Gremios
UnTER denuncia ajuste educativo en la educación especial
Nuevo cruce entre el gremio y el gobierno provincial. Ahora acusan al Ministerio de que no los consultaron para modificaciones en el ámbito de la educación especial.
El gremio docente UnTER denunció públicamente que el gobierno rionegrino quiere realizar un ajuste en la educación especial de la provincia. «Los cambios y transformaciones inconsultas están a la orden del día en el Ministerio de Educación de Río Negro. Hoy toca de lleno a la educación especial. Como buenos discípulos de Esteban Bullrich (ministro de Educación de la Nación), los funcionarios abren todos los frentes para quebrar la voluntad del colectivo docente, desarticular a las comunidades y desconocer los derechos de niñas/os y jóvenes en situación de discapacidad, con el único objetivo de imponer el ajuste que exige el gobierno nacional», expresaron.
Es que Roxana Méndez, directora de Inclusión Educativa, Educación Especial y Asistencia Técnica, remitió a todas las Escuelas Especiales y de Formación Cooperativa y Laboral los “Lineamientos para la construcción de proyectos educativos institucionales y curriculares. Escuelas de Formación Integral (EFI) para adolescentes y jóvenes con discapacidad”. UnTER critica que este procedimiento se realizó de manera «inconsulta, sin participación de la organización sindical».
«Esta definición, desconoce el compromiso del Ministerio, firmado el 15 de abril de 2016 en la reunión de la Comisión de política educativa entre Ministerio de Educación y UnTER, en la que ésta temática de transformación de las Escuelas de Formación Cooperativa y Laboral (EFCyL) figuraba como temario en la Resolución N° 1737/16. Igual que con la ESRN, en el marco del conflicto salarial iniciado a fines de julio, el gobierno avanzó unilateralmente», remarcaron desde el gremio. «En el mes de noviembre, el Ministerio presentó un proyecto casi concluido a supervisores/as de educación especial y directores/as de escuelas primarias de la modalidad. Finalmente, ahora envió los lineamientos para trabajar la información, con las y los docentes, durante la primera jornada laboral, prevista entre el 1 y el 3 de marzo», agregaron.
«El gobierno pretende que en cuatro horas se analice un documento que modifica sustancialmente el perfil de la escuela, desde la estructura organizacional de Escuelas de Formación Laboral respecto de horarios, turnos y perfiles docentes, hasta los cambios en la población educativa porque modifica la franja etárea de los y las estudiantes, entre otros aspectos. Curioso criterio de la directora de Inclusión educativa sobre el trabajo conjunto, sin tiempo para la lectura crítica ni posibilidades de intercambio de aportes, censura las voces de quienes están en el aula y conocen la realidad que no se puede visibilizar desde los escritorios», reclamaron.
«Desde el punto de vista pedagógico, pese al maquillaje grosero de la denominación “educación integral”, esta nueva escuela eternizará a las y los estudiantes en el nivel primario. Postura aniquiladora de subjetividades, con niños/as y jóvenes que transcurrirán por una escuela primaria hasta los 12 o 13 años, para seguir sus estudios en otra igual. Sin importar su desarrollo madurativo, ingresarán y transitarán sólo por su edad cronológica hasta su egreso a los 17 o 18 años», añadieron desde el Consejo Directivo Central de UnTER, liderado por su secretaria general Patricia Cetera.
«El gobierno impone un proyecto que ni siquiera tuvo en cuenta a las escuelas creadas por las comunidades educativas, a las que no se les consultó sobre esta transformación. Se constituye en un recorte del derecho social a la educación para uno de los grupos más expuestos a la vulnerabilidad, que hoy tiene la oportunidad de acceder a una formación laboral, que respeta los tiempos pedagógicos para la apropiación de conocientos básicos, incluye a jóvenes hasta los 22 años y les brinda las herramientas necesarias para proyectarse con independencia en una sociedad compleja».
«Propuesta que pone en riesgo la continuidad de las escuelas especiales porque con el recorte etario, se verán reducidas a un turno escolar lo que implica cierre grupos, cargos de maestros/as, preceptores/as, equipos técnicos, vice direcciones, maestros/as especiales. Que además pretende que las y los docentes se se transformen en “magos”, que todo podrán hacer sin importar la especificidad de su título».
UnTER denuncia esta postura «negada al diálogo, a la construcción colectiva, que impone monólogos digitados por las políticas de turno. Repudia todo intento de ajuste, que viola los derechos de estudiantes en situación de discapacidad y exige al Ministerio de educación y Derechos Humanos que respete los compromisos asumidos, el tiempo necesario para que las y los docentes puedan remitir sus aportes para, en otra instancia, rediscutir las propuestas y la continuidad del trabajo en la comisión de política educativa, para que se puedan exponer las verdaderas urgencias de la modalidad, que se visibilizan en las escuelas y que la directora Roxana Méndez, no alcanza a reconocer desde la comodidad de su oficina», concluyeron finalmente.
Gremios
ATE anticipa que no tolerará nuevos despidos: «En el 2025 les vamos a robar la motosierra y le vamos a cortar las cabezas a ellos»
«El Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de los más de 57.500 contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la reprecarización laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año», indicó Aguiar.
Ante la situación que atraviesan los 57.513 trabajadores del Sector Público cuyos contratos vencen a fin de mes y que el Ejecutivo pretende cesantear, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que «el Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de todos los contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la reprecarización laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año».
«Además, aunque seguimos demandando la anulación del Sistema de Evaluación Pública, hay que incorporar en la planta permanente a ese universo de trabajadores que ya se presentó a rendir y que en el 96% de los casos aprobaron en primera instancia los exámenes», agregó el dirigente.
En esta línea, Aguiar aseguró que «más allá de su relato exitista y fantasioso, el Gobierno pierde fuerza. En el 2025 les vamos a robar la motosierra y vamos a empezar a cortar las cabezas de ellos. Tenemos que salvar la democracia y la institucionalidad poniéndole límites claros a Milei, disparó.
«El próximo año la estabilidad tiene que volver a ser un derecho en el empleo público. Tenemos que lograr que recuperen el poder adquisitivo los salarios y jubilaciones e impedir que se siga desguazando el Estado y rematando el patrimonio estatal», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Son 57.513 los contratados en el Estado Nacional según el Boletín Fiscal del Ministerio de Economía al cuarto trimestre de 2024. La gran mayoría de ellos son contratados en el marco del art. 9° de la Ley de Empleo Público (Resolución 48/02). También incluye a monotributistas de locación de obras y servicios; contrataciones bajo entes cooperadores u organismos de crédito internacional; pasantías; y otros tipos de contrataciones a término como eventuales.
El mayor alerta de ATE por estás horas está puesto en el Ministerio de Justicia, donde el Gobierno anticipó el despido de más de 2.400 trabajadores a partir de la baja del convenio con el ente cooperador ACARA. A esto se le suma el anuncio de 104 despidos en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, y también los más de 50 despidos comunicados en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), dependiente de la Secretaría de Transporte (integrada al Ministerio de Economía).
Cabe destacar que según el monitoreo del sindicato, durante la gestión de Javier Milei, más de 20 mil trabajadores de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada perdieron sus puestos de trabajo a partir de cesantías ilegales. Desde la organización se sigue reclamando su inmediata reinstalación y se evalúan nuevas medidas de acción directa para el inicio del 2025.
Gremios
ATE exige la reapertura de las paritarias ante de fin de año y una recomposición salarial de emergencia
«La política salarial impulsada desde la Casa Rosada empujó a más del 80% de los estatales a la pobreza. Los sueldos ya no alcanzan», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) le exigió al Gobierno Nacional la inmediata reapertura de las paritarias antes del 31 de diciembre y reclamó un aumento de emergencia para recomponer el poder adquisitivo gravemente deteriorado en el último año. El sindicato anticipó que en el caso de que no haya convocatoria a las negociaciones salariales, podría determinar medidas de acción directa para el inicio del 2025.
«Es imperiosa la necesidad de que se reabran las negociaciones antes de fin de año. El ajuste aplicado en el sector público durante el 2024 destruyó todos los salarios. La política salarial impulsada desde la Casa Rosada empujó a más del 80% de los estatales a la pobreza. Los sueldos ya no alcanzan ni para cubrir las mínimas prestaciones garantizadas por la ley», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.
Ante esta situación el dirigente apuntó que «necesitamos que sea compensando el grave deterioro que han tenido durante este año nuestros ingresos. El bono de $30.000 otorgado y avalado por otro sindicato es una ofensa, no alcanza para nada».
«Hoy todos los empleados públicos que tienen que pagar un alquiler no llegan ni siquiera a mitad de mes. El recorte salarial en la Administración Pública es dramático. Si no existe una respuesta a este pedido concreto, en el inicio del próximo año habrá un aumento de la conflictividad», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
En una nota dirigida al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, y a la Secretaría de Trabajo de Julio Cordero, el sindicato exigió:
- Salarios dignos que, de acuerdo con el art. 14 bis de la Constitución Nacional, aseguren como mínimo alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión;
- Aumentos salariales por encima de la inflación;
- Apertura de todos los convenios colectivos de trabajo sectoriales, especialmente los más postergados, como el del Personal Civil y Docente Civil de las FF.AA.-Seguridad-IOSFA,Sistema Nacional del Empleo Público (SINEP) y Profesionales de la Salud Dto. 1133/09;
- Asegurar la continuidad de todos los procesos de regularización del empleo público – pases a planta permanente;
- Cese del ajuste; los despidos y reincorporación inmediata de todos/as los/as trabajadores despedidos/as a partir del 10 de diciembre de 2023
Hasta el momento, la pérdida del poder adquisitivo en la Administración Pública Nacional (Convenio Colectivo de Trabajo 214/06) superó el 40% en el 2024.
Cabe recordar que la Junta Interna de ATE en el INDEC, utilizando los datos recabados por el organismo, determinó que el ingreso mínimo (no el óptimo ni el deseable) debería ser de $1.547.169.
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ATE inicia semana de acampes: Cortarán calles frente a Rentas
Se trata de más de 4500 agentes que cumplen funciones en diversos Ministerios con contratos de locación y horas cátedra, entre otras relaciones irregulares.
Este lunes (22/12), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) iniciará acampes en los principales edificios públicos provinciales en Roca, Bariloche y Viedma. «Es en rechazo al congelamiento salarial y en demanda de la renovación de los contratos que vencen el 31 de diciembre», informaron.
Desde el sindicato demandan a la provincia una compensación salarial y en este sentido, anunciaron que darán continuidad a las protestas durante las Fiestas si no existe respuesta al pedido de reapertura paritaria. En Roca, el acampe comenzará a las 6 de la mañana del lunes frente al edificio de la Agencia de Recaudación Tributaria, en 9 de Julio y España. Asimismo, realizarán protestas también en Viedma y Bariloche.
«La política de aumento 0 del Ejecutivo Provincial golpea no sólo al bolsillo de los estatales sino también a toda la comunidad, ya que esa decisión comienza a impactar en el desfinanciamiento del sistema público de salud y educación y en todos los organismos del Estado», dijo Romeo Aguiar, secretario gremial de ATE.
«Los voceros del Ejecutivo mienten cuando dicen que los salarios superaron a la inflación. Se creen su propia fantasía: los servicios básicos, alquileres y combustibles superaron ampliamente la evolución de los salarios», agregó.
Si bien uno de los pedidos fue saldado por el Gobierno -el pago íntegro del aguinaldo antes del 24 de diciembre-, Aguiar insistió con que «el congelamiento salarial de los dos últimos meses empujó a miles de trabajadores bajo la línea de pobreza, que alcanza en la provincia al 56% de los ciudadanos -más que el promedio del país- y con esta decisión se incrementará drásticamente».
«Además demandamos la regularización de los trabajadores con contratos, un personal discriminado sin estabilidad laboral que tiene el derecho a estar en las mismas condiciones que el resto del personal con igual tarea, como dicta la Constitución Nacional», dijo por su parte Leticia Lapalma, secretaria adjunta de ATE. Se trata de más de 4500 agentes que cumplen funciones en diversos Ministerios con contratos de locación y horas cátedra, entre otras relaciones irregulares.
