Judiciales
Seguirá detenido el policía que intentó asesinar a su ex pareja
La Justicia priorizará el derecho de la víctima de llegar a juicio “con libertad, capacidad y tranquilidad para declarar”.
Priorizando el derecho de la víctima de llegar a juicio “con libertad, capacidad y tranquilidad para declarar”, una jueza de revisión de Roca confirmó la prisión preventiva en un establecimiento penitenciario para un policía imputado por un intento de femicidio ocurrido en Villa Regina.
El caso tiene dos víctimas: la mujer que fue violentamente atacada por su pareja el pasado 6 de marzo en su vivienda y el hombre que, al observar la agresión, intentó detener el ataque y fue amenazado con un arma de fuego.
Ya en la audiencia de formulación de cargos, realizada el 13 de marzo, el juez de Garantías de Regina, Gastón Pierroni, había aceptado el pedido de la Fiscalía para que se le imponga al imputado una prisión preventiva de cuatro meses. Basó su decisión en que existía un claro peligro de entorpecimiento de la investigación, por el riesgo de que el imputado, estando en libertad, pueda amedrentar a la mujer y a otros testigos. También valoró en aquel momento que no se había encontrado aún el arma de fuego utilizada para el ataque y que estaban pendientes algunas pericias importantes. En su resolución, el juez de Garantías invocó el bloque de leyes y convenciones internacionales que imponen al Estado una especial diligencia para garantizar el acceso a justicia a todas las víctimas de violencia de género.
La defensa del imputado intentó, en una audiencia de revisión realizada este miércoles, que se reemplace la prisión preventiva por una serie de medidas alternativas: un arresto domiciliario y/o la radicación del imputado en una localidad ubicada a unos 50 km de la casa de la víctima, más una prohibición total de ingreso a la ciudad de Villa Regina, más una tobillera electrónica de seguimiento para él, más un botón antipánico para ella.
Pero la jueza de Revisión Laura Pérez, en coincidencia con la Fiscalía, consideró que en este caso particular ninguna medida alternativa aparece como suficiente para asegurar que el imputado no intimide a la víctima y afecte, en consecuencia, el desarrollo del proceso judicial.
“En las causas de violencia de género se ha transformado en objetivo principal la protección de los testigos, porque es habitual que se vuelva hacia ellos”, señaló. “Se debe asegurar que la propia testigo tenga la libertad y la capacidad para poder llegar al juicio y declarar con la tranquilidad que se requiere”, sostuvo la jueza.
Precisó que “los delitos de género se han transformado en políticas de Estado, a los que se les da preeminencia”. “La voluntad del legislador y de las políticas de Estado van en el sentido de asegurar a las víctimas las mayores condiciones para declarar con tranquilidad en casos de esta naturaleza. No hay posibilidad de neutralizar ese riesgo como lo ha propuesto la defensa”, concluyó.
En el caso, el hombre está imputado como presunto autor de los delitos de “tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido mediando violencia de género; lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas mediando violencia de género; amenazas calificadas por el uso de arma; coacción agravada; portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización” en contra de la mujer, sumados al delito de “amenazas agravadas por el uso de arma de fuego” en contra del hombre que intercedió para defenderla.
Judiciales
La Justicia ordenó avanzar con el traslado del chimpancé Toti a un centro especializado en Inglaterra
Los informes concluyen que el animal está en condiciones de afrontar un traslado internacional planificado, con riesgos controlables y bajo supervisión especializada.
El fuero de Familia de Roca dispuso que el chimpancé Toti sea trasladado al centro especializado Monkey World Ape Rescue Centre, en Inglaterra, al considerar que se encuentran dadas las condiciones sanitarias y técnicas para concretar el proceso.
La decisión se enmarca en la etapa de ejecución de la sentencia dictada en la causa impulsada por la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (AFADA). El fallo original, que ordenó el traslado, fue confirmado por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Durante más de un año, equipos técnicos de la Fundación Franz Weber y del Instituto Jane Goodall Argentina llevaron adelante la evaluación y preparación de Toti. Los informes concluyen que el animal está en condiciones de afrontar un traslado internacional planificado, con riesgos controlables y bajo supervisión especializada.
El destino elegido, Monkey World, fue considerado el más adecuado por su experiencia en rehabilitación de chimpancés provenientes de cautiverio y por ofrecer condiciones que permiten la socialización con otros individuos de su especie, un aspecto clave para su bienestar.
La resolución también establece que la Fundación Franz Weber y el Instituto Jane Goodall Argentina continuarán a cargo de la planificación técnica, sanitaria y logística del traslado, asumiendo los costos del proceso. En tanto, la Fundación Bubalco deberá colaborar con las tareas preparatorias y facilitar la documentación necesaria.
El fallo destacó que, si bien el traslado implica riesgos, estos resultan mitigables y deben ponderarse frente a la posibilidad de garantizar a Toti una mejora sustancial y duradera en sus condiciones de vida.
Con esta decisión, se abre una nueva etapa orientada a concretar el traslado, que incluirá la continuidad del entrenamiento del animal, controles veterinarios, gestiones administrativas y coordinación internacional.
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Escándalo por la «falsa médica» en Roca: La Fiscalía pide mantener la tobillera y la inhibición de bienes
La mujer está acusada de usurpación de títulos, falsificación de documentos y defraudación contra la administración pública en clínicas privadas y el Hospital.
La investigación por el ejercicio ilegal de la medicina en General Roca sumó nuevos y preocupantes capítulos durante la audiencia realizada esta mañana (20/04). El Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente que se mantengan las medidas cautelares vigentes contra la mujer denunciada por las autoridades del Ministerio de Salud provincial.
Según la Fiscalía, la gravedad del caso trasciende la faz administrativa: familiares de personas que habrían sido atendidas por la imputada han comenzado a presentar denuncias particulares por mala praxis, lo que abre una nueva y compleja línea de investigación.
La representante fiscal fue contundente al describir el accionar de la mujer «habría trabajado los últimos 6 años cometiendo delitos de ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos, falsificación y uso de documento público falso, además de defraudación agravada contra la administración pública». El engaño no se limitó a un solo lugar, sino que se extendió por tres instituciones diferentes: una clínica privada donde permaneció 6 años, otra por algunos meses y el Hospital Francisco López Lima de General Roca, donde prestó servicios durante 2 años.
Ante este panorama, la Fiscalía sostiene que es imperativo mantener la custodia de la documentación y asegurar que la acusada no interfiera con el proceso.
Por este motivo, se pidió que continúen vigentes por el plazo de seis meses la colocación de la tobillera de control satelital, la prohibición de salida del país y la obligación de mantener su domicilio actual.
Asimismo, sigue firme la inhibición general de bienes, afectando tanto sus inmuebles como su vehículo particular.
El juez de Revisión dará a cnocer su resolución mañana (21/04) a las 9 de la mañana en la sala de audiencias de los Tribunales roquenses.
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Caso Valentín Mercado: Piden confirmar la condena contra el anestesiólogo por el daño cerebral irreversible
Tras la apelación de la defensa del profesional condenado por homicidio culposo, la Fiscalía solicitó al Tribunal de Impugnación que ratifique la sentencia en todos sus términos.
La causa por la muerte del niño Valentín Mercado Toledo sumó una instancia clave en el Tribunal de Impugnación de Río Negro. Tras el recurso presentado por la defensa del anestesiólogo condenado por homicidio culposo, la Fiscalía y la querella solicitaron formalmente que se confirme la sentencia original, rechazando cualquier reducción de la pena o limitación de la inhabilitación profesional.
El eje del conflicto radica en el planteo del profesional, quien busca que su inhabilitación para ejercer se circunscriba únicamente al ámbito pediátrico. Ante esto, el fiscal del caso fue tajante al señalar que la desatención durante la cirugía fue la causa directa del desenlace fatal. «Lo sucedido fue que la desatención por parte del imputado impidió advertir el súbito taponamiento, lo que derivó en un paro cardíaco», explicó. Según el Ministerio Público, el médico no cumplió con el consentimiento informado en el que asumía la responsabilidad de velar por el paciente durante toda la intervención.
La reconstrucción de los hechos indica que existieron cuatro minutos iniciales y determinantes en los que el anestesiólogo no actuó conforme a su rol. Si bien luego se logró estabilizar al niño con adrenalina y un cambio de tubo traqueal, la demora fue tan extensa que el daño cerebral resultó irreversible.
La querella acompañó estos argumentos, dejando la decisión final en manos del Tribunal, que ya pasó a deliberar.
