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Gremios

El gobierno y ATE acordaron un histórico Convenio Colectivo de Trabajo para estatales rionegrinos

Alcanzará a más de 17.000 trabajadores del Estado.

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Durante la jornada de hoy (25/06) el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) sellaron un acuerdo que permitirá avanzar en un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para la Administración Pública rionegrina.

La referida norma, que modificará todos los vínculos laborales, se rubricó en un acto realizado en la ciudad de Bariloche y el primer mandatario estuvo acompañado por el secretario de Estado de Trabajo Lucas Pica, mientras que la delegación gremial estuvo encabezada a nivel provincial por su secretario general Rodolfo Aguiar. Además, llegó desde Buenos Aires exclusivamente para la ocasión, el máximo referente nacional de ATE, Hugo Godoy.

El gobernador de la Provincia señaló que «el interés común es uno solo: que el Estado provincial tenga el mejor Convenio Colectivo de Trabajo. Por eso de nuestra parte la actitud es la de una comisión redactora. He pedido el aporte de todos los equipos técnicos del gremio, por la experiencia que tienen, para que nos permita terminar lo más pronto posible con esta serie de leyes que vienen de muchos años atrás y no representan los derechos laborales de hoy, ni el vinculo entre la sociedad, los trabajadores y el Estado».

Weretilneck concluyó con que «este convenio alcanzará los derechos laborales de 17 mil trabajadores, más del 60% del personal de la administración pública. Lo que hemos hecho hoy es algo que va a quedar en la historia del Estado provincial y del movimiento obrero».

«En los últimos años el Estado rionegrino ha alcanzado los mayores niveles de transformación y democratización de toda su historia. Desde el año 84 hasta acá no se había avanzado en normas que reconozcan tantos derechos a los trabajadores estatales. Este logro adquiere una mayor relevancia aún si se lo analiza en el actual contexto nacional de ajuste y crisis», dijo por su parte Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE y CTA Autónoma de Río Negro.

«Es tanta la fuerza construida con lucha, que no paramos de crecer en nuestros derechos en la provincia, mientras que algunos insisten con impulsar reformas laborales que perjudiquen a todos los asalariados», continuó el dirigente. «Ahora vamos a ser nosotros los que discutiremos nuestras propias condiciones de trabajo y para ello deberemos garantizar el protagonismo de todas las asambleas», concluyó Aguiar.

Mediante el Decreto firmado se da creación a una Comisión para la celebración de un Convenio Colectivo de Trabajo que regule las condiciones laborales del sector público provincial y que tendrá 8 integrantes, correspondiendo 4 representantes al Poder Ejecutivo y 2 a cada una de las organizaciones sindicales mayoritarias y legalmente reconocidas.

Este ámbito de negociación estará presidido por la máxima autoridad de la cartera de Trabajo que tendrá un plazo de 60 días hábiles para convocar a la Comisión, quedando expresamente fijado que toda materia salarial y de prestaciones económicas continuará tratándose de manera exclusiva en el Consejo de la Función Pública de acuerdo a la Ley N° 3.052.

El Convenio Colectivo establecerá una nueva regulación para los vínculos laborales que hoy se encuentran comprendidos en los regímenes de las Leyes N° 3.487, 1.844 y 1.904, y permitirá en un plano de igualdad entre el Estado patronal y los empleados públicos debatir una nueva estructura salarial, carrera administrativa, escalafón, régimen de licencias y normas de higiene y seguridad entre otras cuestiones.

El instrumento habilita negociaciones colectivas de carácter general y también específicas o particulares que pudieran decidirse para algunos Ministerios u organismos.

El gobierno fundamentó la trascendente decisión en que nuestro país oportunamente adhirió a los Convenios 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que fomentan la negociación colectiva y en el Artículo 41, inciso 2 de la Constitución Provincial que garantiza a los sindicatos concertar convenios colectivos de trabajo.

Gremios

Para ATE, «el Impuesto a las Ganancias volvió como un impuesto a los pobres»

Una familia necesita $1.362.029 para no ser pobre, mientras que con el nuevo régimen el mínimo no imponible pasó a ser de $1.494.000 de bolsillo.

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Luego de la restitución de la categoría más baja del Impuesto a las Ganancias a través del Decreto N° 652/24, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cargó contra el Gobierno de Javier Milei. «Restablecieron Ganancias y el Presidente que se iba a cortar el brazo no se cortó ni una uña. Además, volvió como un impuesto a los pobres. A diferencia del régimen anterior, la brecha entre el costo de la Canasta Básica y el mínimo no imponible es ínfima», indicó.

«El régimen de recaudación impositiva experimenta un verdadero retroceso y además va a contramano de lo que pasa en el resto del mundo. Mientras a nivel global se discute un impuesto para a los grandes patrimonios, en la Argentina el paquete fiscal que se aprueba le quita peso tributario a los grandes patrimonios y le suma carga de impuestos a los trabajadores y jubilados», apuntó.

Según el último informe de la Junta Interna de ATE en INDEC, una familia necesita $1.362.029 para no ser pobre, mientras que con el nuevo régimen el mínimo no imponible pasó a ser de $1.494.000 de bolsillo. Es decir que apenas $131.971 separan la línea de la pobreza con el pago de Ganancias.

«Este es un tributo inconstitucional. Además, en esta nueva fase el número de estatales alcanzados es mayor. No sólo porque disminuye el mínimo no imponible, sino porque han quitado regímenes especiales como el diferencial de Zona Patagónica, que elevaba un 22% el piso imponible, y también porque se han eliminado deducciones. Por otro lado, luego de la reglamentación, en esta nueva versión claramente se afectan autonomías provinciales y municipales. La vigencia de normas locales que eximían parte del salario de los trabajadores han sido eliminadas», detalló el dirigente estatal.

El sindicato informó que más de 20.000 trabajadores de la Administración Pública Nacional pasarán a ser alcanzados por el gravamen, lo que representa casi el 16% de la planta, a lo que se les suman los empleados de organismos descentralizados como PAMI (12.600), ANSES (12.600), AFIP (21.600), Yacimientos Carboníferos Río Turbio -YCRT, el cuál se ve notablemente afectado por la eliminación del diferencial de Zona Patagónica- (2.000), entre otros. Además, se suman casi 30.000 trabajadores de las administraciones provinciales patagónicas que en su mayoría prestan servicios en el sector salud.

Ante esta situación, Rodolfo Aguiar evaluó que «sin la complicidad de las fuerzas políticas que levantaron la mano en el Congreso, y algunos sectores sindicales que miran para otro lado, se podría haber evitado el aumento de la regresividad del sistema tributario”. “Estamos cada vez más lejos de que en la Argentina paguen más impuestos los que más tienen. Deberían pagar más impuestos quienes mayor capacidad contributiva tengan», agregó.

«Vamos a convocar a nuestras instancias orgánicas no sólo para explorar la vía judicial, sino también para definir medidas de acción directa que nos permitan rechazar la imposición de este tributo absolutamente ilegal», concluyó el referente nacional.

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Gremios

Tras el rechazo de la última oferta salarial, el Gobierno convocó a UnTER a paritarias

Weretilneck y la ministra Campos analizaron el retorno a clases y anunciaron la continuidad de las negociaciones salariales con el gremio docente.

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El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y la ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, mantuvieron un encuentro en el que analizaron el retorno al período ordinario de 225.061 estudiantes rionegrinos, pertenecientes a 978 establecimientos escolares.

En este marco, anunciaron la convocatoria del gobierno al gremio docente UnTER para una paritaria el próximo viernes (26/07). La pasada semana, en un Congreso realizado en Roca, el sindicato rechazó la última oferta salarial del Gobierno pero decidió no convocar a medidas de fuerza, lo cual fue considerado un buen gesto por parte de la cartera educativa, ya que la relación venía muy tensionada tras jornadas de paro y descuento en los haberes para los maestros que adhirieran.

Ambos funcionarios destacaron el normal inicio de clases en toda la provincia, «garantizando de esta manera el funcionamiento del sistema educativo provincial con los servicios de mantenimiento, insumos, transporte y alimentos en óptimas condiciones». Durante el receso escolar, se llevaron a cabo convenios de mantenimiento y obras menores en las escuelas. Sólo dos escuelas, entre ellas el CET N° 17 de Roca, no pudieron comenzar las actividades.

«El trabajo en mantenimiento es algo que nunca se termina, siempre se continúa trabajando. Pero cuando nosotros más podemos intervenir profundamente en las escuelas es durante los recesos, por lo que se estuvo trabajando fuertemente e interviniendo en todos los edificios para que estén abiertos y en condiciones para recibir a nuestros estudiantes, docentes y personal de servicio», explicó la ministra Campos.

A estos trabajos ya realizados, se suma la aprobación de obras en 18 municipios por una suma superior a 500 millones de pesos, que se desarrollarán en distintas localidades.

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UnTER rechazó la propuesta del Gobierno pero no realizarán medidas de fuerza

De esta manera el lunes retornarán las clases con normalidad tras el receso invernal.

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El Congreso de UnTER que se realizó en Roca resolvió rechazar por insuficiente la propuesta salarial del Gobierno de Río Negro. No obstante, las Seccionales del sindicato docente decidieron no llevar a cabo medidas de fuerza.

De esta manera, a pesar del rechazo a la oferta salarial, el gremio no realizará paro el próximo lunes (22/07), moción que habían llevado algunas Seccionales al Congreso. Por ende, el regreso a las clases se dará con normalidad tras el receso invernal.

UnTER ahora espera una nueva convocatoria a paritarias para acordar un nuevo aumento salarial para los docentes.

Por su parte, ATE y UPCN, en el marco de las negociaciones en la Mesa de la Función Pública, si aceptaron las condiciones ofrecidas por el Gobierno rionegrino.

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