El Gobierno amenazó a los trabajadores de la Administración Pública Nacional con no pagar parte de sus sueldos del mes de febrero y la Asociación Trabajadores del Estado decidió profundizar su plan de lucha con un paro de 36 horas con movilización para esta semana en el marco del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que ATE integra junto a la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras.

«Al congelamiento salarial de la administración pública, ahora se le suma una medida inédita que no tiene precedentes y es la de dejar de pagar parte de los sueldos, aplicar directamente una rebaja privando a los trabajadores del cobro de adicionales tales como el premio estímulo a la asistencia y otros. El Gobierno decidió clausurar la paritaria. Enfrentamos una clara práctica desleal y mala fe en las negociaciones al no retomar el cuarto intermedio que se acordó el pasado 26 de diciembre», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

En todos los casos se trata de un monto superior a los $50.000 por agente. En este marco, el dirigente apuntó que «exigimos que el Gobierno cumpla en tiempo y forma con el pago de sueldos. Todos los rubros forman parte integral de los salarios. No vamos a tolerar un nuevo recorte. Esto repercutirá de manera negativa en la prestación de todos los servicios».

El reclamo se suma a la lucha que el Frente de Sindicatos mantiene en rechazo a la reforma laboral que volverá a ser tratada esta semana en la Cámara Alta del Congreso. «Es responsabilidad del Gobierno que la conflictividad escale. Debemos avanzar en una nueva huelga de 36 horas para rechazar la reforma laboral. El viernes quieren hacer del Senado una escribanía y lo tenemos que impedir», indicó.

«No podemos permanecer sin reaccionar y en silencio frente al mayor ataque que se recuerde a todos nuestros derechos. El Frente tiene que profundizar su plan de acción. Esta es una ley inaplicable que está destinada a fracasar», concluyó Aguiar.

ATE además exige la inmediata reapertura de las paritarias que se encuentran congeladas desde diciembre del 2025 y señaló que el poder de compra de los salarios estatales ya perdió más de un 45,3% durante la gestión de Javier Milei.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reportó un nivel de acatamiento casi total al paro nacional, promediando el 98% en todo el país en la previa a la movilización que realizarán al Congreso a partir del mediodía para exigir el rechazo al proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados. «Esta reforma laboral nos conduce a los trabajadores directamente al matadero. Es una ley criminal. Dejar de pagarle su salario a quien está realizando un tratamiento de quimioterapia y que no pueda sostener a su familia es una conducta delictiva», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.

«Nos gobierna una banda de delincuentes que comprende perfectamente la criminalidad de sus actos. La reforma laboral forma parte de una de sus políticas criminales, y los gobernadores, senadores y diputados que la avalan son cómplices necesarios de provocar esta tragedia social», apuntó el dirigente estatal.

En esta línea, argumentó que «es la historia la que prueba que quitando derechos no van a crear un solo puesto de trabajo nuevo. Si se aprueba esta norma, va a haber más desempleo y más precarización porque siempre pasó lo mismo con este tipo de legislaciones en la Argentina y en el mundo».

«Es una ley escrita a medida de la AEA y la UIA, y que sólo busca disciplinar a la clase trabajadora y abaratar el costo laboral. Estamos peleando contra el poder real. El mandato que tenemos es seguir confrontando sin dar tregua», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

Desde las 00 horas de este jueves sólo se están garantizando guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.

Otros servicios que ya comenzaron a verse afectados son la recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del el Senasa, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), migraciones y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros. Además, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) informó oficialmente su adhesión al paro general convocado a nivel nacional, «en defensa de los derechos laborales ante la situación económica que atraviesan los trabajadores del sector», indicaron.

A través de un comunicado firmado por su secretario general, Roberto Fernández, el gremio expresó que la medida responde a «la sostenida caída del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo en la actividad del transporte».

En este contexto, en Roca no habrá servicio de colectivo urbano durante la jornada de paro, ya que desde la Cooperativa 1° de Septiembre confirmaron su adhesión a la medida de fuera. Asimismo, también se verá afectado el transporte interurbano, a cargo de la empresa KoKo.

Además, desde la Unión de Personal de Taxis de Río Negro (Upetax), que representan a trabajadores del transporte público y del servicio de taxis, también ratificaron su acatamiento al paro, por lo que se esperan menos móviles en las calles de la ciudad a diferencia de los días habituales.