Judiciales
Preso no podrá salir anticipadamente porque representa un “riesgo para la sociedad, la víctima y para sí mismo”
La defensa solicitó el beneficio de la libertad pero un juez se lo denegó.
El hombre cumple una pena de dos años y tres meses de prisión en la cárcel de Roca y la defensa pública solicitó el beneficio de la libertad asistida pero el juez de Cipolletti se lo denegó.
La libertad asistida es un beneficio contemplado dentro de la Ley de Ejecución Penal que se aplica a todos los condenados por delitos penales.
El artículo 54 de la Ley N° 24.660 establece que la libertad asistida le permitirá al condenado el egreso anticipado y su reintegro al medio libre seis meses antes del agotamiento de la pena temporal.
En julio de 2017 entró en vigencia la Ley N° 27375 que reformó la 24.660 y entre otras cuestiones también modificó el artículo 54. Como novedad, un tercer párrafo de esa norma, le permite al juez de ejecución denegar el beneficio cuando considere, por resolución fundada, que el egreso “puede constituir un grave riesgo para el condenado o para la sociedad”.
En el caso de Fabio Hernández, quién en noviembre de 2017 recibió una pena unificada de dos años y tres meses de prisión, el juez de ejecución de Cipolletti Lucas Lizzi consideró que se encuentra latente “un grave riesgo para el condenado, la víctima y la sociedad”.
El preso presentó informes favorables de las áreas del penal, pero la fiscal Rita Lucia objetó que esas calificaciones no se habían efectuado conforme a la legislación ya que en este caso el Consejo Correccional del Establecimiento de Ejecución Penal N° 2 realizó primero las reuniones y actas y luego los informes.
Al momento de rechazar el beneficio, el juez mencionó algunas irregularidades en la propuesta: “viene la propuesta de forma liviana, el área psicológica no habiendo hecho tratamiento vota favorable. Y es más grave aún, vota favorable para asistida, pero del informe de fs. 336, pareciera incluso que se está refiriendo a otro beneficio, el de semilibertad, que en el informe dice que a pesar de su conducta trasgresora, tiene experiencia laboral como pintor y albañil”.
Además ponderó la opinión de un psiquiatra quién dictaminó que el preso “tiene un trastorno antisocial de la personalidad, sin sentimiento de culpa o arrepentimiento”. El profesional concluyó que “existe riesgo o peligrosidad para terceros”. Y el juez admitió que es evidente la “falta de tratamiento psicológico, y de hecho el área psicológica no informa qué tipo de tratamiento le han brindado. Que tampoco han visto el informe psicodiagnóstico que se le practicó al momento de incorporarlo al periodo de prueba. Que así, se da cuenta de un grave riesgo para el condenado, la víctima y la sociedad”.
Con esos argumentos rechazó la salida anticipada del condenado, quién agota pena el 15 de septiembre de 2019.
Hernández, en noviembre de 2017, recibió una pena unificada de dos años y tres meses de prisión. El último hecho en el que participó fue calificado como robo con escalamiento en grado de tentativa. Lo acusaron de ingresar, el 6 de noviembre de 2017, a una casa del barrio 12 de Septiembre de Cipolletti. Allí saltó un paredón de 1,80 metros, forzó una ventana y se apoderó de varios elementos de electrónica entre ellos una computadora portátil, una filmadora y una tablet. Fue detenido por la Policía en las inmediaciones. En la unificación también le achacaron otra causa por encubrimiento, ya que había recibido una mochila robada.
La Ley N° 27375
En la resolución denegatoria el juez Lucas Lizzi aplicó la Ley N° 27375 de ejecución penal, que produjo una reforma integral a la ley 24.660 y entró en vigencia en agosto de 2017. Ahora para valorar la libertad asistida también se tiene en cuenta a la víctima y en caso de que el juez considere que existe un grave riesgo para el condenado, la víctima o la sociedad “deberá” denegar la libertad asistida.
Antes de la reforma, la Ley N° 24.660 establecía que el juez “podría” denegar el acceso al beneficio de libertad asistida, sólo cuando considere que el egreso pueda constituir un grave riesgo para el condenado o la sociedad.
Con la ley anterior la libertad asistida se podía otorgar seis meses antes del agotamiento de la pena y con la reforma el recaudo temporal se redujo a los tres meses antes del agotamiento de la condena.
Judiciales
Continúa la búsqueda del sujeto que disparó a una mujer en Alta Barda
La víctima continúa internada en el Hospital.
La Fiscalía de turno continúa investigando y ya dispuso múltiples medidas para poder dar con quien sería el autor del disparo que hirió gravemente a una joven de 33 años en el barrio Alta Barda. El hecho se investiga como tentativa de femicidio.
La víctima se encuentra internada en el Hospital Francisco López Lima con heridas de arma de fuego y sería vecina del atacante.
El atacante está identificado y se concretan desde ayer (26/11) y continúan hoy medidas para dar con su paradero.
El hecho ocurrió cerca de las 20 horas del domingo en una vivienda del barrio Alta Barda.
Judiciales
Un policía quedó detenido como principal sospechoso de prender fuego la casa de su ex pareja
La víctima residía en la vivienda junto a los hijos que tienen en común con el acusado.
Por Instrucción General de Procuración General, el Ministerio Público Fiscal investiga una tentativa de femicidio ocurrido ayer en Cervantes. Hay un sujeto detenido.
El imputado, que sería integrante de la policía de la provincia habría intentando prender fuego la casa de quien fuera su ex esposa y en la que la mujer residía junto a los hijos de ambos.
Las víctimas se encuentran en resguardo y están siendo atendidos, tal como indica el protocolo por organismos proteccionales y la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) del Ministerio Público.
Al hombre, que ya está detenido, se le formularán cargos en una audiencia que podría desarrollarse mañana (28/11). El Código Procesal rionegrino prevé 48 horas desde que se produjo la detención (en las primeras 24 horas la Fiscalía debe solicitarla e igual lapso tiene la Oficia Judicial para fijarla).
Judiciales
Una aerolínea obligada a resarcir a pareja rionegrina por pasajes no utilizados
Deberán indemnizarlos con los tres pasajes ida y vuelta a valor actualizado y también $500.000 más por daño moral.
Una aerolínea deberá resarcir a una pareja viedmense que compró pasajes ida y vuelta a Buenos Aires, no puedo ser utilizado por la pandemia y luego debió realizar decenas de reclamos, sin respuesta satisfactoria.
Oportunamente adquirieron 3 boletos. Poco después las aerolíneas debieron suspender todos los vuelos programados por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces enviaron un correo solicitando la cancelación de la reserva y reembolso. Diez días después, la aerolínea contestó el mail confirmando la cancelación del viaje, sin indicar la devolución ni fecha del reembolso.
Pasó más de un año y reiteraron el pedido. Ahí le contestaron que la reserva había sido cancelada y los tickets quedaban abiertos pero con fecha de vencimiento. Como no podían usarlo en ese lapso, consultaron si los podía usar un familiar. No les contestaron ningún mensaje más.
Ante la falta de respuesta y el temor de perder los pasajes abiertos, quisieron hacer uso de los mismos, pero desde la empresa le manifestaron que se habían vencido. Ante ese panorama, iniciaron un reclamo ante el Departamento de Defensa de los Usuarios y Consumidores. En esa instancia le ofrecieron el reintegro de los tickets pero al precio original.
Ya en el proceso judicial de menor cuantía en el Juzgado de Paz, Aerolíneas Argentinas indicó que fueron los compradores quienes dejaron transcurrir el tiempo hasta el vencimiento de sus tickets.
El fallo comenzó por enmarcar el caso como una «relación que vincula a las partes como una relación de consumo en los términos del art. 42 de la Constitución Nacional, concediendo ese rango constitucional a los derechos de los consumidores y los usuarios».
Si bien «los tickets adquiridos no contaban con la posibilidad de cambio o devolución, ante la situación de fuerza mayor y las normas de ASPO, se les dio la posibilidad de modificar las fechas de los vuelos e incluso se ofreció la devolución de los montos abonados».
Concluyó que «la falta de cumplimiento del contrato por parte de la demandada les generó un severo perjuicio». En efecto, «a partir de ese vínculo de consumo se derivó en la responsabilidad de Aerolíneas Argentinas como prestadora del servicio».
Recordó que «la lesión al interés del consumidor puede surgir, en los hechos, no solo del contenido de una cláusula contractual o del modo en que sea ella aplicada, sino también de comportamientos no descriptos en el contrato que derivan de la imposición abusiva de ciertas prácticas reprobables».
En este caso, «la situación incómoda en que los actores se encuentra al formular un reclamo constante a la demandada por las distintas vías de comunicación sin recibir ningún tipo de respuesta favorable».
De esta manera, ordenó que le paguen los tres pasajes ida y vuelta a valor actualizado y también $500.000 más por daño moral.
