Judiciales
Inicia juicio por robo agravado en una chacra
Hay dos imputados, aunque del hecho -ocurrido el año pasado- participaron 3 personas.
Esta mañana (25/04) la fiscal del caso Silvana García participó de la audiencia de control de acusación respecto de dos imputados por considerarlos co-autores del delito de “robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha sido acreditada y en lugar poblado y en banda” (Artículos 166 inc. 2 primer supuesto y último párrafo, 167 inc. 2, y 45 del Código Penal).
Según la acusación fiscal el hecho “ocurrió el 24 de mayo de 2017, aproximadamente a la medianoche en la zona de chacras, en un domicilio cercano a la intersección de Humberto Canale y Ruta Nacional N° 22, de Roca. Los dos imputados más un tercer sujeto no identificado, todos con pasamontañas que dejaban ver parte de sus rostros, portando armas de fuego tipo revólver ingresaron a la vivienda a través de la ventana del living, previo romper el alambre del tejido perimetral. De esa manera despertaron de un golpe a la víctima, menor de edad, quien se encontraba solo en la casa, durmiendo en su habitación, manifestándole ‘somos de la Brigada, hubo un robo, sos el único sospechoso, levantate, quedate quieto y sentate en el comedor’, por lo que se sentó en el comedor, y los hombres comenzaron a revisar toda la casa, mientras le decían ‘dame la plata y las armas’ siempre amenazándolo con el arma de fuego. Al responder la víctima que no tenían plata ni armas, se dieron a la fuga, sustrayendo un equipo de música, una notebook y dos de Conectar Igualdad, más un celular. Los dos victimarios fueron identificados como los autores del hecho por la víctima en rueda de reconocimiento”.
La Fiscalía presentó el plexo probatorio pertinente a su teoría del caso, la defensa pública representada por Miguel Salomón asistiendo a M.A.R. aceptó la prueba y la jueza Natalia González la tuvo por admitida. Asimismo determinó que el juicio oral y público sea ante un juez unipersonal por el monto de pena estipulado.
Es así que como prueba documental quedó incorporado el croquis referencial y acta de concurrencia al lugar de los hechos, el acta de levantamiento de rastros e informe pericial confeccionado por el Gabinete de Criminalística, y el acta de reconocimiento. Respecto de las declaraciones testimoniales, la fiscalía mencionó que citará al debate a la víctima, a su madre, también a dos empleados policiales del Área Judicial e Investigaciones de Roca.
Juicio abreviado
En la misma audiencia, García planteó la realización de un juicio abreviado respecto al imputado F.D.R. asistido por el defensor público Luis Carrera, quien junto al acusado ratificó el acuerdo.
Es así que la representante del Ministerio Público Fiscal mencionó el hecho, la calificación legal y la prueba (detallados up supra) y solicitó una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, “ya viene cumpliendo condenas por otros hechos y por ello está detenido. Este acuerdo se celebra sin la pertinente unificación de pena y es por ello que se solicitará una audiencia para realizar dicha procedimiento”.
En ese acto, Carrera prestó su acuerdo, así mismo el imputado aceptó la responsabilidad, estuvo de acuerdo con la calificación legal y el monto de pena solicitado, tal lo correspondiente a este tipo de juicios.
Judiciales
Inició el debate oral por presuntos maltratos y amenazas a niños en un CAINA de Roca
La imputada está acusada por el delito de amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora. Otro acusado ya admitió su responsabilidad y cumple una condena.
Comenzó esta mañana (30/06) en los Tribunales de General Roca el juicio contra una mujer que se desempeñaba como auxiliar en un Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) -dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF)-, acusada de amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora por hechos que habrían tenido como víctimas a menores institucionalizados.
Durante los alegatos de apertura, el fiscal Marcelo Ramos y la defensora de menores Estela Aroca señalaron que la acusada y el otro auxiliar asistencial habrían maltratado a ocho niños y niñas entre abril de 2021 y septiembre de 2023. Según la teoría del caso, ambos habrían amenazado a los menores para impedir que relataran los episodios de maltrato, vulnerando derechos reconocidos por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
Para sostener la acusación, el Ministerio Público Fiscal presentará la denuncia de la coordinadora institucional, testimonios de operadores del CAINA, informes elaborados durante la intervención, la declaración de la psicóloga de la institución, la participación de profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), las entrevistas realizadas mediante Cámara Gesell por especialistas del Cuerpo de Investigación Forense y certificaciones laborales de los imputados.
Por su parte, la mujer es asistida por un defensor particular, quien sostuvo que la situación corresponde a una cuestión de orden administrativo.
El debate continuará mañana y se prevé que finalice el jueves, cuando las partes expondrán sus conclusiones respecto de la responsabilidad penal de la imputada.
Judiciales
Transfirió por error 3 millones de pesos por Mercado Pago y el destinatario se los gastó: El conflicto se solucionó en el Juzgado de Paz
La deuda quedó fijada en $3.370.000, suma que incluyó el capital reclamado, intereses y honorarios.
Un productor de cebollas transfirió por error 3 millones de pesos a la cuenta de Mercado Pago de otra persona cuando intentaba pagar los insumos necesarios para su actividad. Pese a que reclamó en varias oportunidades la devolución del dinero, no obtuvo respuesta. Según relató, incluso fue bloqueado en WhatsApp. El conflicto llegó al Juzgado de Paz de General Conesa, donde finalmente las partes alcanzaron un acuerdo de pago.
La demanda se presentó a través del procedimiento de menor cuantía. El hombre explicó que la transferencia estaba destinada a una agronomía que le provee los insumos indispensables para la producción, pero por un error el dinero terminó acreditado en la billetera virtual de otra persona.
En la presentación judicial sostuvo que intentó recuperar el dinero por vías informales. Afirmó que se comunicó en reiteradas oportunidades con el destinatario de la transferencia para pedirle que restituyera el monto, pero no obtuvo respuesta y luego fue bloqueado.
Durante la audiencia convocada por el Juzgado de Paz, el demandado reconoció que había recibido los 3 millones de pesos en su cuenta de Mercado Pago. Sin embargo, explicó que no podía devolverlos porque los había gastado inmediatamente después de recibirlos.
Ante esa situación solicitó un cuarto intermedio para reunir parte del dinero y elaborar una propuesta de pago que pudiera cumplir. Días más tarde, las partes volvieron a reunirse y alcanzaron un acuerdo.
Finalmente la deuda quedó fijada en $3.370.000, suma que incluyó el capital reclamado, intereses y honorarios. En ese mismo acto el demandado entregó en efectivo medio millón.
El resto se abonará en seis cuotas consecutivas. Los pagos deberán realizarse en el Juzgado de Paz de General Conesa, aunque el acuerdo prevé que el deudor podrá adelantar cuotas o efectuar pagos superiores si tiene posibilidades de hacerlo.
La jueza de Paz consideró que el convenio reflejaba la voluntad de ambas partes y que no afectaba el orden público. En consecuencia, homologó el acuerdo y dejó establecido el cronograma de pagos que permitirá cancelar la deuda originada por la transferencia realizada por error.
Judiciales
Ya son 12 los acusados por integrar una organización dedicada a violentos robos en el Alto Valle
La causa ya cuenta con doce personas imputadas por una organización que habría cometido catorce hechos entre octubre de 2024 y septiembre de 2025.
El equipo fiscal que investiga una asociación ilícita acusada de cometer una serie de robos en Río Negro y Neuquén formuló cargos contra un nuevo integrante de la organización, por lo que ya son 12 las personas imputadas en la causa.
Durante la audiencia, y tras escuchar la oposición de la defensa particular, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por el Ministerio Público Fiscal y dio inicio a la etapa de investigación penal preparatoria, que tendrá un plazo de cuatro meses.
La fiscal Verónica Villarruel explicó que una de las principales evidencias surge de la extracción forense realizada por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) sobre el teléfono celular de uno de los imputados. A ello se suman informes de las empresas de telefonía móvil y análisis efectuados por la Comisión de Investigación Judicial.
Según indicó la representante fiscal, de esa pericia surgieron comunicaciones entre el nuevo imputado y otros integrantes de la organización durante la jornada de uno de los hechos investigados, además de registros que lo ubicarían en uno de los lugares donde se cometieron los delitos.
De acuerdo con la acusación, la banda actuaba con un mismo modus operandi: realizaba tareas de vigilancia sobre los objetivos, llegaba en uno o dos vehículos previamente robados, ingresaba por la parte trasera de las viviendas tras escalar muros y techos, reducía a las víctimas mediante armas de fuego y luego las ataba con alambres o precintos. Posteriormente exigían dinero en dólares, cajas fuertes, oro y dispositivos electrónicos, evitando sustraer teléfonos celulares, además de llevarse los DVR de las cámaras de seguridad.
El nuevo imputado habría participado en varios de los hechos atribuidos a la asociación ilícita y también en el robo de un vehículo perteneciente a una de las víctimas.
La investigación comprende 14 hechos atribuidos a la organización: 11 ocurridos en General Roca, 2 en Cipolletti y 1 en Allen, entre octubre de 2024 y septiembre de 2025.
Actualmente, 6 de los imputados permanecen con prisión preventiva en esta causa, 2 cumplen esa medida en otro expediente, 2 llevan tobillera electrónica y otros 2 están sujetos a medidas cautelares para garantizar el proceso. En el caso del último acusado, tiene prohibido ingresar a General Roca, mantener contacto con uno de los imputados y deberá presentarse periódicamente en una comisaría de Neuquén, ciudad donde fijó domicilio.
Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que la investigación continúa, al tiempo que siguen las impugnaciones presentadas por algunas defensas y avanzan otras medidas probatorias, entre ellas reconocimientos de personas. Para lograr la detención del último imputado se realizaron diversas tareas de campo encabezadas por la Comisión Investigativa de la Policía de Río Negro junto al Departamento de Delitos Patrimoniales y Leyes Especiales y la División de Evadidos y Recapturas de la Policía de Neuquén.
