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Río Negro

Solicitan informes por aumento en tarifas del KoKo

Odarda adelantó que solicitará respuestas ante un nuevo incremento en el boleto del transporte semiurbano en el Alto Valle.

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La senadora nacional Magdalena Odarda (partido RIO), pedirá informes al Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro con el fin de conocer cuáles fueron las razones por las que se autorizó el aumento en la tarifa a la empresa de transporte de pasajeros KoKo, concesionaria del servicio interurbano en la zona del Alto Valle.

En varias ocasiones los usuarios manifestaron una serie de reclamos ante las deficiencias en el servicio que brinda la empresa. A eso se agrega que ahora trabajadores y estudiantes que viajan diariamente, deberán pagar otro aumento que, sumado a los anteriores, superaría un 40% en lo que va del año.

Por tal motivo, Odarda enviará un pedido de informes a la cartera provincial del cual depende la autorización del aumento de las tarifas, solicitando que «indique si el Ministerio de Obras y Servicios Públicos ha recibido reclamos de usuarios relacionados con el servicio de la empresa KoKo; en qué consisten los mismos y cuál ha sido el accionar de ese organismo».

A su vez, se pregunta la senadora «si es competencia del Ministerio, además de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la fiscalización con el fin de determinar el cumplimiento de recorridos, horarios y tarifas y si se han ejecutado sanciones contra la mencionada empresa por incumplimiento y en qué consistieron las mismas».

Además Odarda plantea que no se habría realizado una audiencia pública para autorizar los aumentos.

En el pedido de informes, la parlamentaria también pide saber si KoKo recibe subsidios y con qué finalidad son otorgados, y asimismo, «qué organismo público los entrega y qué organismo fiscaliza que los fondos lleguen a destino».

Pregunta también «cuál es la tarifa máxima establecida en caso de transporte automotor de pasajeros interurbano de mediana y corta distancia; cuál sería la categoría en la que se considera a la empresa KoKo, y cuál es la tarifa que debiera cobrar la misma por los recorridos que realiza».

Finalmente, Odarda afirmó que «las medidas del gobierno provincial deben apelar a la razonabilidad y al cuidado del usuario que es el ciudadano que debe usar el servicio. Ante estas tarifas abultadas, no podemos menos que rechazar el recorte de los subsidios al transporte que ordena el gobierno nacional y seguir reclamando por el tren que una Chichinales con la provincia de Neuquén».

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Río Negro

Río Negro pagará aguinaldos el 19 y 20 de diciembre

Lo anunció el gobernador Weretilneck en sus redes sociales.

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El Gobierno de Río Negro pagará el segundo medio aguinaldo del año los días 19 y 20 de diciembre. Lo anunció el gobernador Alberto Weretilneck en sus redes sociales, quien afirmó que la decisión apunta a acompañar a las familias y al comercio local.

Con un gran esfuerzo presupuestario, la Provincia cumple con el pago antes de fin de año, garantizando previsibilidad para todo el personal estatal y dando un fuerte impulso a la economía.

Detalle del cronograma

Viernes 19/12

  • Salud Pública, guardias y horas extras de Salud
  • Policía de Río Negro y Servicio Penitenciario Provincial

Sábado 20/12

  • Docentes y porteros
  • Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, pensiones de Bomberos Voluntarios
  • Poder Legislativo, Judicial y órganos de control

El gobernador Alberto Weretilneck destacó la importancia de este compromiso cumplido que “es una noticia que queríamos darles no sólo a los empleados públicos, sino también al comercio y a todas las familias que estaban esperando este anuncio”.

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Judiciales

Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años

La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.

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Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.

Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.

El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.

El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.

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Judiciales

Caso Mandagaray: El STJ rechazó que el caso vaya a la Corte porque no hay sentencia definitiva

El máximo Tribunal provincial sostuvo que el planteo es prematuro y que el expediente debe continuar en la Justicia rionegrina.

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El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) rechazó el Recurso Extraordinario Federal en la causa donde se investigan responsabilidades por la muerte de Gabriel Mandagaray. De esta manera, el proceso continúa en el ámbito provincial y el próximo paso será el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación. El máximo órgano rionegrino sostuvo que el planteo resulta prematuro, ya que «la sentencia objetada no posee la condición de definitiva ni equiparable».

El fallo recuerda que la resolución impugnada, que ordenó un nuevo examen integral, «no concluye el proceso, no define responsabilidad penal ni clausura la persecución, sino que se limita a disponer la nulidad de la revisión realizada por el TI 2 y a reenviar las actuaciones». En consecuencia, explicó el STJ, el agravio alegado «recién adquirirá entidad a los fines de la vía excepcional una vez emitido el pronunciamiento final».

La Corte Suprema tiene una doctrina de no admitir recursos cuando la sentencia no es definitiva. En el fallo se sostiene que «la ausencia del requisito de definitividad no se suple por la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales que se estimen vulneradas».

Además, el STJ señaló que los recursos federales interpuestos no satisfacen los requisitos formales de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema. En el texto se consigna que las presentaciones «no desarrollan un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso», «no demuestran el gravamen ocasionado», «no refutan todos y cada uno de los fundamentos» de la sentencia impugnada y «no ponen en evidencia que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas con lo debatido y resuelto en el caso».

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