Río Negro
Legislatura sancionó la creación de la Secretaría de Narcocriminalidad
Fue enviado por el Ejecutivo y logró unanimidad para su aprobación.
La Legislatura sancionó por unanimidad y en única vuelta, la ley remitida por el Poder Ejecutivo que crea la Secretaría de Narcocriminalidad que funcionará en el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia. Esta iniciativa fue defendida en Cámara por el legislador Facundo López (JSRN) quien explicó que “el Ejecutivo decidió que este tema sea tratado por ley en la Legislatura, aunque podría haberlo resuelto con un decreto”, al considerar que “de esta manera este importante organismo no quedará librado al albedrío del gobierno de turno”.
Señaló que “como Gobierno necesitamos ponernos al frente de esta problemática, crear las condiciones adecuadas para lograr erradicar el narcotŕafico, tarea difícil que tenemos que dar, y asignarle los recursos necesarios para hacer frente a este tipo complejo de criminalidad”.
Se sumaron posteriormente al debate los legisladores Mario Sabatella (FpV), Soraya Yahuar (UCR), Viviana Germanier (JSRN) y Alejandro Marinao (FpV) quienes desde sus respectivas visiones sobre el particular aportaron otros conceptos, aunque en todos los casos acompañaron con su voto la sanción del proyecto.
El organismo se hará cargo “de la coordinación de una decidida ofensiva del Estado Provincial contra el tráfico ilegal de drogas y la criminalidad que conlleva”, según prevé articulado de la norma.
Su fin principal será asesorar al Gobernador de la Provincia y al Ministro de Seguridad y Justicia, en todos los temas inherentes a las estrategias para combatir la producción, acopio, distribución, comercialización y consumo de drogas ilícitas, permitiendo adoptar políticas públicas más efectivas y eficaces.
El Ejecutivo fundamentó que “la realidad nos muestra que la extensión, magnitud, gravedad, complejidad del tráfico y consumo de drogas ilícitas, aumenta constantemente en nuestra provincia afectando, de manera notoria a la población joven, y utiliza el territorio provincial para la expansión del tráfico más allá de nuestros límites”.
“El concepto de narcocriminalidad comprende todas aquellas conductas vinculadas con el crimen organizado en materia de narcotráfico y delitos conexos. Así entendida constituye una actividad ilícita industrial, comercial y financiera de alta rentabilidad” que constituye “una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaba las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad”.
Reconoce que “los esfuerzos realizados, tanto desde la Organización de Naciones Unidas y de los Estados Nacionales, pasando por las Agencias especializadas de alto desarrollo, como desde las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, resultan a todas luces insuficientes para frenar la expansión y morigerar los graves daños provocados por las organizaciones criminales locales y aún supranacionales que se dedican a estas actividades” a lo que se suma “la violencia y corrupción institucional que trae aparejado”.
Por ello “resulta imprescindible contar con un organismo específico que nuclee las políticas y acciones tendientes a combatir esta problemática, dotándolo de las herramientas necesarias”, justifica el Poder Ejecutivo provincial.
Los fundamentos del expediente oficial agregan que “las instituciones existentes en nuestro territorio se encuentran en inferioridad de condiciones ante los demás organismos supraprovinciales abocados a combatir el flagelo de la droga” por lo que es “responsabilidad de este gobierno crear las condiciones adecuadas para el desarrollo de las tareas de erradicación del narcotráfico que se desplieguen” en el territorio rionegrino.
A efectos de contar con los medios económicos para el desarrollo de las acciones que encarará esta Secretaría, el Poder Ejecutivo reasignará las partidas presupuestarias necesarias, prevé el articulado.
Aptitudes para ser Auditor de Asuntos Internos
La última iniciativa, también del Ejecutivo, fue fundamentada en Cámara por el legislador Leandro Lescano (JSRN). Establece modificaciones en cuanto a las condiciones y aptitudes necesarias para cubrir el cargo de Auditor General de Asuntos Internos, funcionario responsable del esclarecimiento de casos en el marco de la lucha contra la corrupción, el abuso funcional y las violaciones a los derechos humanos en el ejercicio de las funciones de seguridad.
Por interpretar que “el conocimiento y la pericia profesional del responsable jerárquico de las actividades de auditoria, debe extenderse no sólo a las tareas de la auditoria, sino que debe abarcar actividades tales como: gerencia, organización y otras materias que produzca el organismo”, se introducen modificaciones a la ley que creó este instituto, ampliando la posibilidad de que para el cargo puedan postularse no sólo abogados, sino también contadores públicos.
Judiciales
Más de 100 causas de Defensa del Consumidor ingresaron solo al fuero Civil en lo que va de 2025
Este tipo de expedientes suele requerir la realización de audiencias orales, instancias de conciliación y, en muchos casos, la emisión de sentencias definitivas o la homologación de acuerdos.
En los primeros 6 meses del año, los Juzgados y unidades jurisdiccionales Civiles tramitaron 108 causas por denuncias de Defensa del Consumidor. Este tipo de expedientes suele requerir la realización de audiencias orales, instancias de conciliación y, en muchos casos, la emisión de sentencias definitivas o la homologación de acuerdos alcanzados entre las partes. Es una de las vías de ingreso, aunque no la única, de temas de consumo.
El fuero civil provincial cuenta actualmente con 16 organismos distribuidos en 8 ciudades: Viedma, San Antonio Oeste, Roca, Villa Regina, Choele Choel, Bariloche, El Bolsón y Cipolletti. Desde estos organismos se tramitan procesos que van desde reclamos de consumidores hasta sucesiones, daños y perjuicios, ejecuciones y amparos, entre otros.
Existen otros organismos que también reciben denuncias de las y los consumidores como por ejemplo los juzgados de Paz, algunas oficinas municipales y las áreas de Defensa del Consumidor del poder Ejecutivo.
En el Poder Judicial de Río Negro, durante el primer semestre de 2025, el fuero Civil recibió 3.056 causas nuevas. En ese mismo período, dictó 2.213 sentencias que pusieron fin a los procesos, lo que refleja un alto nivel de resolución de expedientes. Entre los tipos de procesos más frecuentes se destacan las sucesiones intestadas (953 casos, 30% del total), los reclamos por daños y perjuicios (395) y los procesos ejecutivos (379), además de las denuncias de Defensa del Consumidor.
La Ley 24.240 establece los derechos de los consumidores y las obligaciones de los proveedores en las relaciones de consumo. Una relación de consumo es un vínculo que se establece entre el proveedor de un bien o servicio y el consumidor o usuario del mismo. Incluye el antes, durante y después de la compra del producto o contratación del servicio.
Esta norma garantiza que las personas tengan derecho a recibir información cierta, clara y detallada sobre los productos o servicios, a ser tratadas de manera digna y equitativa, a obtener comprobantes de las operaciones y a contar con bienes y servicios que no representen riesgos para su salud o seguridad.
También regula aspectos clave como las garantías legales, los plazos de entrega, las condiciones de las compras por internet y la calidad en la prestación de servicios públicos esenciales.
La información estadística del fuero Civil forma parte de los informes semestrales realizados por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia. Las estadísticas permiten optimizar la toma de decisiones al apuntalar determinados fueros u organismos de acuerdo a la carga de trabajo.
Política
«Un país no se construye abandonando las universidades y la salud»
Weretilneck habló tras los nuevos vetos de Milei a las leyes aprobadas en el Congreso y aseguró que no hubo ningún llamado del presidente.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, cuestionó con firmeza los vetos del presidente Javier Milei a leyes claves para el financiamiento de la educación, la salud pública y las provincias. Anticipó que en el Congreso se rechazarán estas decisiones. «Un país no se construye abandonando a las universidades, quitándole la salud a los niños y negándole a las provincias los recursos que les corresponden. Eso no es federalismo, es un castigo injusto», afirmó.
El mandatario provincial remarcó que los vetos dejaron sin efecto normas votadas por amplia mayoría en el Congreso: la ley de financiamiento universitario, la emergencia pediátrica y la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). «Estamos hablando de derechos básicos: educación, salud y federalismo. No de privilegios», enfatizó.
En relación a los ATN, explicó que «son fondos que se descuentan de la coparticipación, es decir, de los impuestos que nos pertenecen a las provincias. No pedimos nada más que lo que corresponde: esos recursos son de los rionegrinos y deben volver en obras, en escuelas, en hospitales y en servicios para nuestra gente».
En diálogo con LU19, Weretilneck también advirtió que «no hubo ninguna convocatoria institucional a las provincias» por parte del Gobierno Nacional. «El diálogo que existió fue partidario, con gobernadores aliados a La Libertad Avanza. Exigimos un ámbito federal serio, con temario claro, donde estemos todas las provincias, no un encuentro político a puertas cerradas», sostuvo.
Finalmente, fue categórico. «Río Negro no se va a quedar en silencio frente a estas decisiones. Vamos a defender en el Congreso lo que corresponde a nuestra gente. Porque la defensa nace acá, en cada provincia, en cada universidad, en cada hospital que necesita recursos para seguir de pie», concluyó.
Judiciales
Estuvo varado más de 12 horas sin agua ni asistencia: Condenan a empresa de transporte por trato indigno
El colectivo se quedó sin combustible a pocos kilómetros de Chimpay.
Un hombre que viajaba desde Cipolletti hacia Sierra Grande quedó varado en la ruta, sin agua ni comunicación, cuando el colectivo de larga distancia en el que se trasladaba se detuvo por falta de combustible a pocos kilómetros de la localidad de Chimpay. Horas más tarde, al retomar el viaje en otra unidad, el colectivo no se detuvo en el parador correspondiente y, luego de una discusión con los choferes, la persona fue obligada a descender a la intemperie, sin su equipaje.
Tras varios intentos administrativos para obtener una compensación por parte de la empresa Autotransportes Andesmar S.A., y al no lograrlo, el cliente inició una demanda de menor cuantía en el Juzgado de Paz de Sierra Grande.
En el fallo se explicó que el hombre abordó el colectivo interno 5295 a las 10 de la mañana, una hora después del horario estipulado. Hacia el mediodía, a unos 15 kilómetros de Chimpay, la unidad se detuvo por falta de combustible. Las personas pasajeras permanecieron en el lugar hasta que personal policial y de bomberos organizó traslados particulares hacia la terminal de esa localidad. Recién a las 22 horas llegó otra unidad para continuar el viaje.
Durante la madrugada siguiente, ya en las proximidades de Sierra Grande, el colectivo pasó de largo por el lugar donde la persona solía descender. Al pedir que se detuviera, el chofer la insultó y se negó a retroceder. Un segundo conductor, que no se encontraba de servicio, intervino en la discusión. Según el relato, descendió del vehículo con el torso descubierto y un cinturón en la mano, y obligó al pasajero a bajar, lejos de su destino y sin su valija.
Frente a esta situación, presentó reclamos ante Defensa del Consumidor de San Antonio Oeste y Sierra Grande. La empresa negó los hechos denunciados y ofreció una suma compensatoria que fue rechazada por el cliente. Luego, las partes intentaron una instancia de mediación, sin resultados.
En su análisis, la jueza de Paz sostuvo que existió una relación de consumo encuadrada en la Ley 24.240 y en el Código Civil y Comercial. Señaló que el proveedor debe garantizar información clara, trato digno y cumplimiento del servicio contratado. También indicó que, ante la existencia de dudas, corresponde interpretar el contrato de manera más favorable a la persona usuaria.
El fallo consideró acreditada la situación de vulnerabilidad de la parte actora y concluyó que el accionar de la empresa vulneró los derechos protegidos por la normativa vigente. Además del daño material, el juzgado identificó una afectación moral relacionada con la angustia, el maltrato sufrido y la pérdida del equipaje.
La sentencia también impuso un resarcimiento en concepto de daño punitivo, al considerar que la empresa ignoró los distintos reclamos administrativos y obligó a la persona afectada a acudir al Poder Judicial para resolver el conflicto.
Finalmente, la magistrada condenó a la empresa Andesmar a pagar, en concepto de daño directo, la suma de $1.400.000; en concepto de daño extrapatrimonial, $200.000; y en concepto de daño punitivo, $200.000, más intereses.
