La Fiscalía solicitó que se agrave la situación de uno de los imputados por el crimen de Julián Dobra, por ello requirió su prisión preventiva y que se mantengan las demás medidas cautelares de los otros 6 imputados, cuatro de ellos menores punibles.

Durante la audiencia de hoy (04/11), el Ministerio Público Fiscal explicó detalladamente la contundente prueba que tiene para avanzar hacia juicio contra estas siete personas. «Hemos podido analizar para hoy la evidencia que nos faltaba y por ello es que solicitamos que uno de los imputados pase de ser encubridor a participar en el homicidio», explicó el equipo fiscal conformado por la fiscal jefe Belén Calarco y el fiscal del caso Marcelo Ramos.

Es así que la Fiscalía solicitó al juez interviniente, Julio Martinez Vivot, que este hombre quede imputado por ser co-autor de los delitos de homicidio premeditado y criminis causa, agravado por la participación de menores de edad y por el uso de arma de fuego con hurto calificado y de otros elementos por el uso de llave verdadera sustraída, agravado por la participación de menores de edad.

El Ministerio Público Fiscal incorporó diversos elementos científicos y tecnológicos determinantes para sostener esta teoría del caso. Entre las evidencias recolectadas se destacan los peritajes del Gabinete de Criminalística, que permitieron hallar correspondencia entre los rastros de calzado y las zapatillas secuestradas a uno de los imputados, cotejándolas con imágenes extraídas de teléfonos celulares. Asimismo, el Área de Investigación Judicial y la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL) aportaró informes de posicionamiento geosatelital, registros de llamadas, capturas de pantalla de los últimos mensajes entre la víctima y los sospechosos, y la extracción de material fílmico y fotográfico de interés hallado en el interior del vehículo Suzuki Fun perteneciente a Dobra.

Por otra parte, los análisis genéticos y forenses cumplieron un rol fundamental para esta reformulación. «El informe de autopsia elaborado por el Cuerpo de Investigación Forense de la Segunda Circunscripción Judicial determinó la presencia de múltiples lesiones compatibles con golpes de puño, patadas y arrastre y de un objeto contundente (secuestrado en el marco de este legajo), indicando además que la víctima presentaba signos de agonía. Estos datos se complementan con los resultados del Laboratorio Regional de Genética Forense con sede en Bariloche y perteneciente a este Ministerio Público, que arrojaron un perfil positivo de ADN de contacto en la empuñadura de un arma secuestrada en el domicilio de uno de los imputados, así como muestras positivas vinculadas a las pericias biológicas», detalló Marcelo Ramos.

Finalmente, el plexo probatorio se fortaleció con declaraciones testimoniales en sede fiscal, la entrevista realizada a la madre de la víctima sobre vínculos previos, y el relevamiento de comunicaciones borradas minutos después del hecho. La investigación también contempla datos objetivos aportados por testimonios de allegados, la acreditación de la falta de solvencia económica y la relación de consumo entre los involucrados, elementos que consolidan el avance presentado hoy por la fiscalía hacia la siguiente etapa procesal.

Medidas cautelares

Más adelante, la Fiscalía teniendo presente el avance de la causa hacia juicio y al haberse sumado los elementos de prueba mencionados, solicitó la revisión y actualización de las medidas cautelares para los distintos imputados. Para uno de los menores punibles, el Ministerio Público Fiscal explicó que su situación procesal no se modificó -continúa imputado por encubrimiento agravado-, y por ello solicitó que continúe cumpliendo presentaciones personales periódicas.

Asimismo, para los otros 3 adolescentes imputados, «cuya participación directa en el homicidio agravado -para esta parte- se encuentra consolidada, solicitamos la prórroga de las medidas cautelares vigentes, consistente en arresto domiciliario acompañado de tratamiento tutelar brindado por la SENAF», dijo la fiscal jefe.

Para quien está imputado de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, y cuyo escenario procesal cambió, la Fiscalía requirió la imposición de prisión domiciliaria con monitoreo mediante pulsera electrónica.

En el caso de otro de los adultos que deberá responder como co autor de los delitos de homicidio premeditado y criminis causa, agravado por la participación de menores de edad y por el uso de arma de fuego la Fiscalía argumentó que «aquí la situación procesal permanece inalterable por su participación principal en el hecho, y requerimos la continuidad de la prisión preventiva sin modificaciones», dijo Calarco.

Una situación distinta se planteó respecto a quien hoy pasó a ser considerado coautor con división funcional de tareas es así que el Ministerio Públicio Fiscal sostuvo que «este hombre planificó el contexto del hecho y utilizó a los menores para concretar el ataque en busca de dinero fácil, facilitando la ejecución de la maniobra al advertir la ausencia de obstáculos, puntualmente cuando se sacó a Julián Dobra de su casa y se lo llevó a un lugar a probar armas», expresó Calarco.

«Somos conscientes que el riesgo procesal presente aquí es el de fuga para todos ya que enfrentarán un juicio con calificaciones legales graves, es por ello que solicitamos que las medidas cautelares se extiendan hasta la realización del debate oral», concluyó la fiscal jefe.

Finalmente, se requirió que el plazo de la investigación penal preparatoria se extienda hasta el 10 de febrero de 2027.

Pedidos de las defensas

Durante la audiencia, el defensor particular de quien se agravó la situación solicitó que no se tengan por formulados los cargos y se rechacen tanto la recalificación legal como la medida cautelar.

Por su parte, desde el equipo de la Defensa Penal Juvenil, Estela Aroca y Dario Ottonello, se opusieron firmemente a la nueva calificación legal, cuestionando la existencia de un acuerdo previo entre los involucrados para cometer el hecho y descartando la configuración del agravante por criminis causa, al sostener que tales extremos no surgen de los elementos recolectados y que el faltante de objetos en la vivienda ya había sido identificado previamente.

Finalmente, en relación con la continuidad de las medidas cautelares, la defensa de los adolescentes advirtió que sus asistidos están próximos a cumplir el plazo máximo de encierro preventivo permitido por ley, destacando que durante todo este tiempo cumplieron con la modalidad domiciliaria con tobillera sin registrar ningún tipo de incumplimiento. Por este motivo, y ponderando que la libertad es la regla, que ambos cuentan con domicilio fijo en General Roca y que carecen de medios económicos para fugarse debido a su condición de menores, solicitaron el cese de dicho encierro y que las medidas se limiten al uso de la tobillera electrónica junto con presentaciones periódicas en la fiscalía.

Resolución

El juez Martinez Vivot expresó que dará a conocer su resolución el próximo viernes 6 de noviembre a las 12.30 en los Tribunales roquenses.

Cuatro empleados policiales fueron condenados a penas de prisión en suspenso por un hecho ocurrido con dos adolescentes en un playón deportivo del barrio Alta Barda, en General Roca. El policía considerado autor recibió una pena de tres años de ejecución condicional, mientras que los otros tres fueron considerados partícipes necesarios y recibieron condenas de entre 24 y 30 meses.

La sentencia fue dictada por los jueces Oscar Gatti, Emilio Stadler y Verónica Rodríguez. Según lo resuelto, el funcionario policial declarado autor fue quien llevó adelante las conductas agresivas contra las víctimas y les profirió amenazas con un arma.

Durante el debate, las defensas penal pública y particular solicitaron modificar la calificación legal propuesta por la Fiscalía. El planteo fue admitido por el Tribunal. Posteriormente, durante la etapa de cesura, insistieron en que las penas requeridas por la acusación eran elevadas.

La defensora penal pública Flavia Rojas explicó que, en el caso de una de sus asistidas, la pretensión fiscal no contemplaba su historia personal ni los testimonios que la describían como una persona pacífica. También destacó que las dos mujeres involucradas habían reclamado al policía considerado autor que cesara su accionar contra los adolescentes.

Por su parte, el defensor Juan Pablo Chirinos sostuvo que no existían elementos para justificar una pena de cumplimiento efectivo y pidió que se contemplaran la situación familiar y las responsabilidades de cuidado de su asistido.

El hecho por el que los policías llegaron a juicio ocurrió el 15 de junio de 2024, entre las 2.05 y las 4.30. Los imputados se movilizaban en una camioneta policial tipo pick up mientras prestaban funciones en la Comisaría 47° de J.J. Gómez. En ese contexto, llegaron a un playón deportivo del barrio Alta Barda, donde se produjeron las acciones investigadas contra dos adolescentes.

Tras haber sido declarados culpables por atacar a la ex pareja de la mujer en abril de 2025, en General Roca, un hombre y una mujer esperan conocer las penas que deberán cumplir. La Fiscalía solicitó 4 años y 6 meses de prisión efectiva para ella y 3 años y 6 meses para él.

El fiscal Daniel Zornitta requirió al Tribunal que condene a la mujer como autora de lesiones graves calificadas por haber mantenido una relación de pareja con la víctima. Para el hombre pidió 3 años y 6 meses de prisión como partícipe necesario de las lesiones graves.

Durante sus alegatos, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que ambos atacaron a la víctima por la espalda, impidiéndole defenderse. También señaló que el objetivo era causarle daño y remarcó que su vida corrió riesgo, ya que un amigo debió trasladarlo al hospital local, donde fue internado inmediatamente en terapia intensiva.

Zornitta también hizo referencia a las consecuencias que dejó la agresión. Explicó que las lesiones le impidieron a la víctima trabajar con normalidad y lo obligaron a cerrar su taller. Además, mencionó el informe de la psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), quien indicó que el hombre continúa con un alto grado de vulnerabilidad y temor, al igual que integrantes de su familia.

Durante la audiencia de cesura realizada este lunes (02/11) declararon la víctima, quien también había brindado su testimonio durante el debate de responsabilidad penal, y Virginia Ansola, psicóloga de la OFAVI del Ministerio Público. También lo hicieron familiares y conocidos de los autores del hecho, por parte de las defensas particulares.

El Tribunal Colegiado, integrado por los jueces Maximiliano Camarda, Verónica Rodríguez y Emilio Stadler, dará a conocer la sentencia el próximo miércoles 11 de noviembre al mediodía en los Tribunales roquenses.