Alberto Weretilneck, que, a través de Aguas Rionegrinas, busca dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos del barrio», destacaron desde el Gobierno Provincial.

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Río Negro

Río Negro llevará el Registro Civil a las escuelas para actualizar el DNI de estudiantes

El Gobierno de Río Negro pondrá en marcha operativos escolares para actualizar el Documento Nacional de Identidad de estudiantes primarios.

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Río Negro pone en marcha Tu Identidad, un programa que acercará el Registro Civil a las escuelas de la provincia con el objetivo de actualizar el DNI de estudiantes de nivel primario que no hayan realizado el trámite correspondiente entre los 5 y los 8 años. La iniciativa, impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck, apunta a facilitar el acceso a la documentación y garantizar que los menores tengan su Documento Nacional de Identidad al día.

El programa, articulado por los ministerios de Gobierno y Trabajo y de Educación y Derechos Humanos, comenzará su primera etapa el próximo lunes (19/10), y se extenderá hasta fines de noviembre con operativos simultáneos en escuelas primarias de Bariloche, Roca, Cipolletti y Viedma. En diciembre y a lo largo de 2027, el cronograma continuará en otras localidades.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, destacó la importancia del trabajo conjunto entre las áreas provinciales: «Este programa demuestra lo que podemos lograr cuando trabajamos de manera articulada. Junto al Ministerio de Educación vamos a llevar el Registro Civil directamente a las escuelas, facilitando un trámite obligatorio y muy importante para las familias. Es una decisión de nuestro gobernador Alberto Weretilneck: estar presentes, simplificando los trámites y dando respuestas concretas a los rionegrinos».

Por su parte la ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, resaltó la decisión del gobernador Weretilneck para la realización de estos programas: «Para nosotros es muy importante esta articulación porque de esta manera podemos garantizar una solución a muchas familias de la provincia que podrán realizar este trámite para que sus hijos e hijas puedan contar con su DNI. Con este programa en conjunto entre las distintas áreas del Gobierno de Río Negro acompañamos a esas familias en este proceso y eso nos pone muy felices».

En este sentido, el director del Registro Civil, Pedro Sánchez, explicó que «cuando un menor se pasa de la edad pautada, si no realizó el trámite obligatorio de renovación, el DNI anterior queda automáticamente inhabilitado para cualquier trámite formal. Por eso es tan importante que podamos ir a buscar a los niños que no han hecho la actualización pertinente». Asimismo, recordó que esta renovación obligatoria permite actualizar la fotografía, la firma y la huella digital de cada niño o niña.

Las familias también pueden realizar el trámite en cualquiera de las más de 60 delegaciones del Registro Civil de la provincia. El plazo estimado de entrega del nuevo DNI es de entre 10 y 20 días, por lo que se recomienda realizar la gestión con anticipación.

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Judiciales

Después de 20 años sin verse, un padre y su hija se reencontraron en una mediación

El encuentro se produjo en el marco de un reclamo para sostener los estudios terciarios de la joven. Además de alcanzar un acuerdo alimentario, padre e hija pudieron conversar, abrazarse y retomar el contacto.

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Una joven de 21 años se presentó en el Centro de Atención de la Defensa Pública (CADEP) para solicitar que su padre colaborara económicamente con el sostenimiento de sus estudios terciarios. Sin embargo, la mediación terminó convirtiéndose en una oportunidad para reencontrarse después de aproximadamente 20 años sin verse.

La joven llegó acompañada por su madre y, en un primer momento, la intervención se desarrolló en salas separadas. Durante la reunión, explicó cuáles eran sus necesidades, cómo era su carrera y por qué había recurrido a esa instancia. Por su parte, el padre realizó un ofrecimiento concreto y pidió poder hablar con su hija.

Ante esa situación, las defensoras intervinientes les propusieron compartir un espacio a solas, sin abogados de por medio. Ambos aceptaron y se sentaron juntos en una de las salas del Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC).

El encuentro se prolongó durante un tiempo considerable. Cuando las profesionales volvieron a ingresar, encontraron a padre e hija abrazados y llorando.

Según explicó una de las representantes de la Defensa Pública, esos minutos, que fueron posibles a partir de una necesidad concreta de la joven para continuar sus estudios, abrieron una posibilidad para recomponer el vínculo familiar.

Durante la reunión, ambos intercambiaron sus números de celular y acordaron coordinar un encuentro para tomar un café. De acuerdo con lo informado por las defensoras, ese contacto comenzó a sostenerse desde que salieron de la mediación.

En cuanto al reclamo económico, las partes acordaron que el padre destinará un porcentaje del beneficio previsional que percibe. Para instrumentar lo convenido, se dispuso la apertura de una cuenta judicial y se ofició a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para que se realice la retención voluntaria acordada en concepto de prestación alimentaria para su hija.

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