Río Negro
Legislatura sancionó la creación de la Secretaría de Narcocriminalidad
Fue enviado por el Ejecutivo y logró unanimidad para su aprobación.

La Legislatura sancionó por unanimidad y en única vuelta, la ley remitida por el Poder Ejecutivo que crea la Secretaría de Narcocriminalidad que funcionará en el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia. Esta iniciativa fue defendida en Cámara por el legislador Facundo López (JSRN) quien explicó que “el Ejecutivo decidió que este tema sea tratado por ley en la Legislatura, aunque podría haberlo resuelto con un decreto”, al considerar que “de esta manera este importante organismo no quedará librado al albedrío del gobierno de turno”.
Señaló que “como Gobierno necesitamos ponernos al frente de esta problemática, crear las condiciones adecuadas para lograr erradicar el narcotŕafico, tarea difícil que tenemos que dar, y asignarle los recursos necesarios para hacer frente a este tipo complejo de criminalidad”.
Se sumaron posteriormente al debate los legisladores Mario Sabatella (FpV), Soraya Yahuar (UCR), Viviana Germanier (JSRN) y Alejandro Marinao (FpV) quienes desde sus respectivas visiones sobre el particular aportaron otros conceptos, aunque en todos los casos acompañaron con su voto la sanción del proyecto.
El organismo se hará cargo “de la coordinación de una decidida ofensiva del Estado Provincial contra el tráfico ilegal de drogas y la criminalidad que conlleva”, según prevé articulado de la norma.
Su fin principal será asesorar al Gobernador de la Provincia y al Ministro de Seguridad y Justicia, en todos los temas inherentes a las estrategias para combatir la producción, acopio, distribución, comercialización y consumo de drogas ilícitas, permitiendo adoptar políticas públicas más efectivas y eficaces.
El Ejecutivo fundamentó que “la realidad nos muestra que la extensión, magnitud, gravedad, complejidad del tráfico y consumo de drogas ilícitas, aumenta constantemente en nuestra provincia afectando, de manera notoria a la población joven, y utiliza el territorio provincial para la expansión del tráfico más allá de nuestros límites”.
“El concepto de narcocriminalidad comprende todas aquellas conductas vinculadas con el crimen organizado en materia de narcotráfico y delitos conexos. Así entendida constituye una actividad ilícita industrial, comercial y financiera de alta rentabilidad” que constituye “una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaba las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad”.
Reconoce que “los esfuerzos realizados, tanto desde la Organización de Naciones Unidas y de los Estados Nacionales, pasando por las Agencias especializadas de alto desarrollo, como desde las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, resultan a todas luces insuficientes para frenar la expansión y morigerar los graves daños provocados por las organizaciones criminales locales y aún supranacionales que se dedican a estas actividades” a lo que se suma “la violencia y corrupción institucional que trae aparejado”.
Por ello “resulta imprescindible contar con un organismo específico que nuclee las políticas y acciones tendientes a combatir esta problemática, dotándolo de las herramientas necesarias”, justifica el Poder Ejecutivo provincial.
Los fundamentos del expediente oficial agregan que “las instituciones existentes en nuestro territorio se encuentran en inferioridad de condiciones ante los demás organismos supraprovinciales abocados a combatir el flagelo de la droga” por lo que es “responsabilidad de este gobierno crear las condiciones adecuadas para el desarrollo de las tareas de erradicación del narcotráfico que se desplieguen” en el territorio rionegrino.
A efectos de contar con los medios económicos para el desarrollo de las acciones que encarará esta Secretaría, el Poder Ejecutivo reasignará las partidas presupuestarias necesarias, prevé el articulado.
Aptitudes para ser Auditor de Asuntos Internos
La última iniciativa, también del Ejecutivo, fue fundamentada en Cámara por el legislador Leandro Lescano (JSRN). Establece modificaciones en cuanto a las condiciones y aptitudes necesarias para cubrir el cargo de Auditor General de Asuntos Internos, funcionario responsable del esclarecimiento de casos en el marco de la lucha contra la corrupción, el abuso funcional y las violaciones a los derechos humanos en el ejercicio de las funciones de seguridad.
Por interpretar que “el conocimiento y la pericia profesional del responsable jerárquico de las actividades de auditoria, debe extenderse no sólo a las tareas de la auditoria, sino que debe abarcar actividades tales como: gerencia, organización y otras materias que produzca el organismo”, se introducen modificaciones a la ley que creó este instituto, ampliando la posibilidad de que para el cargo puedan postularse no sólo abogados, sino también contadores públicos.
Política
Reunión de Gabinete: Avances en turismo, obras y seguridad
También se abordó el avance en la gestión de financiamiento internacional para distintas obras estratégicas; entre ellas, el plan director de agua para Roca.

El gobernador Alberto Weretilneck encabezó una nueva reunión de Gabinete en Viedma, donde se repasaron los trabajos de cada área de la provincia, destacándose la creación de una nueva Agencia de Turismo, más obra pública con financiamiento internacional y los refuerzos realizados en materia de seguridad.
Estuvieron presentes en la reunión los ministros de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti; de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; de Seguridad y Justicia, Daniel Jara; de Hacienda, Gabriel Sánchez; de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura, Juan Pablo Muena; de Salud, Demetrio Thalasselis; de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; de Modernización, Milton Dumrauf; la ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos; el secretario General de la Gobernación, Nelson Cides; la scretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini; el secretario de Medios, Gustavo Glave; y la subsecretaria de Publicidad y Comunicación Digital, Melisa González.
En relación al turismo, el presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, valoró la decisión de Weretilneck de impulsar la creación de la Agencia de Turismo Provincial. «La Agencia estará integrada por un directorio de 14 miembros, de los cuales 10 serán representantes del sector privado. El objetivo es que los privados marquen la agenda turística de cada región, y el Estado acompañe ese trabajo», explicó López.
Durante el encuentro también se abordó el avance en la gestión de financiamiento internacional para distintas obras estratégicas. Entre ellas, se destacan los planes directores de agua para General Roca, El Bolsón, Dina Huapi y Bariloche; la construcción del Centro Cultural de Viedma; y mejoras en los accesos a los aeropuertos de Bariloche y Viedma.
En cuanto a seguridad, López adelantó que la Legislatura trabaja en un proyecto de ley de reiterancia para responder a la demanda social frente a la reincidencia delictiva. «Muchas veces la Policía realiza su tarea, investiga y detiene al delincuente, pero este recupera la libertad rápidamente. Buscamos cambiar esa realidad», expresó.
La reunión de Gabinete también permitió avanzar en otros temas relevantes, como el proyecto de ley para otorgar mayor autonomía a las Comisiones de Fomento, el análisis de las recientes elecciones municipales, los detalles de la iniciativa Vaca Muerta Sur que será enviada próximamente a la Legislatura, y el abordaje de la situación económica provincial para proyectar nuevas acciones que continúen mejorando los servicios para la comunidad.
Judiciales
Menos divorcios en Río Negro: La cifra bajó en casi 300 procesos de un año a otro
El 2023 había registrado el número de divorcios más alto en al menos una década.

Después de un 2023 con cifras récord, los divorcios en Río Negro mostraron una baja en 2024. Durante el último año se iniciaron 1.240 causas por disolución del matrimonio en los Juzgados y Unidades Procesales de Familia de la provincia.
El año anterior se habían dictado 1.529 sentencias de divorcio, el número más alto en al menos una década. En 2022 se habían registrado 1.204, y en 2021, un total de 1.333. En 2020, marcado por las restricciones de la pandemia, se firmaron 910 divorcios. En los años previos, las cifras se mantuvieron relativamente estables: 1.386 en 2019, 1.426 en 2018, 1.395 en 2017 y 1.400 en 2016. En 2015 y 2014, los divorcios fueron 903 y 1.078 respectivamente.
Los trámites se concentran en 16 organismos distribuidos en distintas ciudades. En Viedma funcionan tres unidades procesales, en San Antonio Oeste un juzgado Multifueros, en Roca otras tres unidades, además de organismos en Villa Regina, Luis Beltrán, Bariloche, El Bolsón y Cipolletti.
La disolución del vínculo matrimonial está contemplada en el artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación. El divorcio puede ser solicitado por uno o por ambos integrantes del matrimonio y debe ser declarado judicialmente.
La información forma parte del relevamiento anual realizado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia.
Judiciales
Dictaron la prisión preventiva para las cuatro personas imputadas por la estafa a IPROSS
La Justicia resolvió la inmediata detención de Fabio Caffaratti, Sandra Fasano, Eduardo Mastandrea y Raúl Eduardo Mascaró.

Ante el pedido de la Fiscalía, el Tribunal de Juicio de General Roca resolvió dictar la prisión preventiva de las cuatro personas condenadas por defraudar a la obra social IPROSS.
El equipo fiscal enfatizó que «el pasado 24 de abril el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de nuestra provincia rechazó la queja sustanciada por las defensas, de esta manera las vías recursivas provinciales se agotaron».
«Estamos así frente a la posibilidad que le da a la parte acusadora el Artículo 109 bis, sumado a que los condenados tienen penas de prisión graves, que el riesgo de fuga con el avance del proceso se fue acrecentando y de esta manera se ha ido agravando su situación», explicó la fiscal jefe interviniente en este legajo.
«Venimos insistiendo en el peligro procesal de fuga, ahora el principio de culpabilidad aumenta alimentado por el rechazo del STJ. Además los jueces han señalado que no se advierten violaciones al principio de constitucionalidad ni se ven afectadas garantías. Por ello además creemos que el recurso en la Corte Suprema de la Nación no prosperará», agregó la Fiscalía.
“No dejaremos de mencionar la capacidad económica de las personas imputadas, por ello solicitamos la prisión preventiva hasta que quede firme la sentencia o se disponga alguna cuestión en contrario. Sólo aclaramos que para la imputada Sandra Fasano la misma deberá ser bajo la modalidad domiciliaria”, dijo la representante fiscal.
El querellante adhirió a lo solicitado y compartió los argumentos, mientras que el defensor de Fabio Caffaratti ofreció que la prisión preventiva de su asistido sea domiciliaria, la defensora de Sandra Fasano, Eduardo Mastandrea y Raúl Eduardo Mascaró solicitó que no se sustanciara el pedido fiscal.
Tras un cuarto intermedio, el Tribunal por unanimidad resolvió la inmediata detención de las cuatro personas, por considerar, entre otras cuestiones, «la capacidad económica, social e intelectual que tienen para sustraerse del accionar de la justicia, la necesidad de dar respuesta a la víctima que es el Estado, también a los afiliados de la obra social que se vieron afectados por este accionar, como al Colegio de Farmacéuticos», agregó el Tribunal de Juicio.
«Hemos evaluado las circunstancias particulares de esta causa, pusimos a consideración las condiciones objetivas y subjetivas, teniendo presente la igualdad ante la ley y con el fin último de asegurar el cumplimiento de la sentencia es que se dispone la prisión preventiva de todos los imputados y su inmediata detención, con la salvedad que respecto a Fasano sea prisión preventiva domiciliaria», concluyó el Tribunal roquense.