Judiciales
Seguirá detenido el policía que intentó asesinar a su ex pareja
La Justicia priorizará el derecho de la víctima de llegar a juicio “con libertad, capacidad y tranquilidad para declarar”.
Priorizando el derecho de la víctima de llegar a juicio “con libertad, capacidad y tranquilidad para declarar”, una jueza de revisión de Roca confirmó la prisión preventiva en un establecimiento penitenciario para un policía imputado por un intento de femicidio ocurrido en Villa Regina.
El caso tiene dos víctimas: la mujer que fue violentamente atacada por su pareja el pasado 6 de marzo en su vivienda y el hombre que, al observar la agresión, intentó detener el ataque y fue amenazado con un arma de fuego.
Ya en la audiencia de formulación de cargos, realizada el 13 de marzo, el juez de Garantías de Regina, Gastón Pierroni, había aceptado el pedido de la Fiscalía para que se le imponga al imputado una prisión preventiva de cuatro meses. Basó su decisión en que existía un claro peligro de entorpecimiento de la investigación, por el riesgo de que el imputado, estando en libertad, pueda amedrentar a la mujer y a otros testigos. También valoró en aquel momento que no se había encontrado aún el arma de fuego utilizada para el ataque y que estaban pendientes algunas pericias importantes. En su resolución, el juez de Garantías invocó el bloque de leyes y convenciones internacionales que imponen al Estado una especial diligencia para garantizar el acceso a justicia a todas las víctimas de violencia de género.
La defensa del imputado intentó, en una audiencia de revisión realizada este miércoles, que se reemplace la prisión preventiva por una serie de medidas alternativas: un arresto domiciliario y/o la radicación del imputado en una localidad ubicada a unos 50 km de la casa de la víctima, más una prohibición total de ingreso a la ciudad de Villa Regina, más una tobillera electrónica de seguimiento para él, más un botón antipánico para ella.
Pero la jueza de Revisión Laura Pérez, en coincidencia con la Fiscalía, consideró que en este caso particular ninguna medida alternativa aparece como suficiente para asegurar que el imputado no intimide a la víctima y afecte, en consecuencia, el desarrollo del proceso judicial.
“En las causas de violencia de género se ha transformado en objetivo principal la protección de los testigos, porque es habitual que se vuelva hacia ellos”, señaló. “Se debe asegurar que la propia testigo tenga la libertad y la capacidad para poder llegar al juicio y declarar con la tranquilidad que se requiere”, sostuvo la jueza.
Precisó que “los delitos de género se han transformado en políticas de Estado, a los que se les da preeminencia”. “La voluntad del legislador y de las políticas de Estado van en el sentido de asegurar a las víctimas las mayores condiciones para declarar con tranquilidad en casos de esta naturaleza. No hay posibilidad de neutralizar ese riesgo como lo ha propuesto la defensa”, concluyó.
En el caso, el hombre está imputado como presunto autor de los delitos de “tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido mediando violencia de género; lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas mediando violencia de género; amenazas calificadas por el uso de arma; coacción agravada; portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización” en contra de la mujer, sumados al delito de “amenazas agravadas por el uso de arma de fuego” en contra del hombre que intercedió para defenderla.
Judiciales
Condenan parcialmente a un hombre que defendió a su pareja de una agresión de su ex
La sentencia atribuyó un 30% de responsabilidad civil al sujeto que intervino para defender a su novia y lo condenó a pagar una indemnización parcial por incapacidad y daño extrapatrimonial.
Un hombre fue hasta la casa de su ex pareja. Entre ambos existía una larga historia de conflictos y medidas de protección. La mujer había denunciado hechos de violencia y contaba con restricciones de acercamiento. En ese momento intervino la pareja actual de la mujer. Lo hizo para frenar la agresión y protegerla. El hecho terminó con lesiones para el hombre que había llegado al lugar. Años después, ese episodio llegó al fuero civil de Roca.
El hombre lesionado inició una demanda por daños y perjuicios contra su expareja y contra la pareja de ella. Reclamó una indemnización por las lesiones físicas y psicológicas que sufrió.
Un fallo rechazó la demanda contra la mujer y la admitió de manera parcial contra el otro demandado. La sentencia entendió que actuó en defensa de un tercero, aunque excedió los límites de una respuesta proporcional.
La jueza analizó el caso con perspectiva de género. El fallo valoró el contexto de violencia previo y sostuvo que ese antecedente resultó indispensable para comprender lo ocurrido. La resolución recordó que los jueces tienen la obligación de incorporar esa perspectiva cuando existen indicios de violencia contra las mujeres.
La sentencia señaló que la legítima defensa no puede evaluarse como un hecho aislado. Explicó que, en situaciones de violencia de género, la agresión forma parte de un proceso que suele extenderse en el tiempo. Por ese motivo, el análisis debe incluir los antecedentes, las denuncias y las medidas de protección vigentes.
Con ese criterio, el fallo concluyó que la intervención de la pareja de la mujer tuvo como finalidad protegerla frente a una agresión. Sin embargo, también determinó que algunos golpes superaron lo necesario para neutralizar el ataque. Por esa razón le atribuyó un 30% de responsabilidad civil. La demanda contra la mujer quedó rechazada.
La resolución destacó que la valoración de los hechos debía evitar estereotipos y ajustarse a los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos de las mujeres.
omo consecuencia de la decisión, la sentencia condenó a la pareja actual a pagar una indemnización parcial por incapacidad, daño extrapatrimonial, tratamiento psicológico y gastos médicos, con más los intereses correspondientes.
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Un perro suelto y amenazas de matarlo delante de la familia: Deberán cumplir con la tenencia responsable de mascotas
El conflicto terminó en un Juzgado de Paz.
Un conflicto entre dos vecinos de Sierra Grande, que tuvo como eje la tenencia responsable de un perro, terminó en el Juzgado de Paz luego de que las diferencias escalaran a discusiones, denuncias de amenazas y situaciones de hostigamiento.
Todo comenzó por la preocupación de un vecino, quien sostuvo que el animal permanecía suelto de manera habitual. Según relató, intentó hablar en varias oportunidades con sus propietarios para que modificaran esa situación, pero el desacuerdo derivó en un enfrentamiento entre ambas partes.
El vecino promovió una denuncia en el marco de la Ley Contravencional de Río Negro. Expuso que había sufrido actos de hostigamiento, intimidación y amenazas vinculados con el conflicto por la mascota.
Durante la audiencia, la pareja de la persona denunciada concurrió en su representación y solicitó la suspensión del proceso contravencional a prueba. Negó los hechos denunciados y afirmó, en cambio, que el denunciante había amenazado con matar al perro delante de la familia. También explicó que el animal siempre había permanecido suelto sin haber mordido a nadie y que Zoonosis municipal ya había intervenido para notificar sobre la tenencia responsable.
La jueza de Paz advirtió que, más allá de las versiones contrapuestas, existía un conflicto vecinal que había derivado en episodios de confrontación verbal y que podía afectar la convivencia entre las partes.
Por ese motivo, hizo lugar al pedido de suspensión del proceso contravencional a prueba por el plazo de seis meses. Como condición, impuso reglas de conducta para evitar nuevos enfrentamientos.
Entre esas reglas, ordenó que la persona beneficiaria se abstenga de realizar actos de hostigamiento, intimidación, amenazas o agresiones verbales. También dispuso que cualquier futura controversia relacionada con la tenencia responsable de la mascota se canalice exclusivamente por las vías legales, evitando toda confrontación directa.
Además, dio intervención a la Secretaría de Zoonosis de la Municipalidad de Sierra Grande para que controle el cumplimiento de las normas sobre tenencia responsable de animales, adopte las medidas preventivas que correspondan e informe al Juzgado sobre cualquier actuación relevante para prevenir nuevos conflictos. También se notificó a la Comisaría 13° para que informe únicamente si se registran nuevos episodios de conflicto o incumplimientos de las reglas impuestas.
Judiciales
Era tractorista, lo registraban como peón y lo apartaron tras ser elegido dirigente sindical
Un fallo judicial determinó que la empresa modificó las condiciones laborales del trabajador luego de que asumiera un cargo en la UATRE.
Durante más de tres años un hombre trabajó en una empresa frutícola del Alto Valle. La mayor parte del tiempo condujo un tractor para realizar tareas de poda, pulverización, cosecha y mantenimiento de las chacras. Sin embargo, en los recibos de sueldo figuraba con otra categoría laboral.
La situación cambió después de que notificó a la empresa que había sido elegido con un cargo en la Seccional Roca de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
El hombre dejó de conducir el tractor y pasó a realizar tareas de peón general. También sufrió una reducción salarial y comenzó un conflicto que terminó con su alejamiento del trabajo.
El trabajador promovió una demanda laboral contra la empresa. Reclamó las indemnizaciones derivadas del despido, diferencias salariales, el reconocimiento de su verdadera categoría profesional y la indemnización prevista por la tutela sindical.
La Cámara Segunda del Trabajo de Roca hizo lugar a la demanda y condenó a la empleadora a pagar una indemnización.
Durante el juicio declararon compañeros de trabajo, representantes sindicales y otros testigos. Coincidieron en que el trabajador desempeñó durante casi toda la relación laboral tareas propias de tractorista, aunque la empresa lo registraba como peón general o trabajador temporario. También señalaron que, después de asumir el cargo gremial, fue apartado del tractor y destinado a otras tareas.
El fuero laboral concluyó que la empresa no reflejó correctamente la realidad de la prestación laboral. Consideró acreditado que el trabajador desarrolló funciones de tractorista y que, por esa razón, correspondía reconocer esa categoría y liquidar las diferencias salariales conforme a las escalas aplicables al régimen agrario.
Los jueces también entendieron probado que el hombre mantenía una relación laboral permanente y continua, pese a que la empresa lo registró como trabajador discontinuo o temporario. Para llegar a esa conclusión valoraron la documentación incorporada al expediente y comprobaron que percibió remuneraciones durante todos los meses de la relación laboral.
La sentencia destacó además que el hombre había comunicado en forma fehaciente su candidatura y posterior elección en el gremio. La empresa recibió esas notificaciones y nunca cuestionó esa representación sindical. Por ese motivo, la Cámara concluyó que gozaba de la tutela prevista por la Ley de Asociaciones Sindicales.
El fallo sostuvo que la modificación de las tareas y de las condiciones laborales se produjo sin que existiera una autorización judicial para excluir al trabajador de esa protección especial. Consideró que el despido indirecto dispuesto por el empleado resultó legítimo y que tenía derecho, además de las indemnizaciones comunes, a percibir la reparación prevista para quienes cuentan con tutela sindical.
