Judiciales
Crimen de Etchegaray: Habrá juicio abreviado y 11 y 13 años de prisión para los dos detenidos
El hecho ocurrió el pasado 9 de marzo en la zona norte de la ciudad.
El fiscal del caso Luciano Garrido junto a la defensora pública penal Flavia Rojas propusieron penas de más de 11 años para los co-autores de la muerte de Carlos Omar Etchegaray y la tentativa de homicidio de su hermano.
Además las partes solicitaron la inhabilitación por el doble tiempo de la condena para tener y/o portar armas de fuego de cualquier tipo.
Según la acusación fiscal el hecho ocurrió alrededor de las 20.30 de ese sábado 9 de marzo en calle Tortolitas al 3300, cuando “arribaron al domicilio de la víctima los dos imputados a bordo de un Gol rojo. Ambos provistos de un plan común y con intención de dar muerte a Carlos Echegaray, estacionaron en medio de la calle, detrás del Fiat Duna, que manejaba el hermano de la víctima fatal”.
“Desde el interior del Gol G.P. le efectuó un disparo con una pistola calibre 9 mm que portaba sin la debida autorización legal, impactándole el proyectil en el antebrazo izquierdo. Al tiempo que R.C mediante el uso de un revolver calibre 38, que llevaba sin permiso, disparó y le dio en el lado izquierdo del tórax”, detalló Garrido.
Luego Carlos Echegaray “retrocedió hacia la vereda y recibió tres disparos más por parte de G.P., que le dan uno en la parte posterior del hombro izquierdo y los otros dos en la zona de la espalda. Producto de esto, la víctima fallece inmediatamente a raíz de la destrucción del corazón por el paso de dos de los proyectiles”, agregó la Fiscalía.
Su hermano observó lo que estaba pasando “e impactó su auto con el Gol, y R.C. realiza al menos dos disparos, dando uno en la zona del tercio medio izquierdo de la región dorsal. Luego, los agresores se alejan del lugar en dirección a la defensa Catini, donde abandonan el rodado”.
La calificación legal propuesta por la Fiscalía y aceptada por los imputados a través del asesoramiento de la defensora pública, fue la de: “co-autores de homicidio y homicidio en grado de tentativa, ambos agravados por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación de arma de guerra sin la debida autorización legal” (Arts. 41 bis, 42,45, 55, 79 y 189 bis inc. 2 párrafo 4º del Código Penal).
Además el fiscal mencionó el sustento probatorio con el que contó para llegar a este momento del proceso legal, entre ellos el acta del procedimiento, el levantamiento de rastros realizado por el Gabinete de Criminalística tanto en el lugar del hecho como en el camino a la defensa donde fue encontrado el Gol.
“Se encontraron vainas servidas del arma que portaban, que coincidieron con las que se les extrajeron de los cuerpos a las víctimas”, explicó Garrido.
“En el Hospital local, tras haber recibido a dos personas, una sin vida y la otra con lesiones de arma de fuego, se secuestró el otro vehículo involucrado, como también la ropa y elementos de ellos”, dijo.
Por todo lo anterior, «teniendo presente las testimoniales, las pruebas detalladas, los secuestros, los informes del Gabinete de Criminalística, los reconocimientos que han hecho en la formulación de cargos los imputados, es que solicitamos, junto con la defensa, la pena de 11 años y 11 meses para R.C., y para G.P. 13 años de prisión efectiva», expresó el representante del Ministerio Público Fiscal
“Luego de varios encuentros con mis asistidos puedo decir que ellos comprenden lo que se está acordando en este momento, como también han tenido acceso a la prueba mencionada por el fiscal, y de esta manera han decidido”, dijo la defensora Flavia Rojas.
Tras esto, los dos imputados afirmaron al Tribunal que entendían los hechos que les atribuyó el Ministerio Público Fiscal, reconocieron su responsabilidad en los mismos y aceptaron la calificación legal adoptada.
La sentencia se conocerá mañana a las 11.30 y estará a cargo del Tribunal de Juicio conformado por los jueces Daniel Tobares, Natalia González y Emilio Stadler.
Judiciales
Más de 100 causas de Defensa del Consumidor ingresaron solo al fuero Civil en lo que va de 2025
Este tipo de expedientes suele requerir la realización de audiencias orales, instancias de conciliación y, en muchos casos, la emisión de sentencias definitivas o la homologación de acuerdos.
En los primeros 6 meses del año, los Juzgados y unidades jurisdiccionales Civiles tramitaron 108 causas por denuncias de Defensa del Consumidor. Este tipo de expedientes suele requerir la realización de audiencias orales, instancias de conciliación y, en muchos casos, la emisión de sentencias definitivas o la homologación de acuerdos alcanzados entre las partes. Es una de las vías de ingreso, aunque no la única, de temas de consumo.
El fuero civil provincial cuenta actualmente con 16 organismos distribuidos en 8 ciudades: Viedma, San Antonio Oeste, Roca, Villa Regina, Choele Choel, Bariloche, El Bolsón y Cipolletti. Desde estos organismos se tramitan procesos que van desde reclamos de consumidores hasta sucesiones, daños y perjuicios, ejecuciones y amparos, entre otros.
Existen otros organismos que también reciben denuncias de las y los consumidores como por ejemplo los juzgados de Paz, algunas oficinas municipales y las áreas de Defensa del Consumidor del poder Ejecutivo.
En el Poder Judicial de Río Negro, durante el primer semestre de 2025, el fuero Civil recibió 3.056 causas nuevas. En ese mismo período, dictó 2.213 sentencias que pusieron fin a los procesos, lo que refleja un alto nivel de resolución de expedientes. Entre los tipos de procesos más frecuentes se destacan las sucesiones intestadas (953 casos, 30% del total), los reclamos por daños y perjuicios (395) y los procesos ejecutivos (379), además de las denuncias de Defensa del Consumidor.
La Ley 24.240 establece los derechos de los consumidores y las obligaciones de los proveedores en las relaciones de consumo. Una relación de consumo es un vínculo que se establece entre el proveedor de un bien o servicio y el consumidor o usuario del mismo. Incluye el antes, durante y después de la compra del producto o contratación del servicio.
Esta norma garantiza que las personas tengan derecho a recibir información cierta, clara y detallada sobre los productos o servicios, a ser tratadas de manera digna y equitativa, a obtener comprobantes de las operaciones y a contar con bienes y servicios que no representen riesgos para su salud o seguridad.
También regula aspectos clave como las garantías legales, los plazos de entrega, las condiciones de las compras por internet y la calidad en la prestación de servicios públicos esenciales.
La información estadística del fuero Civil forma parte de los informes semestrales realizados por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia. Las estadísticas permiten optimizar la toma de decisiones al apuntalar determinados fueros u organismos de acuerdo a la carga de trabajo.
Judiciales
Imputaron a un séptimo joven por el homicidio de Julián Dobra
El acusado habría cooperado con el autor material del hecho, aún no identificado, y posteriormente ocultado y desechado el cuerpo en un sector de las bardas.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a un séptimo joven en el marco de la investigación por el homicidio de Julián Tomás Dobra de la Canal, ocurrido en la ciudad de General Roca entre el 17 de abril y el 3 de mayo pasados.
Según describió la acusación pública, la víctima murió a raíz de un disparo de arma de fuego calibre 22 que ingresó por la zona parietal derecha de su cabeza, provocándole una lesión mortal. Ello sucedió entre el 17 de abril y 36 horas antes del último día de ese mismo mes, cuando fue hallado su cuerpo.
El imputado, junto con las otras seis personas que ya fueron acusadas, habría cooperado con el autor material del hecho, aún no identificado, y posteriormente ocultado y desechado el cuerpo en un sector de las bardas, a unos 120 metros del comienzo de la calle Defensa Catini. También ocultaron la pistola utilizada -que mantenía siete proyectiles en su cargador- y el vehículo de la víctima, que fue hallado días después incendiado en la cantera Áridos, a la vera de la Ruta Provincial N° 6.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, tres de los menores imputados, junto a uno de los mayores, fueron los encargados de prender fuego el automóvil.
La calificación legal atribuida a este nuevo imputado es la de homicidio simple doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por la participación de menores de edad, en calidad de partícipe primario (artículos 79, 41 y 45 bis del Código Penal).
La acusación sostuvo su pedido en diversos elementos: actas de procedimiento, entrevistas, pericias realizadas sobre el vehículo hallado incendiado, informes balísticos, testimonios, pericia de autopsia, resultados de allanamientos, cotejo de muestras, análisis de llamadas telefónicas y múltiples informes elaborados por los gabinetes de investigación.
Un informe de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) permitió verificar la existencia de fotos, videos y mensajes que vinculan al imputado con dos de los menores ya procesados.
Asimismo, en los allanamientos realizados ayer (11/09) se secuestraron una motocicleta y un teléfono celular con correspondencia en el lugar donde fue encontrado el auto incendiado.
Se incautaron además otros cinco dispositivos móviles que serán peritados junto al celular de la víctima, recientemente desbloqueado en la sede de la OITel en Viedma.
La acusación pública explicó que el análisis de estas comunicaciones permitirá reconstruir los contactos previos y las conversaciones a través de las cuales se habría consensuado el plan criminal.
Además, detalló que el imputado estuvo en el automóvil de la víctima momentos antes de su muerte y nunca se presentó voluntariamente a declarar. Dijo que la brigada estaba tras sus pasos, pero se retrasó el allanamiento hasta tanto tuvieran certeza que pudiera darse la detención en ese contexto.
La Fiscalía también informó que restan diligencias de prueba entre ellas pericias sobre huellas y rastros vinculados a la motocicleta secuestrada, el estudio de los nuevos teléfonos incautados, una reconstrucción virtual de los hechos y un peritaje solicitado a un laboratorio especializado de Mendoza sobre restos de pólvora (GSR).
Tanto la querella particular como la institucional adhirieron sin mayores argumentos a los planteos del Ministerio Público. El abogado defensor no formuló objeciones.
El juez de Garantías tuvo por formulados los cargos, dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el plazo de cuatro meses e impuso la prisión preventiva al imputado. La medida se fundamentó en el riesgo de entorpecimiento de la investigación respecto de los testigos que aún deben declarar y en la magnitud de las diligencias pendientes. La preventiva regirá hasta el 7 de noviembre, fecha en que vencen las demás medidas de coerción impuestas, momento en el cual volverá a debatirse su prórroga.
Judiciales
Homicidio de Julián Dobra: Lograron abrir en Viedma el celular de la víctima y hay un nuevo detenido
Tiene 18 años y la Fiscalía le formulará cargos en las próximas horas.
En el marco de la investigación por el homicidio de Julián Dobra, esta mañana (11/09) la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) de la Procuración General pudo abrir, en Viedma, el teléfono celular perteneciente a la víctima. Los profesionales que la integran se encuentran abocados a la extracción forense de la información. Mientras tanto la Fiscalía formulará cargos en las próximas horas a un joven de 18 años detenido hoy.
La tecnología con la que cuenta el Ministerio Público de Río Negro permitió tanto la detención de este séptimo imputado como la incorporación de nueva evidencia que podría resultar fundamental para fortalecer los indicios que ya sostienen las acusaciones. Se trata del registro de mensajes y llamadas telefónicas efectuadas por Dobra, especialmente en los días previos a su muerte, además de otro material digital que pueda obtenerse del dispositivo y resulte de interés para el legajo.
La apertura del teléfono se concretó gracias a una actualización lanzada esta semana para el software Cellebrite Inseyets Pro UFED, con el que cuenta la Procuración General en sus laboratorios de investigación científica. El pago de la licencia, que implica una inversión anual de casi doscientos mil dólares, permite el acceso inmediato a dichas mejoras. Una vez instalada, los profesionales especializados lograron abrir el dispositivo y avanzan en la extracción de la información.
El aparato abierto hoy formaba parte de los 39 dispositivos secuestrados en diversas medidas llevadas a cabo en el marco de esta compleja investigación. Hasta ahora, uno de los pocos celulares que no había podido desbloquearse por incompatibilidad de la herramienta era el de la víctima. Con esta diligencia se dejó sin efecto el trámite de envío del equipo a un laboratorio de Brasil de la empresa Cellebrite. Dicho envío tampoco garantizaba el éxito en el acceso, desbloqueo y extracción de la información contenida en el mismo.
Si bien en el marco de la investigación la acusación había reconstruido algunas de las últimas comunicaciones de Julián a partir de la información obtenida de los teléfonos secuestrados a imputados y amigos, el acceso a los datos de su propio celular constituirá evidencia de suma importancia, ya que permitirá establecer con quién y en qué términos se comunicó la víctima, en especial durante los días previos a su fallecimiento.
En cuanto a la individualización del séptimo detenido, el proceso estuvo estrechamente vinculado con el análisis de los teléfonos celulares de dos de los imputados menores de edad. En ellos se hallaron imágenes correspondientes a horarios en los que, según la Fiscalía, Julián ya había desaparecido.
Finalmente, esta mañana (11/09) se realizaron dos allanamientos en viviendas particulares del barrio Quinta 25, que posibilitaron la detención del joven.
