El gobernador Alberto Weretilneck recorrió Sierra Grande y verificó los trabajos de acondicionamiento de transformadores contaminados con PCB almacenados en el predio de Hiparsa, en el marco del operativo que permitirá eliminar de manera definitiva este pasivo ambiental histórico.

Las tareas forman parte del plan provincial de gestión de pasivos ambientales y comprenden el acondicionamiento técnico de cerca de 70 transformadores que contenían PCB, una sustancia altamente contaminante. Los equipos están siendo preparados para su exportación y tratamiento final en una planta especializada en el exterior, conforme a la normativa internacional vigente.

Durante la recorrida, Weretilneck destacó que se desarrolla un trabajo «serio y profesional» para eliminar definitivamente esta sustancia. «Cuidar el ambiente también es hacernos cargo de estos pasivos, generar empleo calificado y aplicar rigor técnico para dejar a Río Negro libre de contaminantes peligrosos», indicó.

Desde el equipo técnico a cargo de las tareas señalaron que el proceso incluye el acondicionamiento de transformadores ya desaceitados, con estándares internacionales de seguridad, lo que permitirá concretar la exportación a fines de enero. Destacaron además el acompañamiento de la Provincia y del Estado Nacional para cerrar una etapa compleja desde el punto de vista ambiental.

El operativo es resultado del trabajo articulado entre la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y Hiparsa. Los componentes sólidos son embalados en big bags homologados y consolidados en contenedores marítimos dentro del predio, con control de Aduana y Prefectura.

Una vez finalizada esta etapa, los residuos serán trasladados al puerto y enviados a Francia, donde la empresa Trédi realizará el tratamiento final mediante procesos de descontaminación en autoclave e incineración de alta temperatura, garantizando la eliminación total del contaminante.

El proceso cuenta con financiamiento del PNUD, que cubre la logística, el transporte y el tratamiento final. Una vez certificada la eliminación, la Provincia gestionará la baja definitiva de los equipos en el Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCB, completando un hito clave en la política ambiental rionegrina.

Acompañaron la recorrida el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; el presidente del bloque de JSRN, Facundo López y el interventor del IPPV, Mariano Lavin, entre otras autoridades.

El Gobierno avanza en la elaboración del proyecto de ley para crear la Agencia Provincial de Lucha contra el Narcotráfico, uno de los objetivos estratégicos definidos por el gobernador Alberto Weretilneck para 2026. Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.

La iniciativa fue anunciada por el gobernador durante el acto central por el Día de la Policía de Río Negro en Los Menucos, donde subrayó la necesidad de dotar al Estado provincial de más herramientas para enfrentar al narcotráfico, al que calificó como «la gran amenaza que tenemos como sociedad».

El secretario de Narcocriminalidad del Ministerio de Seguridad y Justicia, Darío Buonaventura, profundizó sobre el proyecto y detalló que la nueva Agencia se integrará al trabajo que hoy realizan la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) y las delegaciones de Toxicomanía de la Policía de Río Negro. «Es una sumatoria de capacidades, necesaria para enfrentar una temática cada vez más compleja, que exige recursos acordes y personal altamente capacitado», señaló.

Respecto de los ejes centrales del organismo, Buonaventura indicó que estarán enfocados en la profesionalización permanente del recurso humano, la capacitación continua y la conformación de equipos operativos dedicados exclusivamente a delitos complejos y lavado de activos.

El funcionario destacó que la Provincia viene consolidando su política de formación mediante capacitaciones nacionales e internacionales, incluyendo entrenamientos con especialistas de Colombia, la Embajada de Estados Unidos, la DEA y con el PROCUNAR. «La capacitación es una premisa fundamental establecida por el Ministro Daniel Jara. Este proceso se va a seguir revalorizando porque es clave para el personal que interviene en este tipo de actividades», afirmó.

Lo que empezó como una simple reacción en redes sociales derivó en una causa contravencional, una audiencia en el Juzgado de Paz de Sierra Grande y la imposición de medidas de restricción entre dos vecinos.

El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con un emoji al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería. El ícono representaba un ‘me divierte’. Esa interacción digital generó malestar y escaló rápidamente: según el denunciante, la situación derivó en actos de hostigamiento y mensajes que afectaron su tranquilidad.

Ambos vecinos fueron citados a audiencia. Allí se ratificó la denuncia y pidió que cesaran los actos molestos, tanto personales como a través de redes sociales. Por su parte, el otro hombre negó haber hecho amenazas y sostuvo que únicamente le pidió una explicación por el emoji que había reaccionado al comentario sobre su remisería. Incluso presentó los mensajes que él mismo envió.

La jueza de Paz analizó el caso y concluyó que los hechos denunciados encuadran en el artículo 40 de la Ley D 5592/22, que sanciona actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas. Destacó que el Estado debe actuar con «debida diligencia reforzada» frente a conflictos que, aun originados en espacios digitales, puedan derivar en situaciones de violencia.

Como resultado, la magistrada ordenó medidas preventivas, cautelares y provisorias para ambas partes: prohibición total de contacto por cualquier vía -verbal, telefónica, digital o por redes sociales-, tanto de manera directa como a través de terceros, y la prohibición de difundir comentarios o publicaciones relacionadas con el conflicto.

La Comisaría fue notificada para controlar el cumplimiento de la medida. Además, la jueza exhortó a ambos vecinos a evitar provocaciones, no exponer públicamente el conflicto y recurrir a mecanismos institucionales como la mediación comunitaria o programas de prevención de la violencia.

El fallo advierte que cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta trabajo comunitario, multa o arresto.