Judiciales
Seguirá detenido el policía que intentó asesinar a su ex pareja
La Justicia priorizará el derecho de la víctima de llegar a juicio “con libertad, capacidad y tranquilidad para declarar”.
Priorizando el derecho de la víctima de llegar a juicio “con libertad, capacidad y tranquilidad para declarar”, una jueza de revisión de Roca confirmó la prisión preventiva en un establecimiento penitenciario para un policía imputado por un intento de femicidio ocurrido en Villa Regina.
El caso tiene dos víctimas: la mujer que fue violentamente atacada por su pareja el pasado 6 de marzo en su vivienda y el hombre que, al observar la agresión, intentó detener el ataque y fue amenazado con un arma de fuego.
Ya en la audiencia de formulación de cargos, realizada el 13 de marzo, el juez de Garantías de Regina, Gastón Pierroni, había aceptado el pedido de la Fiscalía para que se le imponga al imputado una prisión preventiva de cuatro meses. Basó su decisión en que existía un claro peligro de entorpecimiento de la investigación, por el riesgo de que el imputado, estando en libertad, pueda amedrentar a la mujer y a otros testigos. También valoró en aquel momento que no se había encontrado aún el arma de fuego utilizada para el ataque y que estaban pendientes algunas pericias importantes. En su resolución, el juez de Garantías invocó el bloque de leyes y convenciones internacionales que imponen al Estado una especial diligencia para garantizar el acceso a justicia a todas las víctimas de violencia de género.
La defensa del imputado intentó, en una audiencia de revisión realizada este miércoles, que se reemplace la prisión preventiva por una serie de medidas alternativas: un arresto domiciliario y/o la radicación del imputado en una localidad ubicada a unos 50 km de la casa de la víctima, más una prohibición total de ingreso a la ciudad de Villa Regina, más una tobillera electrónica de seguimiento para él, más un botón antipánico para ella.
Pero la jueza de Revisión Laura Pérez, en coincidencia con la Fiscalía, consideró que en este caso particular ninguna medida alternativa aparece como suficiente para asegurar que el imputado no intimide a la víctima y afecte, en consecuencia, el desarrollo del proceso judicial.
“En las causas de violencia de género se ha transformado en objetivo principal la protección de los testigos, porque es habitual que se vuelva hacia ellos”, señaló. “Se debe asegurar que la propia testigo tenga la libertad y la capacidad para poder llegar al juicio y declarar con la tranquilidad que se requiere”, sostuvo la jueza.
Precisó que “los delitos de género se han transformado en políticas de Estado, a los que se les da preeminencia”. “La voluntad del legislador y de las políticas de Estado van en el sentido de asegurar a las víctimas las mayores condiciones para declarar con tranquilidad en casos de esta naturaleza. No hay posibilidad de neutralizar ese riesgo como lo ha propuesto la defensa”, concluyó.
En el caso, el hombre está imputado como presunto autor de los delitos de “tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido mediando violencia de género; lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas mediando violencia de género; amenazas calificadas por el uso de arma; coacción agravada; portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización” en contra de la mujer, sumados al delito de “amenazas agravadas por el uso de arma de fuego” en contra del hombre que intercedió para defenderla.
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Identificaron al joven que fue asesinado a tiros en la zona oeste de Roca
La investigación busca determinar cómo ocurrió el crimen, identificar a los responsables y localizar las armas que habrían sido utilizadas.
Un joven de 19 años fue asesinado durante la noche del jueves (14/08) en la zona oeste de General Roca, luego de recibir múltiples disparos de arma de fuego. La víctima fue identificada como Diego Nicolás Gutierrez, quien murió como consecuencia de las heridas provocadas durante el ataque.
El hecho ocurrió dentro de la jurisdicción de la Comisaría 47° y es investigado por el Ministerio Público Fiscal, bajo la coordinación de la fiscal Verónica Villarruel.
En la escena trabajaron integrantes de la Fiscalía de Turno, el Gabinete de Criminalística, la Unidad Operativa del Ministerio Público, la Policía de Río Negro y la Brigada de Investigaciones.
El cuerpo del joven fue trasladado a la Morgue Judicial de General Roca, donde profesionales médicos realizarán la autopsia para determinar con precisión la causa y las circunstancias del fallecimiento.
Mientras tanto, los investigadores continúan con distintas diligencias para reconstruir lo ocurrido, identificar a los responsables del homicidio y avanzar en la búsqueda de las armas utilizadas en el ataque.
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Acusan a un hombre de enviar mensajes y audios sexuales a una adolescente
La Fiscalía sostuvo que el imputado contactó a la víctima entre julio y agosto de 2025 y le envió mensajes y audios de contenido sexual, sabiendo que era menor de edad.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre por el delito de acoso sexual infantil, en una causa en la que se investiga el contacto que habría mantenido con una adolescente a través de WhatsApp y el envío de mensajes y audios de contenido sexual.
La audiencia se realizó este viernes (14/08) en el Foro Penal de General Roca. La fiscal adjunta Daniela Espinoza Sagredo detalló que los hechos investigados ocurrieron entre julio y agosto de 2025.
Según la acusación, el hombre se comunicó con la adolescente mediante WhatsApp y le envió mensajes y audios de contenido sexual, a sabiendas de que se trataba de una menor de edad. La calificación legal propuesta es acoso sexual infantil en carácter de autor.
La investigación comenzó luego de que la madre de la joven escuchara a su hija hablar por teléfono con una persona desconocida, a quien le brindaba información sobre sus rutinas y horarios. Ante esta situación, la mujer realizó la denuncia penal que dio inicio a las actuaciones judiciales.
Como principal evidencia, la Fiscalía presentó un informe técnico de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones. El análisis de los teléfonos del imputado y de la víctima permitió identificar más de 1.000 páginas de registros, conversaciones y archivos de audio que sustentan la acusación.
El legajo también incorpora el acta del allanamiento realizado en la vivienda del imputado, en Cipolletti, y un informe de la Oficina de Atención a la Víctima. Este último documento explicó las razones técnicas por las cuales no fue posible realizar una entrevista en Cámara Gesell a la adolescente. Además, se anexó como prueba el Certificado Único de Discapacidad de la menor.
Durante la audiencia, la defensa del acusado, a cargo del abogado Pablo Barrionuevo, no presentó objeciones formales a la imputación, aunque señaló que discutirá la interpretación que la Fiscalía realiza de los mensajes. El imputado, por su parte, hizo uso de su derecho constitucional y optó por no declarar.
Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías Gustavo Quelín dio por iniciada la etapa de investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.
¿Qué es el grooming?
El grooming es una forma de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, mediante la cual una persona adulta establece contacto con fines sexuales a través de medios tecnológicos, utilizando estrategias de engaño, manipulación y sometimiento emocional.
En Argentina, el delito de grooming está tipificado en el artículo 131 del Código Penal y contempla una pena de prisión de seis meses a cuatro años.
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Negó ser el padre, murió durante el juicio y una prueba de ADN confirmó la paternidad
Antes de su fallecimiento, los progenitores habían firmado un acuerdo sobre distintos aspectos, entre ellos el nombre con el que quedaría inscripta la niña.
La búsqueda de una madre por la identidad de su hija comenzó con una respuesta negativa. Cuando la niña tenía cuatro meses, la mujer le comunicó al hombre con quien había mantenido una relación que era el padre. Él rechazó esa posibilidad. Le dijo que tenía un problema orgánico que le impedía tener hijos. Con ese argumento, no asumió la paternidad.
Frente a esa negativa, la mujer inició un recorrido para que su hija tuviera reconocida su identidad y su vínculo paterno. Recurrió al Poder Judicial y, en representación de la niña, promovió una acción de filiación. De esta manera, el fuero de Familia de Villa Regina ordenó una prueba genética para determinar si existía el vínculo biológico.
Antes de que el proceso llegara a una sentencia, el hombre falleció. La mujer informó su muerte en y presentó el acta de defunción. También acompañó un acuerdo que ambos habían firmado unos meses antes. Allí habían establecido, entre otras cuestiones, el nombre con el cual quedaría inscripta la niña.
Durante el trámite judicial se ordenó una extracción de muestras y el análisis molecular de ADN. La pericia del Laboratorio Regional de Genética Forense del Poder Judicial de Río Negro determinó una probabilidad de vínculo biológico de paternidad superior al 99,99998 por ciento. El resultado no recibió objeciones de las partes.
El fallecimiento del hombre no impidió que el expediente continuara. Se suspendió la tramitación y se citó a sus herederos. Luego se ordenó la publicación de edictos y, ante la eventual existencia de sucesores, se designó un Defensor de Ausentes. La Defensoría Oficial asumió esa representación. Antes de la sentencia, el Defensor de Menores e Incapaces dictaminó que correspondía hacer lugar a la acción de filiación.
Con la prueba genética como elemento central, el fuero de Familia tuvo por acreditado que el hombre era el progenitor biológico de la niña. La sentencia destacó el valor de este tipo de estudios para establecer la denominada verdad biológica y señaló que el resultado obtenido aportaba una certeza casi absoluta sobre la paternidad.
El fallo también hizo lugar a la incorporación del apellido paterno. De acuerdo con lo que los progenitores habían pactado antes del fallecimiento del hombre, la niña llevará un apellido compuesto, primero el materno y luego el paterno.
La jueza ordenó librar oficio y testimonio al Registro Civil para que se modifique la inscripción correspondiente y dispuso que las costas del proceso sean soportadas en el orden causado.
