Río Negro
Rotundo rechazo de la defensora del Pueblo al aumento en la tarifa del gas
Santagati participó de la audiencia pública convocada para definir los nuevos aumentos en el servicio.
“Un nuevo aumento en las tarifas de gas, en un contexto inflacionario como el que se está viviendo, con la depreciación de los salarios promedio resultado de la devaluación, pone a las personas, a las familias, a las pymes, a las industrias frente a un esquema de imposible cumplimiento dejando en situación de alto riesgo, desamparo y desprotección a todos los habitantes y, en especial, a quienes habitan la región de la Patagonia”.
Así lo expresó ayer (4/09) la defensora del pueblo de Río Negro, Lic. Adriana Santagati, en su alocución durante la audiencia pública convocada para definir los nuevos aumentos en la tarifa de gas que comenzarán a aplicarse desde octubre.
La defensora se trasladó hasta la ciudad de Bahía Blanca para brindar su exposición a través del “Centro de Participación Virtual” del Ente Nacional Regulador del Gas que allí funciona. A pesar de las grandes dificultades en la telecomunicación que se realizaba en vivo con la ciudad de Buenos Aires, donde se concentraba la Audiencia, Santagati pudo finalmente completar su ponencia.
Durante su exposición Santagati resaltó que “las proyecciones de las principales variables macroeconómicas, según las cuales se confeccionó el Presupuesto 2018 no se cumplieron”.
En este sentido indicó que “se proyectaba que durante 2018 continuara el proceso de reducción de la inflación. La meta del Banco Central de la República Argentina (BCRA) era de 10 ±2% para la medición interanual de diciembre, con una inflación promedio anual de 15,7%. La proyección de tipo de cambio nominal para diciembre de 2018 era de 19,3 pesos/por dólar”.
“El pasado 15 de agosto cuando se publica la convocatoria a esta audiencia pública Nº 86, el dólar cotizaba 30.50, hoy luego de 20 días el dólar vale 39 pesos. Es decir, sufrió un aumento del 30%” manifestó la defensora del Pueblo rionegrina. Agregó que “los combustibles, que se encuentran liberados desde fines del año pasado en menos de dos semanas sufrieron dos aumentos. La evolución y dispersión del precio de las naftas como consecuencia de las correcciones hacia la dolarización y la liberación de los precios, no hacen más que presionar la inflación y subir el costo de vida”.
En sus conclusiones manifestó que «en la región patagónica el servicio de gas es un servicio esencial. No atender esta realidad, sobre todo en el contexto económico actual, plantea un problema ético y moral”.
“El Estado está obligado a respetar los derechos reconocidos constitucionalmente y a organizar el poder público para garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, no sólo a la administración sino a las instituciones a las que delega su autoridad”. Añadió que “por lo tanto, autorizar una tarifa que viole los principios que emanan de las normas expuestas implica violencia institucional, atenta contra la dignidad de las personas y vulnera nada menos que los derechos humanos”.
«Por estos motivos, y en consonancia con lo planteado por el resto de los defensores del pueblo del país, quienes representamos a los ciudadanos de la Patagonia, rechazamos cualquier aumento en la tarifa de gas y manifestamos la voluntad de conformar una mesa de dialogo que contribuya a garantizar la paz social, ante la crítica situación política, económica y social que atraviesa el país», concluyó.
Política
Ruta Nacional N° 151: «Agotamos todas las instancias, solo nos quedó la vía judicial»
La presentación judicial reclama también por la desnaturalización del régimen de financiamiento vial.
El gobernador Alberto Weretilneck advirtió que el estado calamitoso de la Ruta Nacional N° 151, «es un símbolo del abandono del Gobierno Nacional hacia el interior productivo del país». Aseguró que la presentación judicial colectiva impulsada por la Provincia, junto a intendentes e instituciones, busca que la Nación asuma su responsabilidad y repare este corredor vital para miles de rionegrinos.
La acción de amparo colectivo, presentada el 5 de julio ante el Juzgado Federal de General Roca, fue acompañada por la Defensoría del Pueblo, los intendentes de Catriel, Campo Grande, Contralmirante Cordero, Cinco Saltos y Cipolletti, así como por cámaras empresariales de las localidades afectadas.
El objetivo es que la Justicia exija a Vialidad Nacional un plan inmediato de mantenimiento, señalización y bacheo, y ordene la reparación completa de los 150 kilómetros que unen Cipolletti con el límite con La Pampa.
«Agotamos todas las instancias de reclamo sin recibir respuesta alguna. Este Gobernador, los Intendentes y los medios locales llevamos años denunciando el abandono de la Ruta 151 y la única herramienta que nos queda es la Justicia», subrayó Weretilneck en diálogo con Canal 10. El juez federal ya aceptó la demanda y dio once días a Vialidad Nacional para responder sobre el estado de la ruta y las acciones previstas, iniciando la tramitación formal del expediente.
La demanda detalla que el pésimo estado de la Ruta Nacional N° 151 obstaculiza servicios esenciales: en lo que va del año, más de 576 traslados sanitarios dependen de este tramo, mientras que más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas utilizan diariamente la ruta para acceder a la educación. Además, impacta directamente en actividades estratégicas como la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera, de la que depende el 72% del petróleo y el 42% del gas del país.
«Estamos viviendo la peor época de abandono de las provincias por parte de la Nación desde la recuperación democrática. Mientras el 85% de los impuestos que pagamos se quedan en Buenos Aires, no hay ni un peso que vuelva en rutas, subsidios al transporte o viviendas», denunció el gobernador.
Entendió que las provincias «no generamos inflación ni deuda externa, pero somos quienes sostenemos la producción y la vida del país. Es hora de que la Nación cumpla con sus obligaciones».
La presentación judicial reclama también por la desnaturalización del régimen de financiamiento vial: recursos como el 28,58% del Impuesto a los Combustibles, que deberían destinarse al mantenimiento de rutas, son desviados sistemáticamente, agravando la situación.
Política
Silvia Arza es la nueva secretaria de Educación de Río Negro
Asumió en lugar de Ana Laura Giovanini, quien renunció al cargo por motivos personales.
La ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, anunció el nombramiento de la profesora Silvia Arza como nueva Secretaria de Educación. De esta forma, Arza ocupará ese lugar tras la renuncia al mismo, por motivos personales, de la profesora Ana Laura Giovanini.
Campos agradeció el compromiso, el trabajo y la dedicación de Giovanini quien la acompañó desde el inicio de la gestión, al tiempo que dio la bienvenida a la nueva secretaria en el marco de una reunión de gabinete.
Arza nació el 17 de noviembre de 1968 en la localidad de Trelew, provincia de Chubut y es profesora de Educación Primaria y profesora de Educación Física.
Comenzó su trayectoria en el sistema educativo de Río Negro en el año 1988 como maestra de grado de la Escuela Primaria 319 de Viedma, que se inauguró ese mismo año, y en la Escuela Primaria 30 de la ciudad capital.
Fue directora de la Escuela Primaria 67 de Monte Bagual, de la Escuela Primaria 336 de Viedma, de la Escuela Primaria 112 de Lamarque, y profesora en la ESRN 4 de la capital rionegrina.
También se desempeñó como referente de zonas en la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio, área en la que también trabajó, desde 2015 a 2018 para la implementación de la ESRN. Desde 2022 a la fecha ocupó el cargo de directora de Educación Secundaria.
Política
Río Negro demandó al Gobierno Nacional por el abandono de la Ruta N° 151
La Provincia exige la reparación completa de los 150 kilómetros del tramo que atraviesa el territorio rionegrino, entre Cipolletti y el límite con La Pampa.
El Gobierno de Río Negro, la Defensoría del Pueblo, intendentes de municipios afectados y entidades empresariales presentaron una acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad por el deplorable estado de la Ruta Nacional N° 151. La presentación busca proteger los derechos a la vida, la salud, la integridad física y la seguridad de las miles de personas que la usan a diario, señalando que la falta de mantenimiento afecta gravemente los servicios esenciales, actividades productivas y la economía regional.
El Juzgado Federal de General Roca ya dio curso a la acción y requirió al Estado Nacional y a Vialidad un informe detallado sobre las razones de la omisión denunciada, otorgando un plazo de 11 días para responder, mientras que para la medida cautelar se fijó un plazo de 5 días para que las demandadas informen antes de su análisis judicial.
El escrito reclama al Tribunal que declare la responsabilidad del Estado Nacional por la falta de mantenimiento de la ruta y que ordene la reparación completa de los 150 kilómetros del tramo que atraviesa Río Negro, entre Cipolletti y el límite con La Pampa.
También exige medidas cautelares urgentes como la señalización inmediata, bacheo provisorio y campañas informativas para prevenir accidentes, además de un plan técnico y presupuestario que garantice la ejecución de las obras, con informes periódicos sobre los avances.
Entre los puntos centrales del amparo se detalla que el estado de la ruta obstaculiza el servicio de salud pública, con más de 576 traslados sanitarios en lo que va de 2025 que deben circular por ese tramo; la educación, afectando el acceso diario de más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas; y actividades clave como la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera, esta última vinculada a la producción del 72% del petróleo y el 42% del gas.
La demanda también denuncia la desnaturalización del régimen de financiamiento vial, evidenciando que, pese a existir recursos específicos como el 28,58% del Impuesto a los Combustibles que debe destinarse por ley al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, esos fondos han sido desviados, dejando a rutas estratégicas como la 151 en un estado calamitoso.
Entre las normas invocadas se destacan artículos de la Constitución Nacional, pactos internacionales como el PIDESC y el Pacto de San José de Costa Rica, y leyes nacionales como la Ley de Amparo (16.986) y la Ley de Tránsito (24.449), además de jurisprudencia relevante.
«Esta demanda representa un paso firme del Gobierno de Río Negro para defender los derechos de sus habitantes frente a la inacción del Estado Nacional, que tiene la competencia exclusiva sobre las rutas nacionales y el deber de mantenerlas en condiciones seguras. A su vez, podría constituir un precedente judicial que abra la puerta a que otras provincias exijan judicialmente obras públicas urgentes ante omisiones estructurales del Estado central», destacaron desde el Ejecutivo rionegrino.
La presentación fue realizada por el Estado rionegrino, representado por el gobernador Alberto Weretilneck; el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, y el fiscal adjunto, Luciano Minetti Kern; la defensora del Pueblo, Adriana Santagati; los intendentes Rodrigo Buteler (Cipolletti), Daniela Salzotto (Catriel), Enrique Rossi (Cinco Saltos), Horacio Zuñiga (Contralmirante Cordero) y Daniel Hernández (Campo Grande); y los presidentes de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, José Bunter; de la Cámara Empresarial de Servicios de Río Negro, Federico Paolo; y de la Cámara de Servicios Petroleros de Río Negro, Ramiro Arceo.
