Río Negro
STJ confirmó condena e inhabilitación perpetua para el ex ministro Barbeito
El máximo órgano judicial de la provincia ratificó los tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El Superior Tribunal de Justicia ratificó la condena al ex ministro de Educación de la Provincia, César Barbeito, a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al rechazar una apelación presentada por la Defensa. El delito por el que fue condenado oportunamente es peculado de trabajos y servicios.
En el mismo proceso fue condenado Oscar Camperi, quien se desempeñaba como delegado regional de Educación, a la pena de dos años de prisión en suspenso, accesorias legales y costas, e inhabilitación perpetua para cubrir cargos públicos.
De esta manera, el máximo Tribunal, tras una “revisión integral” confirmó “en todas sus partes la Sentencia Nº 39/17 de la Sala A de la Cámara en lo Criminal de Viedma”, que había condenado por mayoría a los dos ex funcionarios.
En dicho fallo, se consideró probado que el sábado 21 de agosto de 2010, en el contexto de la campaña electoral para la elección de gobernador, el entonces ministro Barbeito dispuso que el Delegado Regional del Ministerio de Educación, Oscar Camperi, hiciera uso de un vehículo de uso oficial de ese Ministerio, presuntamente con motivo de asistir al Encuentro de Supervisoras con el Convenio de UOCRA a realizarse en General Conesa.
Sin embargo, el motivo real del viaje, según la imputación, era el traslado de un pintor letrista “a los fines de pintar carteles en la vía pública, referidos a la campaña proselitista de Barbeito, con pintura presuntamente adquirida por el Ministerio de Educación”.
En el fallo se consideró probada la imputación, ya que el aludido encuentro de supervisoras había tenido lugar meses antes, en abril de 2010, “lo que evidencia el dolo con el que actuaron ambos imputados en el caso para la puesta en funcionamiento del vehículo y sus costos económicos inherentes para una reunión inexistente”. Anteriormente, ambos acusados habían rechazado la posibilidad de un juicio abreviado, propuesto por la Fiscalía.
Al recurrir el fallo condenatorio ante el STJ, los imputados reiteraron “el planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio porque sorpresivamente se cambiaron el hecho y la calificación legal, pues hasta la audiencia de debate jamás se lo notificó formalmente de tal modificación”. También pusieron el acento en el plazo del proceso y en lo que consideraron una arbitraria valoración de la prueba.
El voto rector fue elaborado por el juez del máximo tribunal, Enrique Mansilla. Al referirse al a duración del proceso, destaca que no supera el máximo penal previsto, por lo que se debe “desechar la nulidad pretendida”.
Al analizar lo que la Defensa argumenta como un “sorpresivo cambio del hecho y de la calificación legal”, el juez Mansilla recordó que “en el debate, el planteo de nulidad se basó en el cambio de calificación jurídica, no en la modificación de los hechos”, por lo tanto “no hubo afectación de derechos” ya que “el factum fue mantenido inmutable y la recalificación fue anoticiada con antelación suficiente para provocar una defensa efectiva”.
Finalmente, al analizar el planteo de valoración de las pruebas, el juez del STJ asegura: “se advierte que el razonamiento del la Cámara ha respetado los principios lógicos del pensamiento y ha expuesto una adecuada reconstrucción del hecho acorde con las exigencias establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in el caso “Casal”, lo que determina la ausencia de la arbitrariedad denunciada, ya que la solución jurídica del caso se ajusta a la doctrina legal”.
De esta manera, el voto rector propuso al cuerpo el rechazo de las impugnaciones planteadas por la Defensa y la ratificación de la condena y la inhabilitación a perpetuidad. El voto rector cuenta con la adhesión de la jueza Liliana Piccinini y el juez Sergio Barotto. Los otros vocales del STJ, como es habitual, en atención a la mayoría preexistente, se abstuvieron de emitir su voto.
Política
Reunión de Gabinete: Avances en turismo, obras y seguridad
También se abordó el avance en la gestión de financiamiento internacional para distintas obras estratégicas; entre ellas, el plan director de agua para Roca.
El gobernador Alberto Weretilneck encabezó una nueva reunión de Gabinete en Viedma, donde se repasaron los trabajos de cada área de la provincia, destacándose la creación de una nueva Agencia de Turismo, más obra pública con financiamiento internacional y los refuerzos realizados en materia de seguridad.
Estuvieron presentes en la reunión los ministros de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti; de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; de Seguridad y Justicia, Daniel Jara; de Hacienda, Gabriel Sánchez; de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura, Juan Pablo Muena; de Salud, Demetrio Thalasselis; de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; de Modernización, Milton Dumrauf; la ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos; el secretario General de la Gobernación, Nelson Cides; la scretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini; el secretario de Medios, Gustavo Glave; y la subsecretaria de Publicidad y Comunicación Digital, Melisa González.
En relación al turismo, el presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, valoró la decisión de Weretilneck de impulsar la creación de la Agencia de Turismo Provincial. «La Agencia estará integrada por un directorio de 14 miembros, de los cuales 10 serán representantes del sector privado. El objetivo es que los privados marquen la agenda turística de cada región, y el Estado acompañe ese trabajo», explicó López.
Durante el encuentro también se abordó el avance en la gestión de financiamiento internacional para distintas obras estratégicas. Entre ellas, se destacan los planes directores de agua para General Roca, El Bolsón, Dina Huapi y Bariloche; la construcción del Centro Cultural de Viedma; y mejoras en los accesos a los aeropuertos de Bariloche y Viedma.
En cuanto a seguridad, López adelantó que la Legislatura trabaja en un proyecto de ley de reiterancia para responder a la demanda social frente a la reincidencia delictiva. «Muchas veces la Policía realiza su tarea, investiga y detiene al delincuente, pero este recupera la libertad rápidamente. Buscamos cambiar esa realidad», expresó.
La reunión de Gabinete también permitió avanzar en otros temas relevantes, como el proyecto de ley para otorgar mayor autonomía a las Comisiones de Fomento, el análisis de las recientes elecciones municipales, los detalles de la iniciativa Vaca Muerta Sur que será enviada próximamente a la Legislatura, y el abordaje de la situación económica provincial para proyectar nuevas acciones que continúen mejorando los servicios para la comunidad.
Judiciales
Menos divorcios en Río Negro: La cifra bajó en casi 300 procesos de un año a otro
El 2023 había registrado el número de divorcios más alto en al menos una década.
Después de un 2023 con cifras récord, los divorcios en Río Negro mostraron una baja en 2024. Durante el último año se iniciaron 1.240 causas por disolución del matrimonio en los Juzgados y Unidades Procesales de Familia de la provincia.
El año anterior se habían dictado 1.529 sentencias de divorcio, el número más alto en al menos una década. En 2022 se habían registrado 1.204, y en 2021, un total de 1.333. En 2020, marcado por las restricciones de la pandemia, se firmaron 910 divorcios. En los años previos, las cifras se mantuvieron relativamente estables: 1.386 en 2019, 1.426 en 2018, 1.395 en 2017 y 1.400 en 2016. En 2015 y 2014, los divorcios fueron 903 y 1.078 respectivamente.
Los trámites se concentran en 16 organismos distribuidos en distintas ciudades. En Viedma funcionan tres unidades procesales, en San Antonio Oeste un juzgado Multifueros, en Roca otras tres unidades, además de organismos en Villa Regina, Luis Beltrán, Bariloche, El Bolsón y Cipolletti.
La disolución del vínculo matrimonial está contemplada en el artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación. El divorcio puede ser solicitado por uno o por ambos integrantes del matrimonio y debe ser declarado judicialmente.
La información forma parte del relevamiento anual realizado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia.
Judiciales
Dictaron la prisión preventiva para las cuatro personas imputadas por la estafa a IPROSS
La Justicia resolvió la inmediata detención de Fabio Caffaratti, Sandra Fasano, Eduardo Mastandrea y Raúl Eduardo Mascaró.
Ante el pedido de la Fiscalía, el Tribunal de Juicio de General Roca resolvió dictar la prisión preventiva de las cuatro personas condenadas por defraudar a la obra social IPROSS.
El equipo fiscal enfatizó que «el pasado 24 de abril el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de nuestra provincia rechazó la queja sustanciada por las defensas, de esta manera las vías recursivas provinciales se agotaron».
«Estamos así frente a la posibilidad que le da a la parte acusadora el Artículo 109 bis, sumado a que los condenados tienen penas de prisión graves, que el riesgo de fuga con el avance del proceso se fue acrecentando y de esta manera se ha ido agravando su situación», explicó la fiscal jefe interviniente en este legajo.
«Venimos insistiendo en el peligro procesal de fuga, ahora el principio de culpabilidad aumenta alimentado por el rechazo del STJ. Además los jueces han señalado que no se advierten violaciones al principio de constitucionalidad ni se ven afectadas garantías. Por ello además creemos que el recurso en la Corte Suprema de la Nación no prosperará», agregó la Fiscalía.
“No dejaremos de mencionar la capacidad económica de las personas imputadas, por ello solicitamos la prisión preventiva hasta que quede firme la sentencia o se disponga alguna cuestión en contrario. Sólo aclaramos que para la imputada Sandra Fasano la misma deberá ser bajo la modalidad domiciliaria”, dijo la representante fiscal.
El querellante adhirió a lo solicitado y compartió los argumentos, mientras que el defensor de Fabio Caffaratti ofreció que la prisión preventiva de su asistido sea domiciliaria, la defensora de Sandra Fasano, Eduardo Mastandrea y Raúl Eduardo Mascaró solicitó que no se sustanciara el pedido fiscal.
Tras un cuarto intermedio, el Tribunal por unanimidad resolvió la inmediata detención de las cuatro personas, por considerar, entre otras cuestiones, «la capacidad económica, social e intelectual que tienen para sustraerse del accionar de la justicia, la necesidad de dar respuesta a la víctima que es el Estado, también a los afiliados de la obra social que se vieron afectados por este accionar, como al Colegio de Farmacéuticos», agregó el Tribunal de Juicio.
«Hemos evaluado las circunstancias particulares de esta causa, pusimos a consideración las condiciones objetivas y subjetivas, teniendo presente la igualdad ante la ley y con el fin último de asegurar el cumplimiento de la sentencia es que se dispone la prisión preventiva de todos los imputados y su inmediata detención, con la salvedad que respecto a Fasano sea prisión preventiva domiciliaria», concluyó el Tribunal roquense.
