Gremios
Aguiar y otros tres dirigentes de ATE fueron procesados por daños en el Municipio de Cordero
Además del pedido de captura para que se presente a declarar en los Tribunales Federales, ahora se suma el procesamiento en el fuero provincial por daños contra el edificio municipal de la comuna rionegrina.
El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Río Negro, Rodolfo Aguiar, y otros tres dirigentes del gremio fueron procesados a raíz de los disturbios ocurridos en Contralmirante Cordero el 27 de mayo del año pasado en el contexto de un conflicto gremial entre las autoridades comunales y empleados del Municipio, agrupados en el sindicato estatal. A esto hay que sumarle el pedido de captura para que Aguiar preste declaración en los Tribunales Federales, también por incidentes en la localidad rionegrina, pero en el marco de otra causa que se investiga en el ámbito nacional.
El procesamiento, que se firmó el 24 de abril último, consigna que «no se desconoce el derecho a la protesta por parte de cualquier trabajador sindicalizado empero ese derecho a la protesta no justifica bajo ningún punto de vista la producción de daño a los bienes ajenos o lesiones a otras personas y por ende debe desentrañarse el alcance de los hechos acaecidos en esa aciaga jornada».
A lo largo del proceso pudo constatarse “efectivamente los daños que ocurrieran en el edificio del Municipio de Contralmirante Cordero, los que fueron ilustrados por el personal de la policía científica y descriptos profusamente por las personas que declararon”, surge de la resolución.
Ante consultas periodísticas, el juez Santiago Márquez Gauna, titular del Juzgado N° 4 de Cipolletti, confirmó que las cuatro personas procesadas son Rodolfo Aguiar, Danilo Cinchini, Ezequiel Villanueva y Sergio Cides.
Dice la resolución que “la participación de una muchedumbre en este tipo de sucesos torna muy difícil acreditar la causalidad necesaria entre su accionar y el resultado que pretende imputársele y por ello, si bien al inicio se imputaron los hechos a un gran número de personas, a medida que fue progresando la investigación, con buen tino, la fiscalía fue desvinculando del proceso a aquellas personas que solo se podía demostrar su presencia en el lugar, mas no se podía acreditar fehacientemente cual conducta desplegaron y que resultado tuvo la misma. Así llegamos al estadio procesal donde el representante de la vindicta publica insta el procesamiento de cuatro de los imputados, por los hechos que le fueran imputados y corresponde entonces expedirme en concreto sobre la participación de estos en dichos hechos.
De acuerdo con la acusación que imputó la Fiscalía ese 27 de mayo, a las 13.10 hs, en inmediaciones del Municipio de Cordero, «los manifestantes arrojaron elementos contundentes tales como piedras, bulones y esferas de rulemanes como así también botellas, palos y hasta una varilla roscada contra el edificio municipal y contra los agentes policiales que lo custodiaban. Provocaron importantes daños en la parte externa del edificio, en el revoque y persianas, destruyendo ocho vidrios del salón de usos múltiples, cuatro vidrios del polideportivo, veinte vidrios de puertas y ventanas corredizas del sector de Catastro y compras; un espejo retrovisor lateral del móvil del COER, un vidrio lateral de un segundo móvil y la parte trasera de otro móvil marca Fiat Siena. También causaron daños en la vestimenta y elementos de protección policial. En ese contexto, Aguiar tomó impulso a la carrera y pateó la puerta de acceso principal del edificio municipal, dañando la madera y los herrajes, golpeando a un empleado municipal que se encontraba sosteniendo la misma por el lado de adentro».
«En el mismo lugar, 20 minutos después, Aguiar atentó contra el personal policial abalanzándose con violencia contra el vallado humano formado por el subcomisario Nelson Monsalve y el comisario Mauro Aldo Albornoz, quienes evitaron el ingreso al edificio municipal de los manifestantes para impedir que se ocasionen mayores daños a los bienes de la municipalidad. Luego y en iguales circunstancias, atentaron contra el personal policial actuante, empleando armas (resorteras y palos) y la fuerza bruta, ejerciendo violencia contra los mismos provocándoles lesiones», dice la investigación.
Al momento de resolver, el juez analizó los certificados médicos, las declaraciones testimoniales, los croquis ilustrativos, actas de allanamientos, informes de investigación, de Criminalística y de los médicos Forenses. Consideró el magistrado “no hay testigo que no describa como las personas que protestaban sobre la Ruta Nacional N° 151, arremetieron contra los numerarios del grupo COER y contra otros numerarios policiales que se desempeñaban en la cobertura de seguridad dispuesta para proteger los bienes públicos”.
En ese sentido, Márquez Gauna dictó el procesamiento de Aguiar por los delitos de “lesiones leves en concurso real con atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido por una reunión de más de tres personas en concurso real con daños agravados por ser cometidos contra bienes públicos”; de Danilo Cinchini por los delitos de “atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido por una reunión de más de tres personas en concurso real con daños agravados por ser cometidos contra bienes públicos”; de Ezequiel Villanueva por los delitos de “atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido por una reunión de más de tres personas” y de Sergio Cides por los delito de “daños agravados por ser cometidos contra bienes públicos”.
Gremios
Mientras UnTER asegura un 70% de adhesión al paro, el Gobierno informa un 65% de presentismo en las escuelas
En el primer día de protesta, los docentes se movilizaron en los puentes Cipolletti-Neuquén y fueron reprimidos por efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura.
La primera jornada del paro docente de 48 horas en Río Negro estuvo marcada por cifras contrapuestas entre el gremio UnTER y el Gobierno provincial, y por momentos de tensión en los puentes carreteros que conectan Cipolletti con Neuquén.
Desde el sindicato aseguraron que la medida de fuerza alcanzó una adhesión cercana al 70% en toda la provincia. En contraposición, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos informó que el presentismo docente superó el 65%, lo que, según indicaron, «permitió sostener el dictado de clases en gran parte de las escuelas».
En paralelo, la protesta tuvo su punto más crítico en la zona de los puentes interprovinciales sobre la Ruta Nacional N° 22, donde docentes se manifestaban en el marco del paro de 48 horas. Durante la mañana, la actividad se había desarrollado con entrega de folletería y tránsito lento, sin mayores inconvenientes.
Sin embargo, la situación escaló cuando un grupo de manifestantes intentó avanzar sobre la calzada. En ese momento, intervinieron efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura, quienes utilizaron gas pimienta para dispersar a los docentes.
El accionar generó corridas, momentos de tensión y desconcierto entre los presentes. Algunos manifestantes resultaron afectados por los gases, aunque fueron asistidos en el lugar y continuaron con la movilización.
Desde UnTER señalaron que la intención era movilizarse hacia la rotonda sin cortar totalmente el tránsito, dejando al menos un carril habilitado para la circulación.
Por su parte, el Gobierno provincial cuestionó la medida de fuerza al considerarla injustificada y remarcó que, «en los últimos años, los salarios docentes se ubicaron por encima de la inflación».
Gremios
Paro docente: Sin llamado del Gobierno, UnTER confirmó medidas de fuerza para este martes y miércoles
El sindicato docente reclama una nueva oferta salarial y denuncian incumplimientos del Ejecutivo provincial.
El gremio docente UnTER ratificó el paro de 48 horas previsto para esta próxima semana, luego de que el Gobierno de Río Negro no realizara una nueva convocatoria a paritaria antes del 30 de abril, tal como había sido exigido por el sindicato en el último Congreso. La medida de fuerza se llevará adelante a partir del primer minuto de este martes (05/05) y se extenderá hasta las 23.59 horas del miércoles (06/05).
El paro había sido definido en el CCCXCIII Congreso General Extraordinario realizado el pasado 22 de abril en Fernández Oro, que estableció un plazo para retomar la discusión salarial. Al no concretarse ese llamado antes del comienzo del mes de mayo, el gremio confirmó la continuidad del plan de lucha, que incluye un paro de 48 horas con acciones provinciales y locales para mañana y pasado.
Desde UnTER reclaman una nueva propuesta salarial que contemple una recomposición real de los haberes, con actualización por inflación y un salario mínimo de $2.000.000. Además, exigen la incorporación de sumas no remunerativas al básico y cuestionan la utilización del índice de inflación de Viedma, en lugar del de la región patagónica.
En paralelo, el gremio reiteró críticas a distintas políticas del Gobierno provincial, como la aplicación del presentismo, las auditorías médicas y reformas educativas que consideran inconsultas.
Asimismo, se ratificaron medidas de visibilización del conflicto, entre ellas movilizaciones, clases públicas y una marcha de antorchas en cada localidad, además de la posibilidad de profundizar las acciones en caso de no haber respuestas oficiales.
Gremios
714 estatales pidieron créditos en el Banco Nación, rechazaron la mayoría y al resto les ofrecieron hasta 10 veces menos que a funcionarios del Gobierno nacional
«Comprobado, los créditos que le dieron a los funcionarios libertarios no están disponibles para nadie más», señaló Rodolfo Aguiar.
En las últimas semanas, 714 trabajadores estatales de todo el país solicitaron créditos en el Banco Nación por los mismos montos, plazos de financiación y tasas que les otorgaron a los funcionarios libertarios, pero obtuvieron resultados diametralmente distintos: el más alto ofrecido fue de 55 millones de pesos, mientras que los funcionarios libertarios accedieron a montos de hasta 420 millones.
«Comprobado, los créditos que le dieron a los funcionarios libertarios no están disponibles para nadie más. Los montos ofrecidos a los trabajadores son ínfimos, 10 veces menores que los otorgados a los libertarios y además la mayoría de las solicitudes fueron inmediatamente rechazadas», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Los trámites se realizaron tanto de manera virtual como presencial en más de 150 de las 709 sucursales del Banco Nación.
En esta línea, el dirigente completó que «en algunos casos les negaron los préstamos directamente por la modalidad bajo la cual están contratados en el sector público por carecer de estabilidad. Eso contrasta, por ejemplo, con el caso de Leandro Massaccesi, quien era jefe de gabinete de Capital Humano y fue despedido. Y en el resto, se tuvo que informar si existen deudas, los gastos en tarjetas de crédito, préstamos, pago de servicios, cuestiones que no fueron exigidas a alguna diputada oficialista que incluso se encontraba no sólo embargada, sino también procesada por la Justicia».
«Da mucha bronca. Ni siquiera pudieron acceder a un préstamo aquellos que propusieron codeudores. Los créditos del Banco Nación otorgados a los funcionarios de La Libertad Avanza son una estafa. El Gobierno juega con una de las necesidades más sensibles como es la vivienda digna. Los estatales no pedimos acceder a casas lujosas y en barrios privados como se compraron los funcionarios, simplemente a una vivienda digna», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Créditos para estatales
Entre las 714 solicitudes de crédito, se destaca el caso testigo de un trabajador de PAMI, cuyo ingreso de bolsillo es de $2.076.667 y que cobra su sueldo a través del Banco Nación, el cual calificó a un crédito de apenas $55.000.000 con una tasa de interés del 6% nominal anual, lo que representa menos de la mitad del valor promedio de una vivienda digna de 3 ambientes para una familia tipo (dos adultos y dos niños), de $170.000.000 (120.000 dólares), según un informe de la plataforma inmobiliaria Zonaprop.
Además, el sindicato resaltó que el sistema de ‘scoring’ para poder calificar a un crédito hipotecario, el cual registra toda la información financiera de una persona, controla exhaustivamente los cumplimiento de pagos, la antigüedad crediticia, el endeudamiento, la participación en productos financieros y el comportamiento reciente de los solicitantes.
Para ello, se les solicitó los últimos 3 recibos de sueldo y comenzó el proceso de investigación del historial crediticio cruzando datos con otras entidades financieras. En el caso de los trabajadores estatales que completaron los formularios correctamente para solicitar los créditos, 623 fueron rechazados casi instantáneamente, mientras que el resto continúa en trámite sin aprobación.
Otro caso que se destaca es el de un trabajador estatal monotributista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo ingreso es de $1.240.650, que solicitó la suma de 40 mil dólares para la mitad de una propiedad, con una codeudora también estatal, y el mismo fue rechazado en un minuto sin siquiera llegar a cargar la documentación necesaria para avanzar en el trámite.
Cabe recordar que desde el Gobierno aseguraron que los créditos a los que accedieron los funcionarios son los mismos a los que puede acceder cualquier otro ciudadano. Sin embargo, el gremio indicó que el nivel de ingreso general que detalla el propio Indec ($1.321.353 en promedio) torna imposible acceder a estos créditos.
Créditos libertarios
En paralelo, los funcionarios del Gobierno nacional recibieron valores mucho más altos que a los trabajadores del sector público. Tales son los casos de Leandro Massaccesi, ex jefe de Gabinete de Capital Humano ($420.000.000), a quién no se le solicitó el requisito de estabilidad laboral como sí al resto de los solicitantes; Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo ($373.000.000); Federico Furiase; secretario de Finanzas ($367.059.000); Federico Sharif Menem: secretario de su tío, Martín Menem ($357.000.000); o Juan Pablo Carreira, twittero conocido como Juan Doe y actual director de Comunicación Digital ($112.948.000), entre otros.
Además, ATE destacó el caso de la diputada rionegrina Lorena Villaverde, quien recibió $279.000.000 estando embargada por la venta irregular de terrenos.
No sólo existe una clara diferencia en cuanto a los montos, sino también con las tasas de interés subsidiadas que, en el caso de los funcionarios es de 4% nominal anual. Además, se les permitió financiar hasta el 90% del valor de la propiedad, mientras que al resto de la ciudadanía se le permite un financiamiento de hasta el 75%.
