Sociedad
Comenzó juicio oral contra acusados de «extorsionar» a porteros de Roca
Los hermanos Quintreman están acusados de cobrarle dinero a porteros para ingresar al sistema e inclusive, ser pasados a planta permanente del Estado.
Comenzó ayer por la mañana ante la Cámara Criminal Segunda de Roca el juicio oral y público contra dos empleados de la Delegación local de Educación que están acusados de cometer el delito de «extorsión» en perjuicio de un grupo de porteros escolares. En la requisitoria de elevación a juicio se atribuye a los imputados Miriam y Pablo Quintremán una serie de hechos presuntamente ocurridos a partir de agosto de 2009, cuando la primera se desempeñaba como «coordinadora del sector no docente» en el mencionado organismo estatal y su hermano cumplía tareas afines en la misma repartición. Por su función, ambos tenían injerencia de hecho en la selección y organización del personal de maestranza en los establecimientos educativos de la jurisdicción.
La acusación es sostenida por el Fiscal de Cámara Andrés José Nelli, mientras que los imputados cuentan con la defensa particular del abogado Jorge Crespo. El Tribunal está integrado por los jueces Gastón Martín, María Evelina García Balduini y Oscar Gatti.
En el inicio del debate ambos acusados optaron por su derecho de abstenerse de declarar, aunque anticiparon que brindarán su versión de descargo una vez finalizada la ronda de testimoniales.
El primer hecho descripto en la requisitoria indica que los imputados, luego de «suspender la contratación» de una portera, la convocaron «de noche» a la vivienda particular de Miriam Quintremán, donde le habrían propuesto la «devolución» del empleo y la designación en otro establecimiento «a cambio de la suma de $1.500», todo «a sabiendas de la situación de apremio económico» que atravesaba la mujer. La damnificada habría abonado esa suma en dos cuotas y también habría pagado otros montos requeridos con posterioridad -en efectivo o mediante compra de ropa deportiva con su tarjeta de crédito- y declaró hoy en la audiencia que aceptó aquellas condiciones porque «ellos manejaban todo en la Delegación y sino me quedaba sin trabajo». También surge de la requisitoria los imputados le habrían requerido «llevarles gente» para designar como porteros/as en las mismas condiciones y para «llevarlos a actos políticos».
El segundo hecho imputado indica que a otra mujer que era «aspirante a portera», Pablo Quintremán le habría exigido $4.000 para ingresar al cargo, los cuales sólo habría pagado parcialmente. Señala la requisitoria que luego, ante la negativa de la mujer a endeudarse «con un prestamista», como se le habría requerido, el imputado «comenzó a presionarla rotándola abusivamente por distintos establecimientos» educativos de la ciudad, siempre bajo amenaza de darle «la baja» a su contrato.
El tercer hecho imputado es por el caso de otro portero que ingresó como contratado en febrero de 2010 y habría abonado a través de su cuñada (la damnificada del primer hecho) la suma de $ 3.000, en cuotas, a Pablo Quintremán. El hombre declaró en la audiencia de hoy que durante una reunión con Miriam Quintremán ésta le manifestó que «cumplido el pago era más seguro entrar a planta permanente» y que de no haber cumplido con las cuotas «no habría seguido trabajando».
El cuarto hecho habría ocurrido en las oficinas de la Delegación de Educación, donde por entonces Pablo Quintremán se desempeñaba en el área de Salud del personal no docentes. Indica la requisitoria que «abusando del sistema de contrataciones renovables» y «aprovechándose de su necesidad laboral imperante», habría hecho contratar a un portero y le habría exigido a cambio la suma de $2.000, que el hombre finalmente habría pagado en tres cuotas.
La acusación fiscal concluyó que ambos «abusaron sistemáticamente de sus cargos», «exigieron contribuciones indebidas en beneficio propio» y «se aprovecharon de la necesidad de las víctimas».
La situación fue denunciada penalmente previa intervención de referentes sindicales y el hecho llegó a juicio bajo la calificación legal de «extorsión». Esa figura, prevista en el artículo 168 del Código Penal, establece penas de prisión «de 5 a 10 años» a quien «con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos».
En la audiencia de hoy declararon los damnificados de los hechos primero y tercero, además de una «becaria» y dos empleados que al momento de los hechos investigados eran delegados de UPCN en la Delegación de Educación. Para la próxima audiencia, que será el 21 de septiembre a las 10:30, hay otros 9 testigos citados a prestar declaración.
Judiciales
Ordenan terminar con agravios en redes sociales y derivan un conflicto vecinal a mediación
El conflicto incluyó acusaciones públicas en Facebook y reclamos vinculados a una bicicleta.
Un juzgado de Paz dictó medidas preventivas para poner fin a un conflicto vecinal que derivó en agravios públicos y publicaciones ofensivas en redes sociales. Para apaciguar la escalada de violencia digital utilizó la Ley Contravencional, que permite resoluciones más rápidas ante situaciones de menor gravedad.
La actuación se inició a partir de una denuncia presentada por una mujer contra otra vecina, a quien acusó de hostigarla en la vía pública y de publicar mensajes agraviantes en Facebook. La calificaba de «chorra». Según la denunciante, los comentarios también fueron replicados en páginas de amplia difusión local.
El origen del conflicto estaría vinculado a una bicicleta que permaneció en la chacra de la señora que inició la demanda. En una audiencia realizada posteriormente, la mujer denunciada sostuvo que le «prestó» ese rodado, pero luego alegó que «nunca me la pagó». Además, reconoció haber realizado publicaciones injuriantes en redes sociales y se comprometió a eliminarlas.
La jueza de Paz de Conesa recordó que la Ley Contravencional de Río Negro establece que, antes de continuar con una acción de instancia privada, las partes deben recurrir a mecanismos autocompositivos como la mediación o la conciliación para intentar recomponer los intereses afectados y restablecer la paz social.
Como medida cautelar y preventiva, ordenó que ambas partes se abstengan de protagonizar incidentes, proferir agravios o realizar reclamos personales, tanto en espacios públicos como privados. También dispuso que no efectúen comentarios ni publicaciones en redes sociales que puedan generar hostilidad, degradación o humillación hacia la otra parte.
Asimismo, resolvió remitir las actuaciones al Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC) para que intervenga en la búsqueda de una solución consensuada.
La resolución advirtió que el incumplimiento de las medidas podrá dar lugar a la aplicación de sanciones previstas por la legislación contravencional, entre ellas amonestaciones, prohibiciones de concurrir a determinados lugares, trabajo comunitario, multas o arresto.
Judiciales
Entregó una Ranger con infracciones de tránsito y el Juzgado de Paz lo condenó a reintegrar los gastos
El fallo condenó al hombre a pagar más de $400.000 por la multa de tránsito, más los intereses.
Una concesionaria recibió una Ford Ranger usada como parte de pago por la venta de una camioneta 0 km. Todo parecía encaminado hasta que la empresa intentó transferir el vehículo a su nombre. El trámite quedó trabado por deudas e infracciones anteriores a la entrega de la unidad.
La empresa automotriz reclamó al vendedor que regularizara la situación, pero no obtuvo una solución. Con la transferencia paralizada, la firma terminó por pagar una infracción de tránsito y los intereses punitorios de patente para poder avanzar con la inscripción registral. Finalmente la sociedad anónima inició una demanda de menor cuantía.
El Juzgado de Paz de General Enrique Godoy hizo lugar a la acción por el reintegro de las sumas que la empresa debió afrontar para completar la transferencia registral del vehículo usado.
La concesionaria afirmó que, ante la negativa del hombre a regularizar la situación, tuvo que abonar una multa de tránsito para destrabar la transferencia. Además, señaló que la demora generó intereses punitorios por deuda de patente.
Previamente, realizó reclamos extrajudiciales, tanto telefónicos como mediante cartas documento. Incluso se desarrollaron instancias de mediación sin alcanzar un acuerdo. Finalmente, decidió efectuar los pagos por su cuenta y se reservó el derecho de reclamar posteriormente el reintegro de esas sumas.
Durante el trámite judicial, el hombre fue debidamente notificado, pero no se presentó a la audiencia ni contestó la demanda. En virtud de las reglas procesales aplicables a los procesos de menor cuantía, esa ausencia produjo el reconocimiento de los hechos narrados por la empresa.
El juez de Paz analizó, además, la documentación presentada y la prueba informativa incorporada al expediente.
Entre los elementos valorados se encontraron informes registrales, cartas documento intercambiadas entre las partes y la declaración del gestor que intervino en la transferencia del vehículo. Esa prueba permitió corroborar que el dominio registraba deudas que obstaculizaban la inscripción y que la firma efectivamente realizó gestiones y pagos para superar esos impedimentos.
Al evaluar los rubros reclamados, el magistrado consideró plenamente acreditado el pago de la infracción de tránsito. También entendió probado el reclamo por intereses punitorios derivados de la deuda de patente.
Como resultado, el fallo condenó al hombre a pagar más de $400.000 por la multa de tránsito, más los intereses. Finalmente, se dispuso la notificación de las partes y se informó que la sentencia puede ser apelada dentro del plazo legal previsto.
Roca
Avanza el plan de bacheo en Roca con obras en distintos puntos de la ciudad
Las cuadrillas municipales trabajan actualmente sobre calle La Plata y prevén avanzar en otros sectores durante los próximos días.
El Municipio de General Roca continúa desarrollando el Plan Integral de Bacheo y Recuperación Vial con nuevas intervenciones en distintos sectores de la ciudad, en el marco de las acciones destinadas a mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial.
Durante las últimas semanas, las cuadrillas municipales realizaron reparaciones de paños de pavimento de hormigón en diversos puntos considerados estratégicos para la circulación urbana. Los trabajos se llevaron adelante en las intersecciones de Canadá y España, Canadá y Don Bosco, Canadá y Neuquén, además de Paraguay al 1146, Vintter y La Plata, San Martín y La Pampa, Santa Cruz y Moreno, Mitre y Chacabuco, Chile al 645, España al 306, 9 de Julio y Mendoza, y Rawson y República del Líbano.
Actualmente, los equipos trabajan sobre calle La Plata, entre Bahía Blanca y Paraná, donde se ejecutan tareas de demolición de sectores deteriorados, preparación de la base y posterior reconstrucción de la calzada.
Desde el Municipio adelantaron que en los próximos días las obras continuarán en República del Líbano y José Ingenieros, República Dominicana y Resistencia, y Canadá y Maipú.
Las autoridades destacaron que «este tipo de intervenciones requiere una importante logística y el traslado de maquinaria pesada, como retroexcavadoras, minicargadoras, motocompresores y camiones. Por ese motivo, en algunos casos se concentran varias tareas sobre una misma arteria para optimizar recursos y tiempos de ejecución».
Finalmente, se solicitó a conductores y peatones «extremar las precauciones al circular por los sectores intervenidos y respetar el vallado y la señalización dispuesta para garantizar la seguridad de los trabajos».
