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Seguirá detenido el policía que intentó asesinar a su ex pareja

La Justicia priorizará el derecho de la víctima de llegar a juicio “con libertad, capacidad y tranquilidad para declarar”.

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Priorizando el derecho de la víctima de llegar a juicio “con libertad, capacidad y tranquilidad para declarar”, una jueza de revisión de Roca confirmó la prisión preventiva en un establecimiento penitenciario para un policía imputado por un intento de femicidio ocurrido en Villa Regina.
El caso tiene dos víctimas: la mujer que fue violentamente atacada por su pareja el pasado 6 de marzo en su vivienda y el hombre que, al observar la agresión, intentó detener el ataque y fue amenazado con un arma de fuego.

Ya en la audiencia de formulación de cargos, realizada el 13 de marzo, el juez de Garantías de Regina, Gastón Pierroni, había aceptado el pedido de la Fiscalía para que se le imponga al imputado una prisión preventiva de cuatro meses. Basó su decisión en que existía un claro peligro de entorpecimiento de la investigación, por el riesgo de que el imputado, estando en libertad, pueda amedrentar a la mujer y a otros testigos. También valoró en aquel momento que no se había encontrado aún el arma de fuego utilizada para el ataque y que estaban pendientes algunas pericias importantes. En su resolución, el juez de Garantías invocó el bloque de leyes y convenciones internacionales que imponen al Estado una especial diligencia para garantizar el acceso a justicia a todas las víctimas de violencia de género.

La defensa del imputado intentó, en una audiencia de revisión realizada este miércoles, que se reemplace la prisión preventiva por una serie de medidas alternativas: un arresto domiciliario y/o la radicación del imputado en una localidad ubicada a unos 50 km de la casa de la víctima, más una prohibición total de ingreso a la ciudad de Villa Regina, más una tobillera electrónica de seguimiento para él, más un botón antipánico para ella.

Pero la jueza de Revisión Laura Pérez, en coincidencia con la Fiscalía, consideró que en este caso particular ninguna medida alternativa aparece como suficiente para asegurar que el imputado no intimide a la víctima y afecte, en consecuencia, el desarrollo del proceso judicial.

“En las causas de violencia de género se ha transformado en objetivo principal la protección de los testigos, porque es habitual que se vuelva hacia ellos”, señaló. “Se debe asegurar que la propia testigo tenga la libertad y la capacidad para poder llegar al juicio y declarar con la tranquilidad que se requiere”, sostuvo la jueza.

Precisó que “los delitos de género se han transformado en políticas de Estado, a los que se les da preeminencia”. “La voluntad del legislador y de las políticas de Estado van en el sentido de asegurar a las víctimas las mayores condiciones para declarar con tranquilidad en casos de esta naturaleza. No hay posibilidad de neutralizar ese riesgo como lo ha propuesto la defensa”, concluyó.

En el caso, el hombre está imputado como presunto autor de los delitos de “tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido mediando violencia de género; lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas mediando violencia de género; amenazas calificadas por el uso de arma; coacción agravada; portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización” en contra de la mujer, sumados al delito de “amenazas agravadas por el uso de arma de fuego” en contra del hombre que intercedió para defenderla.

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Violencia de género: Un hombre fue imputado por agredir a su ex pareja y romperle el celular

El hecho ocurrió en el domicilio de la víctima y le dejó lesiones de carácter grave.

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Ayer (29/12) al mediodía, el equipo del Ministerio Público Fiscal de turno formuló cargos a un hombre por hechos cometidos contra su ex pareja, madre de dos hijos en común, en el marco de una causa por violencia de género. El imputado no podrá acercarse a la víctima ni a su vivienda en un radio de 200 metros, y deberá utilizar un dispositivo electrónico de control.

De acuerdo a la acusación fiscal, el hecho ocurrió el sábado 21 de diciembre alrededor de las 20.00, en el patio de la vivienda que compartía la pareja. Según se expuso en audiencia, el hombre habría comenzado a insultar a la mujer y, sin motivo alguno, la agredió físicamente.

«El imputado le pegó en la cabeza, impactando uno de los golpes en el oído izquierdo y otro en la mano, donde la víctima sostenía su teléfono celular», explicó la Fiscalía. Posteriormente, el hombre le habría arrebatado el dispositivo y lo arrojó al suelo, provocando la rotura de la pantalla.

Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió lesiones de carácter grave, situación que fue acreditada mediante la historia clínica del Hospital donde fue atendida y el informe del médico del Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial.

La calificación legal por la cual quedó imputado es la de lesiones graves agravadas por el vínculo, por ser un hecho cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, y daño simple, todo en concurso real, conforme a los artículos 45, 90 en función del 92, 80 incisos 1° y 11, y 183 del Código Penal.

El defensor penal público señaló que se trataría del primer conflicto de este tipo entre la pareja y que no existirían antecedentes previos ni denuncias en el marco de la Ley N° 3040, por lo que solicitó como medida cautelar la colocación de una tobillera electrónica y la prohibición de acercamiento.

Finalmente, el juez de Garantías resolvió tener por formulados los cargos en los términos planteados por la fiscalía y dispuso que el imputado cumpla con las medidas cautelares propuestas, mientras continúa el proceso judicial.

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Disparó contra la actual pareja de su ex y quedó imputado por tentativa de homicidio

El hecho ocurrió en octubre y la víctima resultó herida en un brazo tras recibir un disparo a corta distancia.

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El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre que ya se encontraba cumpliendo prisión preventiva en el marco de otros dos legajos judiciales, tras haber sido detenido luego de que la Fiscalía solicitara su orden de captura.

Según la acusación, el hecho ocurrió en octubre pasado, cuando la mujer -ex pareja del imputado- y su actual compañero salían de un domicilio a bordo de una motocicleta. En ese momento, fueron sorprendidos por el acusado, quien atacó al hombre y efectuó un disparo con un arma de fuego a la altura de la cabeza, con claras intenciones de matarlo.

Desde la Fiscalía indicaron que el imputado insistió en su accionar, aunque no logró consumar el homicidio. No obstante, la víctima resultó herida por un disparo en el antebrazo derecho.

Además, se señaló que el acusado incumplió una medida cautelar de prohibición de acercamiento hacia su ex pareja, dispuesta oportunamente por el fuero de Familia.

La calificación legal por la que quedó imputado es la de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación de arma de fuego y desobediencia, conforme a los artículos 42, 45, 79, 41 bis, 55, 189 bis y 239 del Código Penal.

Como sustento probatorio, la Fiscalía presentó el informe del Gabinete de Criminalística, que incluyó el secuestro de un proyectil en el lugar del hecho, un croquis ilustrativo, la denuncia penal realizada por la víctima, el certificado médico de las lesiones y el expediente iniciado en el marco de la Ley 3040.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva al considerar existente el peligro de fuga, remarcando que fue necesario pedir su detención y que el imputado es reiterante, con otra causa avanzada hacia juicio.

Por su parte, el defensor penal público se opuso al pedido, argumentando que no estaban acreditados los riesgos procesales y propuso medidas alternativas como presentaciones diarias y una nueva prohibición de acercamiento.

Finalmente, el juez de Garantías dio por formulados los cargos en los términos planteados por la fiscalía y resolvió que el acusado continúe cumpliendo prisión preventiva en este legajo por el plazo de 4 meses.

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Demora excesiva y falta de información: Un taller deberá reparar un auto sin cobrar y devolver dinero

El acuerdo se alcanzó en el marco de una mediación, luego de que la propietaria del vehículo denunciara incumplimientos y trato indigno.

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Una mujer llevó adelante un reclamo contra un taller mecánico del Alto Valle por incumplimientos en la reparación de su vehículo. El caso se resolvió en el marco de una audiencia de mediación, donde las partes alcanzaron un acuerdo.

El conflicto comenzó en enero de este año cuando la persona dejó su automóvil en el taller para una reparación. El auto fue entregado el 17 de febrero, pero, según se consignó en el expediente, volvió a fallar de inmediato. Se mencionaron problemas en el arranque y ruidos anormales en el motor. En marzo, se detectaron además desperfectos en los inyectores.

A fines de junio, la ciudadana regresó el vehículo al mismo establecimiento. Desde entonces, y durante más de seis meses, no recibió información concreta sobre su estado, a pesar de los intentos reiterados por obtener una respuesta. El planteo incluyó un reclamo por falta de comunicación y trato indigno, en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor.

En la mediación se advirtió que el tiempo insumido en la reparación resultó excesivo e injustificado. También se señaló que la empresa incumplió con el deber de brindar información clara, periódica y veraz, además de no respetar el plazo estimado originalmente para la entrega, que era de 15 días.

Durante la audiencia de mediación, la persona solicitó la reparación completa del vehículo sin nuevos cargos, además de una respuesta clara sobre el tiempo restante para finalizar el trabajo. También se dejó constancia de la reserva de optar por la devolución de lo abonado o una reducción del valor pagado, en caso de no lograrse una solución satisfactoria.

La instancia cerró con un acuerdo entre las partes. El taller accedió a entregar el auto reparado sin cobrar suma alguna y a realizar un reintegro económico. El caso se resolvió en el Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos del Alto Valle con la intervención de un mediador que facilitó el diálogo entres las partes, y la asistencia letrada de abogados particulares.

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