Río Negro
Paquete fiscal de Río Negro: Habrá bonificaciones y nuevos beneficios para las MiPymes
Así lo expresó el nuevo titular de la Agencia de Recaudación Tributaria, Leandro Sferco. El proyecto fue elevado a la Legislatura rionegrina para su tratamiento.
El titular de la Agencia de Recaudación de Río Negro, Leandro Sferco, ante la presentación a la Legislatura del paquete fiscal 2018 de la provincia, expresó que “el proyecto que hemos elevado es consecuente con el acuerdo fiscal firmado por Nación, aunque varios de los puntos que este dispone ya se encontraban vigentes en nuestra provincia como las alícuotas que gravan la actividad primaria e industrial que están por debajo del resto del país y para el 2018 incorporamos otras actividades de la cadera productiva como las actividades de transporte que sobre las cuales se reducirán las alícuotas. Es un proyecto que muestra previsibilidad porque fija pautas fiscales hasta 2022”.
«Las principales medidas apuntan al Impuesto sobre los Ingresos Brutos para evitar el efecto acumulativo que genera este gravamen distorsivo en la cadena productiva que impacta directamente en la competencia directa con productos de otros países», añadió.
En este sentido, se reducen gradualmente las alícuotas de industria, actividades primarias, distribución de energía y transporte que terminarán exentas en 5 años. Además baja el porcentaje de alícuota para la construcción, en línea con lo dispuesto en 2017 de reducción en Ingresos Brutos para créditos hipotecarios y del impuesto de sellos sobre hipotecas.
“Es importante destacar el impacto que esto tiene para todos los consumidores (particulares y empresas) de Río Negro. El hecho de que todas las provincias hayan acordado reducir el impuesto sobre los IIBB a la industria y el transporte tendrá un efecto en el costo de producción y comercialización de todos los bienes que ingresan para su comercialización en Río Negro (nacionales o importados). Siendo Río Negro una provincia alejada de los centros industriales del país el costo de transporte tiene una incidencia muy alta en todo lo que consumimos, por lo tanto la ecuación tanto para los consumidores como para las empresas será siempre positiva», destacó Sferco.
También se aumentan los incentivos para las MiPymes, alcanzando bonificaciones del 30%, medida que compensa la actualización de alícuotas para estas actividades.
En referencia al Impuesto a los Sellos, otro de los gravámenes distorsivos, se elimina el tratamiento diferencial que existía para la compra de autos 0 km fuera de la provincia, reduciendo del 3 al 2 % las alícuotas para dichas transacciones. «A fin de fomentar el acceso a créditos hipotecarios, se dispone una baja del 15 al 5% en las alícuotas».
Por otra parte, se fija una reducción gradual de sellos que inicia con el 1% en 2018 y finalizaría eliminado por completo en 2022. En lo que respecta a Automotor e Inmobiliario, se mantienen las alícuotas y las bonificaciones por buen cumplimiento del 10 o 25% según las valuaciones fiscales más el 15% por pago anticipado llegando a alcanzar un 40%. Cabe recordar que las alícuotas y bonificaciones sobre estos impuestos se mantienen desde el año 2012.
«Particularmente en el Impuesto Automotor se fija un año un régimen especial de regularización de venta registral para los contribuyentes que hayan vendido su vehículo y no procedieron a realizar la denuncia de venta fiscal a partir de 2014, debiendo el vendedor no tener deuda y haber realizado la transacción antes de 2018. Y en Inmobiliario se baja del 3 al 2% la alícuota para los terrenos baldíos», añadió Sferco.
«La Agencia de Recaudación asume la defensa de los derechos a los consumidores», destacó a su vez. En este sentido informó que «a partir de enero 2018 el organismo recaudador de la Provincia se convierte en autoridad de aplicación de las leyes de defensa del consumidor, ley de autoabastecimiento, lealtad comercial y de Metrología Legal».
Por lo tanto, a través de su estructura descentralizada, «los consumidores contarán con dependencias más cercanas donde poder hacer valer sus derechos».
Se prevé la utilización del expediente electrónico recientemente incorporado por el Ministerio de Economía y el uso de la tecnología para la toma de las audiencias conciliatorias. Se aplicarán audiencias bajo modalidad a distancia evitando el traslado de las partes, mayor celeridad en las notificaciones a las empresas que tengan sus domicilios fiscales electrónicos constituidos ante el organismo fiscal.
Asimismo, se unificarán las áreas de fiscalización, lo que permitirá efectuar controles integrales de los comerciantes y prestadores de servicios verificando no solo el cumplimiento de las normas tributarias sino también de aquellas que hacen a la protección de todos los consumidores de la provincia.
«A modo de generar conciencia se implementará un programa de educación integral a los consumidores, en el marco de las actividades desarrolladas por el programa de Cultura Tributaria que lleva a cabo la Agencia de Recaudación en las escuelas de la provincia desde 2012 difundiendo la importancia del cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales para el desarrollo de la sociedad», concluyó Sferco.
Política
Weretilneck recorrió los trabajos que dejarán a Río Negro libre de PCB
Los equipos están siendo preparados para su exportación y tratamiento final en una planta especializada en el exterior.
El gobernador Alberto Weretilneck recorrió Sierra Grande y verificó los trabajos de acondicionamiento de transformadores contaminados con PCB almacenados en el predio de Hiparsa, en el marco del operativo que permitirá eliminar de manera definitiva este pasivo ambiental histórico.
Las tareas forman parte del plan provincial de gestión de pasivos ambientales y comprenden el acondicionamiento técnico de cerca de 70 transformadores que contenían PCB, una sustancia altamente contaminante. Los equipos están siendo preparados para su exportación y tratamiento final en una planta especializada en el exterior, conforme a la normativa internacional vigente.
Durante la recorrida, Weretilneck destacó que se desarrolla un trabajo «serio y profesional» para eliminar definitivamente esta sustancia. «Cuidar el ambiente también es hacernos cargo de estos pasivos, generar empleo calificado y aplicar rigor técnico para dejar a Río Negro libre de contaminantes peligrosos», indicó.
Desde el equipo técnico a cargo de las tareas señalaron que el proceso incluye el acondicionamiento de transformadores ya desaceitados, con estándares internacionales de seguridad, lo que permitirá concretar la exportación a fines de enero. Destacaron además el acompañamiento de la Provincia y del Estado Nacional para cerrar una etapa compleja desde el punto de vista ambiental.
El operativo es resultado del trabajo articulado entre la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y Hiparsa. Los componentes sólidos son embalados en big bags homologados y consolidados en contenedores marítimos dentro del predio, con control de Aduana y Prefectura.
Una vez finalizada esta etapa, los residuos serán trasladados al puerto y enviados a Francia, donde la empresa Trédi realizará el tratamiento final mediante procesos de descontaminación en autoclave e incineración de alta temperatura, garantizando la eliminación total del contaminante.
El proceso cuenta con financiamiento del PNUD, que cubre la logística, el transporte y el tratamiento final. Una vez certificada la eliminación, la Provincia gestionará la baja definitiva de los equipos en el Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCB, completando un hito clave en la política ambiental rionegrina.
Acompañaron la recorrida el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; el presidente del bloque de JSRN, Facundo López y el interventor del IPPV, Mariano Lavin, entre otras autoridades.
Policiales
Río Negro tendrá una nueva Agencia Antinarcóticos
Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.
El Gobierno avanza en la elaboración del proyecto de ley para crear la Agencia Provincial de Lucha contra el Narcotráfico, uno de los objetivos estratégicos definidos por el gobernador Alberto Weretilneck para 2026. Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.
La iniciativa fue anunciada por el gobernador durante el acto central por el Día de la Policía de Río Negro en Los Menucos, donde subrayó la necesidad de dotar al Estado provincial de más herramientas para enfrentar al narcotráfico, al que calificó como «la gran amenaza que tenemos como sociedad».
El secretario de Narcocriminalidad del Ministerio de Seguridad y Justicia, Darío Buonaventura, profundizó sobre el proyecto y detalló que la nueva Agencia se integrará al trabajo que hoy realizan la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) y las delegaciones de Toxicomanía de la Policía de Río Negro. «Es una sumatoria de capacidades, necesaria para enfrentar una temática cada vez más compleja, que exige recursos acordes y personal altamente capacitado», señaló.
Respecto de los ejes centrales del organismo, Buonaventura indicó que estarán enfocados en la profesionalización permanente del recurso humano, la capacitación continua y la conformación de equipos operativos dedicados exclusivamente a delitos complejos y lavado de activos.
El funcionario destacó que la Provincia viene consolidando su política de formación mediante capacitaciones nacionales e internacionales, incluyendo entrenamientos con especialistas de Colombia, la Embajada de Estados Unidos, la DEA y con el PROCUNAR. «La capacitación es una premisa fundamental establecida por el Ministro Daniel Jara. Este proceso se va a seguir revalorizando porque es clave para el personal que interviene en este tipo de actividades», afirmó.
Judiciales
Un emoji en redes sociales terminó en una prohibición de contacto entre dos vecinos
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con ‘me divierte’ al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería.
Lo que empezó como una simple reacción en redes sociales derivó en una causa contravencional, una audiencia en el Juzgado de Paz de Sierra Grande y la imposición de medidas de restricción entre dos vecinos.
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con un emoji al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería. El ícono representaba un ‘me divierte’. Esa interacción digital generó malestar y escaló rápidamente: según el denunciante, la situación derivó en actos de hostigamiento y mensajes que afectaron su tranquilidad.
Ambos vecinos fueron citados a audiencia. Allí se ratificó la denuncia y pidió que cesaran los actos molestos, tanto personales como a través de redes sociales. Por su parte, el otro hombre negó haber hecho amenazas y sostuvo que únicamente le pidió una explicación por el emoji que había reaccionado al comentario sobre su remisería. Incluso presentó los mensajes que él mismo envió.
La jueza de Paz analizó el caso y concluyó que los hechos denunciados encuadran en el artículo 40 de la Ley D 5592/22, que sanciona actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas. Destacó que el Estado debe actuar con «debida diligencia reforzada» frente a conflictos que, aun originados en espacios digitales, puedan derivar en situaciones de violencia.
Como resultado, la magistrada ordenó medidas preventivas, cautelares y provisorias para ambas partes: prohibición total de contacto por cualquier vía -verbal, telefónica, digital o por redes sociales-, tanto de manera directa como a través de terceros, y la prohibición de difundir comentarios o publicaciones relacionadas con el conflicto.
La Comisaría fue notificada para controlar el cumplimiento de la medida. Además, la jueza exhortó a ambos vecinos a evitar provocaciones, no exponer públicamente el conflicto y recurrir a mecanismos institucionales como la mediación comunitaria o programas de prevención de la violencia.
El fallo advierte que cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta trabajo comunitario, multa o arresto.
