Tal como lo establece el artículo 33 de la Ley K N° 2.756 que rige el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo de Río Negro, las máximas autoridades del organismo, Adriana Santagati y César Domínguez, entregaron, el pasado jueves 30 de noviembre, a la Legislatura rionegrina, en tiempo y forma, lo trabajado durante el período correspondiente desde el 1 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2017.

El informe, presentado en formato libro, consta de 17 capítulos y una introducción firmada por la defensora del pueblo y el defensor adjunto en donde expresan que “el eje del trabajo de una institución de garantías y derechos humanos, como es la Defensoría del Pueblo, debe ser la actuación en equipo y desde ese lugar elaboramos el presente informe con la intención de contribuir a mejorar las políticas públicas».

«Las diversas temáticas sobre las que trabajamos, entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de octubre de 2017, son abordadas de manera general y de manera particular en casos considerados relevantes. La metodología utilizada es el resultado del análisis de las autoridades con cada uno de los asesores de las diferentes áreas y el procesamiento de los datos estadísticos», añadieron Santagati y Domínguez.

«Con el objetivo de consolidar un modelo de actuación eficiente y transparente,desde el inicio de la nueva gestión, se realizó un diagnóstico con las fortalezas y debilidades en términos institucionales, de infraestructura, equipamiento, sistemas de comunicación e información, recursos humanos, administración y gestión».

«Como consecuencia se mantienen abiertas cinco de las ocho delegaciones y al mismo tiempo se firmó un convenio con el Poder Judicial de la provincia de Río Negro, a través del cual la Defensoría del Pueblo amplía las posibilidades de atención en los Juzgados de Paz, Casas de Justicia y las Oficinas de Atención al Ciudadano , sumando 49 puntos de atención en toda la provincia. En estos últimos cinco meses se renovó más de la mitad del equipamiento tecnológico; se trasladaron las oficinas de Cipolletti y San Carlos de Bariloche facilitando el acceso de los ciudadanos/as; se habilitó el 0800 de llamadas gratuitas y se proyecta: la puesta en funcionamiento de una aplicación telefónica, la remodelación del acceso y atención al público en el organismo central y el cambio de imagen institucional».

«Entendemos que la tarea de control no debe ser la incorporación de obstáculos a la función de gobernar, sino una forma de actuación que, orientada por los derechos humanos, incida en la toma de decisión política y su ejecución, agotando los esfuerzos para perseverar en una gestión mediadora entre los ciudadanos y la administración que resuelva los problemas de la gente. Por ello nos proponemos consolidar un modelo de Defensoría del Pueblo que cree puentes entre los ciudadanos y la administración, que luche contra las inequidades y las injusticias, que corrija las deficiencias de la administración, que fortalezca la convivencia y la democracia, brindando un servicio de calidad que promueva, proteja y defienda los derechos de todos los habitantes de la Provincia de Río Negro», concluye el informe.

Santagati adelantó que solicitará al presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, la posibilidad de brindar este informe de manera In Voce ante el Parlamento rionegrino, antes del próximo 15 de diciembre.