Gremios
«Escuelas en conflicto, comunidades movilizadas»
El gremio UnTER denuncia falencias en diferentes edificios escolares de toda la provincia.
Años de reclamos, promesas incumplidas, falta de resolución a la problemática edilicia por parte del gobierno, son las causas principales por las que diferentes comunidades educativas se encuentren en conflicto. Así lo dejan de manifiesto los reclamos presentados por el Departamento de Salud en la Escuela del gremio UnTER, en paritarias y reuniones de comisión, sin lograr respuestas adecuadas.
«El estudiantado ha sido protagonista de sendos reclamos en la ESRN 82 de Sur Medio, CET 14 de Allen , ESRN 72 de Cinco Saltos; que ponen en discusión las falencias del Ministerio en materia edilicia. Movilizaciones y sentadas pacíficas, permanencias en los establecimiento permitieron visibilizar los reclamos, acompañados por madres y padres , descreídos ante tantas promesas incumplidas», indicaron desde el sindicato docente.
«Allen, años sin respuestas»
En Allen, la comunidad del CET 14 continúa con un reclamo que ya cumple 10 años, por un edificio propio completo, presupuesto para modalidad, seguridad frente a los sucesivos robos de animales e insumos agropecuarios.
Luego de numerosas movilizaciones, se obtuvieron respuestas parciales. Sin embargo, pese a los anuncios del ministerio, la última parte de la ampliación quedó inconclusa. Existe un compromiso verbal de la ministra Mónica Silva, que se licitará en 90 días, «pero, con el historial de dilaciones por parte del CPE, es difícil de creer, sin un compromiso por escrito; por esta razón los estudiantes determinaron en asamblea sostener el estado de alerta y movilización», agregaron.
«La Escuela Primaria 153, no tiene clases desde el 20 de abril. La presencia de roedores fue el detonante, para que madres y padres se organizarán para terminar con las irregularidades edilicias que siempre se reclamaron, pero nunca se resolvieron», detallaron desde UnTER.
A partir de la movilización, el Ministerio debió suspender la actividad escolar , comenzar una plan de obra, que será monitoreado por una comisión de seguimiento. En este marco, la situación se agravó por la detección de graves fallas en la red de gas, por consiguiente, no hay fecha cierta para el reinicio de clases.
Situación similar atraviesa la Escuela Primaria 23, con clases suspendidas hace una semana por pérdida de gas, que se suma a los reclamos por las fallas edilicias que provocaron grietas pronunciadas, baños deteriorados, falta de extintores , entre otros problemas. Situada en un edificio fundado en 1931, es parte de la historia de Allen, que merece un presupuesto acorde para su mantenimiento. Por ello, la comunidad educativa continúa su lucha por una escuelas en condiciones dignas, sin riesgos potenciales.
Permanencia pacífica en Sierra Colorada
«La comunidad de la ESRN 82 de Sierra Colorada , lleva diez días de permanencia pacífica, hartos de reclamar frente a la falta de mantenimiento, y de la infraestructura necesaria para el desarrollo pedagógico de la modalidad elegida a partir de la transformación de la educación secundaria», detallaron desde el gremio docente.
Luego de dos años de reuniones y promesas incumplidas, el 3 de mayo se decidió en asamblea, la permanencia con el objetivo de lograr la construcción del laboratorio , dos aulas y baños para SUM. En principio, se logró el compromiso de la Ministra de reacondicionar las instalaciones del ex Jardín 82, hasta la culminación de la obra requerida.
El gobernador Alberto Weretilneck informó la presencia del Secretario de Educación, Juan Carlos Uriarte para dar las precisiones necesarias. «Sin embargo, el pasado viernes 11, brilló por su ausencia. Esto aumentó el malestar de la comunidad, que decidió mantener la medida hasta obtener respuestas concretas», recriminaron desde UnTER.
«Abandono en la ESRN 72 de Cinco Saltos»
«En la ESRN 72 de Cinco Saltos, el abandono se trasluce en cables sueltos, riesgo eléctrico, falta de luminarias, grietas pronunciadas, matafuegos vencidos, escaleras sin seguridad. Implica que más de 700 estudiantes y un centenar de trabajadorxs están en riesgo. Por ello, la comunidad se encuentra movilizada», manifestaron.
La seccional UnTER Cinco Saltos junto al Departamento de Salud en a Escuela, exigieron una inspección ocular a la Subsecretaría de Trabajo, que confirmó las denuncias presentadas. En este marco, desde el sindicato se requirió a la Coordinación zonal, plan de obra con plazos de ejecución, seguimiento y certificación de obras.
Comunidades en alerta en Villa Regina, Mainqué y Viedma
En Villa Regina, la ESRN 70 comparte edificio con CEM 83. Desde febrero se presentaron numerosos reclamos por la anulación del laboratorio y la sala de artística, provocada por una pérdida de agua. Sumado al riesgo eléctrico generado por cables sueltos en las cajas de enchufes, el arreglo urgente del ascensor, la falta de salidas de emergencia en la planta alta y puertas antipánico.
Madres y padres realizaron presentaciones, ante el coordinador Carlos Correa, quien no puede dar precisiones sobre finalización de obras.
La comunidad de la Escuela Primaria 225 de Mainqué, continúa en alerta y movilización porque no lograr una solución definitiva ante la falta de regularización en el transporte, recorte en la provisión de alimentos frescos, falta de agua por cortes de luz, sin respuesta para la construcción de dos baños para estudiantes, faltan matafuegos y otras refacciones necesarias para garantizar la seguridad e higiene. Los continuos reclamos de madres y padres llegaron tanto a la ministra como al gobernador, que hicieron sendas declaraciones comprometiéndose a dar soluciones, pero no terminan de convencer ya que no son los primeros anuncios que se hacen y ninguno se concretó.
En Viedma, madres y padres de la ESRN 80 impulsan un recurso de amparo, luego de la masiva sentada que se realizó frente al edificio que comparte con la ESRN 4 por mejoras en el edificio, arreglo del salón de usos múltiples, calefactores, heladera y luminarias, entre otras exigencias.
«Desde UnTER reivindicamos la decisión de las comunidades de organizarse en defensa de los derechos de enseñar y aprender en condiciones dignas. Advertimos que continuaremos acompañando cada reclamo, en todas las instancias necesarias, hasta que el estado cumpla con su obligación de garantizar las condiciones de seguridad higiene y habitabilidad en las escuelas», concluyeron.
Gremios
ATE exigió un examen médico psicofísico para conocer el estado de salud de Milei
«Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo», apuntó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó a Javier Milei para que informe si existe algún examen, junta médica, certificado, dictamen o protocolo que haya evaluado su aptitud psicofísica y/o psíquica para ejercer su rol de presidente y, en caso de que no exista, que lo realice inmediatamente. Además, el sindicato impulsará una iniciativa para que a partir del 2027 quienes se postulen a cargos electivos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un apto psicofísico para ejercer sus cargos.
«Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. La intimación será remitida a la Jefatura de Gabinete de Ministros con copia a Presidencia de la Nación.
En relación a los requisitos que se le solicitan a quienes ingresan a la administración pública, apuntó que «es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado. Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. Es una joda. Además es muy peligroso porque en el caso de Milei, es quien encabeza la administración pública nacional».
«Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función. Porque si no lo fuera, las consecuencias jurídicas serían gravísimas. La mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos», agregó.
«Y no tenemos que olvidarnos que el presidente también es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sus actos tienen impacto no solo en la estabilidad institucional y en el funcionamiento del Estado, sino también en la seguridad nacional», completó Aguiar.
En este marco, el dirigente estatal explicó que «estamos ejerciendo el derecho a la información pública y el acceso ciudadano a la información estatal, derechos que están amparados en las leyes, en la Constitución Nacional y además en los tratados internacionales».
«Tenemos que avanzar en una iniciativa legal que permita exigir también examen psicofísicos a todos los cargos electivos a partir del año que viene. Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. No nos puede volver a suceder», concluyó el titular de ATE Nacional.
La intimación de ATE se ampara en el artículo 88 de la Constitución Nacional, haciendo saber que conocer el estado de salud del presidente no responde a una mera curiosidad particular, sino a una cuestión de notorio interés público e institucional que hace a la transparencia y a la confianza ciudadana en el ejercicio regular de la primera magistratura.
En su pedido, el sindicato aclaró que los trabajadores de la Administración Pública Nacional deben someterse a exámenes preocupacionales y periódicos de aptitud psicofísica, cuyo resultado condiciona directamente la continuidad del vínculo de empleo, según lo establece la la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164. Es en este marco que se lo insta al máximo responsable del Estado argentino a realizar evaluaciones similares.
Cabe destacar que ATE, en su requerimiento, deja en manifiesto que no busca acceder a ningún tipo de información médica privada, ni de historia clínica ni diagnósticos. sino que únicamente busca saber si existe una evaluación y cuál fue su conclusión: apto/no apto.
Detalles de la solicitud de ATE
- Exigir que el Gobierno informe si existe algún examen, junta médica, certificado, protocolo o dictamen que haya evaluado la aptitud psicofísica y/o psíquica del Presidente para ejercer el cargo.
- Si existe esa evaluación, informar la fecha, el organismo o profesional que intervino y el resultado, limitado a si fue considerado «apto» o «no apto», sin solicitar información clínica, diagnósticos ni historia médica.
- Informar si existe normativa, protocolo o reglamento que establezca controles periódicos de aptitud psicofísica y psíquica para el Presidente, y, en caso afirmativo, entregar una copia.
- Si el Gobierno decide rechazar total o parcialmente el pedido, ATE exige que la negativa sea fundada por escrito, indicando específicamente qué excepción de la Ley de Acceso a la Información Pública se invoca y aplicando el correspondiente test de daño e interés público.
- En caso de que no exista ningún tipo de exámen o apto médico realizado, que el mismo sea efectuado a los efectos de constatar si el presidente de encuentro en todas sus facultades psicofísicas para desempeñar el cargo.
Gremios
ATE lanza paro y movilización al PAMI el martes a las 13 ante la crisis y colapso de la obra social de los jubilados
«Más de 5 millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud», indicó Aguiar.
A raíz de la profunda crisis que atraviesa el PAMI que incluye una deuda con prestadores de más de 500.000 millones de pesos, cambios en la cúpula directiva, falta de prestaciones a sus afiliados y salarios de sus trabajadores por debajo de la canasta básica, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió un paro con movilización a la sede central de la obra social (Av. Corrientes 655, CABA) el martes 8 a las 13 y paraliza actividades en todo el país.
«Si no frenamos a tiempo tanta desidia de los funcionarios, la obra social será irrecuperable. Más de 5 millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional quien también es trabajador de PAMI.
En este marco, apuntó que «el vaciamiento de la obra social que se ha llevado adelante en este tiempo no tiene precedentes. Los jubilados ya no tienen ningún tipo de prestación. En los últimos dos años murieron 45 mil adultos mayores más de los esperados por la falta de medicamentos y de prestaciones. Hay un riesgo cierto de que desaparezca una de las obras sociales más grandes, prestigiosas y solidarias de Latinoamérica. Mientras que los funcionarios cobran sueldos millonarios, los salarios de los trabajadores se encuentran congelados».
«No puede ser que después de haber aportado durante toda su vida, a los jubilados se les vulnere su derecho humano de acceder de manera libre y gratuita al sistema de salud. Hemos decidido parar en todo el país y movilizarnos a la sede central del PAMI. Si no existen respuestas, todas las medidas se van a profundizar», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
En las últimas horas se anunció la salida de Juan Cruz Montero de la coordinación ejecutiva de la obra social, quién será reemplazado por Verónica Gabriela Pérez, muy ligada a Santiago Caputo. En simultáneo, también se dio la baja de Florencia Zicavo, de la sindicatura del organismo, quien aún no tiene sustituto definido.
El sindicato denuncia que la obra social está absolutamente colapsada y no puede dar respuestas a los más de 5 millones de jubilados y pensionados que están afiliados. «Una buena parte del desfinanciamiento se basa en la eliminación del Impuesto País que destinaba gran parte de lo recaudado a PAMI. En 2024, el Gobierno aseguró que cubriría ese monto con fondos del Tesoro Nacional. Sin embargo, de los 2,8 billones de pesos que hubieran ingresado a la obra social mediante el tributo, solo se compensaron 0,9 billones hasta julio de este año», aseguraron desde ATE.
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Para Aguiar, «el Consejo del Salario es inservible, una puesta en escena para convalidar los acuerdos entre empresarios y el Gobierno»
«El Consejo del Salario es la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores», indicó el titular de ATE Nacional.
Finalizada la reunión del Consejo del Salario Mínimo en la que los empresarios propusieron un aumento de 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre hasta abril, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio».
«El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación», agregó el dirigente estatal.
En esta línea, cargó directamente contra el ámbito tripartito que reúne a trabajadores, empresarios y el Poder Ejecutivo. «El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. ¿El Consejo existe? Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer», indicó.
«Este organismo nació para garantizar dignidad y no pobreza legal como sucede hoy. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne sólo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno», agregó Aguiar.
En referencia a la intención del Ejecutivo de implementar un salario mínimo garantizado de 1 millón de pesos para los convenios privados, apuntó que «y ahora queda claro que el Gobierno acaba de inventar un salario mínimo paralelo con el objetivo de frenar la actualización de las asignaciones sociales como la AUH y otros programas».
Cabe recordar que, según el último informe del INDEC, la línea de pobreza en la Argentina se ubica en $1.564.716 y la de indigencia en $708.016.
