Judiciales
Condenaron 13 años y 6 meses de prisión a hombre que quiso matar a su pareja de un «ladrillazo»
La agresión fue el 28 de diciembre del año pasado. Antes de golpearla con el ladrillo lo había hecho con sus puños.
Con voto rector de la jueza Laura Pérez y adhesión de sus pares Fernando Sánchez Freytes y Emilio Stadler, la ex Cámara Criminal Tercera de Roca condenó a un hombre a la pena de 13 años y 6 meses de prisión como autor del delito de «tentativa de homicidio calificado» por la relación de pareja que había existido entre el imputado y la víctima.
El hecho que se tuvo por acreditado ocurrió durante la madrugada del 28 de diciembre de 2016, cuando el imputado C.C. agredió físicamente a su ex pareja, golpeándola con los puños y con un trozo de ladrillo en la cabeza, con el objetivo de causar su muerte.
Tal como lo había requerido en su alegato la fiscal de Cámara Graciela Echegaray, el Tribunal tuvo por acreditado que C.C. fue el autor de la agresión, no sólo por las reiteradas manifestaciones que sostuvo la víctima al respecto -ante efectivos policiales, médicos del hospital y autoridades judiciales- sino también por el contexto en el que se produjo el hecho, un día después de que la mujer le manifestara al imputado «su explicito y contundente rechazo» a retomar la relación.
«Se acredita una larga historia de violencia psicológica y física», destacó el fallo de la Cámara, evaluando además el informe psicológico referido al imputado, que lo describe como una persona con «ausencia de herramientas para controlar sus impulsos y proclive a las vías de hecho».
Para los jueces, la intención homicida quedó acreditada y se vio frustrada por «razones ajenas a la voluntad» del acusado, pues éste puso fin a la agresión cuando creyó que la mujer estaba muerta.
Los jueces evaluaron las amenazas previas, la modalidad de un ataque que cometió «prácticamente al acecho», de manera «sorpresiva» y utilizando elementos contundentes para golpear a la mujer en zonas vitales, principalmente el rostro y la cabeza. Todo ello sumado al «abandono de la víctima, desinteresándose de su destino».
Para los jueces también quedó probado que el imputado, luego de atacar a la mujer, le sustrajo un teléfono celular y otros efectos personales que llevaba la víctima, por lo que la condena incluyó también el delito de «hurto simple».
La Cámara tuvo en cuenta como agravantes la «modalidad comisiva» del delito, el contexto de violencia de género en el que ocurrió, la «desfavorable» consideración del imputado a lo largo del proceso y la existencia de un antecedente computable por un hecho similar, sentenciado por el ex Juzgado Correccional de Roca. Es por eso que la condena de 13 años y 6 meses de prisión quedó unificada en un total de 13 años y 10 meses, pues se computó parte de la condena previa que estaba pendiente de cumplimiento efectivo, revocándose la condicionalidad de aquella pena.
Finalmente los jueces hicieron lugar al pedido de la Fiscalía para que el hombre, en prisión, sea sometido a un tratamiento psicológico acorde con el tipo de delito imputado.
Judiciales
Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años
La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.
Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.
Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.
El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.
El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.
Judiciales
Caso Mandagaray: El STJ rechazó que el caso vaya a la Corte porque no hay sentencia definitiva
El máximo Tribunal provincial sostuvo que el planteo es prematuro y que el expediente debe continuar en la Justicia rionegrina.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) rechazó el Recurso Extraordinario Federal en la causa donde se investigan responsabilidades por la muerte de Gabriel Mandagaray. De esta manera, el proceso continúa en el ámbito provincial y el próximo paso será el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación. El máximo órgano rionegrino sostuvo que el planteo resulta prematuro, ya que «la sentencia objetada no posee la condición de definitiva ni equiparable».
El fallo recuerda que la resolución impugnada, que ordenó un nuevo examen integral, «no concluye el proceso, no define responsabilidad penal ni clausura la persecución, sino que se limita a disponer la nulidad de la revisión realizada por el TI 2 y a reenviar las actuaciones». En consecuencia, explicó el STJ, el agravio alegado «recién adquirirá entidad a los fines de la vía excepcional una vez emitido el pronunciamiento final».
La Corte Suprema tiene una doctrina de no admitir recursos cuando la sentencia no es definitiva. En el fallo se sostiene que «la ausencia del requisito de definitividad no se suple por la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales que se estimen vulneradas».
Además, el STJ señaló que los recursos federales interpuestos no satisfacen los requisitos formales de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema. En el texto se consigna que las presentaciones «no desarrollan un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso», «no demuestran el gravamen ocasionado», «no refutan todos y cada uno de los fundamentos» de la sentencia impugnada y «no ponen en evidencia que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas con lo debatido y resuelto en el caso».
Judiciales
Ordenaron la captura nacional e internacional de uno de los fugados de la Comisaría 3° de Roca
Se trata de Luca Nicolás Torres, uno de los acusados del crimen de Julián Dobra.
Este mediodía (04/12), tras la notificación de la fuga de la Unidad Policial de uno de los imputados que cumplía prisión preventiva en el legajo donde se investiga el homicidio de Julián Dobra, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se ordene su captura nacional e internacional. Se trata de Luca Nicolás Torres, de 18 años de edad.
«Alrededor de las 2.05 de la madrugada recibimos la información del personal de la Comisaria que dos personas se habían dado a la fuga. Una de ellas es este imputado, que inmediatamente se dispuso la búsqueda con la Brigada Judicial de investigación y con canes», explicó el fiscal del caso.
El otro fugado es Ramiro Ezequiel Sosa, quien se encontraba cumpliendo una pena efectiva desde el 20 de octubre de este año, tras haber sido detenido por una causa de robo.
«Solicitamos que se libren los oficios pertinentes tanto a la Policía Federal, a Interpol, a Gendarmería Nacional, policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Nacional y Jefatura de Policía de Río Negro», detalló la Fiscalía.
La querella adhirió al pedido, no hubo objeciones por parte de la defensa penal pública. El juez de Garantías resolvió en el mismo sentido que lo solicitado.
