Río Negro
La Defensoría del Pueblo entregó a la Legislatura su Informe Anual 2017
Destacaron la renovación de más de la mitad del equipamiento tecnológico del organismo y la habilitó del 0800 de llamadas gratuitas.
Tal como lo establece el artículo 33 de la Ley K N° 2.756 que rige el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo de Río Negro, las máximas autoridades del organismo, Adriana Santagati y César Domínguez, entregaron, el pasado jueves 30 de noviembre, a la Legislatura rionegrina, en tiempo y forma, lo trabajado durante el período correspondiente desde el 1 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2017.
El informe, presentado en formato libro, consta de 17 capítulos y una introducción firmada por la defensora del pueblo y el defensor adjunto en donde expresan que “el eje del trabajo de una institución de garantías y derechos humanos, como es la Defensoría del Pueblo, debe ser la actuación en equipo y desde ese lugar elaboramos el presente informe con la intención de contribuir a mejorar las políticas públicas».
«Las diversas temáticas sobre las que trabajamos, entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de octubre de 2017, son abordadas de manera general y de manera particular en casos considerados relevantes. La metodología utilizada es el resultado del análisis de las autoridades con cada uno de los asesores de las diferentes áreas y el procesamiento de los datos estadísticos», añadieron Santagati y Domínguez.
«Con el objetivo de consolidar un modelo de actuación eficiente y transparente,desde el inicio de la nueva gestión, se realizó un diagnóstico con las fortalezas y debilidades en términos institucionales, de infraestructura, equipamiento, sistemas de comunicación e información, recursos humanos, administración y gestión».
«Como consecuencia se mantienen abiertas cinco de las ocho delegaciones y al mismo tiempo se firmó un convenio con el Poder Judicial de la provincia de Río Negro, a través del cual la Defensoría del Pueblo amplía las posibilidades de atención en los Juzgados de Paz, Casas de Justicia y las Oficinas de Atención al Ciudadano , sumando 49 puntos de atención en toda la provincia. En estos últimos cinco meses se renovó más de la mitad del equipamiento tecnológico; se trasladaron las oficinas de Cipolletti y San Carlos de Bariloche facilitando el acceso de los ciudadanos/as; se habilitó el 0800 de llamadas gratuitas y se proyecta: la puesta en funcionamiento de una aplicación telefónica, la remodelación del acceso y atención al público en el organismo central y el cambio de imagen institucional».
«Entendemos que la tarea de control no debe ser la incorporación de obstáculos a la función de gobernar, sino una forma de actuación que, orientada por los derechos humanos, incida en la toma de decisión política y su ejecución, agotando los esfuerzos para perseverar en una gestión mediadora entre los ciudadanos y la administración que resuelva los problemas de la gente. Por ello nos proponemos consolidar un modelo de Defensoría del Pueblo que cree puentes entre los ciudadanos y la administración, que luche contra las inequidades y las injusticias, que corrija las deficiencias de la administración, que fortalezca la convivencia y la democracia, brindando un servicio de calidad que promueva, proteja y defienda los derechos de todos los habitantes de la Provincia de Río Negro», concluye el informe.
Santagati adelantó que solicitará al presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, la posibilidad de brindar este informe de manera In Voce ante el Parlamento rionegrino, antes del próximo 15 de diciembre.
Policiales
Río Negro tendrá una nueva Agencia Antinarcóticos
Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.
El Gobierno avanza en la elaboración del proyecto de ley para crear la Agencia Provincial de Lucha contra el Narcotráfico, uno de los objetivos estratégicos definidos por el gobernador Alberto Weretilneck para 2026. Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.
La iniciativa fue anunciada por el gobernador durante el acto central por el Día de la Policía de Río Negro en Los Menucos, donde subrayó la necesidad de dotar al Estado provincial de más herramientas para enfrentar al narcotráfico, al que calificó como «la gran amenaza que tenemos como sociedad».
El secretario de Narcocriminalidad del Ministerio de Seguridad y Justicia, Darío Buonaventura, profundizó sobre el proyecto y detalló que la nueva Agencia se integrará al trabajo que hoy realizan la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) y las delegaciones de Toxicomanía de la Policía de Río Negro. «Es una sumatoria de capacidades, necesaria para enfrentar una temática cada vez más compleja, que exige recursos acordes y personal altamente capacitado», señaló.
Respecto de los ejes centrales del organismo, Buonaventura indicó que estarán enfocados en la profesionalización permanente del recurso humano, la capacitación continua y la conformación de equipos operativos dedicados exclusivamente a delitos complejos y lavado de activos.
El funcionario destacó que la Provincia viene consolidando su política de formación mediante capacitaciones nacionales e internacionales, incluyendo entrenamientos con especialistas de Colombia, la Embajada de Estados Unidos, la DEA y con el PROCUNAR. «La capacitación es una premisa fundamental establecida por el Ministro Daniel Jara. Este proceso se va a seguir revalorizando porque es clave para el personal que interviene en este tipo de actividades», afirmó.
Judiciales
Un emoji en redes sociales terminó en una prohibición de contacto entre dos vecinos
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con ‘me divierte’ al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería.
Lo que empezó como una simple reacción en redes sociales derivó en una causa contravencional, una audiencia en el Juzgado de Paz de Sierra Grande y la imposición de medidas de restricción entre dos vecinos.
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con un emoji al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería. El ícono representaba un ‘me divierte’. Esa interacción digital generó malestar y escaló rápidamente: según el denunciante, la situación derivó en actos de hostigamiento y mensajes que afectaron su tranquilidad.
Ambos vecinos fueron citados a audiencia. Allí se ratificó la denuncia y pidió que cesaran los actos molestos, tanto personales como a través de redes sociales. Por su parte, el otro hombre negó haber hecho amenazas y sostuvo que únicamente le pidió una explicación por el emoji que había reaccionado al comentario sobre su remisería. Incluso presentó los mensajes que él mismo envió.
La jueza de Paz analizó el caso y concluyó que los hechos denunciados encuadran en el artículo 40 de la Ley D 5592/22, que sanciona actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas. Destacó que el Estado debe actuar con «debida diligencia reforzada» frente a conflictos que, aun originados en espacios digitales, puedan derivar en situaciones de violencia.
Como resultado, la magistrada ordenó medidas preventivas, cautelares y provisorias para ambas partes: prohibición total de contacto por cualquier vía -verbal, telefónica, digital o por redes sociales-, tanto de manera directa como a través de terceros, y la prohibición de difundir comentarios o publicaciones relacionadas con el conflicto.
La Comisaría fue notificada para controlar el cumplimiento de la medida. Además, la jueza exhortó a ambos vecinos a evitar provocaciones, no exponer públicamente el conflicto y recurrir a mecanismos institucionales como la mediación comunitaria o programas de prevención de la violencia.
El fallo advierte que cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta trabajo comunitario, multa o arresto.
Judiciales
Fallo limitó los descuentos con tasas poco claras que afectaban a una docente de Río Negro
La mujer tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual.
Una docente de Río Negro con dos hijos a cargo ingresó en una espiral crediticia que llegó a absorberle completamente su salario. Tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual. Los contratos se gestionaban por canales virtuales, incluso por WhatsApp, sin firmas presenciales ni entrega de documentación. Luego de varios reclamos sin respuestas, inició una demanda en el fuero civil de Bariloche.
La sentencia declaró la nulidad parcial de los contratos, ordenó readecuar los intereses y fijó un límite del 20% del salario para futuros descuentos. También determinó que las cuotas deberán calcularse con la tasa pasiva promedio del Banco Central, sustancialmente inferior a la aplicada originalmente.
En su presentación judicial, la docente explicó que nunca recibió copias de los contratos ni información detallada sobre las condiciones. Solo sabía que cada mes, su recibo de sueldo llegaba con retenciones que carecían de explicaciones claras. En agosto de 2024, tras regresar de una licencia sin goce de haberes, su salario volvió a activarse. Pero fue absorbido por completo: los débitos de distintas mutuales superaron el millón de pesos.
La resolución alcanzó a la Asociación Mutual de Servidores Públicos de Río Negro (AMSU) y a la Unión Provincial Asociación Mutual (UPAM), ambas condenadas a readecuar los contratos tras no acreditar el cumplimiento de los deberes de información previstos en la Ley de Defensa del Consumidor. El fallo remarcó que ninguna de las entidades aportó documentación respaldatoria ni desgloses de los descuentos aplicados.
El fallo analizó los recibos de sueldo aportados y comprobó que los descuentos se realizaban bajo conceptos genéricos, sin detalle de intereses, capital ni cuotas. También subrayó que las condiciones de contratación no respetaban lo establecido en la normativa vigente. El deber de información, señaló el tribunal, no es una formalidad: es la base del consentimiento válido.
Además, se destacó una práctica extendida entre trabajadores del Estado: acceder a créditos rápidos, con mecanismos de aprobación exprés y cobro directo desde el salario, sin evaluación del impacto económico en el hogar. En este caso, ese mecanismo dejó a la mujer sin ingresos, sin documentación para reclamar y con su salud afectada.
El Tribunal entendió que los descuentos desmedidos, sin respaldo documental ni mecanismos de control, vulneran derechos básicos como la subsistencia, el acceso a la salud y el interés superior de los hijos a cargo. La sentencia de primera instancia no está firme porque puede ser apelada.
