Gremios
El gobierno y ATE acordaron un histórico Convenio Colectivo de Trabajo para estatales rionegrinos
Alcanzará a más de 17.000 trabajadores del Estado.
Durante la jornada de hoy (25/06) el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) sellaron un acuerdo que permitirá avanzar en un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para la Administración Pública rionegrina.
La referida norma, que modificará todos los vínculos laborales, se rubricó en un acto realizado en la ciudad de Bariloche y el primer mandatario estuvo acompañado por el secretario de Estado de Trabajo Lucas Pica, mientras que la delegación gremial estuvo encabezada a nivel provincial por su secretario general Rodolfo Aguiar. Además, llegó desde Buenos Aires exclusivamente para la ocasión, el máximo referente nacional de ATE, Hugo Godoy.
El gobernador de la Provincia señaló que «el interés común es uno solo: que el Estado provincial tenga el mejor Convenio Colectivo de Trabajo. Por eso de nuestra parte la actitud es la de una comisión redactora. He pedido el aporte de todos los equipos técnicos del gremio, por la experiencia que tienen, para que nos permita terminar lo más pronto posible con esta serie de leyes que vienen de muchos años atrás y no representan los derechos laborales de hoy, ni el vinculo entre la sociedad, los trabajadores y el Estado».
Weretilneck concluyó con que «este convenio alcanzará los derechos laborales de 17 mil trabajadores, más del 60% del personal de la administración pública. Lo que hemos hecho hoy es algo que va a quedar en la historia del Estado provincial y del movimiento obrero».
«En los últimos años el Estado rionegrino ha alcanzado los mayores niveles de transformación y democratización de toda su historia. Desde el año 84 hasta acá no se había avanzado en normas que reconozcan tantos derechos a los trabajadores estatales. Este logro adquiere una mayor relevancia aún si se lo analiza en el actual contexto nacional de ajuste y crisis», dijo por su parte Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE y CTA Autónoma de Río Negro.
«Es tanta la fuerza construida con lucha, que no paramos de crecer en nuestros derechos en la provincia, mientras que algunos insisten con impulsar reformas laborales que perjudiquen a todos los asalariados», continuó el dirigente. «Ahora vamos a ser nosotros los que discutiremos nuestras propias condiciones de trabajo y para ello deberemos garantizar el protagonismo de todas las asambleas», concluyó Aguiar.
Mediante el Decreto firmado se da creación a una Comisión para la celebración de un Convenio Colectivo de Trabajo que regule las condiciones laborales del sector público provincial y que tendrá 8 integrantes, correspondiendo 4 representantes al Poder Ejecutivo y 2 a cada una de las organizaciones sindicales mayoritarias y legalmente reconocidas.
Este ámbito de negociación estará presidido por la máxima autoridad de la cartera de Trabajo que tendrá un plazo de 60 días hábiles para convocar a la Comisión, quedando expresamente fijado que toda materia salarial y de prestaciones económicas continuará tratándose de manera exclusiva en el Consejo de la Función Pública de acuerdo a la Ley N° 3.052.
El Convenio Colectivo establecerá una nueva regulación para los vínculos laborales que hoy se encuentran comprendidos en los regímenes de las Leyes N° 3.487, 1.844 y 1.904, y permitirá en un plano de igualdad entre el Estado patronal y los empleados públicos debatir una nueva estructura salarial, carrera administrativa, escalafón, régimen de licencias y normas de higiene y seguridad entre otras cuestiones.
El instrumento habilita negociaciones colectivas de carácter general y también específicas o particulares que pudieran decidirse para algunos Ministerios u organismos.
El gobierno fundamentó la trascendente decisión en que nuestro país oportunamente adhirió a los Convenios 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que fomentan la negociación colectiva y en el Artículo 41, inciso 2 de la Constitución Provincial que garantiza a los sindicatos concertar convenios colectivos de trabajo.
Gremios
En defensa del Garrahan y el sistema sanitario, ATE lanzó un paro nacional en Salud con movilización a Plaza de Mayo
Será el próximo jueves 17 de julio. «Esta es una medida de fuerza de carácter federal que tiene que servir para ponerle freno a la destrucción y el vaciamiento del sistema de salud», dijo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional de salud para el jueves 17 de julio con movilización a Plaza de Mayo en defensa del Hospital Garrahan y de todo el Sistema Público Sanitario.
«Esta es una medida de fuerza de carácter federal que tiene que servir para ponerle freno a la destrucción y el vaciamiento del sistema de salud, y exigir una inmediata recomposición salarial para todos los trabajadores hospitalarios. Una huelga que debe llevarse adelante de manera simultánea en toda la Argentina. Lo que pasó con los residentes y las becas nos muestra a un Gobierno que pretende disfrazar de libertad a la precarización laboral», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«El Garrahan y el resto de los hospitales no soportan un recorte más. Se tienen que otorgar presupuestos de emergencia y restablecer de manera inmediata todas las políticas públicas que fueron eliminadas», agregó el dirigente estatal.
Luego de mantener una reunión con la Junta Interna del Hospital infantil y otras organizaciones que representan trabajadores hospitalarios, el sindicato convocó a «la más amplia unidad» para llevar adelante la marcha que tendrá como punto de concentración el Congreso de la Nación a partir de las 16 y que además se replicará en todas las provincias.
En esta línea, Aguiar explicó que «más del 80% del sistema de salud pública se encuentra en las provincias y funciona gracias a medio millón de trabajadores precarizados, y en la mayoría de los casos con salarios por debajo de la línea de pobreza. Desde ATE demandamos ingresos que permitan alcanzar el costo de la Canasta Básica».
ATE se mantiene en alerta por la situación presupuestaria que pone en riesgo de funcionamiento a los más de 1.700 hospitales, 6.000 unidades sanitarias y más de 500.000 trabajadores del Sistema de Salud, tanto de institutos nacionales como provinciales.
«La defensa del Garrahan y de todos los hospitales tiene un consenso social creciente. Hoy en la Argentina, está siendo afectado el derecho humano a la salud de millones de usuarios del sistema público», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
En el caso del Hospital Garrahan, los trabajadores perciben ingresos netos de $797.000, lo que provocó que más de 200 profesionales hayan renunciado en lo que va del 2025.
El sindicato también rechazó el recientemente publicado Decreto 459 que disuelve el Instituto de Enfermedades Cardiovasculares, degrada al Instituto Nacional del Cáncer a «unidad organizativa» del Ministerio de Salud, y fusiona las instituciones Baldomero Sommer, Alejandro Posadas, Ramón Carrillo, Laura Bonaparte y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur, absorbidas por la nueva Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES).
De esta manera, ATE reclamará en rechazo al Decreto 459/25 que fusiona instituciones sanitarias; a la Resolución 2109/25 del Ministerio de Salud que modifica el sistema de residencias; por una urgente recomposición salarial; en rechazo al vaciamiento al Sistema Público de Salud y al cierre de los Hospitales Nacionales; y por el presupuesto de emergencia para Salud.
Gremios
ATE rechaza el cierre de Vialidad Nacional y exige a los gobernadores «que pongan la cara»
«Esto va a ser un retroceso sin precedentes para todas las provincias del país. Esto rompe la conectividad y lesiona de manera grave el federalismo», apuntó Rodolfo Aguiar.
Luego del anuncio del vocero Manuel Adorni de cerrar la Dirección Nacional de Vialidad, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que «se ponen en riesgo millones de vidas» y pidió la intervención de los gobernadores.
«El cierre de Vialidad Nacional implica un desinterés total de este Gobierno insensible al que no le importan las vidas que se puedan perder por el estado de las rutas. En estos últimos 18 meses el abandono de nuestras autopistas ha sido notorio y, a partir de ahora, será todo peor», auguró el dirigente estatal.
En este marco, Aguiar pidió a los gobernadores que «tomen partido en favor de la gente. Deben dejar el letargo en el que se encuentran. Ahora tienen que saltar, los queremos ver poniendo la cara por cada uno de los distritos. Esto va a ser un retroceso sin precedentes para todas las provincias del país. Esto rompe la conectividad y lesiona de manera grave el federalismo, mutila el desarrollo de todas las regiones del país. Con el cierre de Vialidad, se ponen en riesgo la vida de millones de argentinos», agregó.
«Este decreto da nacimiento a mega negociados. Buscan privatizar tareas estratégicas como la del mantenimiento vial. Estamos ante el desmantelamiento de estructuras claves para la soberanía nacional. La creación de una nueva Agencia de Control de Concesiones es la habilitación de una gran caja negra para la política», agregó el secretario general de ATE Nacional.
A partir de esta decisión, la prevención y control del tránsito en las rutas nacionales y otros espacios del dominio público nacional pasarían exclusivamente a Gendarmería. «Es una ilegalidad manifiesta que a partir de ahora sea la Gendarmería la que aborde la prevención y el control de tránsito en las Rutas Nacionales y otros espacios públicos. Es una militarización de las rutas», concluyó Aguiar.
De esta forma, el sindicato profundizará las medidas de fuerza en todo el Estado Nacional.
Son alrededor de 40.000 los kilómetros de Rutas Nacionales que quedarán abandonadas a partir de esta decisión que afectará, además, a más de 5.000 trabajadores y trabajadoras.
La Dirección Nacional de Vialidad fue creada a partir de la Ley N° 11.658 en 1932 como respuesta a la necesidad de construir caminos que se ajustaran a las nuevas demandas del transporte automotor.
Gremios
ATE rechaza las modificaciones en las estructuras del INTI e INTA y lanza medidas en los organismos
«Se trata del golpe final, de un tiro de gracia a la industria y la producción del país», aseveró Aguiar.
Ante la intención del Gobierno de transformar el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en una «unidad organizativa» y quitarle la autarquía, al igual que con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó esta iniciativa y realizará medidas de acción directa en ambos organismos. «Se trata del golpe final, de un tiro de gracia a la industria y la producción», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.
«Si permitimos que la decisión del Gobierno prospere, todo el ecosistema industrial perderá a un aliado fundamental para el fortalecimiento y la expansión. El INTI tiene 70 años de historia, de trayectoria para el desarrollo industrial y la soberanía económica de nuestro país», agregó el dirigente.
El sindicato estatal realizará protestas a partir de las 10 en el instituto industrial, con dirección en Colectora de General Paz 5445.
En este marco, el referente estatal expresó que «si se avanza en la centralización de este organismo, se pone en riesgo su carácter autárquico y federal. Esta pérdida de soberanía tendrá consecuencias graves e inmediatas».
«El INTI es un organismo público que hoy se mantiene solo, y con esta medida le harán perder toda capacidad para gestionar recursos y firmar convenios estratégicos. Además, se desarticularán líneas de trabajo que están consolidadas en todo el país. Están siendo amenazados numerosos puestos de empleo», explicó Aguiar.
Ambos organismos son descentralizados. A partir del DNU que prepara el Ejecutivo, el INTI pasaría a ser dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio, como parte del Ministerio de Economía. En tanto el INTA pasaría a estar bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca que también depende de la cartera que dirige Luis Caputo.
«Además, tenemos que recordar que este instituto fue creado por una ley del Congreso Nacional. Cualquier modificación de su autarquía a través de un decreto del Poder Ejecutivo es inconstitucional. Si se publica este DNU, además de las medidas de acción directa que se van a profundizar, vamos a realizar una inmediata presentación judicial», expresó el secretario general de ATE Nacional.
«El INTI es de todos y tenemos que defenderlo, porque en su defensa estaremos defendiendo la ciencia, el conocimiento y el trabajo, pero también la producción y la soberanía», concluyó Aguiar.
Cabe destacar que el Decreto, además de establecer modificaciones en el INTI e INTA, establecería modificaciones similares en los institutos de Semillas (INASE), Vitivinicultura (INV), y de la Propiedad Industrial (INPI), entre otros.
