Opinión
«Mano dura»: En año electoral, baja en la edad de imputabilidad
Por Silvia Augsburger, Diputada Provincial de Santa Fe por el Bloque Igualdad y Participación FPCYS.

Tras el brutal asesinato de Brian Aguinaco, el chico de 14 años que fue baleado cerca de su casa, el Gobierno Nacional repite, una vez más, la fórmula remanida de responder a la demanda social, con declaraciones mediáticas y efectistas de “mano dura”. Así, poniendo todo el acento en la baja de edad de imputabilidad de las personas menores de edad que fue propuesta de campaña electoral de Sergio Massa, el Ministro de Justicia ha asegurado que impulsará el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad de los menores que delinquen, en el marco de un anteproyecto de ley de reforma del régimen penal juvenil, que será enviado al Congreso después de las elecciones legislativas.
En el año 2005, año en el cual el parlamento nacional sancionó la Ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, nuestro país dio un paso fundamental en el camino de concretar en hechos los postulados, derechos y garantías consagrados por la Convención Internacional de los Derechos del Niño que desde el año 1994 tiene rango constitucional. Pero otros importantes instrumentos en el marco del Sistema Integral de Protección de derechos reconocidos en los tratados internacionales que nuestro país ha suscripto, no se han ni sancionado ni puesto en marcha, con lo cual nuestro ordenamiento jurídico tiene un enorme incumplimiento y retraso sustantivo en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Uno de estos instrumentos es sin dudas la creación del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene como responsabilidad sustantiva la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes ante las instituciones públicas y privadas y la supervisión y auditoría de la aplicación del sistema de protección integral.
Hasta hoy y ya pasado más de una década de sancionada la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, aún no se ha logrado reunir la decisión política de concretar la puesta en funcionamiento de tan importante institución que garantizaría un avance sustantivo en el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes de nuestro país.
El otro instrumento jurídico pendiente, es la implementación de un sistema de responsabilidad penal juvenil, que remplace la vieja ley vigente de la dictadura, y que tenga como objetivo principal la garantización de los derechos humanos de los/las jóvenes en conflicto con la ley penal y como último recurso la privación de la libertad en casos excepcionales en los que se hayan agotado todos los recursos disponibles por parte del estado.
Durante el año 2009, nuestro compañero Rubén Giustiniani trabajó junto a senadores de otros bloques parlamentarios en un proyecto de ley de régimen penal juvenil que tuvo media sanción en el Senado y que nunca fue tratado en la Cámara de Diputados. También en ese año, desde el Bloque de Diputados Socialistas presentamos una iniciativa que tampoco fue tratada.
Es impostergable avanzar hacia una adecuación normativa compatible con el paradigma de protección integral, que cree un sistema especializado en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos de las personas menores de edad, garantizando el acceso a la Justicia y dejando como sanción excepcional (sólo en casos de extrema necesidad) la restricción de la libertad personal. La restricción de la libertad personal (y más aún de un/a joven) en los contextos de encierro hoy vigentes, profundizan las vulneraciones de derechos y están lejos de solucionar el problema que socialmente se reclama: la inseguridad.
Pero además es un argumento falaz. Según el Revelamiento sobre Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal producido por Unicef en 2015, hay 3.908 jóvenes infractores y presuntos infractores de la ley penal de hasta 17 años inclusive, alojados en establecimientos o incluidos en programas de todo el país. Esta cantidad representa 0,14% del total de población de 14 a 17 años del país, según las proyecciones de población por edades simples del Instituto Nacional de Estadística y Censos para el año 2015. De este total de 3.908 adolescentes, la mayoría (89,5%) tiene entre 16 y 17 años, esto implica que, en la medida que los delitos imputados sean de acción pública y con una pena de más de dos años de prisión, serían considerados punibles según la legislación.
Frente al debate instalado, desde Igualdad y Participación insistimos en la necesidad de poner el eje desde los tres niveles gubernamentales en poner en marcha las políticas públicas, con los recursos presupuestarios adecuados que establecen las leyes de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes para garantizar el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda y a la plena vigencia de los derechos humanos, dejando el derecho penal como el último recurso, agotadas todas las acciones y medios a disposición del estado. En este sentido, compartimos lo expresado por Roberto Gargarella y Leonardo Filippini en una nota de opinión del diario “La Nación”: “La doctrina penal se encuentra dividida en muchos de los temas que aborda, pero casi todos los autores coinciden, al menos, en torno a algunos principios básicos. Todos aceptan que el derecho penal debe interferir lo menos posible en la autonomía personal y la vida social, y aceptan que debe actuar sólo en ausencia de otras soluciones menos lesivas. Se trata de ver al derecho penal como última ratio, es decir, como recurso que aparece recién cuando todos los demás instrumentos con que cuenta el Estado han fallado. Dicho acuerdo generalizado no es difícil de explicar, teniendo en cuenta todo lo que ya sabemos que implica la respuesta penal: privación de la libertad, estigma social, separación de la familia y de los seres queridos, y severas condiciones de detención”.
“Recurrentemente, el Estado vuelve la atención sobre las infracciones cometidas por adolescentes y jóvenes. Reaparecen entonces los reclamos por dar al problema una respuesta penal, una respuesta que comienza con la baja en la edad de imputabilidad. Frente a ello, ante todo, corresponde preguntarnos si estos planteos son consecuentes con el carácter de última ratio del derecho penal. ¿Hemos intentado, efectivamente, ya toda la diversidad de otras respuestas, menos intrusivas, más integradoras, mejor vinculadas con la contención y el afecto hacia las personas menores de edad? ¿Hemos hecho lo posible por garantizar, en primer lugar (y tal como estamos constitucionalmente comprometidos a hacerlo), la escolaridad, la salud, la nutrición, el ambiente sano, o la vivienda de los adolescentes y jóvenes? ¿O invocamos la respuesta penal desesperadamente, sin mayor reflexión detrás, y como modo de salir del paso de una coyuntura difícil?”.
Para dar solo algunos ejemplos que nos interpelan muy de cerca, en la provincia de Santa Fe, se sancionó en el año 2011 la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes, adecuando la normativa provincial a la ley nacional. Hasta hoy, ni la ciudad de Rosario, ni la ciudad de Santa Fe han puesto en marcha los dispositivos de protección de derechos locales que exige la norma.
En esta misma línea de desatención del estado a la infancia, más de 10.000 niños y niñas de la provincia de Santa Fe, no tendrán este año posibilidad de iniciar el ciclo formal de educación obligatorio desde los 4 años, porque no existen jardines públicos para todos/as ellos/as.
Si repasamos las estadísticas oficiales de la población carcelaria, veremos cómo nuestras cárceles están pobladas en su mayoría por personas jóvenes que no han completado la escuela primaria, y que al momento de cometer el delito que se les imputa, no tenía trabajo. Incluso un alto porcentaje de estos jóvenes, ni siquiera posee DNI. Aun privados de la libertad, el estado sigue violando los derechos humanos de estas personas, ya que las condiciones en los que se encuentran no responden a estándares mínimos de salubridad, son maltratados y en su mayoría no tienen posibilidades ni de estudiar ni trabajar.
Por ello, estamos convencidos/as que, frente al debate planteado, antes de pensar en cómo hacer más eficiente el castigo es necesario pensar cómo hacemos para extender los derechos y los sistemas de protección de la infancia, y frente a los/as jóvenes en conflicto con la ley, cómo desde el estado garantizamos para estos, condiciones para la restitución de los derechos vulnerados y lugares de privación adecuados, porque una sociedad más segura es una sociedad justa. Y por sobre todo, una sociedad más igualitaria.
Silvia Augsburger.
Diputada Provincial de Santa Fe por el Bloque Igualdad y Participación FPCYS.-
Opinión
“Todos conocemos a alguien que no volvió”: El doloroso mensaje de la hija de una víctima fatal por un choque en la Ruta 22
Omar Edgardo Moreno murió tras un violento choque frontal ocurrido a la altura de Cervantes; mientras que otras tres personas resultaron heridas. Su hija escribió una carta, donde apuntó contra la desidia política y vial.

A poco más de una semana del choque frontal ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 22, a la altura de Cervantes, Cindy Moreno publicó una extensa y conmovedora carta abierta tras la muerte de su padre, Omar Edgardo Moreno, quien perdió la vida en el siniestro vial registrado el pasado jueves (14/05).
El hecho ocurrió minutos después de las 10.30 horas en el kilómetro 1165 de la Ruta N° 22, en cercanías del barrio Colonia Fátima. El impacto frontal fue entre un Ford Focus que circulaba de oeste a este y un Peugeot 307 que viajaba en sentido contrario.
En cada vehículo viajaban dos personas. Como consecuencia del choque, Omar Moreno, conductor del Focus, murió en el lugar. Los otros tres ocupantes sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Francisco López Lima de General Roca, donde continúan recibiendo atención médica.
En su carta, Cindy Moreno apuntó contra la negligencia vial, el abandono estatal, la falta de obras sobre la Ruta N° 22 y también destacó el acompañamiento del personal de salud y de la comunidad en medio del dolor.
La carta completa
Mi papá no murió solamente en un choque sobre la Ruta 22.
Mi papá murió en una provincia donde hace más de treinta años la desidia política avanza más rápido que las obras. Donde los funcionarios cambian, los discursos cambian, las campañas cambian, pero las rutas siguen rotas, los hospitales siguen sobreviviendo como pueden y las familias siguen enterrando seres queridos mientras escuchan promesas recicladas.
No le escribo esta carta abierta a quienes salen todos los días a trabajar y manejan con responsabilidad entre un pueblo y otro, rezando llegar bien. Ellos ya conocen el miedo. Lo sienten cada vez que toman la Ruta 22 para ir al médico, llevar a sus hijos a estudiar, hacer un trámite o volver a casa.
Esta carta está dirigida a quienes manejan con negligencia, creyendo que el volante es una extensión de su impunidad. Pero también está dirigida a los municipios y gobiernos que durante décadas convirtieron una obra vital para toda la región en una disputa absurda de egos, intereses y mezquindades políticas.
Mientras la gente esperaba una ruta segura, ellos discutían si un tramo debía pasar por arriba o por abajo, si convenía un puente más o una rotonda menos, mientras la obra se demoraba eternamente entre internas políticas, especulación y abandono.
Y en el medio, la gente siguió muriéndose.
En el Alto Valle ya ni siquiera hacen falta estadísticas. Todos conocemos a alguien que no volvió. Todos conocemos una familia destruida por una ruta inconclusa. Todos vimos cruces al costado del camino multiplicarse más rápido que las soluciones.
Hace más de diez años comenzaron las obras de mejora de la Ruta 22. Diez años en los que miles de rionegrinos soñamos que, por respeto a los muertos y por responsabilidad hacia los vivos, finalmente se terminara aquello que nos prometieron una y otra vez.
Pero la política eligió otra cosa.
Eligió discutir poder mientras la gente enterraba hijos, padres, hermanos y amigos.
Mi papá no va a volver. Y no existe pésame institucional capaz de reparar el vacío que deja una ausencia así cuando durante años se ignoraron pedidos básicos de infraestructura, prevención y dignidad.
Porque la desidia no aparece solamente en las rutas. También aparece en hospitales sostenidos a pulmón sus trabajadores. Aparece en localidades donde ni siquiera las entradas para las ambulancias están asfaltadas. Aparece en edificios públicos sin calefacción en plena Patagonia. Aparece cuando falta lavandina en los baños, cuando el personal de salud no tiene dónde calentarse un almuerzo después de horas intentando salvar vidas.
Mi mamá sigue grave en el hospital de General Roca. Y aun en medio de semejante abandono estructural, el personal humano de ese hospital logró algo extraordinario: devolvernos un poco de fe. Nunca voy a olvidar la humanidad del servicio de Hematología, ni las palabras cálidas, ni las sonrisas, ni la forma en que acompañan a familias destruidas aun cuando trabajan en condiciones indignas. Tampoco voy a olvidar a toda la gente que se acercó a donar sangre sin conocernos. Ahí entendí algo doloroso y hermoso al mismo tiempo: esta provincia sobrevive gracias a su gente, no gracias a sus dirigentes. Río Negro está lleno de personas extraordinarias obligadas a compensar todos los días la ausencia del Estado.
Hoy no escribo para pedir nada. Porque lo único que quiero es que me devuelvan a mi papá, y eso no va a pasar.
Pero sí necesito decir que las muertes evitables también tienen responsables. Que las obras postergadas matan. Que la negligencia mata. Que gobernar mirando encuestas, disputas partidarias y negocios mientras la gente arriesga la vida para ir de un pueblo a otro también tiene consecuencias. A los conductores de la camioneta y el auto blanco que hicieron todo mal aquel día, que les faltan papeles y les sobra inconsciencia, ojalá los acompañe la culpa de su irresponsabilidad. Y a quienes durante años tuvieron en sus manos la posibilidad de terminar una ruta segura y fortalecer un sistema de salud digno, ojalá alguna vez comprendan el daño irreparable que produce gobernar de espaldas a la realidad.
Mi papá ya no está. Pero pienso honrar su memoria haciendo lo mismo que él hizo siempre: decir lo que incomoda, exigir justicia y negarme a aceptar que el abandono sea el destino inevitable de nuestra región.
A quienes estuvieron con nosotros en estos días, gracias. El mundo sigue siendo un lugar digno gracias a personas como ustedes.
Cindy Moreno B.
Opinión
Más allá del diagnóstico: La necesidad de una salida con contenido
Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

¿Cuánto más se puede decir del estado actual de las cosas? Esta mezcla de novedad y continuidad, esta cotidianeidad que venimos habitando, nos fuerza muchas veces a una suerte de parálisis, obligándonos a detenernos indefinidamente en el diagnóstico. Nos enfrentamos, una vez más, cara a cara con sorpresas previsibles: es la sensación de que asistimos a «más de lo mismo», con el agravante de que ese «lo mismo» es, cada vez, peor.
Esta realidad no es abstracta; es una fuerza complicada que está tensionando transversalmente a la Argentina. Tensa a los individuos, a las familias y a los hogares, pero también erosiona a las instituciones, a los partidos políticos y a las organizaciones sociales en su conjunto. Estamos ante un escenario tan complejo como hondo, donde conviven la complicidad de algunos sectores con un agotamiento social generalizado. Es el agotamiento de quienes dijeron «no» a lo anterior para decir «sí» a esto, y que hoy se encuentran en la encrucijada de decir «no» a esto, sin querer regresar a lo otro. En ese limbo, la construcción de una salida institucional sigue siendo una asignatura pendiente.
La trampa de la reactividad: El vacío de la alternativa
En este escenario, lo que queda peligrosamente a la vista es un modelo de gestión de la oposición —tanto institucional como política— que es meramente reactivo en lugar de propositivo. Esta es una falencia generalizada que atraviesa a representantes políticos, sindicales y partidarios por igual: el gobierno nacional impone condiciones y la respuesta carece de propuestas superadoras. Las estructuras tradicionales se mueven siempre un paso por detrás de lo previsible, persiguiendo un modelo oficial que se percibe como arrasador.
Lo más alarmante no es el contenido de lo que se negocia, sino la incapacidad técnica para proyectar algo distinto. Nos enfrentamos a paritarias que no funcionan, a presupuestos que son jirones de la realidad y a discusiones por servicios básicos que parecen vaciadas de sentido. El rol de sindicatos, gobernadores y legisladores se ha degradado al de simples acompañantes de la coyuntura. Mientras se transita esa urgencia, no se está proyectando un plan de salida relevante. Esta reactividad es especialmente compleja en las universidades, donde ciertas conducciones operan como oposición política nacional pero como oficialismos institucionales, quedando atrapadas en la misma falta de iniciativa propositiva.
De la demencia al negacionismo: La inercia institucional de parte del sistema de CyT
Para entender la parálisis de quienes deben conducir, es necesario observar su comportamiento reciente. Tras el punto de inflexión de diciembre de 2023, cuando el flujo de recursos se detuvo abruptamente y las partidas dejaron de llegar, las instituciones universitarias no reaccionaron con un cambio de paradigma. Por el contrario, operaron bajo lo que podríamos llamar una demencia institucional: siguieron haciendo las cosas como si el escenario no hubiera cambiado, repitiendo fórmulas de un pasado que ya no tenía sustento material.
Hoy, esa demencia ha mutado en algo más peligroso: el negacionismo institucional. Al encontrar mecanismos modernos e innovadores para «oxigenar» el sistema -vía financiamientos externos, fundaciones propias o venta de servicios-, las conducciones «optan» por darle la espalda a la lucha estructural de sus trabajadores. Bajo la excusa de la eficiencia técnica y la creatividad para «salvar los muebles», están validando de facto el ajuste. Están demostrando una agilidad que en momentos de flujo ni siquiera se atrevieron a imaginar, pero lo hacen opacando la lucha docente y Nodocente, y confirmando ante el poder central que el recorte era, después de todo, ejecutable.

El experto disciplinar y la orfandad política
Esta desconexión tiene una raíz estructural en la formación de quienes dirigen el sistema de ciencia, tecnología y universitario. Por un lado, tenemos a los docentes e investigadores, y por otro, a los equipos de gestión Nodocente, que constituyen la arquitectura institucional invisible que permite mantener en pie el sistema. En la cima, el funcionariado (Rectores, Vicerrectores y Secretarios) ocupa cargos de naturaleza eminentemente política.
Sin embargo, el sistema está diseñado para que los académicos gestionen, bajo la premisa de que la excelencia en el grado o posgrado se traduce en capacidad de gestión. Pero la trayectoria académica no es proporcional a la pericia política. Geólogos, contadores, biólogos o arquitectos de renombre se encuentran hoy dirigiendo instituciones complejas frente a una política de choque para la cual sus herramientas disciplinares -que representan el 95% de su expertise- son insuficientes. No es lo mismo administrar el flujo que gestionar la incertidumbre y la restricción. Al no ser cuadros políticos de formación, quedan aislados de los debates profundos y los avatares partidarios los toman por sorpresa.

La seducción del intelectual y el desembarco de los gestores
Este contraste se refleja en la figura presidencial. Su ascenso fue el de un intelectual que ofrecía una doctrina económica liberal inspiradora y de gran penetración en jóvenes votantes y en una gran parte de la población desencantada con lo conocido. La sociedad, en su dificultad para determinar el rol efectivo del Estado, parece haber votado esa elocuencia, apostando a un horizonte filosófico pero dejando de lado o acaso, jamás interpelándose por el «cómo».
Pero una vez en el poder, se produjo un desplazamiento: la gestión real fue delegada en personajes cuyo activo no es la teoría, sino el know-how de la vieja política y la gestión de choque. Mientras el discurso se mantiene en la doctrina, la ejecución queda en manos de segundas y terceras líneas que saben operar las palancas del Estado de forma pragmática. Esta dualidad genera la máxima tensión: un relato intelectual que se ejecuta con las herramientas más conocidas de la gestión tradicional.
El intelectual como arquitecto y el control social
Frente a este vacío, el rol superador del intelectual debe ser el de un traductor: aquel que logre el match entre la ideología (el horizonte filosófico) y el cotidiano de la política pública. No puede ser alguien que se refugie en la academia para dar una clase virtual cada quince días; debe ser quien dote de sentido a la acción técnica e impregne e ilumine los debates públicos.
Nadie discute qué funciones debe afrontar el Estado en tanto garante de derechos. Su capilaridad social estratégica (en términos de Oszlak) es irremplazable. Sin embargo, no podemos seguir persiguiendo quimeras de innovación que mueren en acuerdos personales sobre un andamiaje inexistente. Propongo una salida que incluya una instancia de control social e intelectual comunitario, similar a una Defensoría del Pueblo, pero con una matriz de pensamiento crítico. Un espacio técnico con voz y probada incidencia donde la ciudadanía participe y rediscuta las políticas públicas junto a los intelectuales que les dan sentido.

Conclusión: Salir del asombro
En un mundo de información fragmentada, en el cual desde millennials a la generación alfa son bombardeados constantemente, los discursos vacíos ya no alcanzan. Lo que hoy se vuelve imperativo es la propuesta concreta. Debemos entender que, si la esperanza no tiene acción, es simplemente fe; y la fe es insuficiente para gestionar una organización, menos aún un sistema, demasiado lejos, una nación.
La salida no es dicotómica – izquierda o derecha-, sino programática. Requerimos un nuevo acuerdo social basado en ejes fundantes: ambiente, obra pública, educación, salud, deporte, disidencias, derechos humanos, vivienda y todos los otros temas que la sociedad pueda determinar. La única manera de garantizar a la ciudadanía una protección real es a través de una salida política integral: intelectuales, académicos, gestores y técnicos trabajando en un programa de gobierno concreto que abandone el asombro y retome la iniciativa. Es hora de que la arquitectura del Estado deje de servir a la supervivencia de una casta y empiece a tener a la gente presente en el centro de su diseño y control.
Federico Vasches
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.
Opinión
La Encrucijada de la IA: Moda o Soberanía
Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

Estamos inmersos en un momento de avances exponenciales de la Inteligencia Artificial (IA). Esta carrera tecnológica, impulsada por el sector privado, genera nuevas oportunidades, pero también expone complejidades estructurales profundas en sociedades como la latinoamericana y la argentina en especial, agravadas ahora por el desfinanciamiento estatal.
Detrás de palabras y conceptos como costo, lucidez e inclusive debatiendo sobre la Paradoja de la Modernización, es crucial entender que no incorporar tecnología es, de hecho, más costoso que hacerlo. La adopción requiere una «lucidez estratégica»: un rediseño consciente y deliberado que entienda que lo que se hace se puede hacer mejor. Pero que de ninguna manera la IA reemplaza ni a las personas ni a sus responsabilidades.
Como dos caras de una moneda:
El sector privado actúa deliberadamente para maximizar la ganancia. Moderniza con celeridad, buscando mejorar procedimientos, presentándose a la vanguardia y el desarrollo, y poniendo en valor la IA.
El sector público, cuyo fin es social, a menudo responde al llamado de la modernización con el desfinanciamiento, con recorte y achicamiento. La negación a incorporar la IA transversalmente como tecnología que permita innovar, claramente es no estratégica, pues la sociedad ya la está utilizando, generando una distancia creciente entre ambos mundos.
Acá nos encontramos con el problema de la falsa dicotomía, la creencia simplista de que el privado es inherentemente más moderno y brillante. Esta visión es escasa, pues las personas en ambos sectores utilizan tecnología personal (smartphones, herramientas de IA como Gemini, ChatGPT, etc.).
La diferencia reside en la cultura organizacional: en el privado, la modernización se transparenta y premia; en el público, no está institucionalizada y a veces se castiga la desviación del proceso tradicional.
A no preocuparse, porque no todo es tan sombrío y acaso para evitar un futuro distópico, la solución reside en construir una soberanía tecnológica y digital más horizontal.
Esto nos propone:
Divulgación y Conocimiento: las sociedades y los individuos deben entender el impacto de la tecnología y la IA en todas las instituciones. Este conocimiento es la base para que los ciudadanos puedan defender, construir y validar las reformas necesarias.
Espacios de Co-creación: es imperativo crear espacios público-privados, liderados con la participación activa de la sociedad civil, tecnólogos, divulgadores y directores de proyectos.
Gobierno Abierto: estos espacios deben estar anclados en los principios de Gobierno Abierto: participación ciudadana, innovación, transparencia y rendición de cuentas.
Solo a través de esta colaboración estratégica y una ciudadanía informada, el Estado podrá evolucionar tecnológicamente no solo para sobrevivir, sino para construir un futuro donde la tecnología sirva a fines sociales amplios, y no solo a la maximización de la ganancia privada.
Federico Vasches
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.





