Gremios
UnTER denuncia ajuste educativo en la educación especial
Nuevo cruce entre el gremio y el gobierno provincial. Ahora acusan al Ministerio de que no los consultaron para modificaciones en el ámbito de la educación especial.
El gremio docente UnTER denunció públicamente que el gobierno rionegrino quiere realizar un ajuste en la educación especial de la provincia. «Los cambios y transformaciones inconsultas están a la orden del día en el Ministerio de Educación de Río Negro. Hoy toca de lleno a la educación especial. Como buenos discípulos de Esteban Bullrich (ministro de Educación de la Nación), los funcionarios abren todos los frentes para quebrar la voluntad del colectivo docente, desarticular a las comunidades y desconocer los derechos de niñas/os y jóvenes en situación de discapacidad, con el único objetivo de imponer el ajuste que exige el gobierno nacional», expresaron.
Es que Roxana Méndez, directora de Inclusión Educativa, Educación Especial y Asistencia Técnica, remitió a todas las Escuelas Especiales y de Formación Cooperativa y Laboral los “Lineamientos para la construcción de proyectos educativos institucionales y curriculares. Escuelas de Formación Integral (EFI) para adolescentes y jóvenes con discapacidad”. UnTER critica que este procedimiento se realizó de manera «inconsulta, sin participación de la organización sindical».
«Esta definición, desconoce el compromiso del Ministerio, firmado el 15 de abril de 2016 en la reunión de la Comisión de política educativa entre Ministerio de Educación y UnTER, en la que ésta temática de transformación de las Escuelas de Formación Cooperativa y Laboral (EFCyL) figuraba como temario en la Resolución N° 1737/16. Igual que con la ESRN, en el marco del conflicto salarial iniciado a fines de julio, el gobierno avanzó unilateralmente», remarcaron desde el gremio. «En el mes de noviembre, el Ministerio presentó un proyecto casi concluido a supervisores/as de educación especial y directores/as de escuelas primarias de la modalidad. Finalmente, ahora envió los lineamientos para trabajar la información, con las y los docentes, durante la primera jornada laboral, prevista entre el 1 y el 3 de marzo», agregaron.
«El gobierno pretende que en cuatro horas se analice un documento que modifica sustancialmente el perfil de la escuela, desde la estructura organizacional de Escuelas de Formación Laboral respecto de horarios, turnos y perfiles docentes, hasta los cambios en la población educativa porque modifica la franja etárea de los y las estudiantes, entre otros aspectos. Curioso criterio de la directora de Inclusión educativa sobre el trabajo conjunto, sin tiempo para la lectura crítica ni posibilidades de intercambio de aportes, censura las voces de quienes están en el aula y conocen la realidad que no se puede visibilizar desde los escritorios», reclamaron.
«Desde el punto de vista pedagógico, pese al maquillaje grosero de la denominación “educación integral”, esta nueva escuela eternizará a las y los estudiantes en el nivel primario. Postura aniquiladora de subjetividades, con niños/as y jóvenes que transcurrirán por una escuela primaria hasta los 12 o 13 años, para seguir sus estudios en otra igual. Sin importar su desarrollo madurativo, ingresarán y transitarán sólo por su edad cronológica hasta su egreso a los 17 o 18 años», añadieron desde el Consejo Directivo Central de UnTER, liderado por su secretaria general Patricia Cetera.
«El gobierno impone un proyecto que ni siquiera tuvo en cuenta a las escuelas creadas por las comunidades educativas, a las que no se les consultó sobre esta transformación. Se constituye en un recorte del derecho social a la educación para uno de los grupos más expuestos a la vulnerabilidad, que hoy tiene la oportunidad de acceder a una formación laboral, que respeta los tiempos pedagógicos para la apropiación de conocientos básicos, incluye a jóvenes hasta los 22 años y les brinda las herramientas necesarias para proyectarse con independencia en una sociedad compleja».
«Propuesta que pone en riesgo la continuidad de las escuelas especiales porque con el recorte etario, se verán reducidas a un turno escolar lo que implica cierre grupos, cargos de maestros/as, preceptores/as, equipos técnicos, vice direcciones, maestros/as especiales. Que además pretende que las y los docentes se se transformen en “magos”, que todo podrán hacer sin importar la especificidad de su título».
UnTER denuncia esta postura «negada al diálogo, a la construcción colectiva, que impone monólogos digitados por las políticas de turno. Repudia todo intento de ajuste, que viola los derechos de estudiantes en situación de discapacidad y exige al Ministerio de educación y Derechos Humanos que respete los compromisos asumidos, el tiempo necesario para que las y los docentes puedan remitir sus aportes para, en otra instancia, rediscutir las propuestas y la continuidad del trabajo en la comisión de política educativa, para que se puedan exponer las verdaderas urgencias de la modalidad, que se visibilizan en las escuelas y que la directora Roxana Méndez, no alcanza a reconocer desde la comodidad de su oficina», concluyeron finalmente.
Gremios
Nuevo acuerdo salarial con trabajadores municipales de Roca
Se trata de un 11% para mayo, mismo porcentaje para junio y un 10% en julio.
El Poder Ejecutivo de General Roca y los gremios ATM, UPCN, SOYEN y ATE llegaron a un nuevo acuerdo salarial. Se trata de un incremento del 32% para los próximos tres meses.
Según informaron desde el Municipio, los trabajadores municipales percibirán un 11% de aumento en el básico de los sueldo del mes de mayo; mismo porcentaje con los salarios de junio; y un incremento del 10% con los haberes de julio.
Todos estos incrementos tienen carácter acumulativo.
La paritaria se dio en medio de una denuncia del gremio ATM, quien hizo público los salarios de las categorías más bajas de los trabajadores municipales. Incluso hubo mucha tensión en las últimas horas en las puertas del Municipio.
Gremios
ATE decidió movilizar a Techint este jueves
«Tenemos que poner en evidencia a quienes realmente gobiernan. Las principales decisiones ya no se toman en Balcarce 50», indicó Rodolfo Aguiar.
Luego de un extenso plenario federal con más de 1000 delegados de todo el país, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió por unanimidad realizar una nueva Jornada Nacional de Lucha este jueves (16/05) con movilización a la sede central de Techint, esgrimiendo que es donde realmente se toman las decisiones de Gobierno, y anunció que marcharán al Congreso el día que se trate la Ley Bases en el Senado.
«Llegó la hora de movilizarnos a la sede en la que realmente funciona el Gobierno. Las principales decisiones ya no se toman en Balcarce 50. Tenemos que poner en evidencia a quienes realmente gobiernan. Estamos frente a cuatro o cinco grupos empresarios que con sus fortunas tomaron por asalto el Poder Ejecutivo. El presidente, su hermana y una gran parte de quienes los rodean se han convertido en figuras decorativas», disparó Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.
Tras la votación unánime en favor de la medida de fuerza, se resolvió concentrar el jueves (16/05) a las 12 en la Secretaría de Trabajo (Av. Leandro N. Alem 650, CABA) y movilizar desde allí a la sede de Techint con dirección en Bouchard 557. Además, cada una de las provincias y municipios definirán su propia modalidad de protesta.
Frente a los principales reclamos que ATE mantiene, entre los cuales se destacan los despidos masivos, el congelamiento de salarios y el intento de privatización de empresas públicas, el dirigente evaluó que «en esas empresas están los que redactaron el DNU y escribieron la Ley Bases, sustancias letales que intentan suministrarnos como sociedad. Despiden trabajadores, siguen desmantelando el Estado y destruyendo salarios y jubilaciones. En el sector público, la pérdida de salario real desde que asumió el presidente Milei alcanza el 26%».
«Paolo Rocca no sólo designó a la máxima autoridad de Trabajo en la Argentina para asegurarse una reforma laboral absolutamente regresiva en materia de derechos y que genere el aumento de la explotación de los trabajadores y maximizar sus ganancias, sino que también aportó a varios funcionarios al resto del Gabinete nacional. Estamos ante un hecho inédito en el que distintos grupos económicos no se presentaron a las elecciones pero están ejerciendo el Gobierno», agregó el secretario general de ATE.
En esta línea, Aguiar completó «que el Gobierno no venga a hacer propaganda con la baja de la inflación y la teoría económica de la V, porque los trabajadores y jubilados ya cayeron y no van a rebotar».
«En un plenario federal, con más de 1000 dirigentes de toda la Argentina y por el voto unánime, hemos decidido profundizar nuestro plan de lucha para demandar una inmediata recomposición salarial, la reincorporación de todos los trabajadores despedidos y que se frene el cierre de organismo y las privatizaciones de empresas públicas», concluyó el referente estatal.
Gremios
ATE va al paro general este jueves y amplía la convocatoria a municipales y provinciales
«Este paro tiene varios destinatarios. No sólo el presidente Milei, sino también los gobernadores y senadores que tendrán que tratar la Ley Bases», dijo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) adherirá al paro general lanzado por las centrales obreras para este jueves 9 de mayo y amplió la convocatoria a las tres esferas del Estado: nacionales, provinciales y municipales.
«En la Administración Pública, salvo las guardias mínimas en servicios esenciales, nadie va a concurrir a sus puestos de trabajo. Hay un creciente malestar social, estamos ingresando en una depresión económica que golpea absolutamente a todos los sectores sociales», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. Durante la medida de fuerza, sólo se garantizarán guardias mínimas en los hospitales, centros asistenciales de adultos mayores, adolescentes y niños, y en servicios esenciales para hacer frente a emergencias.
El dirigente evaluó que «en la gente hay una oposición mayoritaria a todas las medidas que impulsa el Gobierno nacional» y detalló que «la reforma laboral que se propone en la Ley Bases configura un retroceso a la última Dictadura Militar. Fue en gobiernos de facto donde se creó un fondo de cese laboral y se puso en disponibilidad a todos los trabajadores».
«Este paro tiene varios destinatarios. No sólo las demandas son para el presidente Milei, sino también para los gobernadores y los senadores que tendrán que tratar la Ley Bases, y para los cuatro o cinco grupos empresarios que en este momento son socios del Ejecutivo nacional», apuntó el secretario general de ATE Nacional.
«Tenemos que pensar para el día que se fije el tratamiento de la ley en el Senado, declarar un paro activo en todo el país. En el caso de ATE, después del 9 de mayo vamos a convocar inmediatamente a nuestras instancias orgánicas para definir nuevas medidas de fuerza y darle continuidad al plan de acción dentro del Estado», concluyó Rodolfo Aguiar.
La medida de fuerza alcanzará a las administraciones públicas de las 23 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los más de 2.200 municipios de todo el país, los cuales en su gran mayoría son los sectores más postergados en materia salarial.
ATE impulsa el llamado a una huelga general desde hace meses a través de las instancias orgánicas de la CTA Autónoma, central obrera que integra el sindicato estatal, entendiendo que «las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei no solo perjudican al sector público, sino a toda la población en general».
En este marco, el sindicato reclamará por «reincorporación inmediata de todas las y los cesanteados y detención de los despidos, regularización de todos los vínculos contractuales y pase a planta permanente de todas las y los trabajadores, aumento salarial y en las jubilaciones que supere la inflación, rechazo a la restitución del Impuesto a las Ganancias, cese de las políticas de ajuste, miseria y hambre, rechazo a cualquier privatización de empresas públicas, defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todas las y los
trabajadores jubilados, anulación del Protocolo anti-movilizaciones, cese de las políticas de amedrentamiento hacia las y los trabajadores estatales, no a la restitución del Impuesto a las Ganancias, anulación del DNU 70/23 y rechazo a la Ley Bases».
