Una obra social deberá brindar cobertura total y directa a un hombre que padece cáncer de piel y que necesita de manera urgente un tratamiento de radioterapia en una clínica especializada de Neuquén. La jueza civil de Roca que dictó la sentencia de amparo incluyó en la obligación de la obra social el traslado del paciente más un acompañante y dejó expresamente asentado que la cobertura debe ser “directa del 100% y no por reintegro”.

La orden judicial a la obra social estatal se dictó “bajo apercibimiento de aplicar una sanción pecuniaria de $10.000 diarios por cada día de demora y hasta la acreditación del efectivo cumplimiento”.

La acción de amparo fue iniciada por correo electrónico a la casilla oficial del Juzgado Civil N° 1 de Roca, a mediados de octubre, por la esposa del paciente. La mujer escribió con sus palabras cómo está afectada la salud de su marido y contó que en agosto de 2020 tuvieron un diagnóstico de la enfermedad. Adjuntó todos los estudios y constancias médicas y señaló las recomendaciones de los especialistas que lo tratan y la “suma urgencia” con la que pidieron un tratamiento de elevado costo económico que no se realiza en ningún centro médico de Río Negro pero sí en Neuquén.

Según el presupuesto, el tratamiento cuesta cerca de $7.000 por semana y debe continuarse por tiempo indefinido. Cinco días después de presentado el amparo, la obra social informó al Juzgado la aceptación “excepcional” de la cobertura al 100%, debido a que la clínica no es prestadora de Ipross, pero bajo la modalidad de reintegro, contra la presentación de las facturas.

En respuesta, la mujer explicó -nuevamente por mail, con sentidas palabras y adjuntando su recibo de sueldo- la compleja realidad económica que atraviesa la familia y la imposibilidad de afrontar siquiera parcialmente el costo del tratamiento. La obra social no volvió a contestar y la jueza dictó la sentencia, en la que sostuvo que la modalidad de reintegro ofrecida por Ipross “a todas luces torna ilusorios los derechos aquí involucrados”.

“Los derechos del paciente que se encuentran vulnerados ostentan protección tanto en la Constitución Nacional, como en la normativa internacional de Derechos Humanos y en la Constitución Provincial”, señaló.

Por otro lado, destacó que el informe médico “ha sido contundente y claro en cuanto al diagnóstico” y en cuanto a la urgencia del tratamiento para evitar el avance del cáncer.

“Puede decirse que en las condiciones actuales se encuentra afectada no sólo la salud del amparista, sino su vida, dignidad, calidad de vida, y ello persiste mientras no pueda darse el tratamiento adecuado y necesario para paliar la enfermedad que lo aqueja, tratamiento que encuentra su obstáculo en la autorización bajo la pretendida modalidad de reintegro”, concluyó la jueza.

Tras analizar las normas especialmente referidas a la atención de pacientes oncológicos, la titular del juzgado sostuvo que “se vislumbra en el presente caso actitudes dilatorias” que “a todas luces representa una conducta lesiva, arbitraria y reprochable”. La obra social “no sólo ha rechazado en un principio la solicitud prestacional” por no encontrarse incluido en el menú prestacional, “sino que luego pretende que sea el amparista quien afronte el gasto” para “luego reintegrar, lo que resulta imposible en la situación actual del amparista, tornando inoperativa la autorización otorgada”, dice el fallo.

“Cuando están en juego el derecho a la vida o a la salud e integridad física de una persona, las instituciones que integran el sistema nacional de salud deben extremar al máximo los servicios que proporcionan a fin de lograr la recuperación del paciente, incluso más allá de las exigencias del Plan Médico Obligatorio, dado que éste fue concebido como un régimen mínimo de prestaciones que se deben garantizar (piso prestacional), que no puede derivar en una afectación del derecho a la vida y a la salud de las personas”, recalcó la jueza, citando precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.