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Política

El Ministerio Seguridad pasó a Secretaría y Pérez Estevan es el nuevo fiscal de Estado

El cambio en el organismo fue aprobado por unanimidad, mientras que la designación del ex ministro tuvo el total apoyo del oficialismo y Juan Martín del PRO, pero no del peronismo.

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La Legislatura de Río Negro sancionó, por unanimidad, la Ley remitida por el Poder Ejecutivo que modifica la ley de ministerios, y a partir de ahora, el Ministerio de Seguridad y Justicia pasa a ser Secretaría de Estado.

La legisladora Julia Fernández (JSRN), fundamentó que las modificaciones apuntan a una reorganización ministerial, donde el Ministerio de Seguridad y Justicia pasa a ser Secretaría de Estado con “idénticas funciones, misiones y objetivos”, y con rango ministerial.

Fernández indicó que el otro cambio apunta a que la Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente en la Secretaría de Estado de Planificación, pase a la órbita de la Secretaría General.

Juan Martín (Juntos por el Cambio) adelantó el acompañamiento con la expectativa de que “la Secretaría tenga un rol humano y de verdadera conexión con la realidad”.

Por su parte, la legisladora María Martini (FdT) cuestionó que este cambio ministerial “demuestra la total falta de un plan de gobierno”.

Entre sus alcances, la secretaría de Seguridad tendrá a su cargo “la ejecución de los planes, programas y proyectos en seguridad; la promoción y cuestiones institucionales que pongan en juego los derechos y garantías relacionados a la seguridad física, patrimonial y jurídica de los habitantes de la provincia; así como lo concerniente a la organización y dirección de la Policía de Río Negro y el sistema penitenciario y conmutación de penas”.

Asimismo, lo atinente a la asistencia de presos y liberados, organizar e implementar el sistema de fiscalización que el Estado Provincial desarrolle en las rutas y en los caminos, a través de la agencia de Seguridad Vial y en coordinación con los ministerios competentes, entre otras.

Designan a Pérez Estevan Fiscal de Estado

El Parlamento, prestó acuerdo por mayoría, a la solicitud del Poder Ejecutivo para designar en el cargo de fiscal de Estado de la Provincia, a Gastón Pérez Estevan.

El legislador Lucas Pica (JSRN) fundamentó la iniciativa, resaltando la trayectoria de Pérez Estevan que “cumple de manera cabal con cada uno de los requisitos para desempeñar las tareas del órgano de control interno por excelencia, ya que posee idoneidad técnica, política y confianza”.

El legislador Juan Martín (Juntos por el Cambio) adelantó el acompañamiento “por respeto, ya que es la gobernadora quien debe elegir al funcionario”.

Finalmente, la iniciativa recibió la negativa de la bancada de Frente de Todos que manifestó desacuerdos en la gestión de la cartera de Seguridad.

Política

Pesatti cargó contra el gobierno nacional y pide que no cierren las sucursales del Correo Argentino

«En la mayoría de los casos hay uno o dos trabajadores y suele ser el único lugar que tienen los jubilados para percibir sus haberes», aseguró el vicegobernador.

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Ante el inminente cierre de al menos 7 sucursales del Correo Argentino en diferentes localidades de la provincia de Río Negro, el vicegobernador Pedro Pesatti salió al cruce del gobierno nacional y los acusó de querer «desmantelar el Estado, borrarlo del mapa si es posible».

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Pesatti sostuvo que «en mi provincia el gobierno de (Javier) Milei está eliminando sucursales del Correo Argentino. Sierra Grande, Cervantes, Chichinales, Fernández Oro, Huergo, Barda del Medio y Chimpay serán las primeras localidades afectadas».

En este sentido, el vicegobernador indicó que «le pido públicamente a los diputados nacionales de La Libertad Avanza, Aníbal Tortoriello y Lorena Villaverde que, en su doble responsabilidad que tienen como parlamentarios de Río Negro y representantes de la fuerza política que gobierna el país, intervengan ya mismo para parar la motosierra sobre las dependencias del Correo Argentino en el ámbito de nuestra provincia».

«El Correo es la única institución de su tipo en las localidades más pequeñas de Río Negro. En la mayoría de los casos hay uno o dos trabajadores a cargo de las sucursales y suele ser el único lugar que tienen los jubilados para percibir sus haberes«, agregó.

«El cierre de las sucursales del Correo pone de manifiesto que estamos frente a un gobierno que busca desmantelar el estado, borrarlo del mapa si es posible, y que las reformas que el estado necesita para un mejor desenvolvimiento son un mero argumento que el gobierno usa para ocultar su verdadero propósito: anarquizar el país para generar un enfrentamiento de todos contra todos en beneficio de los que aspiran a saquear sus recursos naturales estratégicos», concluyó Pesatti.

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Política

El Gobierno rionegrino acentuó los controles de ausentismo de trabajadores estatales

Entre marzo y abril hubo 20 cesantías, 1 exoneración, 41 suspensiones y 3 apercibimientos.

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En el marco de la construcción de un Estado más ágil y organizado, el gobernador Alberto Weretilneck destacó la importancia de mejorar el trabajo coordinado entre los trabajadores, los funcionarios y el gobierno. Con el propósito de lograr este objetivo, la Provincia acentuó los controles en estos últimos dos meses respecto a faltas de distinta índole del personal estatal.

Según detalló Weretilneck en muchos casos se debió a «abandono de servicio, causas penales, faltas graves como agresiones a niños o personas mayores en hogares dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano y de la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia. En otros casos, por ausencias reiteradas, incumplimiento de funciones propias y agresiones o conflictos entre compañeros».

«Necesitamos un Estado eficiente para ofrecer mejores servicios y en eso el desempeño de las y los agentes públicos es esencial. Lograr un Estado con más productividad, agilidad, presentismo, multifunción e incorporación de nuevas tecnologías, son nuestros objetivos», expresó el gobernador.

A través de la Junta de Disciplina se viene fortaleciendo el control del ausentismo y el ordenamiento del Estado. En el período marzo-abril de este año hubo 20 cesantías, 1 exoneración, 25 suspensiones de 1 a 10 días, 10 suspensiones de 11 a 20 días, 6 suspensiones de 21 a 30 días y 3 apercibimientos.

Las suspensiones se deben a ausencias reiteradas, incumplimiento de funciones propias (negarse hacer derivaciones, retirarse sin autorización de turnos de guardias), agresiones o conflictos entre compañeros.

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Política

La Justicia Federal admitió un recurso de amparo para garantizar fondos universitarios

La finalidad es garantizar el derecho fundamental a la educación universitaria.

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La Justicia Federal admitió un recurso de amparo presentado por la estudiante de la Universidad Nacional del Comahue y presidenta de la Federación Universitaria del Comahue, Rocío Dellarriva, junto al legislador provincial Luciano Delgado Sempé y con el respaldo del bloque Vamos con Todos.

La acción judicial tiene como objetivo exigir al gobierno nacional, a través de la Secretaría de Educación, el envío inmediato de los fondos necesarios a las universidades nacionales. La finalidad es garantizar el derecho fundamental a la educación universitaria, asegurando que los alumnos y sus familias no enfrenten obstáculos financieros para acceder a la educación superior.

«Tanto estudiantes como sus familias realizan un esfuerzo significativo para permitir que los jóvenes puedan continuar sus estudios universitarios. Esta acción legal busca proteger y promover ese derecho esencial, asegurando que las instituciones educativas cuenten con los recursos necesarios para su funcionamiento adecuado», indicó el legislador Delgado Sempé. «Los estudiantes universitarios y sus familias merecen certidumbre y apoyo del Estado. Estamos comprometidos a defender este derecho fundamental», agregó.

Por su parte, Dellarriva sostuvo que «es fundamental que se asegure la continuidad de la educación superior como un derecho accesible para todos, sin importar el contexto político. Este recurso de amparo es un paso importante en esa dirección».

El caso está ahora en manos de la Justicia Federal, que deberá evaluar y pronunciarse sobre este recurso de amparo para garantizar los fondos necesarios que permitan mantener y fortalecer el sistema educativo universitario en Argentina.

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