Judiciales
Mediación extrajudicial: fortalecen la estructura en Río Negro
La nueva dinámica de trabajo organizada como consecuencia del Covid-19 mejoró los indicadores de la Mediación Prejudicial Obligatoria, llevándolos a los valores más altos de los últimos cinco años.
Las Casas de Justicia y los Centros Integrales de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (Cimarc) son las puertas abiertas del Poder Judicial para canalizar todo tipo de controversias, poniendo al alcance de las personas la posibilidad de lograr libremente acuerdos de mediación extrajudicial que pacifiquen y mejoren su calidad de vida. En este contexto el Poder Judicial trazó como política institucional el fortalecimiento de la mediación.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Ricardo Apcarián participó de una jornada de trabajo hoy en Cipolletti junto con las autoridades de la Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (Dimarc) y del Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (Cimarc) de la ciudad.
Participaron por la Dimarc Norah Aguirre y Verónica Martínez y por el Cimarc Ivone Vargas. Antes de la reunión se le tomó juramento a Laura San Millán, quién ganó el concurso de oposición y antecedentes para la subdirección de Cipolletti.
El presidente del STJ hizo un repaso de la nueva estructura y de los concursos en marcha para fortalecer la defensa pública que asiste a las mediaciones. Además se hizo una evaluación del trabajo en este contexto de pandemia.
La nueva dinámica de trabajo organizada como consecuencia del Covid-19 mejoró los indicadores de la Mediación Prejudicial Obligatoria, llevándolos a los valores más altos de los últimos cinco años.
De acuerdo con la estadística del Centro de Planificación Estratégica del Poder Judicial, exactamente el 50% de los legajos ingresados a mediación durante el año judicial 2020 pudieron ser sustanciados, es decir que llegaron efectivamente a la instancia de diálogo entre las partes afectadas. En los cinco años anteriores ese porcentaje fluctuó entre un 44 y un 48% entre 2016 y 2019.
Para asegurar la continuidad del servicio bajo las restricciones sanitarias que impuso la pandemia, el STJ adecuó los mecanismos. Las citaciones que antes se realizaban mediante cédulas escritas y se enviaban al domicilio de las personas convocadas a mediar se reemplazaron en 2020 por llamados telefónicos.
Temas de Familia, al tope de los acuerdos
En 2019 ingresaron 11.615 nuevos legajos a los Cimarc y sus delegaciones; se sustanciaron 5.622 procesos y se alcanzaron 3.837 acuerdos.
En 2020 todo el funcionamiento de la Dimarc y sus organismos debió adecuarse a las restricciones sanitarias. Pese a todo, ingresaron 8.486 legajos, se sustanciaron de manera remota 4.207 y se lograron 2.655 acuerdos. Así, más del 63% de los legajos sustanciados por medios virtuales terminó con una mediación exitosa, lo que se refleja en conflictos que no llegaron a juicio porque las personas afectadas pudieron acercar sus posiciones, asumieron compromisos que tienen la misma fuerza legal que una sentencia dictada por un juez o jueza y resolvieron, o al menos comenzaron a resolver, el conflicto de fondo que los confrontaba.
Tal como viene ocurriendo desde el inicio de la mediación prejudicial obligatoria, la mayoría de los legajos ingresados correspondió en 2020 a temáticas de Familia (el 78,8% de los legajos), mientras que el resto correspondió a temáticas Patrimoniales (el 21,2%).
Las estadísticas muestran que el 71,1% de las audiencias sustanciadas de Familia terminó con acuerdo, mientras que en el ámbito Patrimonial el 34,7% de los procesos sustanciados alcanzó una resolución acordada.
Plan Estratégico Consensuado: en la etapa 4 se planificaron soluciones para los Métodos de Resolución de Conflictos con un objetivo: transformarlos de alternativos a autocompositivos. Esta variación, que quedó plasmada en la Ley, implica un nuevo paradigma.
Judiciales
Violencia de género: Un hombre hipoacúsico acordó una probation por romper una ventana en el domicilio de su ex
El imputado participó de la audiencia con una intérprete de lengua de señas. La Justicia le impuso prohibición de acercamiento y controles trimestrales, al no contar con antecedentes previos.
Un hombre con discapacidad auditiva fue imputado por el delito de daño en contexto de violencia de género y aceptó este lunes (17/11) un acuerdo de suspensión de juicio a prueba, tras pedir disculpas por lo ocurrido. La audiencia se realizó en la Ciudad Judicial de General Roca y contó con la asistencia de una intérprete de lengua de señas que garantizó su derecho a defensa.
Según informó la Fiscalía, el hecho investigado ocurrió el pasado 5 de mayo alrededor de las 15.30, en una vivienda del barrio 22 Viviendas donde reside la ex pareja del acusado. Allí, el hombre -presuntamente en estado de ebriedad- arrojó un ladrillo contra una ventana, provocando daños materiales. En el interior del domicilio se encontraban la mujer y tres hijos menores de edad. El agresor se retiró del lugar antes de que arribara la Policía.
Tras la denuncia, la Oficina de Atención a la Víctima intervino y entrevistó a la mujer con asistencia de una intérprete de lengua de señas, ya que también es hipoacúsica.
Durante la audiencia, las partes acordaron una suspensión de juicio a prueba, en consideración a que el imputado no posee antecedentes penales computables y que se trataría del primer episodio de estas características. El juez homologó el acuerdo, que incluye una prohibición de acercamiento a la víctima no menor a 50 metros y a su vivienda no menor a 100 metros, durante un año. Además, el acusado deberá presentarse de manera trimestral ante la Oficina de Juicio a Prueba.
El hombre concurrió acompañado por su hermana, quien también ofició de intérprete. Ante el Tribunal, pidió perdón por lo sucedido y expresó su conformidad con las medidas impuestas.
Judiciales
Tras la sentencia de la Ruta Nacional N° 40, Río Negro espera definiciones por la 151
La Ruta N° 151 atraviesa uno de los corredores más transitados y productivos del norte rionegrino.
Con la sentencia de la Ruta Nacional N° 40 ya firme y en marcha, el Gobierno de Río Negro insistió en que la situación de la Ruta Nacional N° 151 continúa sin avances por la apelación de Nación, pese al deterioro extremo acreditado en la Justicia y a un fallo que ya ordenó un plan de obras urgentes, con plazos de ejecución y un mantenimiento integral que sigue sin cumplirse.
La Ruta N° 151 atraviesa uno de los corredores más transitados y productivos del norte rionegrino. Su deterioro extremo está acreditado judicialmente: baches profundos, deformaciones, banquinas descalzadas, señalización insuficiente y un nivel de riesgo que afecta todos los días a miles de personas. Es un tramo clave para la conectividad entre Cipolletti y el límite con La Pampa, y para actividades esenciales como la educación, los traslados sanitarios, la producción frutícola, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera.
El Juzgado Federal de General Roca ya había hecho lugar al amparo colectivo impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck, junto a intendentes y entidades empresariales, y ordenado a Vialidad Nacional presentar un plan de acción en 10 días e iniciar las obras dentro de los 90 días. La sentencia, firmada por el juez Hugo Greca, también responsabilizó al organismo nacional por el incumplimiento de su deber legal de conservación y le exigió elaborar un plan integral de mantenimiento para sostener la seguridad vial en el tiempo.
Aquella decisión judicial reconoció la gravedad del abandono y el impacto real sobre la vida cotidiana: más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas afectados por los traslados, dificultades en emergencias sanitarias y perjuicios directos a sectores productivos centrales para la región. «Teníamos razón. No era un capricho, es un derecho. La Ruta N° 151 pone en riesgo vidas todos los días y necesita una solución definitiva», había expresado el gobernador, al conocerse el fallo.
Pero, a diferencia de lo ocurrido ahora con la Ruta N° 40, cuya sentencia quedó firme y obliga a Nación a ejecutar obras inmediatas con plazos estrictos y tareas precisas, la causa por la 151 continúa frenada por la apelación del Gobierno Nacional. Esa decisión impide que comiencen las obras ordenadas judicialmente y prolonga un problema que ya fue comprobado, documentado y reconocido incluso por el propio organismo vial.
La Provincia reiteró que sigue esperando definiciones y que la 151 no admite más demoras. «Cuando el Estado Nacional se desentiende, Río Negro defiende lo suyo», había señalado Weretilneck. El planteo vuelve a tomar fuerza ante el contraste con la sentencia firme de la Ruta N° 40.
Judiciales
La Justicia confirmó una multa del Municipio de Roca a Ferrosur por ruidos que afectaban a los vecinos
Personal municipal había realizado inspecciones en domicilios cercanos a la playa de logística de la empresa, efectuó mediciones acústicas y constató contaminación sonora en horarios prohibidos.
Un grupo de vecinos denunció ruidos molestos provenientes de la playa de logística y cargas de la empresa Ferrosur Roca. Personal municipal realizó inspecciones en domicilios cercanos, efectuó mediciones acústicas y constató contaminación sonora en horarios prohibidos.
El personal labró las actas correspondientes. La intendenta María Emilia Soria dictó una resolución y el Juzgado de Faltas impuso una multa por infracción a la Ordenanza N° 4552/08 sobre ruidos molestos.
En ejercicio de la potestad del Poder Judicial de revisar actos sancionatorios administrativos, Ferrosur promovió una demanda contra la Municipalidad de Roca y solicitó la nulidad de lo actuado por la comuna.
En su apelación, Ferrosur alegó la falta de tipicidad de la conducta sancionada, la ausencia de dolo o culpa y la falta de fundamentación adecuada en la resolución municipal que confirmó la sanción. Sostuvo que la normativa no describe específicamente la conducta y que la sanción se basó en una interpretación analógica y extensiva.
El fuero Contencioso Administrativo de Roca rechazó la demanda. El juez consideró que, aunque los artículos de la ordenanza describen situaciones de forma general, es admisible cierto grado de apertura en los tipos normativos. Señaló que este criterio reviste especial importancia en materia ambiental.
«Entiendo que en el caso. no cuestionada la competencia municipal y reconociéndose la infracción a la normativa de ruidos molestos, la Administración no podría quedar impedida de aplicar una sanción con el argumento de ausencia de tipicidad, tal como lo afirma la actora», expresó el juez.
La sentencia concluyó que la resolución de la intendenta no carece de motivación, ya que se basó en pruebas concretas, actos administrativos previos y fundamentación razonada. También reconoció que la empresa no cuestionó la competencia del municipio ni negó los hechos, sino que centró su reclamo en la interpretación legal de los artículos aplicados, argumento que no fue admitido por el tribunal.
Durante el proceso judicial se informó que la empresa, más allá de la apelación, adoptó distintas medidas para sanear la situación denunciada: mantenimiento de unidades, calibración del sistema de bocina, limitación de su uso a situaciones imprescindibles, capacitación del personal maquinista, colocación de carteles de prohibición de generar ruidos y ajuste de los rieles de las vías férreas. Además, testigos declararon que, luego de la denuncia, no hubo nuevas afectaciones.
La Municipalidad, por su parte, defendió el procedimiento, la validez de las actas como instrumentos públicos y la competencia exclusiva del municipio en materia de faltas. Argumentó que los artículos invocados contienen tipos normativos abiertos, lo que permite sancionar conductas que, aun sin estar listadas de forma exhaustiva, afectan el ambiente y la calidad de vida. También destacó que la empresa reconoció haber adoptado medidas para mitigar los ruidos tras los reclamos.
